Crisis política en Paraguay

La destitución del ya ex presidente del gobierno paraguayo, Fernando Lugo, se llevó a cabo tras declararle políticamente responsable de la masacre acontecida hace unas semanas en Curuguaty, cuando la hacienda de un terrateniente y antiguo dirigente político fue ocupada por una multitud de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas. El desalojo forzoso, ordenado por el Ministro del Interior, resultó en enfrentamientos violentos en que murieron 17 personas (once campesinos y seis policías). El suceso provocó la dimisión del propio Ministro y del comandante de la Policía. Pero la clase política del país no dudó en señalar al jefe del Ejecutivo como último responsable de una decisión de tal calibre y decidió apartarlo del poder por medio de un juicio político llevado a cabo en el Senado.

Una vez ejecutada la destitución del Presidente, las reacciones de condena de la decisión no se hicieron esperar, dentro y fuera del país.  Y el Gobierno quiso salir al paso de las críticas: “acá no hubo golpe de estado”, declaró quien con Lugo fuera Vicepresidente y sin él, nuevo Presidente, Federico Franco. El nuevo mandatario sostiene que la destitución de su antecesor se hizo respetando la constitución y la democracia. Efectivamente, el artículo 225 de la Carta magna establece la posibilidad de convocar un juicio político del Presidente “por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”. Sin embargo, el proceso del juicio político se completó en apenas 24 horas, por lo que resultó ser de dudosa legalidad y con evidencia de haber sido premeditado.

Algunos líderes políticos latinoamericanos han sostenido que la destitución de Lugo ha sido el resultado de una maquiavélica jugada política, para ocultar un golpe de estado institucionalizado, que ha servido para echar a un líder que desde hace tiempo resultaba incomodo para el establishment. El suceso de Curuguaty fue el pretexto perfecto, aunque la maniobra se gestaba prácticamente desde que Lugo fuera elegido en 2008. Pero además, durante los últimos días ha ganado terreno la teoría conspirativa, según la cual agentes de la policía podrían haberse infiltrado entre los campesinos.

A todo esto, un amplio sector de la sociedad paraguaya, probablemente el mismo que se ilusionó cuando el carismático ex Obispo llegó al poder, ha condenado su destitución y se resiste ahora a aceptar que todo vaya a volver a ser como antes de que él llegara.

La sociedad Paraguaya pide cambios, hacia una mayor democracia y mayores oportunidades para toda la población.

Y sin Lugo, se terminó el Gobierno del cambio:

Fernando Lugo se convirtió en un público y notorio líder de la izquierda, aliado de los campesinos más pobres del país, y por esta razón acérrimo enemigo de las clases terratenientes. Su llegada a la Presidencia en 2008, puso fin a un período de 61 años de gobierno ininterrumpido del Partido Colorado, formación hegemónica nacida de la misma dictadura del General Stroessner (1954- 1989), y que para muchos representa a la oligarquía terrateniente del país. Lugo llegó con la promesa de impulsar la reforma agraria y la redistribución de las tierras. Hay que recordar que Paraguay es uno de los países con mayores niveles de desigualdad del mundo, donde un 2% de la población acapara el 80% de la propiedad de tierras fértiles. Aunque Lugo ganó las elecciones del cambio con el 41% de los votos y una ventaja de diez puntos sobre el candidato colorado, fue solamente la cabeza visible de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), una coalición electoral de varios partidos y organizaciones de la sociedad civil que aunaron esfuerzos para echar del poder al omnipotente partido Colorado.

Ciertamente, durante el gobierno de Lugo se lograron algunos avances importantes en materia social y sanitaria, pero su principal promesa electoral, la reforma agraria, no pudo llevarse a cabo, debido a la resistencia de los partidos políticos tradicionales –incluidos sus socios de gobierno-. Sus reiterados intentos fallidos de impulsar reformas provocaron asperezas con sus aliados políticos y terminaron por erosionar también la confianza de la ciudadanía hacia su gobierno

Fuente: Latinobarometro 2012, acceso al documento original aquí .

Perspectivas de futuro para Paraguay

¿Y que perspectivas le esperan al nuevo gobierno? El gabinete de Federico Franco debe afrontar una importante crisis política en dos frentes. A nivel exterior, debe lidiar con el rechazo casi unánime de los países latinoamericanos a la destitución de su antecesor, por esta razón la pertenencia de Paraguay a Mercosur ha quedado suspendida temporalmente, y además, Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela y Brasil no reconocen al nuevo Gobierno. A nivel interno, debe hacer frente a las movilizaciones ciudadanas que todavía se producen varios días después de la destitución de Lugo. No lo tendrá fácil en ninguno de los dos frentes. Y en el horizonte, las elecciones de 2013, a las que se presume, Lugo volverá a presentarse.

La consolidación democrática en América Latina, un camino lleno de piedras:

La alternancia política en Paraguay debió haber sido un hito histórico que garantizara la transición a una democracia consolidada.

Pero con la destitución forzosa del Presidente, apenas cinco meses antes de que terminara su mandato, el proceso se ha visto seriamente dañado, y más que nunca sigue vigente la incógnita: ¿puede el sistema democrático en Paraguay soportar la alternancia política?

Esta crisis política pone en evidencia que todavía queda un largo camino por recorrer en la senda hacia la consolidación democrática, no solamente en este país, sino en toda la región de América Latina. A pesar de que los antiguos golpes militares vinculados a la Operación Condor quedaron atrás, y que la democracia, por lo menos nominalmente, ya no se pone en entredicho en ningún país, la tentación autoritaria sigue estando presente, como ilustran los casos de golpes militares, como el perpetuado exitosamente en Honduras (2009), y el fallido en Ecuador (2010).

De todos modos, por lo general, los antiguos y rudos golpes militares han dado paso a formas más civilizadas, o por lo menos más sutiles, de gestionar los siempre existentes conflictos políticos, a través de vías institucionales. Los enfrentamientos entre órganos del Estado (Gobierno-Parlamento-Sector Judicial) como el que ocurrió el pasado año en El Salvador (artículo en United Explanations), se están volviendo más frecuentes y pueden ser interpretados como “crisis de madurez democrática” (un síntoma, por ejemplo, de que el tradicional modelo latinoamericano de poder ejecutivo altamente concentrado está dando paso a un reparto más equilibrado de poderes del Estado).

Finalmente, cabe recordar que cuando de juego democrático se trata, tan malo resulta que algún órgano del Estado, especialmente el Ejecutivo, tenga demasiado poder (lo que conlleva problemas de autoritarismo y arbitrariedad) como demasiado poco (ya que puede desembocar en situaciones de ingobernabilidad e incapacidad de liderazgo). Cabe preguntarse si el caso de Paraguay, corresponde al segundo tipo de problemas, dada la facilidad y rapidez con que el Presidente ha sido apartado del poder por el Senado. Habría que valorar que consecuencias de futuro puede tener una Presidencia débil para impulsar los cambios que necesita el país.

Tal y como muestra un Informe del Latino barómetro, en los últimos veinticinco años se ha producido veinte Crisis presidenciales en la región, que han finalizado con la dimisión o sustitución del Presidente del Gobierno antes de haber finalizado su mandato.

La lista al completo es la siguiente:

Crisis Presidenciales en América Latina (1978- 2012):

Fuente: Latinobarómetro 2012, acceso al documento original aquí.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro