02/12/2020 BARCELONA

¿Cómo afecta la pandemia a la búsqueda de desaparecidos en México?

Desde el 2006 hasta la actualidad, México cuenta con 60.000 víctimas de la desaparición forzada. El Gobierno de Enrique Peña Nieto militarizó la seguridad pública en la lucha contra el narcotráfico. Esto aumentó el número de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Los organismos de derechos humanos han denunciado que los gobiernos municipales operan en conjunto con los grupos narcos para desaparecer personas. Para comprender qué sucede actualmente con la búsqueda de desaparecidos, consultamos al doctor Edgardo Buscaglia, investigador senior en Leyes y Economía de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia.

El brote de coronavirus alrededor del mundo ha azotado particularmente a México. Las medidas para evitar la propagación del virus fueron tardías. A fines de marzo, los familiares de las víctimas presentaron un reclamo para que no se deje de buscar a los desaparecidos, aún en tiempos de pandemia. Las organizaciones habían declarado que la impartición de justicia es una actividad esencial y que la búsqueda no debía detenerse, pero finalmente, ante el progreso del virus, esta se detuvo.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, confirmó, el diciembre pasado, que la cifra de desaparecidos asciende a 60.000 personas, número calculado en base a la información brindada por las fiscalías en el país. Asimismo, confirmó que 85.000 personas con paradero desconocido fueron localizadas, el 94% en vida.

Apoyo a los normalistas de Ayotzinapa frente a la Embajada de México en Nicaragua. 22 de octubre 2014 [Foto: Jorge Mejía Peralta vía Flickr]

Los responsables de los levantones, como se llama a la desaparición forzada en México, no son solamente miembros de grupos narcos, sino también agentes estatales. Los familiares señalan que las desapariciones ocurren en coalición: los gobiernos municipales, agentes policiales y locales trabajan en conjunto con los narcos para secuestrar a las víctimas y desaparecerlas.

En la actualidad, las regiones con más desapariciones son Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Guerrero y Puebla, entre otras. Estos estados también presentan un gran número de fosas clandestinas, las cuales han sido descubiertas mayoritariamente por los familiares de las víctimas. Si bien ellos recurren a las fiscalías para denunciar la desaparición de personas, la corrupción y la protección que los responsables reciben por parte del gobierno, dificulta que puedan conocer qué ha sucedido con sus seres queridos.

Por estos motivos es que los familiares de los desaparecidos se han organizado para salir a buscar a las víctimas ellos mismos. Existen alrededor de 70 colectivos de madres buscadoras y rastreadoras que reciben información y se capacitan en materia forense. El resultado es la búsqueda de fosas clandestinas en territorios narcos, excavando la tierra con sus propias manos. Siguen pistas y excavan el terreno sospechado para encontrar restos humanos. Lo saben por el color de la tierra, o por el olor putrefacto que descubren al introducir una vara de metal a un metro de la superficie en una posible fosa.

La demanda de las organizaciones y el giro ante el avance de la pandemia

Las organizaciones habían elevado un documento con 11 puntos para ratificar la búsqueda de sus familiares donde las solicitudes más importantes se centran en la necesidad de utilizar métodos digitales o alternativos para romper la burocracia en los ministerios fiscales y evitar personal innecesario en un trabajo de campo, sobre todo al momento de identificar posibles fosas clandestinas.

Asimismo, la petición pedía contemplar la situación de la población migrante. El desplazamiento interno y la circulación de migrantes proveniente de países de Centroamérica es también una bomba de tiempo para la expansión del coronavirus.

La demanda también mencionaba la creación de un programa nacional, estatal o regional de búsqueda que incluya la búsqueda de la población migrante. También se ha pedido su liberación en caso de que se encuentren privados de la libertad. Además, se solicitó crear protocolos y acciones para la secretaría de Relaciones Exteriores para que la búsqueda de personas desaparecidas funcione desde los países de origen desde consulados o embajadas.

Se han sugerido cambios en la metodología de búsqueda, analizando cada caso bajo el paradigma de una desaparición forzada y la creación de nuevas metodologías de investigación y búsqueda utilizando nuevas tecnologías que no requieran al personal en el trabajo de campo. Este punto incluye que los agentes de los ministerios públicos fiscales realicen un seguimiento de casos con los familiares a través de medios electrónicos exigiendo “romper con la burocracia y formalismo excesivo que son los que impiden que avancemos con la búsqueda de justicia”.

También se exigió que todas las personas desaparecidas formen parte del registro nacional, de manera que todos los familiares de las víctimas puedas acceder a las medidas de ayuda por parte del estado. Una vez más, este punto destaca la necesidad de responder a la crisis humanitaria de las personas migrantes.

Para continuar con la lucha, algunas organizaciones han realizado volcar su activismo en plataformas virtuales. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos ha realizado conversatorios para brindar apoyo a los familiares de las víctimas en abril y mayo en su Facebook.

El Estado, lo extraordinario y los derechos humanos

Este episodio invita a reflexionar sobre los derechos humanos en tiempos del COVID-19: ¿Acaso no es la justicia una actividad esencial? Frente a las violaciones a los derechos humanos, ¿Cómo garantizar la continuidad de los procesos de verdad y el acceso a la justicia para las víctimas? Si bien las organizaciones de la sociedad civil pueden volcar su activismo en diferentes redes y plataforma sociales, los desafíos para el estado, el gobierno y el poder judicial son gigantescos. ¿Podrá la extensa máquina burocrática garantizar un acceso democrático a través de nuevos medios digitales?

Para comprender el escenario futuro, consultamos al Dr. Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia en México y reconocido académico. El experto señala que existen alternativas para continuar la búsqueda de personas desaparecidas que son las siguientes:

En casos de desaparición forzada, las fiscalías pueden utilizar la tecnología y realizar entrevistas virtuales extrajudiciales por Skype o Zoom con testigos y potenciales denunciantes. Ante esto, Edgardo Buscaglia aclara que si bien las comunicaciones audiovisuales pueden poseer otros efectos psicológicos en las víctimas que afecten la calidad del testimonio, estos diálogos virtuales solo serían el inicio de entrevistas que se retomarán luego de la emergencia sanitaria.

Asimismo, la distancia social o la cuarentena no impiden continuar con la mejora de la base de datos: expertos en el diseño y análisis de datos pueden trabajar en las bases de datos de personas desaparecidas, analizando datos jurimetricos e individuales sobre las víctimas.

Dr. Edgardo Buscaglia [Foto vía Wikimedia Commons]

Edgardo Buscaglia también explica que “la interacción entre familiares de personas desaparecidas y autoridades de inteligencia financiera, autoridades periciales, forenses, o judiciales (policía, fiscalía, jueces) puede continuar a través de medios electrónicos sujetos a encryption y demás provisiones de seguridad informática usuales y pertinentes”.

El Estado afronta el desafío de continuar respondiendo a esta catástrofe aún en tiempos de cuarentena. Para ello, Buscaglia sugiere que se debe crear un sistema especializado en el procesamiento de resolución de causas vinculadas directa o indirectamente a desapariciones forzadas:

“La asignación de un subcuerpo de inteligencia financiera y operativa, aunado a una policía especializada junto a fiscales y jueces especializados en los ámbitos de las entidades federativas y en el ámbito institucional federal.  Este sistema debería atraer todas las causas y coordinar la formación de un ‘pool sistémico institucional’ para cada causa penal. La coordinación interinstitucional operativa para cada causa debería proyectarse al ámbito de la coordinación judicial internacional”.

Finalmente, existen innumerables posibilidades de progreso aplicando tecnología de inteligencia artificial, construyendo bases de datos que permitan analizar el comportamiento de bandas criminales involucradas en los levantones, la desaparición de personas. Esto tendría un impacto directo en el avance de las investigaciones y sería valioso que el gobierno lo considerara a futuro.

El reto más importante: ¿cómo resguardar a los familiares de las víctimas?

En la actualidad, México cuenta con alrededor de 54.000 personas infectadas. Mientras Europa se prepara para aliviar las restricciones, en especial España e Italia, América Latina comienza a transitar el pico de contagios y muertes, pese a que López Obrador opta por un optimismo que no se condice con los datos. El 65% de los casos se concentran en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco mientras el sistema sanitario intenta liberar camas en terapia intensiva a contrarreloj.

Una disposición que caracteriza a México por fuera de otros países de la región, es la prohibición de cremar personas fallecidas por el COVID-19 no identificada o no reclamadas antes de los 180 días. Esta medida se debe a la crisis humanitaria que ocasionó la desaparición forzada. En un país con más de 60.000 desaparecidos y poblado de fosas clandestinas, las muertes por COVID-19 no pueden transformarse en una excusa para incinerar a las personas que podrían haber sido víctimas de una muerte violenta y no del virus. Otros países como Argentina, Perú y El Salvador han restringido los servicios fúnebres inclusive para los allegados más directos.

Mientras los trabajos de los familiares y los forenses en las fosas para recuperar los restos de sus seres amados se han detenido, queda contemplar el impacto psicológico en ellos. Ante la desaparición forzada, la falta de información sobre el paradero de una persona puede durar días, semanas, meses o años: tiempo en que sus familias desconocen qué fue de las víctimas. Lo describen como un limbo, donde no se sabe si la persona está viva o muerta, una experiencia traumática para los familiares.

Este trauma se acentúa con lo que muchos psicólogos llaman la pérdida ambigua: una pérdida sin comprensión de la misma, un duelo inconcluso y sin cierre. Los familiares de las víctimas de la desaparición forzada luchan por comprender el destino de sus seres amados, ya que no hay un cuerpo para procesar una muerte, pero tampoco una presencia para comprender que sigue con vida.

Existen alternativas para que los Estados continúen con las búsquedas y garanticen el acceso a la justicia: digitales, virtuales, de investigación. La tecnología se abre paso y les permite a los familiares difundir su trabajo y mantener sus reuniones y activismo. ¿Pero qué será de aquellos que necesitan el calor humano, el abrazo, la palabra de contención, que sostengan sus manos cuando un familiar fue secuestrado? El abrazo colectivo y físico, el sostén humano que excede la tecnología o los recursos del estado: los desaparecidos nos faltan a todos y son un recordatorio de humanidad y lucha solidaria, aun en tiempos de pandemia.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Carla Vanesa Torres

Argentina y feminista. Politóloga. Magíster en Derechos Humanos por la Universidad de York, UK. Becaria Chevening 2017-18. Escribo sobre derechos humanos, desapariciones forzadas y justicia transicional.


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