16/10/2021 BARCELONA

El proceso de paz en Afganistán necesita a sus mujeres

¿Ante qué escenario se encontrarán las mujeres afganas tras la retirada de las tropas aliadas en diciembre de 2014 ?

A tan sólo unos meses de la retirada de las tropas de la OTAN de Afganistán, lo ojos están puestos en el futuro de un país que amenaza con cumplir las mejores y las peores hipótesis de los académicos más respetados. Tras 13 años de intervención militar, el Estado de Afganistán deberá enfrentarse sólo, a una situación de inestabilidad, incertidumbre, fuertes grupos opositores y altos niveles de violencia.

Sin embargo, nadie parece acordarse de que uno de los objetivos específicos, y argumento más utilizado, para la intervención militar, fue el de devolver a las mujeres del país el estatus de ciudadanas de pleno derecho, por medio de las garantías necesarias para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Con todo, ¿ante qué escenario se encontrarán las mujeres afganas tras la retirada de las tropas aliadas en diciembre de 2014 y la transición del monopolio de la fuerza, a las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas?

Las mujeres afganas bajo el Marco Legislativo

Con la creación de una Asamblea Constituyente, la Comunidad Internacional encargó a una Autoridad Interina el proceso de transición a la democracia, razón principal de la intervención. En 2004, se aprobó la Constitución afgana, la cual reconocía los Derechos a las mujeres al mismo nivel que los de los hombres de forma directa. Este hito, significó un gran paso para las mujeres afganas que años más tarde, en 2009, se vería respaldado por la aprobación de la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer (EVAW) a través de un decreto presidencial. En ella se especificaban 23 acciones que serían consideradas violencia de género y penadas como delito, entre las que se encontraban desde la violación hasta el matrimonio forzado o el acceso personal a la propiedad.

No obstante, los pasos hacia adelante se topaban con un problema mayor. La puesta en práctica de este marco legislativo igualitario, chocaba frontalmente con el derecho consuetudinario, y las interpretaciones más fundamentalistas del Islam.

Fue también en el año 2009 cuando se aprobó en el Parlamento afgano el Código de la Familia Chií, que permitía la violación dentro del matrimonio, regulaba la frecuencia con la que se debían mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio, aprobaba implícitamente el matrimonio infantil y forzado, y establecía que las mujeres necesitan permiso de sus padres o maridos para estudiar, trabajar o acudir al médico, entre otros.

Junto con él, cabe resaltar que cerca de un 80% de las disputas legales, lejos de ser resueltas a través del sistema judicial, se llevan a las jirgas o shuras que funcionan como pequeños consejos formados por los miembros más influyentes  de las comunidades y cuyas decisiones son tomadas en base a la tradición local, los códigos tribales, la Sharia y las opiniones de sus miembros, prácticamente hombres en su totalidad.

Una realidad social muy lejana

Lamentablemente, la realidad de las mujeres en Afganistán dista mucho del marco jurídico establecido. Inmersas en una sociedad tradicional y altamente religiosa, las afganas siguen sufriendo de forma sistemática la violación de sus derechos.

Foto: Un grupo de niñas recibiendo clase en una improvisada escuela en Afganistán / EFE

De hecho, en la esfera privada la violencia de género es un fenómeno muy extendido y aceptado por la sociedad. Las agresiones se hacen efectivas en el ámbito de la familia a través de acciones como el acoso sexual, las violaciones, la violencia física y verbal, los matrimonios forzados y muchos otros actos.

En la esfera pública las mujeres siguen siendo discriminadas. Si bien es cierto que tras la intervención de la OTAN, algunas mujeres han ocupado puestos en política, justicia, periodismo o educación, este privilegio afecta a un escaso número de mujeres. Además, muchas de aquellas que han accedido al mercado laboral, sufren amenazas y ataques continuos por parte de la insurgencia talibán, pero también por parte de sus propios compañeros de trabajo y de los miembros de su familia.

Ante tales amenazas se une a la gran falta de amparo y protección que sufren las mujeres afganas, por parte de las autoridades competentes y, en última instancia, del Gobierno y su línea ejecutiva, que no hace nada por proteger y empoderar a sus ciudadanas para que alcancen el pleno desarrollo personal y profesional.

Además, en los últimos años se ha reducido el acceso a la educación y a la sanidad, especialmente a la población femenina, consecuencia de tres décadas de guerra. Resultado del cuál, Afganistán se ha convertido en uno de los países con las tasas más altas de analfabetismo entre la población en general y, más específicamente, entre las mujeres. Sin olvidar por supuesto, la dramática tasa de mortalidad materna.

Proceso de paz ¿y las mujeres?

Foto: Afganistán, mujeres contra la impunidad / Gervasio Sánchez

El año 2010 comenzó en Afganistán con un cambio de estrategia que se dio a conocer en enero durante la Conferencia de Londres sobre Afganistán. En ella, el Presidente Hamid Karzai presentó un nuevo Plan para la reconciliación con los talibán ‘moderados’, dando comienzo así al Proceso de Paz en Afganistán. No obstante, el proceso de paz comenzó con un déficit: la exclusión de participantes mujeres a dicha conferencia.

En junio del mismo año, se organizó la Asamblea de Paz o Consultative Peace Jirga en Kabul, una asamblea en la que se buscó asesorar al Gobierno afgano en tres temáticas: cómo contactar con los insurgentes talibán, cómo iniciar las conversaciones con ellos y qué marco debía seguir esta negociación.

La lucha de las organizaciones de mujeres por participar en este proceso de paz comenzó a dar sus frutos, aunque tímidamente. Finalmente, el número de mujeres participantes fue de 330, de 1600, es decir, un 20% del total. La Asamblea se dividió en 28 comités con aproximadamente un 20% de participantes mujeres en cada uno de ellos. Sin embargo, sólo uno de los comités fue presidido por una mujer y muy pocas de ellas tuvieron la oportunidad de hablar

De la Asamblea de Paz surgió la creación de un Consejo Superior de Paz, encargado de llevar a cabo las negociaciones con los talibán. El Consejo fue formado finalmente por 70 miembros, de los cuales, sólo 9 eran mujeres

Desde entonces este Consejo junto con el Gobierno, se encuentra en negociaciones con los talibán. Los representantes gubernamentales establecieron una base mínima inamovible es que la aceptación por parte de la insurgencia talibán, de la Constitución afgana en su conjunto. Sin embargo ni aunque ésta estuviera dispuesta a aceptar la Constitución, se estarían garantizando los derechos de las mujeres, pues estos se presentan de forma son débil y contradictoria en el marco constitucional. Estas medidas serían por tanto insuficientes para proteger a las mujeres en un contexto de reconciliación y reintegración entre Gobierno e insurgencia talibán.

En 2011 se organizó una segunda Conferencia de Bonn en la que, en esa ocasión, participaron 90 países y organizaciones de todo el mundo, con el objetivo de debatir tres asuntos esenciales: la transición a las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas, tras la retirada de las tropas; las negociaciones con los Talibán con el objetivo de alcanzar la paz; y las relaciones entre Afganistán y otros países después de 2014. Un mes antes de la celebración, Human Rights Watch advirtió que las mujeres volvían a ser apartadas de la participación en la delegación del Gobierno afgano y que no se había provisto de un espacio específico para tratar los derechos de las mujeres por parte de los representantes de las organizaciones.

A día de hoy, el déficit de participación femenina en la construcción de la paz en Afganistán es una constante. Los esfuerzos continuados de las organizaciones defensoras de los derechos humanos para las mujeres, por incluir a la población femenina y sus necesidades, como elemento fundamental en la negociación del proceso de paz, siguen sin cayendo en saco roto. Transformar la percepción de sociedad para que las mujeres dejen de ser vistas como víctimas y empiecen a ser vistas como agentes del cambio, es uno de los principales objetivos aplazados tanto por los gobernantes actuales como por las fuerzas aliadas, y que peligra de seguir pendiente, una vez se retiren las tropas.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Almudena Rascón

Almudena Rascón Alcaina. Licenciada en Periodismo y Máster en Política Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en Derechos Humanos y Género. He colaborado durante años con Amnistía Internacional. Actualmente, resido en Santiago de Chile donde trabajo como periodista especializada en Macroeconomía para una agencia de comunicación . Contacto: [email protected]


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