Diálogos de paz en Colombia: un panorama histórico de una guerra que lleva más de cincuenta años

Con una carga histórica de desigualdad social y conflicto interno desde la fundación de la República en el siglo XIX, Colombia ha estado condicionada a una guerra constante en los últimos cincuenta años, entre lo que podría llamarse “gobiernos de turno”, que actúan de acuerdo a intereses particulares y necesidades momentáneas,  y  “grupos reaccionarios” que no siempre están al margen de la ley. Todo esto aconteciendo en un único escenario: el pueblo colombiano. Sin embargo, ahora se habla de paz y todas las esperanzas están puestas en un proceso bastante silencioso y lejano para la sociedad civil.

Hablar de paz no es fácil, mucho menos en medio de un conflicto histórico que no se enmarca propiamente en lo bélico, sino que se sustenta en un trasfondo de desigualdad social, injusticia, desplazamiento forzado y enfrentamientos entre clases dirigentes y que, además, se compone de varios actores que protagonizan una serie de guerras civiles desordenadas y atemporales. En este sentido, las negociaciones con las FARC–EP van mucho más allá de un simple armisticio o una dimisión del poder, se trata de un proceso complejo que debe contemplar reformas agrarias que respondan a las necesidades de la gente, participación política con garantía democrática, restitución de tierras a los millones de desplazados, procesos judiciales contra crímenes de lesa humanidad perpetrados por ambos bandos, aceptación de responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos, un posible intercambio humanitario (militares y civiles secuestrados a cambio de militantes guerrilleros presos) y acuerdos bilaterales sobre la reparación integral de las víctimas.

De acuerdo a esto, el actual proceso de paz puede tardar años en encontrar soluciones viables que no solo garanticen el bienestar de los dialogantes sino que incluyan, tanto en participación como en ejecución, a toda la sociedad civil.

Antecedentes en la búsqueda de la paz

No es la primera vez que el gobierno colombiano intenta llegar a un  acuerdo de paz con las FARC-EP, pero es, en esencia,  el cuarto proceso formal que se establece con mesa de negociación pública y en el que las partes involucradas presentan propuestas de tipo político, económico y social, con claras intenciones de llegar a un cese al fuego.

1984 y la Unión Patriótica (UP): Durante el mandato de Belisario Betancurt se crea una Comisión de Paz asesora del  gobierno nacional con varias celebridades políticas de la época. Ésta logra firmar en mayo de 1984 con las FARC-EP, los Acuerdos de la Uribe en los que se establecía un cese al fuego y la búsqueda conjunta de una solución política al conflicto armado. Un año después se conformaría  −no solo con miembros de las FARC-EP, pues en este participaron además integrantes del ADO (Auto Defensa Obrera), del PCC (Partido Comunista Colombiano), sindicatos, sociedad civil y los frentes Simón Bolívar y Antonio Nariño del ELN (Ejército de Liberación Nacional)− el partido político de izquierda: Unión Patriótica, cuyos miembros serían perseguidos, exiliados y asesinados en los siguientes años, hasta el exterminio total del mismo. Ambas partes incumplieron lo establecido en el acuerdo y la guerra continuó su curso.

1991 y la nueva Constitución: La negociación con el grupo guerrillero M-19 concluye con una Asamblea Nacional Constituyente que reforma la constitución política de Colombia, vigente desde 1886. Y se inician formalmente conversaciones de paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) −conformada en 1987 por los grupos guerrilleros EPL (Ejército Popular de Liberación), ELN y las FARC-EP−, en Caracas (Venezuela) trasladándose luego a Tlaxcala (México). No obstante, cuatro meses después y por acuerdo común entre el gobierno de César Gaviria y la CGSB se dan por terminados los diálogos sin ningún éxito.

1999 y la zona de despeje de San Vicente del Caguán: Es, sin duda alguna, la referencia más próxima al actual proceso de paz.  Se inicia en enero de 1999 con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana y se instalan las mesas de negociación para las conversaciones de paz con las FARC-EP en una zona de distensión de 42.000 km² en el Caguán, al sur del país. La Agenda bilateral inicia con buenos resultados, incluso se da paso a la formación de la Comisión de Países Facilitadores para el proceso de paz, integrada por representantes de los gobiernos de Venezuela, Cuba, México, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Noruega y Canadá. No obstante, los constantes cambios en los representantes del gobierno en los diálogos, las dificultades para llegar a acuerdos  y la continuación solapada del conflicto por parte de las FARC-EP, llevaron el proceso a un rotundo fracaso, tres años después, que termina con el secuestro de varias figuras políticas importantes como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

2013 y los Diálogos de paz con justicia social en la Habana

En septiembre de 2012 el presidente Juan Manuel Santos anuncia, después de diez años sin atisbo alguno de paz y un recrudecimiento de la guerra, que se iniciarían negociaciones con las FARC-EP para llegar a un cese del conflicto armado. En este caso, el actual mandatario fue muy enfático al afirmar que no quiere repetir los mismo errores de los procesos anteriores y que los diálogos se harían fuera del país con altos funcionarios del gobierno y con los representantes del secretariado de las FARC-EP, manteniendo la seguridad del sumario y permitiendo el intercambio de propuestas para llegar a acuerdos definitivos.

El proceso se inaugura, formalmente, en octubre en Oslo y pasa a instalarse en la Habana al mes siguiente. Sin embargo, es en el presente año en el que comienza a erigirse una propuesta más concreta, después de varios atrasos y de algunos intercambios de discursos y posturas frente al mismo asunto por parte de los protagonistas. No obstante, la mesa de negociaciones se ha cerrado a la intervención de otros agentes importantes y fundamentales en un acto como este, y es la población civil, la cual ha estado en medio del conflicto durante años, no solo como víctimas o receptores de la guerra, sino como parte activa de la sociedad. En este sentido se han organizado diferentes manifestaciones y movimientos como iniciativas populares de participación en las que ciudadanos, campesinos, indígenas, comunidades afro y demás etnias se reúnen para debatir, proponer y tomar postura frente a un proceso que, por alguna extraña razón, los ha dejado excluidos.

A pesar de esto y de otros asuntos urgentes, la Agenda de negociaciones ha seguido pasos lentos pero seguros y ha iniciado con el debate frente a las reformas agrarias en las que se pretende ampliar una política de desarrollo rural que beneficie a los campesinos, una de las comunidades más afectadas con el conflicto.

Habrá que esperar, con mucha determinación entonces, la evolución y el desarrollo de este nuevo proceso  puesto que, como dice la premisa “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro