05/04/2020 BARCELONA

Evo y los precios del petróleo

El pasado 26 de diciembre por medio de un Decreto Supremo el Gobierno de Evo Morales aumentó el precio de los carburantes entre un 57% y un 82%. La acción recibió el nombre de “gasolinazo” y provocó una gran protesta social. ¿Por qué un Gobierno se atrevería a realizar tan arriesgado movimiento?

Una subida de precios que daba vértigo

Para muchos, el comenzar un nuevo año significa la posibilidad de mejorar las cosas que antaño no funcionaron, dar un nuevo aire para perfeccionar. Este 2011 Evo Morales debe de estar pensando cómo solucionar la crisis que él y su gobierno empezaron el pasado 26 de diciembre por medio de la promulgación del Decreto Supremo Nº 0748 por el que se establecía el aumento del precio de los combustibles. Algo a lo que se le ha llamado el “gasolinazo”.

En apenas una semana el precio de los carburantes en Bolivia había aumentado entre un 57% y un 82% repercutiendo en los precios del resto de productos. Así pues, el precio del transporte público aumentó en un 65% mientras que la cesta básica de alimentos quedaba, de media, un 15% más cara (sin contar el precio del pan que oscilaba entre un 87% y un 100%). Todo este aumento provocó una oleada de protestas que terminaron el pasado 3 de enero con el Gobierno aboliendo la propuesta. Sin embargo el mal ya está hecho y las primeras encuestas indican una caída de un 30% en la popularidad de Evo Morales, la primera derrota importante del actual presidente, que hasta la fecha contaba con un notable apoyo ciudadano sobretodo del sector rural e indígena. Evo ha quedado, como suele llamarse, tocado (pero no hundido).

Morales, famoso por sus políticas de izquierdas –recordemos la nacionalización de los hidrocarburos en el año 2006- sorprendió al país con una propuesta de cariz neoliberal –el encarecimiento del precio de la gasolina- que llevó a la calle el mismo electorado que lo subió al poder en 2006 y en 2009.

El origen de la subida de precios

El origen de esta subida tan abrupta del precio del petróleo viene dada por la política del país andino en la gestión de esta materia. El precio del petróleo se mantiene congelado desde hace diez años (incluso antes de la llegada de Evo al poder, de manos de políticos de corte más neoliberal). Esto conlleva que el precio actual del barril en Bolivia sea de 27 US$ respecto a los 100 US$ de media del barril de Brent. Con este bajo nivel de precios el país no llega ni tan siquiera a cubrir los gastos de producción del crudo con lo que acaba siendo subsidiado por el propio Estado. Sólo el año pasado, la congelación del precio le costó al gobierno boliviano unos 380 millones de dólares y se espera que para este 2011 el coste llega incluso a doblarse, hasta los 660 millones de dólares.

Una reforma con precedentes

En el año 2004, el entonces presidente Carlos Mesa aumentó el precio del diésel, desatando protestas que impulsaron un movimiento autonomista en el Departamento de Santa Cruz.

Con este aumento, no sólo se buscaba disminuir el gasto del gobierno sino también ser más atractivo para los inversores. Desde que se nacionalizó el petróleo la producción de crudo se ha reducido debido a la insuficiente infraestructura y recursos disponibles para su explotación. Así, para poder explotar los abundantes recursos del país se requiere el apoyo de empresas extranjeras, a través de concesiones gubernamentales para la explotación del bien. Según palabras del Vicepresidente Álvaro García Linera, con el crecimiento del precio se cubrirían los costes de producción y con esto el productor tendría más incentivos para obtener más petróleo, con lo que aumentaría la producción. Al tener más combustibles nacionales ya no se tendría que importar como se está haciendo ahora.

Se perseguía un mayor atractivo inversor y evitar una sangría a la economía

El gobierno pretendía impulsar la producción de crudo haciendo atractivo el precio local del barril para que invirtieran petroleras transnacionales, pero algunos especialistas no ven esperanzas a la medida luego de que se nacionalizara la industria del gas natural.

Morales insistía que el alza de combustibles constituía la única forma de evitarle una “sangría” a la economía del país. “Este año hemos gastado 600 millones de dólares (en la importación de diésel y gasolina) y para que cueste barato, subvencionamos con 380 millones de dólares”.

Bolivia no es el único país que pasa por esta situación, pues su gran aliado –Venezuela- se encuentra en una situación similar. Sin embargo el alto coste político de emprender medidas de este tipo detiene al Presidente Chávez de emprender reformas en este sentido.

A pesar de que Morales intentó calmar los ánimos con el anuncio del aumento de un 20% de los salarios y reformas en el sector agrícola, los resultados no fueron los esperados. Parece ser que Evo no calculó bien las consecuencias de la subida del precio del petróleo ya que, a pocas semanas de su implantación, las abultadas y violentas protestas que azotaron el país provocaron que el Presidente hiciera marcha atrás y eliminara la reforma.

Al ritmo al que escalaban las protestas la presión provocaba que el escenario de un eventual cambio de Gobierno fuera más que palpable en uno de los países más pobres, y con mayor desigualdad, de Latinoamérica. Y no sería ni la primera ni la última vez que pasa.

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Lucha contra el contrabando

La impopular medida llevada a cabo por el Gobieno boliviano también pretendía minimizar el impacto negativo que supone para las arcas del Estado el contrabando. Según fuentes del Gobierno de los 380 millones de dólares de subvención anual a los combustibles, 150 millones se van de contrabando a países vecinos como Brasil, Perú, Argentina, Chile y Paraguay. Ya que el contrabando es difícil de combatir al menos el alza de los precios reduciría las pérdidas económicas del Estado bajo este concepto, pensaba el Gobierno.

El presidente Evo Morales ha diseñado un plan fronterizo para frenar el contrabando de combustibles hacia países vecinos como Perú, Brasil y Argentina. El alto coste del robo de gasolina para las arcas del Estado provoca que el gobierno considere incluso evaluar la posibilidad de cerrar las fronteras.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro

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Aina Poch

Barcelona, Spain. Bachelor in Political and Administration Sciences at Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona and Master in International Relations at Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), Barcelona. Specialized in Political Economy of Development and Democracy and Development.


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