
El artículo explica qué es la política exterior feminista, su origen y sus principales desafíos. También reflexiona sobre la importancia de impulsar cambios estructurales en la diplomacia y la gobernanza internacional para avanzar hacia la igualdad de género.
¿Cómo surge la política exterior feminista?
En 2014, Suecia se convirtió en el primer país del mundo en declarar explícitamente una política exterior feminista (PEF). Posteriormente, otros Estados comenzaron a adoptar enfoques similares: Canadá lo hizo en 2017, Francia en 2019 y México en 2020. En 2021 se sumaron España, Alemania y Libia; en 2022 lo hicieron Países Bajos, Chile y Colombia; y en 2023 adoptaron este enfoque Argentina y Eslovenia.
La PEF a nivel global
Suecia estructuró la implementación de esta política en torno a las llamadas “cuatro erres”: rights (derechos), resources (recursos financieros y humanos), representation (representación sustantiva) y reality (la realidad en el terreno).
Por su parte, Canadá colocó en el centro de su política feminista de cooperación al desarrollo la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como el comercio y la construcción de la paz, con el propósito de contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza.
México define la PEF como: “El conjunto de acciones transformadoras que contribuyen al logro de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de actuación de la política exterior de México y de su quehacer institucional, teniendo como base los derechos humanos, la promoción de las autonomías de las mujeres y la integración de las perspectivas de igualdad de género e interseccionalidad, con la finalidad de contribuir a la erradicación de las desigualdades estructurales basadas en el género y, así, construir una sociedad presente y futura más justa, pacífica, próspera y sostenible”.
España incorporó el enfoque feminista como un componente transversal. En marzo de 2021 se dio a conocer la “Guía de Política Exterior Feminista”. Este documento define los principios que orientan esta política —es decir, lo que implica incorporar un enfoque feminista en la acción exterior— y establece sus principales líneas de actuación. Asimismo, precisa quiénes son los actores responsables de su puesta en marcha, detalla los mecanismos de seguimiento y, de forma destacada, especifica los recursos asignados para asegurar su implementación.
En Chile, la política exterior feminista se establece como uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores para el período 2022–2026: “Desarrollar la Política Exterior Feminista, impulsando el enfoque de género de forma transversal en el quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores, promoviendo la diversidad, la igualdad sustantiva y el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas, con énfasis en las mujeres, niñas y adolescentes, en las decisiones, actuaciones e iniciativas de política exterior, en el ámbito multilateral, regional, bilateral, consular, comercial y de cooperación, entre otros”.
En Colombia, en septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro estableció por qué su país implementaría una Política Exterior Feminista, definiéndola como “la evolución de los compromisos internacionales adoptados por los Estados en materia de igualdad de género, protección, promoción y garantía de los derechos de las mujeres y las niñas, eliminación de todas las formas de violencia y discriminación y transformación social para el bienestar de las mujeres y las niñas”.

¿Qué une a estas definiciones?
Según el International Center for Research on Women (ICRW):
Una política exterior feminista implica “adoptar un enfoque más transformador para el progreso de la igualdad y la inclusión de género, de manera que sea intersectorial y que se enfoque en una transformación estructural de las relaciones de poder y no solo en ascender a algunas mujeres”.
La cuestión del poder —tan central como compleja— representa uno de los principales desafíos para la implementación de las políticas exteriores feministas, en un proceso que todavía se encuentra en construcción. Según María Solanas, directora de programas del Real Instituto Elcano:
No se trata únicamente de “sumar a más mujeres, porque presencia no es poder”. Se necesitan “posiciones de liderazgo desde las que se puedan promover políticas en favor de la igualdad de género que, sostenidas en el tiempo, cristalicen en cambios estructurales”.
En este sentido, es importante subrayar que los cambios no deben limitarse únicamente a los nombramientos simbólicos o a espacios específicos, sino que deben producirse en todos los niveles y esferas de toma de decisiones. Esto implica avanzar hacia una mayor participación y liderazgo de mujeres —particularmente con una perspectiva feminista— en los ámbitos donde se definen y ejecutan las políticas exteriores: desde las organizaciones internacionales y los espacios multilaterales, hasta las cancillerías, los organismos regionales y otros foros de gobernanza global. Solo a través de transformaciones más amplias y estructurales será posible avanzar hacia una política exterior verdaderamente inclusiva y comprometida con la igualdad de género.
Daniela Sepúlveda, cofundadora de la red Nueva Política Exterior en Chile, aporta que
incorporar un enfoque feminista en las relaciones internacionales supone cuestionar las estructuras tradicionales de poder que han marcado históricamente la política global.
A su juicio, esta perspectiva debe reflejarse no solo en el funcionamiento interno de las cancillerías, sino también en la forma en que se abordan los grandes temas de la agenda internacional. Ámbitos como la paz, la prevención de conflictos, las migraciones o el cambio climático han sido tratados durante largo tiempo desde miradas masculinas, en las que las mujeres suelen aparecer principalmente como destinatarias de las políticas, más que como actoras con capacidad de impulsar transformaciones.

¿Cuáles son los desafíos de la política exterior feminista?
María Solanas identifica algunos de los principales desafíos para la implementación de una política exterior feminista, entre los que destacan:
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La dificultad para consolidar estas políticas dentro de las instituciones públicas, especialmente en las áreas encargadas de la política exterior y la diplomacia, donde los cambios suelen ser lentos y complejos debido, entre otras cosas, a la burocracia.
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Las resistencias internas y externas a los cambios institucionales, especialmente en un contexto internacional cada vez más adverso para las agendas que promueven la igualdad de género, marcado por el avance de la ultraderecha y de las agendas antigénero. En el caso de la diplomacia —un ámbito históricamente atravesado por sesgos de género— estas resistencias pueden incluso provocar retrocesos en los avances alcanzados.
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Las tensiones entre los principios de una política exterior feminista y su aplicación práctica. En ocasiones, las prioridades geopolíticas o estratégicas de los Estados pueden terminar debilitando o dejando en segundo plano los compromisos con la igualdad de género, especialmente en contextos de guerra o conflicto como los actuales.
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La fuerte dependencia de liderazgos individuales para impulsar este tipo de políticas. Aunque el compromiso de ciertas personas en posiciones de poder puede ser clave para que estas iniciativas surjan y se mantengan, también existe el riesgo de que se abandonen cuando cambian los liderazgos políticos o gubernamentales. Esto se vuelve aún más relevante en un contexto donde algunos líderes promueven discursos y políticas contrarias a la igualdad de género.
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La importancia de asignar recursos suficientes para que estas políticas puedan implementarse de manera real y sostenida.

¿Y las organizaciones internacionales?
Hoy estamos observando cambios en la esfera global. Por ejemplo, tres de las cinco candidaturas para liderar Naciones Unidas son mujeres; la persona elegida ocuparía el puesto de Secretaría General, algo que nunca ha ocurrido en los 81 años de historia de la organización.
Sería deseable que una mujer sea finalmente elegida y que, como se ha señalado a lo largo de este artículo, este hecho no se limite únicamente al nombramiento, sino que contribuya también a transformar la visión y la práctica masculinizada de la diplomacia multilateral.
Asimismo, en el contexto convulso que caracteriza al escenario internacional actual, es importante que los países que han declarado su adhesión a este enfoque mantengan su compromiso y avancen en su implementación.
Finalmente, sería deseable que más mujeres con una visión feminista asuman el liderazgo de otras organizaciones internacionales, tanto de alcance universal como regional. Su presencia en estos espacios no solo contribuiría a corregir desigualdades históricas en el acceso a posiciones de poder, sino también a impulsar agendas más inclusivas y sensibles a las desigualdades de género en la gobernanza global.
Una mayor diversidad en los liderazgos puede favorecer enfoques más amplios para abordar los desafíos internacionales y fortalecer el compromiso de las instituciones multilaterales y regionales con la igualdad y los derechos humanos.
