Ley de protección ciudadana: La Ley Mordaza

El 29 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley orgánica  de Protección de la Seguridad Ciudadana, provocando la indignación general de la sociedad. Parece ser que el gobierno ha decidido que el problema de las múltiples manifestaciones de descontento ciudadano tenía una fácil solución, y no era hacer examen de sus nefastas políticas de austeridad y de recortes, sino que ha optado por limitar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y, en resumidas cuentas, cercenar nuestra libertad de opinión.

Una reforma duramente criticada

La futura Ley pretende derogar la conocida como ‘Ley Corcuera’ promulgada en 1992, y de la cual Federico Trillo, entonces diputado y portavoz de justicia del Partido Popular, dijo: “no es limitando las libertades ciudadanas como vamos a conseguir mayores cotas de seguridad ciudadana”. Pero ya se sabe que las palabras se las lleva el viento, y lejos se ha llevado este acertado razonamiento.

Con la reforma, lo que antes eran faltas, pasarán a ser sanciones administrativas, dándoles de este modo un castigo económico mucho mayor. Las denuncias de los policías tendrán presunción de veracidad y, por tanto, es el denunciado quien deberá demostrar que lo dicho por los agentes no es veraz. La autoridad administrativa pasará a ser juez y parte en el mismo proceso, privándose así al ciudadano de la decisión imparcial de un juez.

Como era de esperar, la norma ha recibido numerosas críticas. Así, Jueces para la democracia pide al Gobierno “no castigar a quienes expresen su disconformidad” con una Ley “muy represiva” y con multas desorbitadas, y hay quienes comparan este proyecto con la Ley de Vagos y Maleantes o la Ley de rehabilitación social del franquismo.

El ministro Fernández Díaz ha intentado defenderse al afirmar que la Ley se asemeja a otras vigentes en Europa. Pero su versión no se ajusta a la realidad y el anteproyecto ha sido criticado por el Consejo de Europa, quien califica la reforma de “problemática”. Nils Muiznieks, responsable de derechos humanos de esta institución, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” para mantener el orden público y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación.

En el Reino Unido, The Guardian criticaba la nueva Ley con su artículo “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan la verdadera democracia” y la calificaba de “un ataque a la democracia” afirmando que “no se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”. En un sentido similar, el diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo llamado “Camino a la dictadura”.

¿Qué derechos vulnera?

• Se sancionará gubernativamente a quien se manifieste en la calle sin comunicarlo previamente a las autoridades.
• Concentrarse sin permiso ante el Congreso, el Senado u otras altas instituciones se sancionará con hasta 30.000 euros.
• La policía se podrá llevar a una persona retenida a efectos de identificación.
• Estará multado hacer una foto a un policía siempre que se considere que ésta pueda entrañar burla o peligro para él.
• No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

Así, en la nueva Ley, estará castigada la grabación y difusión de fotos o imágenes de policías “que supongan mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad”, siendo los propios policías quienes determinen cuando existe uno o lo otro, lo cual es totalmente arbitrativo, y deja al ciudadano ante una patente indefensión.

Emilio de Llera, fiscal y consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, explica muy bien porqué esta reforma es inaceptable. Según Llera, todo Estado democrático debe garantizar unos niveles aceptables de seguridad que permitan el libre ejercicio de derechos y libertades individuales. Para ello, las acciones del gobierno deben tener unos límites concretos y estar fundadas en la Constitución, ya que de lo contrario estaríamos vulnerando aquellos derechos que decimos proteger.

Desde el gobierno, aseguran que lo que persigue esta Ley es asegurar al ciudadano el libre ejercicio de sus derechos de manera más segura. Pero otorgando a la administración amplios poderes que no están regulados, nos abocamos a un abismo de arbitrariedad e indefensión ciudadana, más propios de una dictadura que de una democracia.

Con esta Ley el gobierno se asegura que no se repetirán los “rodeos al congreso”, ni tampoco se podrá impedir un desahucio mediante la presión ciudadana, o difundir o registrar imágenes de brutalidad policial, ni realizar “escraches”… Estaremos obligados a ser testigos silenciosos del desmantelamiento de la democracia, o deberemos pagar por hacer uso de nuestros derechos.

Esta es una opinión sin ánimo de lucro

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