Aisha Naanim Bojanich17/04/2023
El presidente norteamericano Biden confirmó el mes anterior el inicio del proyecto Willow, a partir del anuncio miles de ciudadanos, principalmente locales de Alaska y activistas por el medio ambiente, salieron a manifestar su oposición.
Aisha Naanim Bojanich08/02/2023
El pasado viernes 13 de Enero una tropa conformada por soldados kosovares ingresó a Islas Malvinas justificando que llevan adelante una “misión de paz”. El gobierno argentino se pronunció en contra de la actividad y denunció a Gran Bretaña ante Naciones Unidas alegando violación de la resolución 31/49 y 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El conflicto respecto al despliegue de las tropas proveniente de Kosovo tuvo inicio el año pasado luego de que Gran Bretaña hiciera público el plan de enviar miembros de las Fuerzas de Seguridad a las Islas con motivo de realizar una Operación de Paz y la incorporación de personal de las KBS en el ejército de infantería británico Roulement. El proyecto fue aprobado por diputados de la Asamblea de Kosovo y hasta donde se supo podría durar 3 años. Ante aquel anuncio el gobierno Argentino ya habría elevado un reclamo a Londres demostrando el rechazo a la actividad que se consideró como una “demostración de fuerza injustificada” y una “provocación británica”.
Argentina basa su reclamo en el apartamiento de resoluciones internacionales. La R. 31/49 porque “Insta a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas” y la R. 41/11 que “exhorta a todos los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la Región del Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en la región y la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva”.
A pesar de los contundentes reclamos realizados por el gobierno argentino para evitar que se lleve adelante dicho proyecto, el viernes 13 de Enero arribaron a la base militar Mount Pleasant lo que se denominó como el “primer grupo KSF compuesto entre 7 y 9 personas”.
En principio, la sistemática violación al Derecho Internacional, al respecto el Ministro de Defensa – Jorge Taiana – reafirmó semanas atrás que Argentina “cree en el Derecho Internacional, cree en la solución pacífica de las controversias y pide al gobierno británico abrirse al diálogo”.
En segundo lugar, el medio Alemán Junge Welt plantea la creciente influencia de la OTAN en América Latina, frente al cual podemos agregar el fuerte trabajo por parte del gobierno Chino para extender su presencia sobre el país del Sur. En Neuquén, provincia de la Patagonia, funciona la estación espacial Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) que desde sus inicios en el año 2017 alarmó tanto la Unión Europea y Estados Unidos, por su secretismo y posibles usos militares. Actualmente, se maneja la posibilidad de que China construya una base naval militar en Ushuaia, los beneficios geo-estratégicos y económicos comerciales que significarían para el gran asiático despiertan nuevamente preocupación en sus antagónicos.
Por otra parte, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur – Guillermo Carmona –, expuso su preocupación por la inclusión de un tercer actor en el conflicto Británico-Argentino por Malvinas, una situación sin antecedentes que requiere mantenerse alerta. Asimismo, las autoridades de Serbia han expresado su malestar por la situación, recordando que el Estado separatista de Kosovo es reconocido solo por 83 miembros de la ONU, por lo tanto la oferta de Londres fue interpretado como una intromisión por parte de la OTAN al mismo tiempo que les abre un camino de cooperación para promover su independencia y participar en las ambiciones imperialistas inglesas, según explicó el periodista serbio Marinko Ucur.
Como se explicó anteriormente, Argentina desde un primer momento hizo público su rechazo al proyecto, motivo por el cual reiteró la nota a Naciones Unidas un día antes del arribo de tropas – 12 de Enero- el Canciller Santiago Cafiero ratificó la postura argentina ante la decisión de enviar personal de la fuerza kosovar al archipiélago, además aprovechó la oportunidad para reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Posterior al desembarco de tropas hubo dos momentos claves:
El 24 de Enero, durante la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) los 33 países miembros mostraron un profundo interés por la solución pacífica y definitiva de dichas controversias sobre las Islas, así como también reiteraron “su más firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina”.
El 26 de Enero en el marco de reuniones con las autoridades del Comité de Descolonización de las Naciones – Csaba Kőrösi y Miroslav Jenča – el Secretario Guillermo Carmona denunció la acción unilateral ante Naciones Unidas y manifestó el interés por parte de Argentina en colaborar con el fin de resolver las disputa por medios pacíficos y la espera por la misión de Buenos Oficios del Secretario General para acercar a las partes.
En resumen, para el país sudamericano el despliegue de personal militar es considerado como una acción colonial de presencia ilegítima y por lo tanto una violación a los Derechos Internacionales. Las denuncias y reclamos realizados hasta la fecha si bien tuvieron una buena recepción por parte de los organismos, todavía no se ha logrado un acercamiento con la parte británica. Se resalta la persistencia del pedido y la tarea de los funcionarios nacionales argentinos quienes deben trabajar en mantener la atención sobre el problema para que no se minimice el planteo argentino y se haga énfasis sobre el desarrollo de políticas soberanas.
Aisha Naanim Bojanich25/01/2023
A pocos días de iniciar este nuevo año, la región latinoamericana explotó en un conjunto de crisis políticas, si bien estas se venían gestando hace al menos un mes, todas ellas convergieron en esta semana en revueltas sociales y preocupaciones en las dirigencias.
En ese orden de ideas, la estabilidad de las estructuras políticas en varios de estos Estados, no solamente en aquellos que atraviesan crisis sociopolíticas en este momento, evidencian la falta de unidad y cohesión dentro de los partidos que componen la escena de cada país, al mismo tiempo que surgen nuevas alternativas con posturas extremistas que captan la atención de los sectores insatisfechos.
En este artículo se propone una breve presentación de los hechos ocurridos y finalmente una reflexión sobre los mismos:
BRASIL: El primero de enero de 2023 asume Lula da Silva como Presidente de la Nación por elección popular, a diez días de la ceremonia un grupo organizado de más de mil personas identificadas como bolsonaristas atacaron las sede de los poderes del Estado – Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema de Justicia –. El actual mandatario calificó el hecho como un intento de golpe de Estado llevado a cabo por la derecha reaccionaria a las que llamó fascistas. El suceso deliberó en la intervención de fuerzas militares para despejar los campamentos y las instituciones, aunque se mantiene la incertidumbre sobre la posible participación de los organismos de seguridad en la embestida, considerando la afinidad de estas con el partido saliente y por algunas pruebas que están siendo investigadas.
PERÚ: Con un historial de crisis institucionales y presidencias removidas en un periodo de seis años, este país vuelve a sufrir las consecuencias de la fragilidad de sus instituciones políticas, apartando la responsabilidad del gobierno sobre el bienestar social y exponiendo a sus ciudadanos a niveles de alta inseguridad. Durante el mes de diciembre del 2022, el Congreso tenía previsto hacer el cuarto pedido de vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo acusado por la oposición de “incapacidad moral permanente”. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, el mandatario anunció de manera temporal el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, además la convocatoria a un nuevo Congreso con facultades constituyentes y la reorganización del sistema de justicia. Este combo de noticias sorpresas fueron duramente criticadas por la ultraderecha y tampoco fueron bien recibidas ni respaldadas por las instituciones estatales. Esta decisión fue denominada como un “autogolpe” y como contramedida, el Congreso declaró la destitución de Castillo y la asunción de la Vicepresidenta Dina Boluarte. Desde entonces, el conflicto se desató en la calles mediante movilizaciones ciudadanas, reflejando la insatisfacción con las medidas tomadas por el Congreso y una fuerte represión como respuesta del gobierno de Boluarte. En estos días, trascendió el preocupante número de fallecidos por heridas, más de 40 participantes fueron velados en los últimos días.
BOLIVIA: Resuena el pedido por la Democracia y el Estado de Derecho. Desde el 28 de Diciembre el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho permanece detenido acusado de formar parte del Golpe de Estado a Evo Morales en el año 2019. Semanas después , las movilizaciones se han extendido por varios puntos del país, reclamando la libertad del gobernador y otros presos políticos, así como el respeto por la democracia. En efecto, han salido grupos afines al oficialismo a reclamar su posición, de esta parte piden años de cárcel para el gobernador. Por el momento, Camacho llama la lucha nacional contra la “dictadura”, el oficialismo se plantea la posibilidad de nuevas elecciones en Santa Cruz y la UE advierte no llevar adelante acciones que generen un ambiente de mayor violencia social.
CHILE: El 30 de Diciembre, el presidente Boric anunció el indulto para 13 reclusos, lo cual desató una crisis institucional y una serie de reclamos al gobierno. Al comienzo, la oposición no denuncia inconstitucionalidad, pero sí exige investigar para esclarecer los hechos, ya que no se han expuesto motivos de indulto, lo cual juzgan de irresponsable cuando el país atraviesa una “crisis de inseguridad”. Tras la polémica, la Ministra de Justicia – Marcela Ríos- y el Jefe de Gabinete – Matías Meza-Lopehandía- presentaron su renuncia. También ha habido choques en la Corte Suprema y el Senado por rechazar los funcionarios propuestos por el Presidente para cubrir los cargos de Fiscal y el reemplazo de la Ministra saliente.
REFLEXIÓN
Lo que vemos aquí no es más que un reflejo de lo que viene sucediendo en Latinoamérica hace años, Enero nos golpea para mantenernos alerta para lo que nos depara este 2023. En menos de dos semanas, nos recuerda que aún mantenemos una deuda como sociedad: la crisis de las democracias contemporáneas. En los últimos años, presenciamos el desgaste político junto a la emergencia de nuevos actores no partidarios en la escena y el ascenso de la ultraderecha, ambos como respuesta a la incapacidad de los gobiernos para encauzar las demandas sociales como los niveles de inseguridad criminal, que amenaza el equilibrio interno.
Y si bien, aquí repasamos sobre la situación más actual de 4 países, debemos tener presente que durante el año anterior también presenciamos conflictos políticos en otros países como el caso de Argentina. Los delitos por corrupción, presentes en el aparato estatal, la asimetría que caracteriza a los procesos electorales, sumado a las crisis interna que afecta a los partidos políticos, no logran más que exponer ante los ojos del electorado la fragilidad de nuestras instituciones democráticas.
Por último, también habrá que plantearse el rol y la eficacia de las movilizaciones sociales, que sí décadas atrás supieron copar la escena como actores que venían a reclamar por justicia y representación por parte de sus gobernantes, actualmente es difícil discernir hacia donde se orientan. Este tema es tan extenso que exige otro artículo para ser tratado en profundidad, pero a grandes rasgos lo que se quiere decir es que los años atravesados por crisis políticas y económicas nos han plantado ante una escena actual de tal fragmentación social – entiéndase respecto a ideologías y posturas políticas – que ante el surgimiento de algún conflicto, tanto la opinión pública como las movilizaciones salen a pedir “soluciones” desde su propia realidad y perspectiva moral, y consecuentemente se vuelve cada vez más difícil llegar a un consenso social y tomar decisiones que no alteren a algún sector, que en el peor de los casos, se revelan con extrema violencia.
