Hasta que todo esté acordado

Tras 4 años de negociaciones, y más de medio siglo de conflicto armado, Gobierno y FARC llegan a un acuerdo de paz.

Este lunes 29 de agosto, a las 00:00 horas, comienza el alto al fuego “definitivo” entre el Gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tras 52 años de enfrentamiento armado. Lo anunció el presidente Juan Manuel Santos en Bogotá, este pasado jueves, en un acto simbólico en el que caminó los metros que separan la Casa de Nariño –su residencia oficial– del Congreso de la República, donde hizo entrega de los Acuerdos de Paz, a los que Gobierno y FARC llegaron el día anterior, el miércoles 24 de agosto. Dicho documento consta de seis grandes acuerdos:

Acuerdo 1: Desarrollo Agrario Integral

El tema agrario es el primer punto de la agenda, y una de las causas estructurales que dan origen al conflicto. El Acuerdo propone, entre otros objetivos, reducir la brecha entre el campo y la ciudad, ampliar y formalizar el acceso a la tierra para las comunidades campesinas y desarrollar el ámbito rural en general.

Acuerdo 2: Participación Política

Esta es otra de las causas estructurales del conflicto armado en Colombia. La alternancia de poder político entre los partidos Liberal y Conservador entre 1958 y 1974, conocido como el Frente Nacional, imposibilitaba la participación política del resto de partidos, y fue una de las principales reivindicaciones de los movimientos guerrilleros que surgieron en la década de los ‘60 del siglo XX. El Acuerdo se propone no sólo facilitar la transición de las FARC de grupo armado a movimiento político, sino también garantizar su seguridad y la de cualquier otro partido o movimiento social, evitando que se repitan sucesos como el genocidio de la UP –partido político de izquierdas fundado en 1985 que fue exterminado tras el asesinato selectivo de entre 3.500 y 5.000 de sus miembros, según distintas fuentes, por parte de grupos paramilitares, narcotraficantes y fuerzas de seguridad del Estado.

Acuerdo 4: Drogas Ilícitas

El narcotráfico está estrechamente vinculado con el conflicto armado en Colombia, ya que en mayor o menor medida todos los grupos armados, tanto movimientos guerrilleros como paramilitares y bandas criminales, lo han utilizado como fuente de financiación –en la actualidad otros sectores económicos como el extractivo (minería e hidrocarburos) se están erigiendo como pilares para la financiación del conflicto armado. El Acuerdo plantea tres grandes objetivos: sustitución de cultivos ilícitos desde un enfoque de desarrollo rural, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y abordar los problemas del consumo desde un enfoque de salud pública.

Acuerdo 5: Víctimas

Este ha sido uno de los puntos más mediáticos del proceso, ya que ha contado con la participación directa de 60 víctimas del conflicto armado divididas en cinco grupos, que han viajado a La Habana para explicar sus experiencias ante los representantes de la mesa de negociaciones. Uno de los aspectos clave ha sido que por primera vez las FARC han reconocido que son también victimarios dentro del conflicto –hasta el momento sólo se reconocían como víctimas y asumían ciertos ‘errores imperdonables’.

Por otro lado, dentro de los representantes que han participado en el proceso se ha incluido también a víctimas de otros grupos armados, como grupos paramilitares, y también a víctimas de crímenes de Estado –uno de los casos más relevantes dentro de los crímenes atribuidos a las fuerzas de seguridad estatales es el de los ‘falsos positivos’.

El Acuerdo consta de cinco pilares: 1) Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; 2) Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas; 3) Medidas de Reparación Integral para la Construcción de Paz; 4) Jurisdicción Especial para la Paz; 5) Garantías de No Repetición.

Acuerdos 3 y 6: Fin del Conflicto e Implementación, Verificación y Refrendación

El pasado 23 de junio, Gobierno y FARC anunciaron el acuerdo sobre los dos últimos puntos de la agenda. Uno de los aspectos clave es el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de los integrantes de las FARC. Las partes acordaron agrupar a los cerca de 7.000 guerrilleros en 23 zonas veredales y 8 campamentos distribuidos por todo el país, para llevar a cabo la dejación de armas, que serán entregadas a la ONU para su destrucción. En estos espacios, que estarán protegidos por Naciones Unidas, la policía y el ejército, los ya excombatientes de las FARC recibirán formación en labores productivas y de nivelación educativa y participarán en jornadas de salud y cedulación (carnet de identidad), entre otras actividades.

Al final del proceso, que está previsto que dure 180 días, los excombatientes saldrán de los campos sin armas y en calidad de civiles. Otro acuerdo hace referencia al mecanismo de refrendación, que generó un amplio debate entre las opciones de plebiscito o asamblea constituyente. Las FARC accedieron a aceptar la propuesta avalada por la Corte Constitucional, que optó por el plebiscito.

Retos del pos-acuerdo: la batalla por el sí/no y otros conflictos

Tras el alto al fuego definitivo de este lunes, el próximo momento determinante será la Décima Conferencia de las FARC, que se celebrará del 13 al 19 de septiembre en San Vicente del Caguán, donde se presentarán los Acuerdos alcanzados con el Gobierno. La conferencia acogerá a 200 delegados y es uno de los momentos clave antes de la firma oficial del Acuerdo, ya que en ella, más allá de aprobar el texto final, el grupo guerrillero deberá acordar su disolución como grupo armado y su voluntad de transformarse en un movimiento político.

Está previsto que el mismo 19 de septiembre las FARC expliquen los resultados de la conferencia, tras lo cual el Gobierno ha anunciado que el 26 de septiembre el presidente Santos y ‘Timochenko’, el comandante en jefe de las FARC, firmarán el Acuerdo de Paz definitivo, en territorio colombiano.

El siguiente gran reto será la refrendación de los acuerdos por parte de la sociedad colombiana. La ciudadanía está citada a las urnas el próximo domingo 2 de octubre, en un plebiscito en el que deberán posicionarse por el ‘sí’ o el ‘no’. La gran polarización política que ha caracterizado el proceso de paz se prevé que aumente exponencialmente a lo largo de las próximas semanas, encontrando como cara más visible del ‘no’ al expresidente Álvaro Uribe, que desde el principio ha liderado la campaña contra el actual proceso de paz. Hasta ahora las encuestas publicadas –de las que se desconoce la fiabilidad– daban ventaja al ‘no’, sin embargo la última publicada por el diario El Tiempo pone en cabeza al ‘sí’ con más de diez puntos de diferencia.

En este sentido, una de las grandes dudas es qué pasará con el proceso de paz si gana el ‘no’. Si ganara el ‘sí’, el Día D+1, está previsto que empiece el proceso de DDR. Sin embargo, habrá que ver qué porcentaje de las FARC participarán efectivamente en dicho proceso y accederá a dejar las armas. Es habitual que en los procesos de desmovilización de excombatientes existan facciones o individuos contrarios a abandonar la lucha armada. Sin ir más lejos, el proceso de DDR que tuvo lugar con los integrantes de las organizaciones paramilitares –AUC– en Colombia, que se llevó a cabo bajo el mandato de Uribe, ha dejado tras de sí a varios grupos de exparamilitares que siguen en activo y que han sido agrupados bajo las siglas de BACRIM (bandas criminales). Dentro de este gran grupo están también personas que sí empezaron el proceso de desmovilización y reintegración, pero que han vuelto a las actividades criminales. Según fuentes oficiales, las BACRIM tendrían presencia en 27 de los 32 departamentos del país.

Pero las BACRIM no son el único grupo armado activo, existen también las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional), que en marzo de 2016 anunciaron el inicio de un proceso de diálogo con el Gobierno y que hasta el día de hoy no parece que haya tenido avances; y el EPL (Ejército Popular de Liberación), ambas menores en número de combatientes que las FARC, pero activas en diversas regiones del país. En este contexto, son múltiples las voces de expertos que advierten del riesgo de que los grupos armados que siguen operando en el territorio puedan ocupar los vacíos dejados por las FARC, tras su desmovilización.

El lema que ha acompañado todo el proceso de paz es que ‘nada está acordado hasta que todo está acordado’. Desde el 24 de agosto parece que ya se puede decir que ‘todo está acordado’, al menos entre Gobierno y FARC; falta por ver cómo el acuerdo afecta al resto de conflictos armados vigentes. También está por ver cómo lo que ha costado cuatro años de escribir en un papel se consigue trasladar e implementar en una sociedad colombiana extremadamente desigual, polarizada, cansada de conflictos armados, y que debe ser muy consciente de los retos que vendrán, porque el proceso de paz sólo acaba de empezar.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.