02/07/2022 MÉXICO

Sri Lanka escenifica el fin del estado de emergencia

Después de treinta años de estado de excepción intermitente, Sri Lanka levanta por fin las leyes de emergencia que restringían las libertades a sus ciudadanos desde que empezó el conflicto con los Tigres Tamiles, derrotados en 2009. La decisión, sin embargo, tiene un revés: las leyes antiterroristas mantendrán a partir de ahora muchas de las restricciones del pasado, entre ellas una que es esencial, la detención preventiva de muchos de los supuestos combatientes tamiles.

“Estoy satisfecho porque no hay más necesidad de extender las regulaciones de emergencia para administrar el país”, sentenció el pasado 25 de agosto Mahinda Rajapaksa, el presidente de la pequeña isla de Sri Lanka. Llegaba el fin después de tres décadas de leyes de excepción, implantadas de forma intermitente desde que empezó el conflicto con el grupo armado Tigres Tamiles para la Liberación d’Eelam (LTTE), también conocidos  como Tigres Tamiles.

Este anuncio se produjo más de dos años después de que el mundo viera por televisión una imagen simbólica, la de la cabeza inerte del principal líder de los Tigres Tamiles, Vellupillai Prabhakaran, derrotados militarmente en mayo del 2009. Era el fin de un conflicto armado en la antigua Ceylán activo desde 1983, año en que los Tigres Tamiles empezaron a reclamar la independencia de las regiones de mayoría tamil en el Este y el Norte de las isla. Han sido tres décadas de intensas luchas entre el ejército y los Tigres, aunque otros actores violentos han aparecido, como Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), un grupo marxista cingalés.

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El reciente anuncio del presidente recorrió los rincones de un país donde los agravios entre comunidades han aumentado con los años, comunidades lideradas por una mayoría cingalesa que ostenta el poder político y militar (74% de la población), los tamiles (más de un 8% entre los Tamil de la India y los de la isla, aunque hay otros censos que aumentan el porcentaje total hasta un 17%); y finalmente los musulmanes (7%), un colectivo que ha sido fuertemente castigado, especialmente cuando los Tigres los expulsaron del norte en 1990.

Con mucha expectación, Rajapaksa justificó el levantamiento del estado de emergencia en Sri Lanka asegurando que desde 2009 “no ha habido ni un solo ataque terrorista”. Las regulaciones, implantadas intermitentemente desde los años 70-80, se habían mantenido continuamente desde agosto de 2005, después de que los Tigres Tamiles mataran el Ministro de Asuntos Exteriores Lakshman Kadirgamar en Colombo.

¿Qué implican 30 años de emergencia?

Básicamente se traducen en una situación de régimen de excepción, en la que el gobierno se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de los derechos ciudadanos, aquellos relativos a la libertad de expresión, de tránsito, de reunión, etc.


“La normalidad” no existía, ni existe aún, en Sri Lanka. Ajenos a esta situación los turistas que se acercan a la capital, Colombo, o al Sur de la isla atraídos por las playas o en busca de los venerados elefantes no se imaginan las duras condiciones de vida de los habitantes del Este, y aún menos las del maltratado Norte; allí se aprueban a marchas forzadas planes para la reconstrucción y la reubicación de los desplazados internos, garantizando la limpieza de minas o el apoyo en la agricultura.

La organización Internal Desplacement Monitoring Centre calcula que en julio de 2011 había aún 220.000 desplazados a raíz del conflicto, según datos proporcionados por el gobierno y otras fuentes. Dos tercios de estas personas se vieron forzados a dejar sus casas a partir de abril de 2008.

Unos 190.000 desplazados están en familias de acogida, mientras alrededor de 30.000 personas viven aún en campos temporales o situaciones de tránsito -la cifra de residentes en campos sube a 50.000, según Human Rights Watch (HRW).

Para calibrar el volumen de afectados de la guerra civil, hay que tener en cuenta que más de 366.000 personas (nuevos y viejos desplazados) ya han vuelto a sus antiguos hogares: HRW insiste en que éstos están encontrando “serias dificultades para vivir y problemas de seguridad”.


La seguridad sigue siendo una de las obsesiones del gobierno de Rajapaksa, que no ha escogido al azar el momento para anunciar el fin de las leyes de emergencia.

¿Qué podía hacer el gobierno en aras de la seguridad? En el ámbito policial y militar, efectuar detenciones largas y sin garantías, entrar en domicilios sin orden judicial, desplazar personas de sus casas, establecer checkpoints militares constantes. En el ámbito de las libertades civiles, prohibir reuniones y manifestaciones en cualquier momento, así como censurar o intimidar a los activistas sociales y a los medios que no fueran de sus mimo signo.

Excepciones “por la puerta de atrás”

Ahora bien, ¿qué cambia con la nueva situación? “Esperemos que la expansión de la libertad y los derechos democráticos no sean restringidos de otra forma como por ejemplo añadiendo más provisiones [reglamentaciones] en la Ley de Prevención del Terrorismo”, manifestó a Reuters Jehan Perera, director del think-tank National Peace Council, de Colombo. Es decir, tal y como analizó acertadamente un columnista en la versión digital de The Economist, la situación podría derivar en la tramitación por parte del presidente “por la puerta de atrás” de todo aquello que hasta el momento se llevaba a cabo por la vía de la emergencia.

Y esa fue precisamente la siguiente escena en el pequeño teatro de Sri Lanka. El Gobierno de Rajapaksa no tardó ni cinco días (31 agosto) en anunciar en rueda de prensa que ya había aprobado más regulaciones bajo la Ley de Prevención del Terrorismo de 1978 (PTA en sus siglas en inglés), concediendo amplios poderes a los cuerpos de seguridad a costa de las libertades civiles. Un movimiento rápido a la espera de que el ejecutivo presente muy pronto un proyecto de ley en el Congreso para añadir en la PTA más herramientas para afrontar “posibles acciones terroristas futuras y las pasadas por parte del LTTE”.

Sin emergencia….¿liberación?

Un asunto incómodo es sin duda que el gobierno tenga arrestados a unos 6.000 presuntos combatientes de los Tigres Tamiles -según el informe de Human Rights Watch de 2011, son 7.000 que están recluidos en campos donde no se permite el acceso a la Cruz Roja y donde normalmente carecen de asistencia legal.


Pero, ¿Levantar el estado de emergencia implica la liberación de estos detenidos? Si bien se había llegado a difundir que probablemente un millar de personas podrían ser liberadas, el Procurador general del Estado lo desmintió rápidamente asegurando en la misma rueda de prensa que la liberación o procesamiento de los ex combatientes se decidirá caso por caso.

En términos generales, según apunta The Sunday Times en su columna política, diario de Sri Lanka que se comercializa en inglés, no habrá muchas diferencias entre la situación de emergencia y las nuevas prerrogativas en la ley antiterrorista. Esto queda ejemplificado en que las dos regulaciones permiten las detenciones preventivas de personas sin necesidad de que éstas sean juzgadas antes de que pasen 18 meses (The Sunday Times) (CBC 2009) además, las detenciones preventivas ordenadas por el secretario de Defensa no podrán ser fiscalizadas por un magistrado.

Bajo la PTA también se tendrá que legitimar la nueva comisión Lessons Learnt Reconciliation Commission  (LLRC), un organismo impulsado por Rajapaksa para examinar el alto al fuego del 2002, pero que no ha sido validado por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o International Crisis Group. Amnistia le reprocha “unas garantías insuficientes de independencia” así como una “falta de protección de los testigos”.

Toca pasar cuentas

El anuncio del gobierno llega a pocos días del 13 de septiembre, fecha de inicio de la 18a sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), en la que se van a examinar las atrocidades cometidas en el tramo final de la guerra.

El punto de partida es el informe-panel de expertos comisionado por las Naciones Unidas, publicado en abril, que documenta que tanto las tropas del gobierno como los Tigres Tamiles cometieron crímenes de guerra en la fase final del conflicto.

Mientras el gobierno mantiene que no necesita ninguna investigación externa porque ya disponen de un organismo propio, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea -que ya le retiró a Sri Lanka el acceso preferencial al mercado europeo por no cumplir las convenciones de Derechos Humanos– han insistido que no sólo hace falta retirar el estado de emergencia sino que es imprescindible llevar a cabo una investigación internacional.

Por el momento, el Ministerio de Defensa ha dado un pequeño paso hacia la verdad: hasta ahora defendían que sus tropas, en 2009, provocaron “cero muertos civiles”. El pasado agosto admitieron que los militares mataron a civiles argumentando que éstos fueron“inevitables”.

Influencias fraternales

El papel de la vecina India, que también ha ejercido presión para levantar el estado de excepción en el país, es muy importante y tiene sus raíces en el pasado. No solo hablamos de la existencia del estado Tamil Nadu en la India, hogar tamil, en el sur del país. Las relaciones están  marcadas por el impacto de las intervenciones indias en Sri Lanka: para citar un ejemplo, la India contribuyó en el armamento de militantes Tamil lo que incrementó la violencia;  además, en 1987, envió fuerzas “pacificadoras” que acabaron provocando el asesinato del primer ministro indio por parte del LTTE.

Por todo esto, la India, que tendría un gran potencial en los retos de la post-guerra, siempre ha preferido no ejercer mano dura sobre los movimientos de la familia Rajapaksa. Por último, tampoco cabría desdeñar la influencia de la diáspora Tamil en el mundo, tanto política como económica, especialmente desde Canadá o Estados Unidos.

En paralelo a la recuperación económica del país, dos elementos son imprescindibles para llegar a la llamada “paz positiva” que definió Johan Galtung (1990), una realidad que va más allá del fin de la violencia directa o explícita. Una es la “legitimidad” y la otra es la “justicia”. Emulando las palabras del prestigioso International Crisis Group, el sendero de la paz duradera en Sri Lanka solo se podrá recorrer reconociendo el sufrimiento de todas las comunidades, y eso no va a ser posible si no se modifican las injustas relaciones políticas entre mayoría y minorías.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro

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Mar Carrera

Mar Carrera estudió Conflict Resolution en la Universidad de Bradford (2009), en el Reino Unido, después de finalizar la carrera de Periodismo (2005) en Barcelona. En 2009, un mes antes del final de la guerra, viajó a Sri Lanka con un equipo para reunirse con asociaciones y organismos de transformación de conflictos y desarrollo que trabajan en la isla, tanto locales como internacionales.


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