Bautista Gregorio Uballes
A pocos días del 20 de diciembre, fecha límite establecida por la Comisión Europea para alcanzar un consenso en el bloque sobre el acuerdo UE-Mercosur, Francia busca frenar el avance del tratado mediante una resolución parlamentaria.
El pasado jueves, el Parlamento francés aprobó por casi unanimidad una resolución que se opone a la ratificación del tratado. Si bien esta no es de carácter vinculante para el presidente Macron, establece un claro rechazo al acuerdo tal como está planteado en su versión de 2024.
Entre las insatisfacciones que expresa Francia figuran el impacto negativo que causaría la importación de productos agrícolas sobre los agricultores locales, las diferencias en las regulaciones alimentarias entre América Latina y la Unión Europea, y la falta de controles aduaneros más rigurosos que prohíban plaguicidas vetados en territorio europeo.
Sin embargo, la principal preocupación de Francia respecto a este acuerdo es el gran volumen de exportación de carne proveniente de países como Brasil y Argentina. Si bien el tratado contempla las denominadas “cláusulas de salvaguardia”, los opositores al acuerdo cuestionan su eficacia y correcta implementación.
¿Serán suficientes estas cláusulas de salvaguardia? Aunque pretenden proteger a los agricultores locales mediante restricciones cuantitativas y controles sanitarios sobre alimentos como carne bovina, avícola, azúcar y miel, la realidad es que su efectividad dependerá enteramente de la voluntad política de aplicarlas cuando sea necesario.
¿Cómo continua la disputa?
El acuerdo debe atravesar todavía varias instancias formales de aprobación antes de entrar en vigor, incluyendo la validación por parte del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo. Francia, por sí sola, no puede frenar la ratificación del tratado, aunque con sus acciones apunta a generar un bloque opositor, influir en el debate y ralentizar el proceso de aprobación del acuerdo.
Por el contrario, países como Brasil pretenden acelerar la firma del tratado. Lula, buscando impulsar este proceso y presentarlo como un logro de cara al próximo año electoral, declaró en la reciente cumbre del G20 en Río de Janeiro que “el acuerdo se firmará el próximo 20 de diciembre”.
Para Lula, la dimensión del acuerdo justifica por sí sola su urgente aprobación. “Se trata de un acuerdo que afecta prácticamente a 722 millones de habitantes y 22 billones de dólares de PIB. Es algo extremadamente importante, probablemente el mayor acuerdo comercial del mundo”, afirmó. Estas cifras posicionarían al bloque UE-Mercosur como una de las áreas económicas integradas más grandes del planeta, solo por detrás de tratados como el T-MEC norteamericano.
El presidente brasileño es consciente de que el principal obstáculo no es técnico sino político. Por ello, más allá de las disputas internas europeas, Lula dejó clara su estrategia: minimizar el peso de las resistencias nacionales y apelar directamente a las instituciones comunitarias. “No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a Von der Leyen y Costa como representantes en las negociaciones”, sentenció. Esta postura refleja una apuesta por el método comunitario europeo, donde las decisiones de política comercial corresponden a Bruselas y no a los Estados miembros individualmente.
Una oposición consolidada
Si bien hay un gran apoyo político y económico al acuerdo, la oposición no resulta menor. Hace unos días, las movilizaciones de agricultores se concentraron frente al Consejo de Comercio durante la etapa final del “Toxic Trade Tour”, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur. Simultáneamente, miembros de la ECVC (La Coordinadora Europea Vía Campesina) protestaron frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo.
No es menor quién encabeza esta resistencia. La ECVC representa a más de 31 organizaciones y sindicatos de agricultores y trabajadores agrícolas en Europa, defendiendo un modelo de agricultura familiar y sostenible que choca frontalmente con el agronegocio exportador sudamericano. Su capacidad de articular las posiciones del sector ante los responsables políticos de la Unión Europea la convierte en un interlocutor ineludible.
Las protestas simultáneas en múltiples ciudades europeas no son espontáneas: reflejan una estrategia coordinada de un movimiento que sabe cómo ejercer presión sobre las instituciones comunitarias. El precedente es claro: el sector agrícola europeo ha tumbado acuerdos comerciales antes, y la ECVC está decidida a que este no sea la excepción.
En declaraciones publicadas en su portal La Vía Campesina, la ECVC denuncia que “la Comisión Europea y varios eurodiputados están dispuestos a eludir las garantías legales e ignorar las preocupaciones de quienes se verían directamente afectados por el Acuerdo UE-Mercosur”. La gravedad de esta acusación merece ser sopesada. La organización no está cuestionando únicamente el contenido del acuerdo, sino el procedimiento mismo: argumenta que la rapidez con que se pretende cerrar el tratado impide evaluaciones de impacto actualizadas, consultas significativas con los sectores afectados y un debate parlamentario robusto. Esta crítica toca un punto sensible de la gobernanza europea: la política comercial sigue siendo una de las áreas menos democratizadas de la UE, donde la Comisión concentra enorme poder negociador con escaso control parlamentario efectivo hasta las etapas finales. Cuando la ECVC habla de “eludir garantías legales”, se refiere a este cortocircuito institucional donde un acuerdo que transformará sectores enteros puede aprobarse sin que quienes lo sufrirán directamente tengan voz real en el proceso.
En esta línea, la Confédération Paysanne, organización francesa miembro de la ECVC, declaró en Estrasburgo: “Nada está decidido aún; todavía es posible bloquear este Acuerdo. Los agricultores necesitan ingresos y recursos para abordar cuestiones relacionadas con la soberanía y la seguridad alimentaria, así como los desafíos climáticos y medioambientales. Europa debe encontrar soluciones y apoyar a los agricultores. Esto no será posible si se nos obliga a competir con productores al otro lado del mundo y si las zonas rurales siguen despoblándose”.
Un acuerdo estratégico en tiempos de incertidumbre
Después de más de dos décadas de negociaciones, el 20 de diciembre fue establecido como fecha límite para que el bloque europeo tome una decisión. Francia lidera la oposición pretendiendo dilatar esta discusión, mientras que otros países como Brasil buscan acelerar su ratificación.
Si bien las probabilidades de aprobación son altas, el proceso aún depende de la ratificación por parte de los parlamentos de cada país miembro. La mayoría de los analistas se muestran optimistas y esperan que la implementación se concrete a principios de 2026, aunque el proceso completo podría extenderse entre dos y tres años más.
En un contexto internacional complejo y oscilante, con conflictos bélicos que comprometen las relaciones comerciales tradicionales, este acuerdo se presenta como una gran oportunidad para avanzar en el libre comercio y establecer una relación diplomática y económica entre dos continentes que parecen necesitarse mutuamente.
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