Mientras las cosas iban bien en Europa, la ciudadanía adoptó una especie de consenso pasivo respecto al proceso de integración. Al fin y al cabo, dicho proceso tenía grandes beneficios como las becas erasmus o los fondos estructurales. Sin embargo, desde el estallido de la crisis económica la gente ha empezado a darse cuenta de que Europa toma las decisiones más importantes que afectan a su vida diaria. ¿Pero quién es Europa?
Un poco de historia
Hace seis décadas aproximadamente, un grupo de Europeos autoproclamados federalistas comenzaron un complejo proceso de integración con el objetivo de evitar en el futuro otra gran guerra como la que devastó Europa en la década de los cuarenta. Al principio, dicho movimiento se caracterizó por defender un modelo de integración de abajo-arriba liderado por la sociedad civil que consiguiera superar al estado-nación. Sin embargo, aquella primera estrategia maximalista de construir una verdadera federación europea liderada por los ciudadanos, que tratara de integrar los elementos más importantes de la soberanía nacional, fracasó.
A partir de aquel fracaso se decidió cambiar la estrategia “bottom-up” por una estrategia liderada por una pequeña élite que intentara integrar de forma indirecta, a través de la economía, aquellos elementos menos ligados al concepto de soberanía (como la defensa o la política exterior), pero que permitiera sin embargo, asegurar una estructura de obligado diálogo con el objetivo de evitar otra gran guerra (como la CECA, que integró el mercado del carbón y el acero; sumamente importantes para la guerra). Y funcionó… hasta que la crisis ha dicho lo contrario.
La integración Europea a prueba
La actual crisis ha sacado a la luz las deficiencias de la arquitectura institucional de la Unión Europea y ha demostrado que ha llegado el momento de que los ciudadanos decidamos sobre el futuro del experimento europeo. En éste sentido, o avanzamos en el proceso de integración o nos quedamos en el marco del estado-nación, con unas instituciones Europeas semi-legitimadas, que de facto ya toman decisiones por nosotros.
En palabras de Vaclav Havel, nos enfrentamos a una especie de ‘era posdemocrática, en la que hay una desconexión entre las instancias políticas y financieras internacionales que deciden (el FMI, el BCE, los mercados, etc.) y los votantes nacionales’.
Hasta ahora y, más aún con el estallido de la crisis, la institución dominante dentro de la arquitectura institucional Europea ha sido el Consejo de la Unión Europea (o Consejo de Ministros), que está compuesto por ministros de los estados miembros (dependiendo del tema que se trate, van unos ministros u otros). A nivel de los miembros del euro, dicha institución seria el Eurogrupo. Es decir, lo que en España equivaldría al Senado: la cámara de representación territorial. Dada la trascendencia del contexto actual y modo de matiz, quien toma las decisiones importantes actualmente sin embargo es el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de estado y de gobierno. Una institución que, en realidad, ha sido la que tradicionalmente ha establecido las líneas generales de la dirección política de la unión, delegando en el Consejo de Ministros la actividad diaria de la política Europea.
Históricamente, la dominancia de la cámara alta (senado o Consejo de la Unión Europea) a nivel europeo resulta de la voluntad de los estados miembro de mantener cierta preeminencia en la toma de decisiones con respecto al resto de instituciones de la Unión Europea con un carácter más supranacional (como la Comisión Europea, que es una especie de gobierno europeo, o el Parlamento Europeo). De ello ha resultado sin embargo, que el Parlamento Europeo juegue aún un papel secundario a nivel legislativo. Que los Estados miembros, a través del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, sigan luchando por mantener sus cuotas de soberanía en un contexto de grave recesión. Y que mientras tanto, el gobierno europeo, es decir la Comisión Europea, siga siendo elegida de forma excesivamente indirecta por los ciudadanos (cada gobierno de cada estado miembro escoge a uno de los 27 ministros).
Esta arquitectura institucional provoca que a diferencia de otras (con)federaciones o semi-federaciones, los Estados miembros compitan demasiado entre sí por el control del poder, mientras que en otras, las regiones federadas lo hagan con el gobierno central o federal. Esto, en un contexto en el que el senado (Consejo Europeo) es la institución dominante y bajo una estructura más (con)federal (tiene que haber por lo general unanimidad para que las decisiones sean tomadas) que federal, implica necesariamente la búsqueda del consenso y dificulta la toma de decisiones.
Esta situación de competencia provoca una desconexión entre el proceso de toma de decisiones a nivel de la UE y la el papel que debería ejercer la ciudadanía sobre los gobernantes europeos. Por un lado, la decisiones de unos gobiernos (Alemania, Francia, Italia, etc.), determinados en el marco del “senado europeo”, tienen un claro impacto sobre todos los ciudadanos del conjunto. Sin embargo, no pueden ser fiscalizados por toda la ciudadanía europea en su conjunto, ya que éstos sólo responden ante sus ciudadanos nacionales. En concordancia, cada país de la UE adopta una posición en función del contexto político a nivel nacional, ya que es sólo a ese nivel dónde se ven fiscalizados por la ciudadanía. Esto provoca que las políticas que se proponen en muchas ocasiones, no vayan en beneficio del conjunto de la unión sino de cada país en particular (o de la mayoría que sustenta al gobierno) o de aquellos países con un mayor poder de facto dentro del Consejo Europeo.
¿No serían distintas las cosas si el gobierno europeo resultara de las mayorías parlamentarias en el Parlamento Europeo y si el poder legislativo fuera más simétrico entre dicho parlamento y el “senado europeo” o Consejo Europeo como ocurre en la mayoría de democracias liberales? ¿Por que no la elección directa de una presidente Europeo resultante de las elecciones al parlamento, así como un parlamento de los miembros del euro que contrarrestara el poder del Eurogrupo (que es el senado de los miemebros del euro)?
La necesidad de avanzar en el proceso de integración
Esta complejidad y asimetría institucional tuvo sentido en los momentos incipientes de la integración Europea. Ello se debió a la voluntad de crear un sistema de consenso, es decir de unanimidades, que gestionara las diversas tensiones territoriales, políticas, institucionales e históricas. Para ello, se pensó en toda esa serie de equilibrios mencionados tan particulares y complejos con el objetivo de establecer estructuras supranacionales que aseguraran el obligado dialogo en busca de la paz y la estabilidad, pero que al mismo tiempo conservaran el modelo de estados-nación que la mayoría aún no estaba dispuesta a abandonar. Sin embargo, la crisis ha demostrado que dicho sistema dificulta tanto la toma de decisiones como la legitimidad y, es por ello, que en el Tratado de Lisboa se aumenta el poder del Parlamento Europeo y se introducen más elementos de votación por mayoría cualificada. Pero no es suficiente y, los ciudadanos Europeos, nos hemos dado cuenta de ello.
Ante tal situación, parece que la velocidad de los acontecimientos de la crisis ha dejado a los ciudadanos Europeos fuera de juego, observando como unos hombres de negro visitan nuestros países y deciden sobre su política económica, su política monetaria y su nivel de gasto. Sin embargo, ésta atención ciudadana a lo que ocurre en Bruselas nos permite volver al principio de la historia, es decir: volver a dejar que la ciudadanía participe en el proceso de construcción Europea, como lo hicieron en los cuarenta, aquellos federalistas del ‘abajo-arriba’. Aunque el cambio institucional no implicará necesariamente un cambio de políticas y mayorías, al menos sabrán que no sólo les fiscalizan los ciudadanos de sus territorios sino los de todos aquellos estados a los que les afectan sus decisiones.
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