Hace menos de un año, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-14 ‘Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina’. Una de las grandes conclusiones de este Informe fue que las políticas de “mano dura” no han sido efectivas a la hora de frenar la violencia y la criminalidad. Es más, en algunos casos la tasa de homicidios intencionales por año por 100.000 habitante había incluso aumentado significativamente como resultado de éstas.
Estas políticas han consistido generalmente en el aumento de las penas por delitos como el hurto o el crimen organizado, una mayor presencia de policías y fuerzas de seguridad en las calles, así como la creación de un cuerpo especial destinado a combatir una determinada problemática. Por último, una mayor dureza de las penas y las sanciones se puede realizar también de forma general y menos evidente. A priori se busca la disminución de los hechos delictivos y criminales, sin embargo, la única evidencia que se ha encontrado de forma generalizada es una mayor cantidad de reos en los centros penitenciarios.
¿Han tenido éxito las políticas de “mano dura” en algún país?
Sí, en Singapur. Sin embargo, y según los expertos, estaríamos frente a un caso excepcional donde en términos de eficacia se ha conseguido lograr un único objetivo: disminuir drásticamente la criminalidad y los casos de corrupción. Desde la década de los años 60, Lee Kuan Yew aplicó políticas de extrema dureza en Singapur, como castigar con la pena de muerte crímenes como el asesinato, el abuso sexual, el tráfico de drogas o el robo con violencia, y cambiar de grado los actos de corrupción y fraude fiscal inscritos en el código penal.
Actualmente, Singapur es unos de los países más seguros del mundo con una tasa de homicidios por 100.000 habitantes por año de 0,3, una de las cinco más bajas de todo el mundo. Sin embargo, estas políticas han supuesto una violación continua de los derechos humanos.
¿Por qué entonces, a pesar de ser consideradas un fracaso, las políticas de ‘mano dura’ continúan siendo demandadas por la gente?
Entre las razones que contienen gran fuerza explicativa para que se sigan aprobando este tipo de políticas encontramos cinco explicaciones:
- El ascenso significativo del número de hechos criminales. Este incremento significaría a su vez el aumento de personas que han sido víctimas de la delincuencia y del crimen, y que por ende, perciben altos niveles de inseguridad ciudadana. Este contexto dominado en parte por el miedo, conduciría a una demanda más intensa de políticas inmediatas y “contundentes” para acabar con la delincuencia.
- Otro elemento que podría explicar la aprobación de estas políticas podría estar relacionado con el legado de políticas de “mano dura” del pasado. Una herencia del tipo de gestión de los conflictos sociales en tiempos de dictaduras militares (principalmente en la década de los años 70) que han sido recientes en el tiempo y de considerable duración cuyas (al menos algunas) características perduran en la memoria colectiva, en una especie de “añoranza del orden”. Algunos de estos Estados burocrático-autoritarios como los de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay de los 70s (O’Donnell:1975) tenían algunos rasgos en común: regímenes altamente militarizados, excluyentes, intolerantes a la oposición.
- La tercera causa podría ser una la falta de acuerdo entre las principales fuerzas políticas en torno las “políticas de estado”, entendiéndose éstas, como aquellas políticas de medio/largo plazo, sobre todo en materia de educación, distribución de la riqueza, salud o modelo económico. De este modo, la aprobación de políticas de “mano dura” es una salida “fácil” al contexto de inseguridad ciudadana propio de contextos en los que la distribución inequitativa del ingreso, exclusión y marginación social requieren unas políticas públicas que son “difíciles” de asumir para el gobierno de turno debido al presupuesto y a la invisibilidad inmediata de los resultados.
- Por último, existe la explicación que el nivel educativo de los ciudadanos, que influye directamente y su forma de entender la política y las relaciones humanas pueden favorecer o no la demanda y aprobación de este tipo de políticas. A priori, las personas más cualificadas entenderán que la violencia y la delincuencia son el resultado de determinados procesos socio-económicos que no se resolverán con más violencia, sino con políticas de consenso y de inclusión social.
A pesar de haber tratado el tema en términos generales para toda la región, cabe señalar que América Latina es una región bastante heterogénea, dónde por ejemplo un Estado centroamericano no posee un ejército formal o, donde Chile posee una tasa de homicidios intencionales por año por 100.000 habitante muy cercana a niveles europeos (Fuente: ONUDD). De aquí que sea pertinente un estudio más profundo y país por país del porqué de la aprobación de políticas de “mano dura”.
Las evidencias parecen señalar que las políticas de “mano dura” han sido producto de un no muy acertado análisis de los conflictos sociales y de sus causas, y de una confusión en cuanto al objetivo primordial de las políticas públicas. Desde que el ex-presidente mexicano Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006, el número de muertos como consecuencia de esta guerra ha ascendido a más de 80 mil personas tan sólo entre los años 2007 y 2011 sólo en México. Sin embargo, esta situación puede extrapolarse a muchos países de la región, donde no se ‘combate’ las desigualdades sociales con tanto esmero, presupuesto y voluntad política como se ‘lucha’ contra la delincuencia.
Foto de portada: “quieres…” por Angeloux
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One comment
saku
03/07/2019 at
No cierra el estudio.. con mano dura aumenta… Sin ella, existe más delincuencia que demanda mano dura.. entonces, no funciona la mano dura ni la política contraria.. eso es equivalente a decir, “algún día llegará el mesias de la salvación”. Mucha crítica a las políticas de estado, pero tampoco tienen la solución..