Lucía Rodríguez Duque16/10/2020
La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha llevado a la práctica totalidad de los países a implantar medidas políticas y jurídicas extraordinarias y limitativas de derechos para hacer frente al virus. Estas medidas han venido acompañadas de estados de excepcionalidad constitucional para que los derechos fundamentales de los ciudadanos sigan vigentes a pesar de estar temporalmente limitados o suspendidos.