27/11/2022 MÉXICO

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Bárbara Ojeda21/09/2022
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Los mitos y la desinformación en torno a la menstruación dificultan tratar las problemáticas que vienen ligadas a la salud menstrual, como los altos impuestos a los tampones y compresas, y la falta de acceso a agua y saneamiento. Por ello, los derechos menstruales en América Latina -y en el resto del mundo- continúan siendo una asignatura pendiente que debe ser visibilizada. 

Hacia una concepción integral de la menstruación  

El concepto de salud e higiene menstrual (SHM) busca tener un abordaje integral sobre la menstruación, ya que va más allá de los aspectos relacionados con el manejo de la higiene menstrual, contemplando otros factores que la vinculan con la salud, el bienestar, la igualdad de género, la educación, así como al empoderamiento de niñas y mujeres adolescentes y sus derechos. De la misma manera, el debate acerca de los derechos menstruales no pasa únicamente por el acceso a los productos de higiene femenina, también debe abarcar la falta de acceso al agua y saneamiento que sufren una gran cantidad de mujeres latinoamericanas, especialmente aquellas que viven en zonas rurales.  

Fuente: Getty Images

Asimismo, según UNICEF, una gestión de la higiene menstrual saludable y digna implica que las personas menstruantes utilizan un material de gestión menstrual limpio para absorber o recoger la sangre menstrual, que deber ser cambiado en privado tan frecuentemente como sea necesario durante el período menstrual, usando jabón y agua para lavar su cuerpo según lo requieran,  teniendo acceso a instalaciones seguras y convenientes para desechar los materiales de gestión menstrual utilizados. 

Entonces, la menstruación es un factor que entra en juego al pensar en la desigualdad de oportunidades. El hecho de no contar con un entono adecuado y baños seguros e higiénicos, sumado a la desinformación que hay al respecto debido a que aún hoy la menstruación sigue siendo un tabú, tiene como consecuencia la reducción de perspectivas de salud, bienestar y educación para las niñas y mujeres de los sectores sociales más vulnerables.  

Las problemáticas en torno a la menstruación 

El factor económico es esencial para comprender porque muchas mujeres luchan en pos de eliminar el IVA a los productos de higiene menstrual. El gasto anual que tienen las personas menstruantes en productos de higiene, como toallitas higiénicas y/o tampones es muy elevada. Esto lleva a que, como menciona Natalia Haag (Directora de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina), quienes no pueden afrontar ese gasto falten a su trabajo o lugar de estudio, llegando incluso a adoptar métodos de gestión inseguros. De esta manera, la menstruación se convierte en un factor de desigualdad que impide el pleno desarrollo de las personas 

En todos los países latinoamericanos, exceptuando Colombia, se sigue pagando impuestos por menstruar dado a que los tampones y toallas higiénicas llegan a tener un gravamen del 16%. Como resultado de esta problemática, muchas mujeres y niñas deben elegir entre comprar productos para su higiene y salud reproductiva o elementos básicos de subsistencia. 

Fuente: Pixabay

Por otro lado, tener garantizado el acceso al agua y al saneamiento es una condición clave para poder tener un buen manejo de la higiene menstrual. Por eso, contar con servicios e instalaciones deficientes de agua, saneamiento e higiene, tanto en las escuelas como en los hogares, obstaculizan que las mujeres y niñas tengan una buena salud menstrual. Para que esto cambie, se deben promover políticas públicas destinadas a construir instalaciones privadas, seguras e higiénicas donde sea posible limpiarse, así como reemplazar y desechar los productos.

Otro punto a tener en cuenta es la desinformación y la falta de educación sobre la menstruación, lo que lleva a reforzar estigmas sobre las personas menstruantes. Para revertir esta situación , se debe hablar en las escuelas sobre la higiene menstrual, sobre cómo funciona la menstruación y su relación con el embarazo, sus síntomas, etc. Según diversas encuestas recolectadas por el Banco Mundial, hay un 34,8% de niñas que viven en las zonas rurales de Colombia que no saben nada acerca de la menstruación antes de la menarquia, y el 45% de ellas no sabe de donde proviene el sangrado menstrual. Asimismo, el 55% de las niñas encuestadas en la Mosquita (Honduras) afirmaron no sentirse cómodas con asistir a la escuela durante su menstruación.

De esta forma, es necesario que los diferentes establecimientos escolares mejoren sus prácticas pedagógicas sobre la salud sexual y la higiene menstrual teniendo abordaje integral sobre la temática. Esto permitirá, por un lado, adquirir y fortalecer habilidades para manejar la menstruación e higiene personal, y por otro, ayuda a derribar los estigmas y tabúes sobre la menstruación. Sobre este último punto, es importante decir que las campañas de comunicación y las publicaciones, tanto para docentes como para adolescentes, ayudan a disminuir los tabúes, promoviendo que cada vez menos niñas y adolescentes decidan no asistir a la escuela durante su período.

Reflexiones finales

Visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan millones de niñas y mujeres al momento de sobrellevar su menstruación es crucial para desmitificar los prejuicios entorno a la misma. Para ello, muchas organizaciones feministas están luchando para que haya un conocimiento por parte de los Estados de los derechos menstruales como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas menstruantes.

Hasta el día de hoy, en la gran mayoría de los países, hay una ausencia de una política pública sobre la higiene menstrual. La misma debe apuntar a garantizar el acceso a los elementos de gestión menstrual, así como asegurar el acceso a agua potable para mantener la higiene y disponer de un ambiente privado y seguro. A su vez, es fundamental desarrollar campañas de información y dictar educación menstrual. Todo esto supone entender a la menstruación no únicamente como un problema personal, sino también como una demanda que requiere respuestas desde la política pública.

 

 


Ramiro Rubil14/09/2022
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Dejando atrás la primera mitad del año, ya empieza a escucharse los ecos del mundial esperado de fútbol de 2022 , el cual se celebrará por primera vez en la región de Medio Oriente en el país de Qatar. Sin embargo, este evento masivo que se enfrentará a 32 países para competir en un torneo que será televisado y celebrado por millones de personas alrededor del mundo ya se ha encontrado en la situación de algunas controversias alrededor de sus preparaciones, de las particulares costumbres locales, y de las denuncias de corrupcion y soborno que llevaron a Doha a ganar la votacion para ser la sede del mundial.

 

La corrupción de la FIFA

Muchas interrogantes rodearon la celebración de este campeonato desde que se anunció la sede para este año en 2010; pero una de las polémicas más tempranas que surgieron giraban en torno a la corrupción de la misma FIFA, y al hecho de que Qatar habría conseguido alojar al torneo de 2022 a través de sobornos. Una investigación que salió a la luz en abril de 2020, revela que los votos realizados en 2010 para las organizaciones de los mundiales 2018 y 2022 fueron motivados por prestaciones económicas que fueron recibidos por miembros oficiales de la FIFA. Previamente a la votación, ya se habían desestimado dos de los votantes por haber sido captados en cámara recibiendo dichos sobornos, mientras que investigaciones posteriores revelaron que no fueron los únicos, y que muchos de los oficiales que si votaron a favor de Rusia y Qatar tenían las manos manchadas. Entre ellos podemos encontrar algunas de las autoridades mas importantes del futbol latinoamericano, como pueden ser Julio Grondona de Argentina, Nicolás Leoz de Paraguay y Ricardo Teixeira de Brasil.

Momento en el que la FIFA anunciaba que Qatar sería la sede del Mundial de Futbol 2022 (2010). (Imagen Flickr)

La violación de derechos laborales

Otra de las situaciones a las que se tuvo que enfrentar la organización gira en torno a la construcción de la infraestructura necesaria para el mundial, ya que en un tiempo récord Doha se tuvo que encargar de levantar estadios y edificios para alojar y entretener a los participantes, organizadores y espectadores del mundial, y para llevar a cabo semejantes construcciones se aceptó la ayuda de obreros extranjeros. El problema surge cuando empiezan a aparecer denuncias que giran en torno al maltrato, explotación y el impago de salarios en tiempo y forma de obreros que se encuentran en una nación que no es la suya, sin posibilidades de cambiar de trabajo y cuyos reclamos no son escuchados. Esto se pudo ver claramente en agosto de este año, cuando muchos de estos inmigrantes fueron detenidos por las fuerzas policiales de Qatar por manifestarse afuera de las oficinas de “Al Bandany International Group”, una firma constructora partícipe de las construcciones mundialistas. Los obreros en cuestión se encontraban protestando debido a que hace meses trabajan prácticamente gratis ya que no estaban recibiendo los salarios debidos y prometidos por la constructora. Esta situación empeora cuando tenemos en cuenta que Doha no solo arrestó a estos trabajadores, sino que también los deportó a sus países de origen (mayormente otros países de Asia).

El maltrato de obreros extranjeros no es una acusación novedosa en el país del golfo, las denuncias han surgido desde que Doha comenzó a utilizar mano de obra extranjera para la construcción de la infraestructura requerida, y las investigaciones llevan años abiertas. En el año 2015, un grupo de reporteros alemanes que se encontraban en Qatar filmando un documental sobre las construcciones para el mundial y las pobres condiciones laborales fueron arrestados por las autoridades locales, destruyeron su equipo y borraron el material que habían filmado. Posteriormente en 2016, las autoridades qataríes vigilaron, siguieron y detuvieron a periodistas de la BBC que estaban en el país para investigar dichas denuncias y especialmente ciertas acusaciones que indicaban la muerte de cientos de obreros nepalíes causadas por las inhumanas condiciones de trabajo.

Estadio Lusail en construcción, Qatar. (2020) (Imagen Flickr)

Organizaciones como “Human Right’s Watch” y Amnistía Internacional se han encargado especialmente de investigar y denunciar aquellas detenciones que violan directamente la libertad de expresión y también las situaciones en las que no se ha asegurado condiciones apropiadas para la seguridad y la salud de los obreros inmigrantes que se encuentran en el país, muchos de los cuales han sufrido heridas, salarios insuficientes y en algunos casos, la muerte. Estas organizaciones no solo culpan parcialmente a la FIFA por haberle dado el hospedaje del torneo a Qatar sin requerirle una reforma laboral que asegure condiciones laborales apropiadas, sino que también hacen hincapié en otros derechos en los que el Estado qatarí ha fracasado en asegurar y constantemente ignora, como asegurar la igualdad y los derechos de las mujeres, el colectivo LGBTIQ+ y las minorías étnicas. Y aunque estos temas poco tienen que ver con la organización del campeonato mundial de futbol, es importante mencionar que el país huésped no ofrece las mismas garantías y oportunidades ni es seguro para todos, lo cual también va a significar un choque de realidades para aquellas personas del mundo occidental que quieran asistir al mundial, así como también una necesidad de adaptación a las costumbres y leyes locales.

Un claro ejemplo de estas desigualdades podemos encontrar en el sistema penal de Qatar, el cual incluye como delito penado (bajo multa y años de prisión) a las “actividades sexuales entre personas del mismo sexo” o “sodomía”. Esto lleva a que las personas que pertenezcan al colectivo LGBTIQ+ que quieran vivir su sexualidad libremente tengan que exiliarse en el exterior o afronten las penas del estado, la condena social e incluso en algunos casos la muerte, ya que algunas familias siguen practicando la costumbre tribal de “asesinato de honor”.

 

Imagen ilustrativa (Flickr)

Los derechos de las mujeres, aunque la constitución declare la igualdad entre ambos sexos, es otra materia que se encuentra bastante limitada jurídicamente. En Qatar funciona una especie de sistema de tutela, bajo el cual el accionar de las mujeres es muy limitado y necesita el permiso de su guardián o tutor (hermano, padre, marido, etc.) para realizar numerosas actividades como pedir becas universitarias, viajar al exterior, casarse, etc. Por supuesto que estas normas no se aplicarán a las mujeres extranjeras que deseen visitar el país para asistir al evento deportivo, que podrán actuar normalmente, a excepción de ciertas reglas de vestimenta que deberán respetar todos.

Este año se realizó una encuesta en Alemania acerca de la asistencia de su selección nacional en el campeonato mundial de Qatar 2022, en el cual 48% de los entrevistados sostenía que su equipo debería retirarse del evento deportivo por su realización en un país cuyo sistema legal no promueva la igualdad jurídica ni la justicia para todas las personas por igual. Lo mismo opina Philipp Lahm, ex capitán de la selección alemana, el cual no piensa asistir al evento deportivo y culpa a la FIFA por ignorar las controversias en materia de derechos humanos que giran en torno al país del golfo.

El mundial de fútbol es un evento que disfrutan millones de espectadores de todo el mundo, sin importar sus creencias, género, orientación sexual o nacionalidad. Sin embargo, hay personas que no pueden disfrutar del certamen de este año plenamente, sin recordar que se está celebrando porque muchas otras personas sufren día a día la represión, persecución e injusticias provenientes desde el mismo aparato estatal, y muchas otras las sufrieron en las mismas preparaciones para el campeonato. Surge preguntarnos si esta situación se podría haber evitado, o mínimo, si en el futuro la FIFA tendrá en cuenta el respeto más básico por los derechos humanos a la hora de elegir las próximas sedes mundialistas, no sólo para demostrar que se ha alejado de sus días más corruptos, sino también para aprovechar el poder y la influencia que tiene en todo el mundo para sumarse a la promoción y lucha por el respeto de los derechos de todas las personas.


Bárbara Ojeda23/08/2022
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Después de 50 años de que el aborto se convirtió en legal en Estados Unidos, la Corte Suprema anuló el histórico fallo del caso Roe vs. Wade del año 1973, con seis votos a favor y tres votos en contra, gracias al cual se preparará conseguir el derecho al aborto. Esto implica un gran retroceso en términos de obtención de derechos para las mujeres, ya que se pone en peligro la salud sexual y reproductiva de las mismas.

La gente se manifiesta la Marcha por la Libertad Reproductiva contra la nueva ley del aborto durante, la Ley de Protección de la Vida Humana de Alabama, 19 de mayo de 2019. © REUTERS/Michael Spooneybarger

¿Qué fue el caso Roe vs. Wade?

El caso Roe vs. Wade comenzó en el año 1971 cuando una madre joven de Texas, Norma McCorvey, presentó una demanda contra el fiscal del distrito local Henry Wade del estado de Texas por no permitirle llevar a cabo un aborto cuando el embarazo había sido producto de una violación. Para ese entonces, la ley sobre el aborto en Texas era muy prohibitiva, solo se podía abortar en los casos en los que la vida de la mujer corriese riesgo. Este caso es conocido como “Roe vs Wade” dado que Norma se presentó bajo el seudónimo de “Jane Roe”. Finalmente, para el año 1973 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el fallo a favor de McCorvey con 7 votos a favor y 2 en contra.Asi, se quedo que la mujer, ammparada en el derecho de la privacidad, tenia en su poder la decision sobre si dejo continuar o no con el embarazo.

De esta manera, el caso Roe vs. Wade marcó un antes y un después en la historia de la lucha de las mujeres en pos de la obtención de mayores derechos. A pesar de que para el momento en el que se falló a favor de McCorvey ella ya había dado a luz a su hija , esto significó un hito para las millones de mujeres que vivían en Estados Unidos dado a que implico que el aborto ya no podía ser prohibido durante el primer trimestre de embarazo. Siendo así, el Alto Tribunal catalogó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como “fundamental”, y consecuentemente las leyes a nivel federal cambiaron a favor de las mujeres.

¿Qué sucedió desde ese entonces?

A pesar del gran avance que fue el fallo del caso Roe vs. Wade, ha seguido existiendo en Estado Unidos un fuerte lobby antiaborto en sectores del gobierno que llevaron a que muchos estados aprueben leyes restrictivas del aborto, las cuales van en contra de la autonomía y del derecho a elegir a las mujeres.

Uno de los casos más importantes y actuales es el de Texas. En este estado, en el año 2021, se redujo a menos de seis semanas el tiempo que tiene la mujer para realizar un aborto si así lo decidiera. Esto da muy poco margen de tiempo y es una traba muy grande a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que es difícil detectar un embarazo antes de esa cantidad de meses. Para agregar, la ley de Texas estimula a que los ciudadanos de Estados Unidos denuncien a cualquier persona que sea sospechosa de ayudar a abortar, ofreciéndoles una recompensa de 10.000 dólares a quienes lo hagan.

Por otro lado, la ley de Alabama aprobada en el año 2019 es aún más restrictiva. Esta prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia desde el momento en que se conoce que la mujer se encuentra embarazada. Entonces, se penaliza a la mujer bajo cualquier supuesto, teniendo la posibilidad de ser condenada hasta 99 años de cárcel en caso de realizar el procedimiento, incluso si su embarazo fue producto de una violación.

Lo comentado hasta aquí deja en claro que a las mujeres de Estados Unidos se les sigue vulnerando sus derechos, y que estos nunca están totalmente asegurados. Las mujeres,  que viven insertas en una sociedad patriarcal y desigual, deben seguir luchando para que se escuchen sus voces y se cumplan sus demandas.

¿Qué significa que se haya revocado el fallo del caso Roe vs. Wade?

Actualmente, en Estados Unidos hay 13 estados que tienen normas restrictivas con respecto al aborto que, si bien se encuentran sin efecto, ya están aprobados y ahora pueden entrar en vigor con la decisión de la Corte Suprema de derogar la ley de 1973. Entre estos estados podemos encontrar a: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Utah, Wyoming y Texas.

De esta forma, la decisión de aplicar el derecho al aborto se encuentra en manos de los estados, algunos ya comenzaron a aplicar restricciones y se estima que unos 26 podrían ilegalizarlo. En consecuencia, los estados que sí permiten el aborto legal podrían recibir una gran cantidad de personas en sus clínicas.

Por otro lado, esto pone en peligro la salud reproductiva de las mujeres, ya que el derecho al aborto forma parte del derecho más amplio a la salud sexual y reproductiva de todas las personas, a la igualdad social y económica. Más aún, se pone en peligro la vida de millones de mejores, dado a que llevara a que ellas busquen otros medios para llevar a cabo un aborto, muchos de los cuales se realizarán de manera clandestina e insegura.

En fin, los derechos reproductivos se están viendo difícilmente amenazados en Estados Unidos, pero cabe remarcar que se organizan gigantescas marchas y movilizaciones para defender el derecho al aborto.

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Así, Estados Unidos se encuentra entre uno de los principales países del mundo occidental que cuentan con las leyes más restrictivas sobre el aborto. Esta situación afecta a miles de mujeres y significa una gran reversión en materia de derechos para este país. Una vez más, son las mujeres quienes deben seguir luchando por poder decidir en materia sexual y reproductiva, y por su autonomía personal.


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Desde hace mas de una década, las debilidades estructurales en la región de América Latina han acrecentado considerablemente las brechas sociales. Este contexto particular genera a su vez grandes desafíos para la recuperación económica post COVID-19 en la región. La pobre gestión de servicios públicos de calidad de los estados es una limitante para la ejecución de los planes de recuperación post pandemia, teniendo como consecuencia una contracción del 7,3% de su PIB. Además, la deuda pública alcanzó el 7.7% del PBI de la región en abril, según datos del Fondo Monetario Internacional -FMI-, con una pérdida equivalente a 7 años de crecimiento económico, una tasa de desempleo del 10,7% y una tasa de pobreza de 33,7% de la población total, aumentando las brechas de desigualdad. El presente artículo analiza cómo las debilidades de larga data que afronta la región, sumado al endeudamiento generado para financiar las medidas de emergencia representa grandes desafíos para la recuperación de la región en 2022.

"[Foto:Toma aérea de los edificios en el barrio de tugurios de la comuna 13 en Medellín, Colombia vía Freepik]
“[Foto:Toma aérea de los edificios en el barrio de tugurios de la comuna 13 en Medellín, Colombia vía Freepik]”

El turismo es uno de los sectores económicos más afectados en América Latina debido al COVID-19. En algunos países caribeños este sector representaba el 50% de su PBI. Esto puede observarse con la quiebra de LATAM y Solways Tours Argentina, una operadora exclusivamente mayorista de perfil multidestino, debido a las restricciones sanitarias, la reducción de la movilidad y los cierres fronterizos como medidas contra la pandemia del COVID-19. Estas pérdidas económicas conllevaron a muchas personas a migrar según la CEPAL, en donde en el 2020 se estimó que había 11,9 millones de migrantes en Latinoamérica y 40 millones de migrantes latinoamericanos en todo el mundo.

Sin embargo, los países trabajan en políticas y acuerdos para frenar la migración, como también aumentar los sectores productivos para coadyuvar a generar mejores condiciones de vida y desarrollo, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM). Pese a ello, existen factores externos que afectan la recuperación económica de los países, como el lento proceso de vacunación, donde solo el 13,6% de la población de la región ha completado el esquema de la vacunación, y el incremento de distintas cepas. Asimismo, los riesgos macroeconómicos como la posible reversión de la política monetaria acomodaticia de Estados Unidos, que afecta de forma directa a Latinoamérica (es realmente complicado que la inflación vuelva a valores inferiores), lo que conlleva a tasas bajas de interés.

En el 2020 la región cerró con una deuda promedio de 79.3% del PBI, un 10,4% mas que el PIB regional del 2019, según datos del FMI. En esa línea, con datos de la Escuela de Administración de Empresa -EAE Business School-, entre los países con mayor endeudamiento de la región, se encuentra Brasil con el 100% de su deuda del PIB, y Argentina con el 97%. En contraste, según datos del FMI, se estima que Perú cerrará este año con un aumento del 8,5% en su PIB, Chile con 6,2%, Argentina con 5,8%, Colombia con 5,1%, México con 5% y Brasil con 3,6%. Mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- estima que Latinoamérica crecerá un 2,9% para el siguiente año, en donde el déficit conllevará a generar que la deuda pública sea del 79,3% del PIB.

Por lo anterior, se puede observar que Latinoamérica tendrá una recuperación y crecimiento económico a corto plazo, los cuales se verán afectados por los daños estructurales como el la exacerbación de la deuda pública, pobreza, desigualdad socioeconómica, al igual que las crisis coyunturales de índole política y social, que afectarán las distintas políticas fiscales y por ende, la distribución del gasto público, frenando el crecimiento económico.

Medidas para afrontar el shock económico

Foto: Prensa libre
Foto: Prensa libre

Entonces, cabe cuestionarse: ¿cómo mejorar la inversión y manejar los presupuestos que coadyuven a enfrentar las consecuencias, retos y amenazas del COVID-19 en la región? Una de las soluciones es implementar una eficiente gestión de la administración, estructurar presupuestos transparentes enfocados a combatir las consecuencias derivadas de la pandemia. Asimismo, es necesario que se implementen políticas de emergencia transversales y sectoriales que no solo transformen sino fortalezcan la inversión pública y privada, así como la reactivación económica sostenible. Más allá de las políticas fiscales, se debe invertir en políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento, aumentar la productividad de las naciones, elevar la empleabilidad de calidad, el turismo y comercio, para que de esta forma, se genere más desarrollo en la región, que minimice las consecuencias tanto históricas como catastróficas que dejará la pandemia.

Tal como señala el informe “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad” de la CEPAL, en el 2020 se alcanzó uno de los niveles más bajos de inversión en la región, cerrando con un 17,9% del PIB, con la caída de mercado ocupados hasta un 0,9%, participación femenina de 46,9%, con una tasa de 12,5% de pobreza extrema, 33,7% de pobreza, aumento del 2,9% de desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso, deuda pública hasta del 72% y deuda externa del PIB de 56,3%. Estas cifras representan las brechas tan desiguales en la región convirtiéndose en obstáculos para el acceso a los derechos, el bienestar y el optar a mejores oportunidades, por ende a mejores condiciones de vida y a un desarrollo integral.

Este shock económico evidencia la vulnerabilidad socioeconómica de la región y las proyecciones indican que estos niveles solo continuarán en aumento para cerrar el año, representando grandes desafíos para el 2022. Más aún, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- se espera una tasa de crecimiento inferior de -1,1%, impidiendo alcanzar los niveles pre-crisis del COVID-19, debido a que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y a la poca productividad a causa del desempleo. Estos factores conllevan a contraer parte del PIB que afecta la economía. En la siguiente imagen se encuentran los principales desafíos para la región en 2022 según IPSOS.

Por lo que, es necesario fortalecer los ingresos tributarios, reducir la evasión fiscal, generar mayor acceso a la liquidez internacional y a los mecanismos multilaterales, que faciliten el manejo de la deuda, como también fortalecer la banca de desarrollo regional para aumentar de esta forma, la capacidad de préstamos y de respuestas a la pre y post pandemia. Además, es necesario establecer un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores privados. También crear instrumentos innovadores para mejorar el acceso al financiamiento e incluir de esta forma a los países de ingreso medio -como lo son los países de Latinoamérica- en todas las iniciativas de alivio de la deuda y acceso a liquidez (CEPAL, 2021).

Latinoamérica necesita invertir en oportunidades de emprendimientos, digitalización e innovación, que han tenido auge en la pandemia con el trabajo virtual remoto. Debido a que en complejo escenario, la región continúa necesitando reestructurar sus políticas sociales, económicos y políticas para superar la crisis e invertir en productividad, ya que, si bien la inversión se recuperará a medida que las economías se normalicen, volver a los niveles anteriores de inversión a la pandemia será un proceso lento y altamente vulnerable hacía los reveses en el entorno actual de expectativas persistentemente bajas de crecimiento a largo plazo. Paralelamente, es necesario crear e implementar entornos legales que faciliten la creación y crecimiento de nuevas empresas, el desarrollo de mercados financieros y capital de riesgo que garanticen la financiación de estas empresas, abriéndose al comercio y reduciendo las barreras arancelarias.

 

 


Lionel Gamarra05/12/2019
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Tratar de comprender las múltiples crisis políticas en Latinoamérica por separado nos negaría la oportunidad de realizar una lectura mucho más enriquecedora. Un análisis regional en el cual el estallido social, la ambivalencia que mueve a los electorados de izquierda a derecha una y otra vez, y la crisis generalizada de las clases políticas, muestran claramente una profunda crisis de representatividad de los pueblos latinoamericanos.


Alfonso Llamas17/01/2019
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En diciembre de 2018 el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó los 2,6 billones de dólares al año que el Foro Económico Mundial ha calculado como costo global de la corrupción. Este artículo analiza dicha cifra, así como las distintas manifestaciones del fenómeno, su relación con el desarrollo socioeconómico y su especial manifestación en América Latina.


Belen Aguero08/11/2018
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