06/04/2020 BARCELONA

¿Impeachment o Golpe, qué está pasando en Brasil?
Rovena Rosa/Agência Brasil

Tras años de desarrollo y ejemplaridad en políticas sociales, la inestabilidad planea sobre un Brasil que debe enfrentar las luchas de poder a dos meses de los Juegos Olímpicos.

En medio de un álgido clima de incertidumbre no solo institucional, sino también económico y social, el Senado de Brasil con 55 votos a favor, decidió suspender a la presidenta Dilma Rousseff y comenzar un juicio político en su contra. Durante un máximo de seis meses asumirá las tareas como presidente, Michel Temer, vicepresidente del ejecutivo.

La presidenta brasileña es acusada de firmar decretos para ampliar el presupuesto sin consultárselo al Congreso y también de demorar los pagos a bancos estatales encargados de sostener políticas públicas destinadas a personas y empresas, algo que en el país se denomina “pedalada” o crédito encubierto y está prohibido por la ley.

Sin embargo, el sostén legal de la acusación está cubierto de cierta ambigüedad jurídica y permite distintas interpretaciones por parte de los juristas. Hay quienes sostienen que las maniobras fiscales de Rousseff tuvieron la justificación “técnica” de impedir que el país acrecentara su déficit fiscal y, al ser una práctica habitual en el ejecutivo, no justificaría un proceso de destitución. Por su parte, los opositores opinan que fue una clara jugada ilegítima que tenía como propósito llegar a la campaña de reelección en 2014 con un déficit fiscal menor que facilitara el triunfo del gobierno del PT en las urnas.

Pero al ver que la oposición –política y mediática- sustenta la acusación contra Dilma arguyendo conceptos popularmente llamativos como “corrupción”, “robo”, o “encubrimiento”, no está de más sospechar que son otras las causas y las intenciones que motivan el proceso de juicio político contra la mandataria.

Las causas del impeachment

El descontento con la gestión de Dilma ya se hacía visible incluso desde antes del Mundial de Brasil en 2014, a finales de 2013 los brasileños salieron a las calles para protestar en contra de los aumentos en las tarifas de autobús. Sin embargo, la ola de reclamos fue incorporando otras demandas como los gastos en estadios, la corrupción y la mala calidad en la educación y la salud. Un mes antes del Mundial, los sindicatos y las organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) se manifestaron en favor de la vivienda popular y en contra de los gastos del Mundial en Sao Paulo. El día del partido inaugural entre Brasil y Croacia, Rousseff fue abucheada e insultada por los aficionados presentes en el estadio de Sao Paulo.

A presidente da República Dilma Rousseff concede entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
A presidente da República Dilma Rousseff concede entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

A pesar de toda la oposición popular, la presidenta logró el triunfo en las urnas, pero al comienzo de su segundo mandato, en enero de 2015, el apoyo a su gestión era aún peor. La imagen de la presidenta se veía manchada por la corrupción detectada en Petrobras; y aunque ella no estaba directamente involucrada, se le señalaba por haber tenido un vínculo cercano con la compañía cuando fue ministra de Minas y Energía durante el gobierno de Lula, cosa que permitió ubicar a la empresa brasileña como la mayor petrolera de América Latina. No había pasado el primer trimestre de su segunda presidencia, cuando centenares de miles de personas ya salían a las calles a pedir el impeachment. El proceso se aceleró a partir de marzo cuando el expresidente Lula fue citado a declarar por sospechas de haber recibido dinero relacionado con el caso de corrupción en Petrobras más conocido como la causa Lava Jato.

A pesar de los intentos del ejecutivo por recuperar la capacidad de negociación con el legislativo, no ha sido posible detener el impeachment y mantener la gobernabilidad. Dilma lo intentó con el nombramiento de Lula como Ministro de la Casa Civil, un cargo que colocaba al expresidente por encima de los demás ministros, y que fue interpretado como una maniobra judicial por parte del Partido de los Trabajadores, al otorgarle la inmunidad parlamentaria que impedía que fuera encarcelado por el juez Sergio Moro. 

Debido a esto y a la poca capacidad de la presidenta de escuchar y negociar con los diputados de la coalición, se ha vuelto insostenible mantener las alianzas políticas y el dialogo para enfrentar la amenaza de la destitución. Lo más extraño de todo es que los encargados de concretar el juicio político contra Rousseff, no son la mejor garantía en su calidad como funcionarios públicos para inculpar a la presidenta. De los 513 legisladores de la Cámara de Diputados, 213 tienen causas judiciales por corrupción y 22 están involucrados en el caso de Petrobras; entre ellos, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara y promotor del juicio político contra Rousseff.

Si se concreta el impeachment, el actual vicepresidente Michel Temer asumiría la tarea de la presidencia y Cunha, por presidir la cámara, sería el segundo en el gobierno. Y aunque Temer decidió restar su apoyo a Rousseff hace más de un mes, sería sorprendente su llegada a la presidencia debido a que él también participó en la aprobación de las mencionadas cuentas fiscales. Al mismo tiempo, sorprende que Cunha se convierta en el segundo en la línea de sucesión del ejecutivo con una acusación en su contra en el Supremo Tribunal Federal, por ser el más nombrado en el caso de corrupción Lava Jato; de hecho, también han pedido su destitución en el cargo por haber mentido cuando dijo no tener cuentas en el exterior, que luego fueron descubiertas por el Ministerio Público de Suiza.

Cabe añadir, que la Corte Suprema de Brasil suspendió el mandato de Cunha en la Camara de Representantes por cargos de intimidación a otros congresistas y por obstruir las investigaciones en su contra, cosa que aumenta la incertidumbre política por ser el mismo Eduardo Cunha el promotor del impeachment contra Rousseff. Ante el hecho asumió como presidente de la Cámara Waldir Maranhão del Partido Progresista, quien de inmediato decidió anular la votación, que en su momento aprobaron los diputados con 367 votos. Para Maranhao, durante la votación del juicio político “ocurrieron vicios que tornaron nula de pleno derecho la sesión en cuestión”. A pesar del freno al proceso del impeachment, el Senado, presidido por Renán Calheiros, no acató la decisión y siguió adelante con el cronograma previsto que terminó con la aprobación del juicio político en esa Cámara Alta del Congreso.

Dos proyectos de país

La misma Dilma Rousseff ha admitido las operaciones contables, pero insiste en que no suponen un “crimen de responsabilidades” por no tener ninguna base jurídica.

Más bien ha dicho en su defensa que no se necesita un movimiento armado para que un proceso de destitución sea tildado como un golpe de estado. Por su parte, los organismos internacionales como la OEA y el MERCOSUR también han mostrado su inconformidad ante el proceso que lleva a cabo la legislatura brasileña contra Rousseff. Es preciso señalar también, que algunas patronales y cierto sector de la izquierda también se han mostrado críticos hacia el segundo mandato del ejecutivo a causa de los recortes agresivos y la entrega de la política económica a los mercados. No obstante, es extraño encontrar a alguien ubicado a la izquierda del PT que defienda la destitución de la mandataria, se cree que por encima de la coyuntura política y económica está la defensa de la democracia, especialmente cuando muchos aprueban el primer gobierno de Dilma y no desestiman sus políticas públicas en favor de los más pobres, con una fuerte inversión social y con una participación activa del estado en la economía que acrecienta la capacidad de consumo.

[La lucha política que lleva a cabo la oposición en Brasil está dada por la discordia con el proyecto de país del gobierno de Dilma. Creen que el modelo está agotado y que los altos impuestos que pagan los brasileños no se traducen en servicios públicos eficientes; desearían la participación mayoritaria de la inversión privada y una economía más liberal que se deshaga de todo lo que conlleve gastos “innecesarios”]. Y, si a eso se le suma que una gran corrupción ha calado hondo en el poder político sin diferenciar color partidista, qué mejor que estar en el poder ejecutivo para mantener las alianzas necesarias, ofreciendo cargos por doquier, y evitar así que la justicia avance sobre los procesos que involucran a la cúpula de la política brasilera.

Actores brasileños se manifiestan en la presentación de la película “Aquarius”. Fuente: Cinema Terra

Y es que según un documento obtenido por el diario O Globo titulado la “Travesía social”, se señala que Temer proyecta privatizar “todo lo que sea posible” a través de concesiones y en el marco de una nueva legislación que modifique la relación del Estado con las empresas privadas; y además, se suspenderían por este año los recursos destinados al Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y el Empleo (Pronatec). Por lo pronto, los recortes ya parecen haber comenzado.

¿Qué sigue ahora?

La presidenta queda suspendida de su cargo por un máximo de 180 días y asume como presidente interino el vicepresidente Michel Temer. Durante estos seis meses, el Senado tiene que, en primera instancia, presentar pruebas y testimonios; luego, una comisión especial redactará un nuevo informe sobre si la acusación contra Rousseff procede o no. Dicho informe irá al Senado, quien tendrá la potestad de decidir por mayoría simple si el proceso continúa o se archiva. En caso de que no se apruebe, Dilma volverá a su cargo en el Ejecutivo; si se aprueba, intervienen en el proceso la parte acusatoria y la defensa para hacer sus alegatos. Finalmente, el Senado deberá decidir con una mayoría de dos tercios si la presidenta cometió un crimen de responsabilidad; si es así, Dilma dejará su cargo definitivamente y será Temer el encargado de completar el mandato hasta 2018. Además quedaría inhabilitada por ocho años para presentarse como candidata a un cargo político. En caso de que el Senado no alcance los dos tercios de los votos, la presidenta será absuelta y completará su mandato.

En los próximos seis meses seguirá en vilo la lucha política en Brasil, con el cruce de múltiples acusaciones entre fuerzas políticas empañadas por la corrupción y la avidez de poder. En el medio de esa disputa está en juego la decisión popular que llevó a Rousseff a su segundo mandato y que debería terminar constitucionalmente en 2018. Al parecer, muchos políticos brasileños no solo están interesados en sacar sus nombres de las investigaciones que pesan sobre sus espaldas, sino que también tienen la intención de redirigir el país hacia políticas económicas completamente distintas a las aplicadas por los gobiernos populistas de la última década.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Luis Cifuentes

Bogotá, Colombia. Finalizando la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires. Interesado en el juego politico internacional y en las significaciones sociales que entrañan ese juego: derechos humanos, economía, seguridad; en fin, todo eso. De ninguna manera podría esconder mi pasión por el futbol y la música. Email: [email protected] Twitter: lcifuentes1228


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