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A pocos días de iniciar este nuevo año, la región latinoamericana explotó en un conjunto de crisis políticas, si bien estas se venían gestando hace al menos un mes, todas ellas convergieron en esta semana en revueltas sociales y preocupaciones en las dirigencias.

En ese orden de ideas, la estabilidad de las estructuras políticas en varios de estos Estados, no solamente en aquellos que atraviesan crisis sociopolíticas en este momento, evidencian la falta de unidad y cohesión dentro de los partidos que componen la escena de cada país, al mismo tiempo que surgen nuevas alternativas con posturas extremistas que captan la atención de los sectores insatisfechos.

En este artículo se propone una breve presentación de los hechos ocurridos y finalmente una reflexión sobre los mismos:

BRASIL: El primero de enero de 2023 asume Lula da Silva como Presidente de la Nación por elección popular, a diez días de la ceremonia un grupo organizado de más de mil personas identificadas como bolsonaristas atacaron las sede de los poderes del Estado  – Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema de Justicia –. El actual mandatario calificó el hecho como un intento de golpe de Estado llevado a cabo por la derecha reaccionaria a las que llamó fascistas. El suceso deliberó en la intervención de fuerzas militares para despejar los campamentos y las instituciones, aunque se mantiene la incertidumbre sobre la posible participación de los organismos de seguridad en la embestida, considerando la afinidad de estas con el partido saliente y por algunas pruebas que están siendo investigadas.

PERÚ: Con un historial de crisis institucionales y presidencias removidas en un periodo de seis años, este país vuelve a sufrir las consecuencias de la fragilidad de sus instituciones políticas, apartando la responsabilidad del gobierno sobre el bienestar social y exponiendo a sus ciudadanos a niveles de alta inseguridad.  Durante el mes de diciembre del 2022, el Congreso tenía previsto hacer el cuarto pedido de vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo acusado por la oposición de “incapacidad moral permanente”. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, el mandatario anunció de manera temporal el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, además la convocatoria a un nuevo Congreso con facultades constituyentes y la reorganización del sistema de justicia. Este combo de noticias sorpresas fueron duramente criticadas por la ultraderecha y tampoco fueron bien recibidas ni respaldadas por las instituciones estatales. Esta decisión fue denominada como un “autogolpe” y como contramedida, el Congreso declaró la destitución de Castillo y la asunción de la Vicepresidenta Dina Boluarte. Desde entonces, el conflicto se desató en la calles mediante movilizaciones ciudadanas, reflejando la insatisfacción con las medidas tomadas por el Congreso y una fuerte represión como respuesta del gobierno de Boluarte. En estos días, trascendió el preocupante número de fallecidos por heridas, más de 40 participantes fueron velados en los últimos días.

BOLIVIA: Resuena el pedido por la Democracia y el Estado de Derecho. Desde el 28 de Diciembre el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho permanece detenido acusado de formar parte del Golpe de Estado a Evo Morales en el año 2019. Semanas después , las movilizaciones se han extendido por varios puntos del país, reclamando la libertad del gobernador y otros presos políticos, así como el respeto por la democracia. En efecto, han salido grupos afines al oficialismo a reclamar su posición, de esta parte piden años de cárcel para el gobernador. Por el momento, Camacho llama la lucha nacional contra la “dictadura”, el oficialismo se plantea la posibilidad de nuevas elecciones en Santa Cruz y la UE advierte no llevar adelante acciones que generen un ambiente de mayor violencia social.

CHILE: El 30 de Diciembre, el presidente Boric anunció el indulto para 13 reclusos, lo cual desató una crisis institucional y una serie de reclamos al gobierno. Al comienzo, la oposición no denuncia inconstitucionalidad, pero sí exige investigar para esclarecer los hechos, ya que no se han expuesto motivos de indulto, lo cual juzgan de irresponsable cuando el país atraviesa una “crisis de inseguridad”. Tras la polémica, la Ministra de Justicia – Marcela Ríos- y el Jefe de Gabinete – Matías Meza-Lopehandía- presentaron su renuncia. También ha habido choques en la Corte Suprema y el Senado por rechazar los funcionarios propuestos por el Presidente para cubrir los cargos de Fiscal y el reemplazo de la Ministra saliente.

REFLEXIÓN

Lo que vemos aquí no es más que un reflejo de lo que viene sucediendo en Latinoamérica hace años, Enero nos golpea para mantenernos alerta para lo que nos depara este 2023. En menos de dos semanas, nos recuerda que aún mantenemos una deuda como sociedad: la crisis de las democracias contemporáneas. En los últimos años,  presenciamos el desgaste político  junto a la emergencia de nuevos actores no partidarios en la escena y el ascenso de la ultraderecha, ambos como respuesta a la incapacidad de los gobiernos para encauzar las demandas sociales como los niveles de inseguridad criminal, que amenaza el equilibrio interno.

Y si bien, aquí repasamos sobre la situación más actual de 4 países, debemos tener presente que durante el año anterior también presenciamos conflictos políticos en otros países como el caso de Argentina. Los delitos por corrupción, presentes en el aparato estatal, la asimetría que caracteriza a los procesos electorales, sumado a las crisis interna que afecta a los partidos políticos, no logran más que exponer ante los ojos del electorado la fragilidad de nuestras instituciones democráticas.

Por último, también habrá que plantearse el rol y la eficacia de las movilizaciones sociales, que sí décadas atrás supieron copar la escena como actores que venían a reclamar por justicia y representación por parte de sus gobernantes, actualmente es difícil discernir hacia donde se orientan. Este tema es tan extenso que exige otro artículo para ser tratado en profundidad, pero a grandes rasgos lo que se quiere decir es que los años atravesados por crisis políticas y económicas nos han plantado ante una escena actual de tal fragmentación social – entiéndase respecto a ideologías y posturas políticas – que ante el surgimiento de algún conflicto, tanto la opinión pública como las movilizaciones salen a pedir “soluciones” desde su propia realidad y perspectiva moral, y consecuentemente se vuelve cada vez más difícil llegar a un consenso social y tomar decisiones que no alteren a algún sector, que en el peor de los casos, se revelan con extrema violencia.