Luis Cifuentes12/08/2016
Colombia lleva más de 60 años sufriendo una violencia interna que ha dejado como saldo 8 millones de víctimas, pero con los diálogos entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desarrollan en Cuba desde hace casi cuatro años, se abre la posibilidad de darle un fin definitivo al conflicto armado. Sin embargo hay puntos sensibles que han demorado la concreción del acuerdo, entre otros, la manera en cómo se aplicará la justicia sobre los delitos cometidos y cómo se restituirá a las víctimas.
Las negociaciones comenzaron el 18 de octubre de 2012, cuando el equipo negociador del presidente Juan Manuel Santos se reunió en Oslo con representantes de la guerrilla de las FARC. Posteriormente la mesa de negociación se trasladó a la capital cubana el 19 de noviembre del mismo año desde donde el pasado 23 de junio se dieron a conocer algunos de los últimos detalles sobre el fin del conflicto.
[pullquote align=”left”]Las FARC se fundaron oficialmente en 1964 tras una ofensiva militar del Gobierno contra una comunidad autónoma creada por grupos armados, entre comunistas y liberales, y ubicada en la selva colombiana denominada como “República de Marquetalia[/pullquote]
El origen de todo
Los grupos guerrilleros se originaron durante los enfrentamientos de la década del 40 entre seguidores de los dos partidos que se disputaban el poder político del país, el Partido Liberal y el Conservador. Con la muerte en 1948 del jefe del Partido Liberal, Jorge Eliecer Gaitán, se generó en todo el país un levantamiento popular que el Estado reprimió con ataques a ultranza sobre los grupos insurgentes esparcidos por el territorio.
Las FARC se fundaron oficialmente en 1964 tras una ofensiva militar del Gobierno contra una comunidad autónoma creada por grupos armados, entre comunistas y liberales, y ubicada en la selva colombiana denominada como “República de Marquetalia”. Desde su creación el grupo armado se propuso como objetivo “acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano”. Para ello, la organización insurgente ha optado por reclutar hombres (y hasta niños) para lo que ellos definen como la lucha “contra el imperialismo y la oligarquía”. A su vez, para financiar a su organización, acuden a métodos como el secuestro extorsivo, el narcotráfico y el cobro de “impuestos” a productores.
Desde 1984, con el entonces presidente Belisario Betancur, todos los gobiernos fracasaron en su intento por darle fin definitivo al conflicto con las FARC. Entre otras cosas, por no establecer protocolos claros de negociación, incumplimientos de los acuerdos de cese de hostilidades, violencia política de sectores de extrema derecha y falta de concesiones por parte de los sectores políticos, económicos y sociales con la insurgencia.
Es por esto que cobra valor el acto celebrado en La Habana, puesto que enmarca el avance en la mayoría de los puntos que se discutieron por más de tres años. Desde la primera reunión se estableció que en la mesa de diálogo los delegados de ambas partes iban a discutir sobre seis puntos: desarrollo rural; oposición política y participación ciudadana; el fin mismo del conflicto; narcotráfico y cultivos ilícitos; reparación a las víctimas e implementación del acuerdo.
¿Qué han acordado el gobierno y las FARC?
Se concretó un acuerdo preliminar sobre la Reforma Agraria que establece la creación de subsidios y créditos especiales para que los campesinos puedan comprar tierras. También se acordó la participación política de las FARC luego de la firma de la paz, en donde se incluyeron una batería de medidas: inclusión del grupo guerrillero en el sistema democrático como movimiento social; acceso a medios de comunicación comunitarios; creación de una comisión para evaluar posibles reformas electorales y la creación de Circunscripciones transitorias especiales de paz para “promover la inclusión política de zonas afectadas por el conflicto y el abandono.
Sobre el fin mismo del conflicto se definió la creación de zonas de concentración a donde los guerrilleros se movilizarán sin que las Fuerzas Armadas puedan atacarlos y el compromiso del gobierno para implementar medidas contra grupos ilegales que amenacen la paz, pero aún falta confirmar cuál será el modelo que permita a los guerrilleros reincorporarse a la vida civil y política.
En mayo de 2014 el grupo insurgente reconoció sus vínculos con el narcotráfico (hasta eses momento nunca reconocido por su parte) y se comprometieron a poner fin a cualquier relación con el narcotráfico (cultivos ilícitos, producción y comercialización de drogas ilícitas, lavado de activos); además, brindarán información que ayude a identificar las rutas del narcotráfico, los lavadores de activos y las alianzas de la ilegalidad con la fuerza pública.
Las víctimas como tema central
El tema referente a las víctimas no solo fue un punto complicado para los negociadores del acuerdo, sino que también lo sigue siendo para la opinión pública. Y es que son millones los afectados por la guerra, bien sea por responsabilidad del Estado o de la guerrilla, a quienes se les quiere garantizar que los delitos cometidos en su contra no quedarán impunes con la firma definitiva de los acuerdos. Por una parte hubo reticencia de las FARC a aceptar castigos penales; y por otra parte, la oposición política enfatizaba que lo negociado con la guerrilla estaba más cerca de la impunidad que de la justicia.
Sobre esto se acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz que servirá como marco jurídico para juzgar a los responsables del conflicto. Junto con esto entrará a funcionar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No repetición, conformado por 11 comisionados y a donde el gobierno y las FARC acudirán para contribuir al esclarecimiento sobre todo lo ocurrido en el conflicto.
Posteriormente irán a un Tribunal Especial de Paz para aceptar sus delitos sin tener que ser encarcelados, eso sí, habrá restricciones a la libertad de distintos modos: domiciliaria (que tengan que dormir en un sitio específico); laboral (que tengan que hacer unos trabajos de reparación específica) y geográfica (que no puedan salir de un perímetro específico). Además, quedó establecido un marco de reparación integral para las víctimas que incluye actos de reconocimiento de la responsabilidad, reparaciones colectivas, rehabilitación psicosocial y acompañamiento en los retornos de los desplazados por la violencia. Se sabe que serán 24 los magistrados, de los cuales hasta cuatro serán extranjeros quienes conformarán el Tribunal de la Paz. Queda por conocer los nombres.
[pullquote align=”right”]La organización insurgente ha optado por reclutar hombres (y hasta niños) para lo que ellos definen como la lucha “contra el imperialismo y la oligarquía” mientras se financiaba con secuestro, el narcotráfico y el cobro de “impuestos” a productores[/pullquote]
Los próximos pasos hacia la paz
El cese al fuego bilateral comenzará en paralelo a la firma del acuerdo definitivo que se prevé será en unos 60 días, a partir de ese momento las FARC se van a ubicar en 23 zonas de concentración en donde comenzará el desarme y un proceso de capacitación para la reintegración a la vida civil. A un kilómetro de distancia respecto a la frontera de la zona permanecerán 300 funcionarios de la ONU entre civiles y militares sin armas, quienes van a realizar la verificación de la dejación del armamento.Las FARC tendrán 180 días para entregar por fases la totalidad de su armamento a la ONU.
¿Una paz politizada?
El mecanismo de refrendación de los acuerdos no había sido acordado por las partes, puesto que el gobierno pedía un plebiscito y las FARC una asamblea constituyente. Sin embargo, el grupo insurgente acordó con el gobierno someter la implementación de lo acordado a la decisión popular que se dará a través de un plebiscito. La campaña para decidir la refrendación de los acuerdos no se ha hecho esperar, los frentes políticos ya están trabajando de manera conjunta en las campañas por el “sí” o por el “no” en lo acordado en la Habana. Los dos frentes están bien definidos: el oficialismo y sus aliados, que hacen hincapié en los beneficios de la paz; y por otro lado, la oposición que, con el protagonismo del expresidente Álvaro Uribe, desestima los acuerdos porque elevan a las “FARC a la condición de socio del Estado”.
Con todo esto, surgen dudas sobre cómo se llevarán a cabo las campañas para dicho plebiscito. Y es que se puede caer en el escollo de politizar un derecho y un deber tan primordial como la paz al someter a decisión popular, con campañas políticas de por medio, si se quiere o no seguir en guerra, o en todo caso, si se quiere o no la paz. Aun sabiendo que las víctimas (afectados directos e indirectos del conflicto) han dado acogida total al acuerdo, abrazando el perdón y proclamando el “no queremos más víctimas por esta guerra”.
Los retos aún están por venir, si bien la concreción de los acuerdos es un paso gigante hacia la paz, todavía queda el arduo trabajo de la reconciliación que llevará años y necesitará de una sociedad que lo asimile y lo propague. Y de la misma manera que sirva como detonante de paz con otros grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las bandas criminales, los Urabeños y las mafias del narcotráfico que siguen azotando al país.
[pullquote align=”left”]Una generación que acostumbró su ojo a ver la guerra desde los medios, la política y las relaciones sociales, deberá ahora reacomodar todos sus sentidos para vivir en un entorno diferente; una sociedad en paz que no retribuye sino que restaura[/pullquote]
El proceso será largo porque los cambios culturales son más resistentes que los cambios políticos; la paz se construye con bases sociales, con actores civiles y cambios culturales. Una generación que acostumbró su ojo a ver la guerra desde los medios, la política y las relaciones sociales, deberá ahora reacomodar todos sus sentidos para vivir en un entorno diferente; una sociedad en paz que no retribuye sino que restaura.
La restauración conlleva costes culturales. La retribución es costosa económicamente. La primera es más difícil de aplicar porque requiere de un Estado atento y a disposición de toda la sociedad para atender los horrores de la guerra; en la segunda, el Estado despliega toda su fuerza con los aparatos de violencia legítima, agudiza la guerra y descuida gran parte de las necesidades sociales más urgentes.
Esta es una explicación sin ánimo de lucro.
