Autores: Mariana Herrera-Salcedo y David Hojman
El pasado 16 de abril de 2012, la presidenta de Argentina Cristina Fernández, declaró de utilidad pública y dictó la expropiación del 51% del patrimonio que posee Repsol en YPF. El estado recupera así el control de YPF, empresa responsable de la extracción del 34% del petróleo y 23% del gas natural del país.
La decisión de expropiación llega después de varios meses de hostilidades entre el gobierno argentino y Repsol. El gobierno de Argentina culpa a Repsol por la caída de la producción de hidrocarburos y reclama a la empresa no haber hecho la inversión suficientes para aumentar los niveles de producción. Por su parte y de acuerdo a Antonio Brufau, Presidente de Repsol, las inversiones en Argentina alcanzaron los 2.990 millones de dólares.
Lo cierto es que actualmente, Argentina se encuentra bajo una problemática energética importante, ya que ha pasado de ser un país exportador neto de hidrocarburos a ser un país importador de gas y petróleo; pasando de un volumen de importación de 3.000 millones de dólares a 14.000 millones de dólares en solo un año (fuente: R Lavanga, El País Domingo 22 de abril de 2012).
Ante este nuevo paradigma energético y desde que Cristina Fernández ganó la reelección de la presidencia el pasado noviembre de 2011, el gobierno ha impuesto medidas estrictas para el aumento de la producción. Prueba de ello, es que el pasado mes de febrero diversas provincias argentinas hicieron fuertes controles sobre las compañías que operaban en su territorio, con el objetivo de retirar las concesiones a las empresas que no presentaran planes de re-invención acordes con el gobierno. Durante el mes de marzo pasado, 6 provincias argentinas retiraron las licencias de explotación a Repsol, al no satisfacer los planes de re-invención según el criterio gubernamental. Lo cierto es que Repsol representa solo un tercio de la producción total de hidrocarburos del país y no puede ser culpada de la disminución total de la producción. Asimismo, los subsidios del gobierno argentino y el control gubernamental de los precios de los hidrocarburos para mantenerlos a la baja, no son el mejor incentivo para la re-inversión de las empresas energéticas en el país.
Privatización y nacionalización de YPF en menos de 15 años
En 1992 el presidente Carlos Menem, con el fin de sanear las cuentas públicas, inicia el proceso de privatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fundada en 1922. Este plan se completa en 1999 cuando Repsol pasa a controlar la práctica totalidad (97’8%) de la compañía. Entre los firmantes de dicho acuerdo de privatización se encontraba Nestor Kirchner como gobernador de Santa Fe y Cristina Fernández de Kirchner como diputada provincial.
En el año 2007, a petición de Nestor Kirchner y con el fin de “argentinizar” a YPF, Repsol vendió el 15% de sus acciones al Grupo Petersen y a principios de 2011 se hizo con un 10% adicional. Lo cierto es que el Grupo Petersen pertenece a la familia Eskenazi, muy cercana al presidente y tuvo un trato favorable al entrar en el accionariado de YPF. Kirchner convenció a Repsol para que la venta se produjese a través de créditos otorgados por la propia compañía. En el acuerdo se incluía el compromiso de distribución en forma de dividendos del 90% de sus beneficios anuales, y con esos dividendos es como la familia Eskenazi iba a pagar su deuda.
Repsol, con Antonio Brufau a su cabeza, confió en que el aumento de tensiones y la retirada de licencias en diversas provincias (como Salta, Mendoza, Chubut, Rio Negro y Neuquén) se podrían negociar y resolver amistosamente, nunca esperó una medida tan radical para los intereses de la compañía.
¿Es legal la medida de expropiación tomada por el gobierno argentino?
Ante todo hay que aclarar que la soberanía sobre los recursos naturales es un principio básico del Derecho Internacional y una expropiación como la que realizó el gobierno Argentino podría ser legal, siempre y cuando se cumplan los requisitos incluidos en el artículo 5 del “Acuerdo para la promoción y la protección reciproca de inversiones entre la Republica Argentina y el Reino de España” firmado en Buenos Aires en 1991:
“ARTICULO V Nacionalización y expropiación. La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte contra las inversiones de inversores de la otra Parte en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria. La Parte que adoptara alguna de estas medidas pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible”.
No obstante la expropiación de las acciones de Repsol parece ser ante todo una medida discriminatoria puesto que solo se expropia la parte de YPF que es propiedad de Repsol, en ningún momento se nacionalizan las acciones del Grupo Petersen (Familia Eskenazi), y fondos de pensiones americanos cuya aportación tecnológica es nula en YPF.
Tanto Repsol como el Gobierno español calificaron están medidas como discriminatorias y dañinas para la seguridad jurídica del país. Repsol ha amenazado con recurrir a los mecanismos de arbitraje del Banco Mundial así como diversas acciones mercantiles y jurídicas. Hay que destacar que Argentina ha sido denunciada múltiples veces como fue el caso de la nacionalización de Aereolinas Argentinas.
Además, el precio por esta expropiación debe ser justo. El órgano que hará la valoración de las acciones que van a ser expropiadas será el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Brufau exige como mínimo 8.200-10.000 millones de euros por el valor total de las acciones para evitar un agujero financiero en la compañía. Asimismo, Repsol advierte que las tensiones vividas en estos últimos meses, han hecho caer en un 20% el valor de las acciones lo que beneficiará al Gobierno argentino para expropiar a la empresa a precio de saldo. Por su parte el Gobierno de Argentina aducirá, entre otras cosas, que la empresa tiene unas deudas por un valor de 9.000 millones de dólares.
La multinacional petrolera por su parte interpondrá demanda ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo creado por el Banco Mundial para este tipo de conflictos. Según diversas fuentes también es posible que se dirijan a los tribunales de España, Argentina y Estados Unidos.
“Vaca Muerta”, el mayor descubrimiento de petróleo de Repsol-YPF
Además de la inversión inicial, Repsol ha invertido un total de 20.000 millones de dólares entre 1999 y 2012, incluyendo unos 3.200 millones en 2011. Uno de los resultados de estas inversiones ha sido el hallazgo del yacimiento de hidrocarburo no convencional “Vaca Muerta”.
Vaca Muerta ha sido el mayor descubrimiento de petróleo y gas en la historia de Repsol y garantizarían la autosuficiencia energética del país durante las próximas décadas. Vaca Muerta tiene una superficie de 30.000 km de los cuales YPF tiene la mayor parte asignada con derechos en 12.000 km, y en donde también operan compañías como Shell, Total, Exxon y Petrobras. Este es el principal motivo detrás de esta nacionalización.
La explotación de estos nuevos yacimientos requiere grandes inversiones, así como una tecnología sumamente sofisticada. En este sentido, YPF no podrá llevar a cabo en solitario la extracción de hidrocarburos de Vaca Muerta y para eso va a necesitar nuevos aliados que puedan aportar mayor tecnología que Repsol. Las grandes multinacionales energéticas así como empresas chinas están a la espera del desenlace de esta historia y estarían dispuestas a invertir en Vaca Muerta.
Conclusión: ¿posición Argentina vs. posición de Repsol?
Queda claro que esta expropiación cuenta con dos versiones bien distintas, la del Gobierno de Argentina centrado en mostrarse poderoso en su propio país y aprovechar el descubrimiento de Vaca Muerta y la de la dirección de Repsol, a la que interesa más que nunca su filial argentina.
Para Repsol la pérdida de YPF es un gran golpe. El 21% de los beneficios totales de la compañía, la mitad de sus reservas y dos terceras partes de la producción provenían de su filial en Argentina. De esta manera y después de la expropiación, Repsol se aleja en gran medida de las grandes multinacionales de hidrocarburos. El descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta –siempre que se realizasen las inversiones necesarias- era una gran oportunidad de generar importantes rentas.
Por su parte, Argentina ha aprovechado la débil posición económica de España en la actualidad desde el convencimiento que no se produciría de ninguna manera una contestación coordinada, contundente y multilateral por parte de la Unión Europea ni de los Estados Unidos. La decisión del Gobierno ha tenido un amplio apoyo popular y político envuelto en un gran clima de nacionalismo exacerbado.
Las relaciones comerciales entre España y Argentina siempre han sido muy estrechas, de hecho España es el principal inversor en Argentina. Es evidente que esta expropiación pone en posición de alerta a actuales y futuros inversores tanto nacionales como extranjeros.
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