Paula Cortizo Rey
Esta es una serie de United Explanations en actualización continua. Los análisis sobre el Sáhara Occidental se actualizan conforme evolucionan los hechos. Última actualización: 19 de noviembre de 2025.
El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2797, un texto que muchos analistas interpretan como el colapso final del proceso de paz iniciado en 1991. La resolución, aprobada en el 50 aniversario de la Marcha Verde, introducía una novedad crucial: elevaba la propuesta de autonomía marroquí al rango de solución más viable para el Sáhara Occidental. Este giro beneficiaba al Marruecos, proporcionándole legitimidad adicional para continuar ejerciendo control sobre el territorio.
Este nuevo posicionamiento de la ONU visibiliza tensiones internacionales ya existentes. Países como Estados Unidos y Francia debaten la reacción de Marruecos, caracterizada como una postura peligrosa e inédita en términos de cooperación regional (Cadena SER, 2025).
Esta divergencia en los términos del diálogo refleja una profundización del bloqueo y el endurecimiento del conflicto.
En el panorama internacional, Marruecos, respaldado por potencias como Estados Unidos, Francia y España que impulsaron la aprobación de la resolución, se encuentra más legitimado que nunca. Esta posición se refuerza por su clara superioridad militar: controla el 80% del territorio saharaui y consolida su dominio mediante el asentamiento de colonos en la región. En contrapartida, el Frente Polisario y Argelia mantienen su rechazo formal a la resolución, pero en términos prácticos el Polisario se encuentra debilitado y carece de apoyos estratégicos.
A pesar de su gravedad y su estatus de conflicto prolongado, el Sáhara Occidental permanece como una de las causas más olvidadas en la agenda internacional. A diferencia de otros casos que movilizan la opinión pública y la solidaridad social, como Palestina, la situación saharaui ha quedado relegada a un segundo plano, atrapada entre intereses estratégicos contrapuestos y un silencio persistente que normaliza el estancamiento.
Génesis del conflicto: una perspectiva histórica
El conflicto del Sáhara Occidental es un caso de descolonización pendiente de larga duración. Sus orígenes se remontan al período colonial español, cuando España ejerció control sobre el territorio desde 1884 hasta 1975. Durante este tiempo, el Sáhara fue clasificado primero como territorio de ultramar (hasta 1958) y posteriormente como provincia española. Es importante notar que en este período, tanto Marruecos como Mauritania ya formulaban reclamaciones sobre el territorio.
En octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un dictamen crucial: no existían lazos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos o Mauritania. Sin embargo, apenas un mes después, España ignoró esta sentencia y transfirió la administración del territorio a ambas potencias mediante los Acuerdos Tripartitos de Madrid en noviembre de 1975. Marruecos ocupó militarmente el territorio a finales de 1975, iniciando un conflicto armado de trece años contra el Frente Polisario. Este movimiento de liberación nacional saharaui proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el exilio en 1976.
La Resolución 2797: victoria diplomática para Marruecos, rechazo regional
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 2797 marcando un cambio significativo en la postura internacional sobre el conflicto. En concreto, la resolución categorizó la propuesta de autonomía marroquí de 2007 como “la solución más viable” para resolver el conflicto (Resolución 2797, 2025). Esta decisión fue aprobada con 11 votos a favor (incluyendo Estados Unidos) y 3 abstenciones (China, Rusia y Pakistán), renovando el mandato de La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) hasta junio de 2026.
El Gobierno de Marruecos celebró esta decisión como una “victoria diplomática histórica” (El País, 2025; LinkedIn, 2025), ya que sitúa su propuesta como el eje principal del proceso de solución. Este paso representa un cambio significativo respecto a cómo las resoluciones previas habían caracterizado la propuesta. Sin embargo, es importante destacar que esta decisión no niega formalmente el principio de autodeterminación, el cual el Consejo de Seguridad confirma como un componente esencial de cualquier solución política que debe ser justa, duradera y mutuamente aceptable.
En contraste, el Frente Polisario rechazó esta resolución al considerar que “legitima la ocupación marroquí” y “vulnera el principio de autodeterminación” (Independiente, 2025). En esta misma línea, Argelia —que apoya al Polisario— también manifestó su oposición, argumentando que la resolución viola el principio fundamental de descolonización. Este desarrollo diplomático, impulsado por actores clave como Francia (que respalda la autonomía bajo soberanía marroquí) y Estados Unidos (que reconoció la soberanía marroquí en 2020), consolida la posición de Rabat en un conflicto que se vuelve cada vez más complejo de resolver.
Evolución del conflicto: ocupación y expolio
A su vez, este giro diplomático ocurre en un momento simbólicamente significativo: se cumplen exactamente cincuenta años de la invasión marroquí, iniciada con la Marcha Verde el 6 de noviembre de 1975. Este aniversario no es meramente una coincidencia histórica, sino que refleja cómo Marruecos ha capitalizado este momento para reforzar su posición diplomática internacional.
Durante este medio siglo de control, Marruecos ha dominado aproximadamente el 80% del territorio saharaui. El conflicto ha evolucionado desde una ocupación militar clásica hacia un sistema más sofisticado: la explotación de recursos naturales mediante el asentamiento sistemático de colonos marroquíes. Esta transformación refleja una estrategia de consolidación territorial a largo plazo.
Aunque el derecho internacional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) —que en 2024 refutó la separación legal del Sáhara respecto a Marruecos— respaldan formalmente la posición del Polisario, la política internacional favorece claramente a Marruecos. Con el apoyo de aliados como España y Francia, Marruecos está acelerando proyectos de energía renovable (parques eólicos y plantas solares) y plantas desoladoras en el territorio ocupado. Un ejemplo es la planta de Casablanca, alimentada por el parque eólico de Bir Anzarane, que impulsa la expansión agrícola de exportación y consolida el asentamiento de colonos marroquíes. Esta estrategia —que abarca agricultura, pesca y proyectos energéticos— genera una dependencia política y económica del territorio respecto a Marruecos (Middle East Eye, 2025).
Las fracturas internacionales: divergencias estratégicas y realineamientos
La recepción de la Resolución 2797 reveló una profunda divergencia en las posiciones estratégicas de los actores internacionales. Por un lado, emergen posturas claramente opuestas: Marruecos celebra la Resolución como un impulso decisivo para la legitimación de su avance territorial, mientras que el Frente Polisario rechaza categóricamente esta decisión con el respaldo de Argelia. La abstención argelina en la votación refleja esta posición, caracterizada como “cancario en la defensa de una causa de la que ya no obtiene rédito alguno” (Núñez, Vanguardia, 2025).
En cambio, las abstenciones de Rusia, China y Pakistán revelan una estrategia dual: por un lado, desinterés en comprometerse con la causa saharaui; por otro, interés en garantizar la renovación del mandato de la MINURSO (Resolución 2797, 2025). Simultáneamente, potencias europeas clave como Francia y España se alinean activamente con la posición soberanista de Rabat, reflejando una coordinación diplomática impulsada desde Washington.
Particularmente relevante es la posición de España, que quiebra su histórica línea de solidaridad con el pueblo saharaui. Este giro refleja una reconfiguración de prioridades donde la relación bilateral con Marruecos —especialmente en cuestiones de control migratorio— se impone sobre compromisos previos con los derechos de autodeterminación saharaui.
Epílogo: cuando el olvido se normaliza
Con la aprobación de la Resolución 2797, el Consejo de Seguridad de la ONU ha dictado sentencia política que socava fundamentalmente el acuerdo de 1991, el cual prometía un referéndum de autodeterminación (Núñez Villaverde, 2025). En este escenario, el futuro inmediato apunta al mantenimiento del bloqueo político y la marginación del derecho internacional, profundizando así la erosión del principio de autodeterminación.
Como señalan los académicos Isaías Barrenada y Raquel Ojeda García, “la cuestión sigue pendiente” (Barrenada y Ojeda García, 2016). Jurídicamente, esta observación es acertada: el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio sin soberanía internacional reconocida, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido explícitamente que la UE no puede celebrar acuerdos internacionales con Marruecos que se apliquen al territorio saharaui sin el consentimiento expreso del pueblo saharaui, legítimamente representado por el Frente Polisario.
En definitiva, nos encontramos ante un conflicto enquistado en el tiempo donde la comunidad internacional reconoce formalmente la necesidad de una solución política mutuamente aceptable, pero simultáneamente la obstaculiza mediante alineamientos estratégicos. En este contexto contradictorio, como señala Barrenada, la MINURSO continuará con su trabajo administrativo mientras el Derecho Internacional permanece subordinado a los intereses de las grandes potencias, que priorizan la “convivencia pacífica a corto plazo” por encima de principios legales (Barrenada, 2025).
En este panorama, el conflicto del Sáhara Occidental continúa siendo relegado a la periferia de la atención mundial. Mientras otras luchas por la autodeterminación generan movilización política y ciudadana significativa, la causa saharaui permanece en las sombras, sostenida únicamente por una resistencia que raramente ocupa los titulares internacionales. Este olvido estructural perpetúa un proceso de descolonización sin resolución, donde cada aniversario —como el de la Marcha Verde que enmarca esta Resolución— parece esfumarse sin avance político tangible.
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