El fin de la Unión Soviética en diciembre de 1991 dio paso a Rusia para erigirse como la república sucesora en el escenario internacional. El acuerdo firmado en Alma Ata relativo a las armas nucleares, establecer en sus puntos más importantes, el control conjunto, la responsabilidad del presidente ruso de decidir el lanzamiento y el desarme de Bielorrusia y Ucrania junto al compromiso de adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
De acuerdo al informe The Soviet Nuclear Weapon Legacy, publicado en 1995 por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), la URSS tenía en posesión, para el año 1991, un estimado de 27 000 ojivas nucleares, de las cuales 12000 eran armas nucleares estratégicas (de largo alcance) y 15 000 armas nucleares tácticas (corto alcance).
Las cuatro repúblicas que contenían las armas nucleares estratégicas eran Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y Ucrania. Al respecto, Rusia detentaba la mayor cantidad con 8750 misiles estratégicos, mientras que Ucrania contenía 1750 misiles estratégicos. En ese momento, de mantener el arsenal nuclear soviético en su territorio, Ucrania se hubiera ubicado como la tercera potencia nuclear.
La posición de Estados Unidos a favor del desarme influyó en los esfuerzos para el ingreso de Ucrania al TNP. En 1992, se estableció el Protocolo de Lisboa del Acuerdo START I (Tratado de Redacción de Armas Estratégicas), que apareció a las cuatro repúblicas como parte del Tratado y en su artículo V, estipuló la adhesión de Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán al TNP como no poseedores de armas nucleares. No obstante, entre 1992 y 1993, el desarme transitó un período de turbulencias, por un lado, las suspensiones de los envíos de las armas nucleares a Rusia para su destrucción, y por otro, la falta de consenso para ratificar START I y adherirse al PNT. La limitación de las garantías de seguridad por parte de Rusia y la búsqueda de una compensación económica por el desarme fueron algunas de las causas.
En enero de 1994, se realizó la declaración trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, la cual otorgó a Ucrania garantías sobre su integridad territorial y sobre el desmantelamiento de las armas nucleares. Además, proporcione la provisión rusa de uranio de bajo enriquecimiento para los reactores nucleares ucranianos y la decisión norteamericana de aumentar la asistencia financiera en el marco del programa Nunn-Lugar.
Por su parte, en diciembre de 1994, se hizo funcionar el Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad. Estados Unidos, Rusia y Reino Unido se comprometieron a respetar la soberanía y las fronteras de Ucrania. El Memorándum contempla la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante una agresión o por la amenaza de agresión a través del uso de armas nucleares.
Los recientes acontecimientos entre Rusia y Ucrania, invitan a pensar, por un lado, ¿Qué consecuencias trae este caso al régimen de no origen nuclear? Y, por otro lado, ¿Qué garantías posee un Estado no poseedor de armas nucleares frente a las amenazas de una potencia nuclear? Este conflicto debilita al Régimen de no perder y atenta contra los intentos para avanzar hacia el desarme nuclear, la disminución de los arsenales y su financiación por parte de las potencias nucleares.
El régimen tiene como principal instrumento al Tratado de No Proliferación Nuclear que cuenta con 191 Estados Partes, en su artículo VI insta a las potencias nucleares a eliminar su capacidad nuclear militar. Pero ello se ha convertido en una utopía en un contexto internacional incierto y conflictivo, en donde el concepto de disuasión nuclear adquiere mayor relevancia.
La disuasión nuclear supone que en un hipotético ataque los costos superan los beneficios por lo que este cálculo detiene a las partes de iniciar un enfrentamiento nuclear. Aunque, para su eficacia, la disuasión lleva implícita una serie de aspectos como la financiación, el uso de tecnología, la innovación y renovación de arsenales nucleares y la capacidad intrínseca del líder para evaluar cada conflicto y decidir o no el lanzamiento de armas nucleares.
En 1992, John Mearsheimer, en su artículo The Case for a Ukrainian Nuclear Deterrent, destacaba que la posesión de armas nucleares le había asegurado a Ucrania disuadir cualquier ataque ruso y favorecer la influencia occidental en el país.
En enero de 2022, el SIPRI estimó la existencia de 12 705 armas nucleares alrededor del mundo y alertó acerca de las previsiones de expansión en la renovación y financiamiento de nuevo armamento nuclear. Los próximos meses serán claves para entender cómo influyó el caso de Ucrania en el régimen de no desaparecer y la respuesta de la Comunidad Internacional frente al mismo.
Aún con sus limitaciones, el régimen de no eje nuclear es la garantía de los estados no poseedores y necesario para prever respuestas frente a los escenarios futuros. A través de los esfuerzos de la Comunidad Internacional para actualizar sus instrumentos y solucionar los desafíos pendientes como, por ejemplo, la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y las negociaciones con Irán para restaurar el Plan de Acción Integral Conjunto.
En la Décima Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear que tendrá lugar entre el 1 y el 26 de agosto próximo, los Estados Partes acelerarán los mecanismos para evitar que nuevos Estados se sumen al club nuclear, prevenga el uso de nuevas tecnologías de destrucción , a la vez que promover la celebración de acuerdos de reducción de armamentos entre los Estados reconocidos de iure y de facto como poseedores de armas nucleares.
Por último, es interesante destacar el papel clave que deben ocupar los países no poseedores de armas nucleares para disminuir la vulnerabilidad a la que están expuestos, preservar sus intereses y mantener la paz y la seguridad internacional. No obstante, ello en cuanto evalúen los riesgos y hagan uso de su capacidad de prospectiva y estrategia.
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