Josep Plazas Domínguez
Catalogar como genocidio los actos de deshumanización y aniquilamiento sistemático realizados en las últimas operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza contra la nación palestina no es solo una opinión mediática en contra de dichas operaciones. Es una realidad suprema que trasciende cualquier discurso político.
La definición jurídica del genocidio se estableció en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. Este tratado, surgido tras el horror del Holocausto perpetrado por la Alemania nazi, buscó marcar un antes y un después en la identificación y sanción de crímenes contra pueblos enteros. Medio siglo después, el Estatuto de Roma de 1998 incorporó esta definición al crear la Corte Penal Internacional, dotándola de mecanismos para juzgar estos crímenes.
Esta historia plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando un Estado fundado como refugio tras un genocidio es acusado de cometer uno? La distancia entre 1948 y 2024 obliga a revisar si la memoria del horror protege o no contra su repetición.
De Dachau a Gaza: la memoria del genocidio en cuestión
El campo de concentración de Dachau, establecido en 1933, marcó el inicio de uno de los capítulos más dolorosos y deshumanizantes en la historia reciente. Cerca de seis millones de judíos fueron perseguidos, esclavizados y exterminados debido a su origen étnico, creencias religiosas y la cruel ideología que promovía la eliminación de aquellos considerados inferiores frente a un supuesto “pueblo superior”.
Cerca de cien años después, como si fuera una cruel ironía, las víctimas de entonces se han transformado en victimarios. A la fecha, cerca de 70.000 palestinos han perdido la vida en la franja de Gaza a manos del Estado de Israel. En está instancia y como precedente, los ojos del mundo se han puesto en el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, señalado como el principal responsable y a quién la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura por crímenes de guerra y contra la humanidad (Naciones Unidas, 2024).
Netanyahu, caracterizado por tener una importante influencia sionista tanto en su ideología como en su praxís gubernamental. Siendo lider del partido de corte revisionista Likud, en su ejercicio político impulsó políticas de colonización en Gaza, la guerra total contra Hamas pese a que muchas de sus operaciones militares implicaron enormes cantidades de bajas civiles, así como a la oposición inamovible de la creación de un Estado Palestino propió del sinismo revisionista del que hace parte.
POLITICA INTERNACIONAL
Kay Nietfeld/dpa
Netanyahu, quien cuenta con una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional, se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2024 en lo que muchos consideraron un acto de desafío. Allí defendió las operaciones militares en Gaza, argumentó que Israel ha tomado medidas para minimizar bajas civiles y negó rotundamente que se trate de un genocidio. El discurso provocó una reacción inmediata: varias delegaciones abandonaron el recinto en señal de protesta.
“El primer ministro israelí calificó el ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamas contra Israel, como el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto, justificando así la respuesta militar que se mantiene en Gaza” (CNN, 2025).
Entre los criterios jurídicos y los intereses estratégicos
Rechazar la comparación entre los acontecimientos en Gaza y la definición legal de genocidio resulta difícil de sostener desde el plano jurídico. Sin embargo, factores geopolíticos explican la renuencia internacional: la importancia de Israel como potencia regional, su relevancia estratégica para Occidente en Oriente Próximo y las complejidades políticas derivadas de su historia fundacional.
Ignorar estos hechos implica desconocer los criterios que definen el genocidio según la Convención de 1948: matanza de miembros de un grupo étnico, cultural o religioso; causar daños físicos o mentales graves; y someter al grupo a condiciones que busquen su destrucción. Las operaciones en Gaza incluyen desplazamiento forzado masivo de palestinos y bloqueo de ayuda humanitaria a civiles.
Negar o minimizar estos actos no es solo una postura política: representa un retroceso en los estándares internacionales de derechos humanos construidos precisamente para evitar la repetición del horror nazi. La defensa de estas operaciones militares contradice el marco legal creado para proteger grupos vulnerables y sancionar la destrucción sistemática de poblaciones.
Justicia selectiva y credibilidad perdida
El caso de Gaza expone una crisis de credibilidad en la justicia internacional. La Convención de 1948, forjada tras el Holocausto para establecer el “Nunca Más” como imperativo universal, enfrenta su prueba más incómoda: ¿rigen los mismos parámetros cuando el acusado es el Estado nacido de aquella tragedia?
La respuesta hasta ahora revela una doble moral. Mientras Netanyahu permanece en funciones pese a la orden de captura, el principio de justicia imparcial se desvanece. Si los estándares legales creados para prevenir atrocidades como la “Solución Final” nazi solo se invocan selectivamente, el Derecho Internacional pierde su carácter universal y se convierte en un instrumento político al servicio de los poderosos. El “Nunca Más” deja de ser un compromiso vinculante cuando algunos Estados gozan de inmunidad de facto.
Sin igualdad ante la ley, no hay justicia: solo retórica.
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