El modelo tradicional de familia biparental en el que el padre es el proveedor económico y la madre la encargada de las responsabilidades de cuidado y atención del hogar, es hoy en día un paradigma sociológico muy controvertido debido a la ambivalencia entre su concepto ideal y la realidad. De inicio, las familias se han transformado, además de las familias nucleares (padre o madre o ambos, con o sin hijos) existen las familias extendidas (padre o madre o ambos, con o sin hijos y otros parientes) y las familias compuestas (padre o madre o ambos, con o sin hijos, con o sin otros parientes y otros no parientes). Estos cambios acontecen en un mundo en el que más de un salario suple mejor las necesidades de una familia. De ahí la incursión de la mujer en la vida laboral. En el presente artículo veremos cómo el conflicto entre trabajo y familia se encuentra inmerso en más de una ciencia social. Las relaciones internacionales nos darán la pauta para analizar lo que a simple vista es sólo un conflicto sociológico.
América Latina se enfrenta a un importante choque cultural. En un contexto de pobreza y desigualdad, de neoliberalismo económico y rezago cultural, las familias donde padre y madre son trabajadores, se enfrentan a una dinámica en el que los roles parentales clásicos han cambiado asimétricamente. El dilema de “mujer maravilla vs hombre proveedor” es erróneamente empleado en el análisis del conflicto ya que parte de la misma premisa de roles y sobre todo con un carácter privado. En orden de entender mejor la naturaleza del fenómeno y coadyuvar a una posible comunión, proponemos partir de la reformulación que Naciones Unidas (NU) a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace en favor de un análisis evolutivo. Mediante la corresponsabilidad social, incluyente de actores como los individuos, la sociedad civil, el Estado, las empresas y los sindicatos, se puede construir un nuevo paradigma en el que trabajar no implique sacrificar la vida en familia.
Mujer maravilla vs hombre proveedor, ¿Un espejismo cultural?
Las familias latinoamericanas viven en un desfase entre modernización y modernidad, es decir, entre los procesoseconómicos y sociales, y los culturales y normativos. Las ciudades se industrializaron transformando las modalidades de trabajo que incentivaron la inserción de la mujer al trabajo remunerado. Trabajar y vivir en las urbes provocó que la prestación de servicios incrementara la calidad y la esperanza de vida, de igual forma se redujeron los nacimientos y las familias se fueron haciendo más pequeñas. Con las familias cambiaron sus necesidades y las pautas de consumo. Las familias se acoplaron a la modernización, pero ¿Lo hicieron con la modernidad? De acuerdo a los sociólogos Vania Salles y Roberto Tuirán la modernidad en la familia se refiere a la democratización de la toma de decisiones, la autonomía de los miembros y la reformulación de los roles parentales tradicionales en el sentido que éstos dejan de ser el patrón determinante en la asignación de las responsabilidades familiares. Luego entonces si el colectivo social hubiera adoptado la modernidad conforme lo hacía con los procesos de modernización, la dinámica biparental hubiera evolucionado con mayor éxito. Sin embargo, aquí es donde la pobreza, el rezago educativo y la desigualdad afectan esta transformación cultural y normativa debido a que los beneficios de estos procesos sólo beneficiaban a algunas familias, a pesar de que todas resentían sus consecuencias negativas.
Ejemplifiquemos la situación
Es recurrente encontrarnos con que mamá no puede dejar el trabajo para recoger a los niños del colegio; que papá debido a sus actividades laborales no tiene la oportunidad de cuidar a su recién nacido, o que ambos padres no pueden resolver el dilema de quién trabaja, lava, cocina y asea la casa, y quién trabaja y cubre los gastos económicos del hogar.
¿Qué cabida tienen las Naciones Unidas en la solución de una situación aparentemente doméstica? Y ¿Cómo la corresponsabilidad social puede distenderla? Estas son las preguntas clave para analizar y descifrar el carácter transnacional del conflicto entre familia y trabajo.
Un problema de todos, un conflicto transnacional
Aquí es donde la economía política nos auxilia para empezar el análisis. A principios de la década de los 1980s América Latina, como el resto del mundo, cambió su modelo económico. Sustituyó aquel orientado y administrado por el Estado con el neoliberalismo. Si bien el primer modelo permitió que las políticas gubernamentales de cada país establecieran los lineamientos para solventar los gastos de bienestar social con los ingresos estatales, en algunos países las políticas gubernamentales aumentaron el déficit de sus arcas presupuestarias y gastaron más de lo que tenían, por lo que adquirían prestamos a entidades financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. El colapso fue inevitable, llegó un punto donde las deudas eran impagables. Dichas crisis fiscales alrededor del mundo provocaron cambios políticos e institucionales, es decir, una nueva fase de la economía del siglo XX.
Con la política neoliberal los gobiernos abandonaron los lineamientos que permitían dirigir y controlar los mercados y sistemas financieros. Su autonomía fue absoluta y los gobiernos se desistieron de proteger y velar por un estado de bienestar que los indultó para ejercer el control sobre los sistemas de seguridad social, los salarios y los impuestos, tal como se apreció en aquella oleada de privatización de las industrias paraestatales en la que los gobiernos vendieron sus empresas a particulares y los nuevos dueños acoplaron a las “necesidades del mercado” su mano de obra, los salarios y las condiciones de trabajo. Este es tan solo un ejemplo de cómo las transformaciones del mercado impactaron al individuo tan directamente, y de la consecuente aceptación de los gobiernos.
El Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares
La escalada de efectos negativos era evidente y en orden de contrarrestar aquella desprotección gubernamental, la comunidad internacional a través del Sistema de Naciones Unidas tomó medidas para abatirlos, especialmente en materia de derecho internacional. Tal fue el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en 1981 celebró el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Asumiendo el riesgo que para las familias representaba el neoliberalismo económico, este tratado tiene un carácter eminentemente evolutivo, ya que advierte las transformaciones culturales que al interior de los Estados se deben seguir respecto a los roles de la mujer y del hombre en la vida laboral y familiar.
El contenido del convenio combate la discriminación laboral por tener obligaciones familiares, protege el derecho a ejercer un empleo y el respeto de la vida familiar de los trabajadores, de todas las categorías y ramas económicas. Lo hace abanderando como valor fundamental la igualdad de oportunidades y de trato en el mercado laboral y en la sociedad. Respecto a los cambios en la sociedad, el objetivo fue construir soluciones sostenibles de largo plazo que transformaran el conflicto. De entre las principales metas del convenio se contempló modificar los ideales culturales respecto los patrones biparentales mediante la información y educación de la sociedad civil sobre la realidad de las transformaciones socioeconómicas de las familias. Sólo cuando se conoce un conflicto se deja de estigmatizar a las partes, se analiza el contexto que lo antecede y se construyen soluciones.
La OIT consideró la complejidad económica del conflicto y la ambivalencia de las acciones gubernamentales para solucionar problemas socioeconómicos, consecuentemente dicha protección sobrepasó los procedimientos clásicos de aplicación de normas internacionales, exclusiva de los Estados, y transformó el derecho de los tratados internacionales para que el principio normativo sobre los sujetos de aplicación evolucionara conforme a la realidad internacional.
Luego entonces, se contempló una diversidad de actores competentes para lograr estos cambios. El Estado, las empresas y los sindicatos estaban facultados para proteger la vida en familia a través de su intervención en acciones y mecanismos públicos y privados que repercutieran de forma directa en los individuos, tales como legislaciones, contratos colectivos, reglamentos de empresas y resoluciones judiciales.
De ahí el carácter transnacional del conflicto entre vida familiar y laboral, ya que es previsto en la realidad de varios Estados afectando a una población que comparte rasgos culturales comunes, tanto que reconocen la trasgresión de un valor también común, la conservación del desarrollo familiar. La corresponsabilidad social del fenómeno se refiere a la diversidad de actores que deben intervenir para lograr un tratamiento sostenible.
Al considerar conjuntamente los cambios que en los años 1980s sufrió la comunidad internacional en su economía y en el sistema legal, podemos comprender cómo surgió, se previó y se establecieron mecanismos para abatir un conflicto que aparentemente podría considerarse como doméstico. Si desde hace treinta años Naciones Unidas sentó las bases para su posible solución y lo compartió con los gobiernos. Entonces, ¿Por qué no se ha resuelto?
Soluciones con corresponsabilidad social
La tarea de la ONU, respecto al conflicto en estudio, no es implantar los lineamientos legales, ser un policía internacional o una autoridad jerárquicamente superior a los Estados que implante alternativas de solución, sino simplemente provee de conocimiento, instrumentos y mecanismos que sirven de referencia para el tratamiento sostenible y su transformación. En el caso de aquellos Estados que forman parte de la Convención 156 de la OIT, si es trabajo de la OIT coaccionarlos al cumplimiento de su obligación internacional, excluyendo por supuesto el uso de la fuerza.
El primer inconveniente que sirve de referencia para demostrar el desinterés político en el conflicto es que las principales “potencias” latinoamericanas, aquellas que se debaten por representar a la región, México y Brasil, no forman parte del Convenio. De las naciones de la región sólo diez lo han ratificado (Venezuela, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Belice, Bolivia, el Salvador y Paraguay).
Las acciones de los gobiernos necesitan ser impulsadas por los ciudadanos, por la sociedad civil organizada, por lossindicatos en defensa de mejores condiciones de trabajo, y deben ser facilitadas por las empresas. Es un círculo de transformación legal y cultural que debe ser impulsado por el activismo político, democrático y de libre mercado. Hemos visto como estas dinámicas inciden entre sí.
El conflicto entre vida familiar y trabajo no ha evolucionado porque las sociedad se ha reusado a aceptar las transformaciones de las familias y de sus necesidades. El Estado no se ha preocupado por abordar el problema haciéndolo ajeno a las políticas públicas; para los actores políticos no hay incentivos para tratarlo porque no es un asunto presente en las agendas políticas y por lo tanto no es determinante en la carrera por el poder.
De igual forma las empresas lo consideran extraño ya que no afecta de manera sustancial a su producción. Para el ciudadano es complejo asociar el tratamiento del conflicto con la esfera cultural, política y económica debido a que generalmente es el Estado quien incentiva de forma top-down (de arriba hacia abajo) estas transformaciones.
La educación e información como bases de la transformación
Es menester reconsiderar que el ejercicio de la democracia es el vínculo idóneo entre el ciudadano y su gobierno para la resolver la satisfacción de sus necesidades. La educación y la información son el primer eslabón en la cadena de la transformación cultural y legal. Nos toca a todos incentivar una relación bottom-up (de abajo hacia arriba) para transformar nuestra manera de concebir los patrones biparentales y lograr congeniar los intereses propios con los intereses familiares. El dilema de “mujer maravilla vs hombre proveedor” pierde dimensión cuando aceptamos que este conflicto no es un problema de suma-cero, en el que hay un ganador y un perdedor. El derecho de los trabajadores y trabajadoras a disfrutar de una vida familiar, es ya un derecho humano de tercera generación, es decir, en el que para abatir un fenómeno internacional son necesarias soluciones con corresponsabilidad social.
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