Nadia Yasmin Facio
Lo que comenzó como una sucesión de crisis coyunturales en Perú se ha transformado en un patrón sistémico: un Estado atrapado entre la fragmentación partidaria, la corrupción estructural y la instrumentalización de sus propios mecanismos constitucionales. Hoy, la democracia peruana sobrevive entre presidencias efímeras y un desgaste del sistema político.
Desde 2016, ningún presidente ha logrado concluir su mandato: Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 cercado por acusaciones de corrupción; Martín Vizcarra fue destituido en 2020 bajo la ambigua figura de “incapacidad moral”; Manuel Merino duró apenas cinco días tras las protestas que provocaron su caída; Francisco Sagasti completó un breve interinato, y Pedro Castillo fue destituido en 2022 después de un intento fallido de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción, medida considerada por el Parlamento como un autogolpe. La crisis se profundizó con la destitución de Dina Boluarte el 10 de octubre de 2025, cuando el Congreso declaró su “incapacidad moral permanente” y la removió del cargo. Su gobierno, marcado por denuncias de represión y pérdida de legitimidad, terminó por agravar la fractura entre Estado y ciudadanía. Tras su vacancia, José Jerí, que hasta entonces era el presidente del Congreso, asumió la conducción interina del país hasta la convocatoria de nuevas elecciones.
Estas rupturas sucesivas con el mandato presidencial revelan la consolidación de una lógica de “inestabilidad organizada”, donde los actores institucionales —en especial el Congreso— utilizan los mecanismos democráticos como armas políticas. En efecto, la presidencia se ha convertido en un instrumento rutinario de presión, y el resultado es una gobernabilidad imposible.
CRISIS INSTITUCIONAL Y DISPUTA DE PODERES
El Congreso peruano en los últimos diez años ha sido el foco de una legitimidad en declive, una representatividad mínima y una fragmentación partidaria inédita, cuyo funcionamiento fue puesto en debate dentro del tablero político nacional. La toma de decisiones de sus funcionarios, muchas veces motivada por cálculos de corto plazo o intereses particulares, ha erosionado el principio de separación de poderes, afectando su autonomía plena. La manipulación de procedimientos constitucionales, las investigaciones selectivas y el uso político de la fiscalía o del Tribunal Constitucional expresan una pérdida de neutralidad de las instituciones, tanto en sus capacidades operativas como legales.
A ello se suma un Poder Judicial debilitado por la corrupción y la desconfianza pública. El escándalo de los Cuellos Blancos del Puerto (una red de magistrados y empresarios que intercambiaban favores judiciales) expuso el problema sin escalas. La consecuencia es la pérdida de credibilidad en la justicia, percibida no como garante del orden democrático, sino como campo de disputa entre facciones personalizadas.
FACTORES ESTRUCTURALES DE LA INESTABILIDAD
La fragilidad democrática en Perú tiene múltiples raíces. En primer lugar, la crisis de representación política: los partidos tradicionales colapsaron y fueron reemplazados por movimientos populares sin estructuras programáticas ni arraigo social. Esto se traduce en un Congreso atomizado, donde el voto para la aprobación de los proyectos nacionales se negocia caso por caso. En segundo lugar, la corrupción sistémica, exacerbada tras el caso Odebrecht —un escándalo regional de sobornos que involucró a la constructora brasileña Odebrecht y a varios expresidentes latinoamericanos—, minó la legitimidad de las élites políticas y empresariales. En tercer lugar, la desigualdad social y territorial, especialmente entre Lima y las regiones andinas, genera un malestar persistente que se expresa en protestas a las que el Estado responde con actos de represión. Finalmente, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales —convertidos en amplificadores de la polarización y a su vez formadores de la opinión pública— contribuye a acelerar los ciclos de crisis.
ABANDONO DEMOCRÁTICO Y EROSIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
El abandono estatal no se reduce a la caída de presidentes; también se manifiesta en la renuncia colectiva a sostener reglas básicas de convivencia institucional. El colapso que siguió a la destitución de Boluarte reavivó el debate sobre la fragilidad democrática en Perú, ya evidenciada en los años posteriores al fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Las protestas que estallaron tras aquel intento de disolución del Congreso derivaron en una represión estatal que, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Amnistía Internacional, dejó más de 60 muertos y centenares de heridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Estas violaciones de derechos humanos reflejaron una peligrosa tendencia hacia el autoritarismo institucional, donde las fuerzas de seguridad actuaron con amplio margen de impunidad y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
En 2025, la erosión del Estado de derecho se expresa también en la manipulación de los marcos legales para proteger a sectores políticos investigados. El Congreso ha promovido reformas destinadas a debilitar la autonomía de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y del Ministerio Público, instituciones clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Paralelamente, el uso recurrente de estados de emergencia bajo el argumento de la inseguridad ciudadana ha ampliado los márgenes del poder coercitivo del Estado, reduciendo las garantías de libertades civiles y limitando la supervisión judicial.
En este contexto, la democracia peruana se sostiene más por inercia que por convicción. Las elecciones se realizan, pero su capacidad para renovar legitimidad está en duda. Los derechos políticos formales persisten, pero la confianza en su efectividad se desvanece.
¿UN PUNTO DE RETORNO?
La comunidad internacional, a través de organismos como la OEA, la ONU y la CIDH, ha expresado preocupación por la normalización de la crisis institucional y por la falta de avances en materia de justicia transicional tras las muertes ocurridas en las protestas de 2022 y 2023. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta un escenario de precariedad política y social que amenaza con perpetuar la desafección democrática. Sin un pacto nacional que recupere la legitimidad del Estado y una agenda de reformas profundas, el país corre el riesgo de quedar atrapado en un ciclo de inestabilidad y autoritarismo intermitente.
Aun así, existen señales de resistencia. Los movimientos ciudadanos, los colectivos juveniles y las organizaciones de derechos humanos han actuado como contrapesos morales frente al deterioro institucional. También algunos sectores del periodismo independiente y la academia insisten en mantener el debate sobre la necesidad de reformas estructurales que van desde una nueva ley de partidos hasta una revisión profunda del mecanismo de vacancia presidencial. La pregunta clave para Perú es si podrá transformar su inestabilidad organizada en una reconstrucción democrática sostenible. La respuesta, hoy, sigue abierta.
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