Candela Nigro
Cuba enfrenta una de sus crisis económicas más profundas en décadas. Desde hace ya varios meses, el país viene afrontando una situación económica y social crítica, en parte debido al embargo histórico y al endurecimiento de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos luego de su intervención en Venezuela. Esta situación afectó la provisión de petróleo en Cuba, lo que ocasionó una gran crisis energética. Este hecho causó gran revuelo internacional y nos incita a preguntarnos quién vela por las personas en medio de un conflicto ideológico, político y económico.
En medio de toda esta situación, se encuentran los dichos y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya ha manifestado querer “tomar” Cuba y manejar el país según su conveniencia. Se ha hablado de la posibilidad de que cubanos que emigraron a Estados Unidos puedan invertir en la isla. Sin embargo, para que Estados Unidos permita que esto suceda, exige ver cambios estructurales significativos en el sistema político cubano.
El impacto que el bloqueo y las restricciones económicas han tenido sobre Cuba fue drástico. La isla ya enfrentó severos cortes de electricidad, lo cual afectó al sistema de salud, con varias operaciones quirúrgicas y otros procedimientos médicos paralizados. También afectó al sistema educativo y al transporte público debido a los altos precios de la gasolina, entre otros sectores.
Las indicaciones e intenciones de Trump no están claras. Primero expresó que bloquearía a cualquiera que intentara hacer llegar petróleo a Cuba y que impondría aranceles a quien quisiera hacerlo. Posteriormente, en marzo, Rusia logró hacer llegar un buque con carga de petróleo a la isla, el cual no fue bloqueado por Estados Unidos. La administración de Trump dio a entender que estaría analizando caso por caso y que entiende las razones humanitarias. Por lo tanto, es difícil predecir cuándo y de quién aceptará que lleguen petroleros a Cuba.
Esta decisión surgió en un contexto donde Trump quiso flexibilizar las sanciones petroleras a Irán y Rusia por la escalada de precios de energía en medio de la guerra con Irán. Rusia anunció que enviará otro petrolero, pero aún no hay confirmación de su salida ni de si pasará el bloqueo estadounidense. La carga enviada previamente solo le durará a Cuba por un corto período. Esto, sumado a que las sanciones generan un efecto disuasorio para otros países que quisiesen enviar petróleo, pone a Cuba en una situación alarmante.
Ayuda humanitaria
En este contexto y ante la gravedad de la situación, a nivel internacional hubo intentos de brindar ayuda humanitaria. Un ejemplo es el convoy procedente de México que zarpó en la segunda mitad de marzo hacia Cuba con suministros de alimentos y médicos, como medicamentos, paneles solares, entre otros. Esto fue posible gracias a la colaboración de diversas entidades y voluntarios de más de 30 países, entre los que se encuentran el grupo de los Socialistas Democráticos de América, Christian Smalls (líder sindical estadounidense) y miembros del Parlamento Europeo.
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos es uno de los grupos que se encargó de la logística, y esto ha generado controversia, ya que la CIA lo ha clasificado como parte de los servicios de inteligencia cubanos, lo que sugeriría que sus intereses van más allá de la ayuda humanitaria. Esto se agravó aún más con la noticia de que la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, se encuentra en el consejo asesor de Progressive International, una iniciativa que busca conectar a diversos sectores de las izquierdas de distintas partes del mundo, y que también participó en la coordinación de este evento. Por todo ello, principalmente los cubanos emigrados exigen una ayuda humanitaria independiente que contribuya a cambiar el rumbo de Cuba.
Análisis del Derecho Internacional
La problemática es objeto de discusión por parte de diversos expertos de organismos internacionales, como la ONU, que destacan que las acciones de Estados Unidos van en contra del derecho internacional. Principalmente van en contra de la igualdad soberana, establecida en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, la cual Estados Unidos se ve obligado a cumplir. Por otro lado, también se especifica que está prohibido el uso de la fuerza o la amenaza contra la integridad territorial. No hay mención especial a las sanciones económicas y actualmente hay un gran debate sobre si las mismas debieran ser consideradas como una herramienta de coerción o si no constituyen uso de la fuerza. De todas formas, el bloqueo va en contra del principio de no intervención, también parte de la Carta de la organización; aunque ese artículo hace referencia directa a la intervención de la propia ONU y no de los Estados en sí, el principio ha sido extendido a los países y es parte del derecho internacional público.
Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 27/21 en 2014, renovada en 2023 con la número 54/15, sobre las medidas coercitivas unilaterales, indicando que van en contra del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y la Carta de Naciones Unidas, y que su ejercicio ocasiona graves consecuencias en las sociedades afectadas por las mismas. En ambas votaciones, Estados Unidos se pronunció en contra, sin embargo, fueron aprobadas por mayoría. Cabe destacar que estas resoluciones no son de carácter vinculante. Sin embargo, reflejan una preocupación sostenida de la comunidad internacional por el impacto de estas medidas sobre la población civil.
Conclusión
No se puede decir que esta situación es nueva; si analizamos la historia, veremos que esto ya ha ocurrido, no solo en Cuba, sino en otros países también. Los bloqueos y las sanciones económicas se han vuelto una herramienta recurrente para el control y el dominio en la política internacional. En este caso, el conflicto no se trata solamente de sobrevivir al bloqueo económico. La ayuda humanitaria que puedan recibir es una solución temporal, mientras que los cambios estructurales dependen tanto de factores internos como externos.
El caso de Cuba expone una tensión central del sistema internacional: la posibilidad de que decisiones legítimas desde el punto de vista estatal generen consecuencias desproporcionadas sobre la población civil. En medio de esta pugna, el costo recae sobre millones de personas que luchan por sobrevivir y por quienes nadie parece preocuparse.
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