26/08/2019 BARCELONA

De aquellos polvos, estos lodos: de la guerra civil al tráfico de esclavos en Libia después de la R2P

Graffiti crítico en la Rue Dénoyez de París [Foto: Dhehz vía WikimediaCommons].
El 17 de Abril de 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció que se estaban realizando ventas de esclavos en las principales rutas migratorias que cruzan Libia, devolviendo a las principales portadas de los diarios internacionales prácticas que se consideraban extintas en el mundo árabe desde hacía casi un siglo. En este artículo, entenderemos la influencia de la intervención del país libio por parte de la comunidad internacional en estos hechos.


El principal objetivo de este artículo es explicar las razones por las cuales se están dando las recientes prácticas de compra-venta de esclavos en Libia, centrándose principalmente en la implosión del régimen de Muamar el Gadafi como consecuencia de la guerra civil de 2011 y la posterior ausencia de responsabilidades post-conflicto en ámbitos como la reparación y la reconstrucción por parte de la coalición internacional. Así mismo, se explicarán las principales respuestas por parte de la comunidad internacional —y en particular la Unión Europea (UE)— a esta situación.

La guerra de 2011 y la Responsabilidad de Proteger

El 17 de Marzo de 2011, ante la respuesta desproporcionada por parte del gobierno de Muamar el Gadafi frente a las protestas anti-gubernamentales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (NNUU) aprobó la Resolución 1973 que autorizaba a “tomar todas las medidas necesarias en Libia para proteger a los civiles y a las áreas pobladas bajo amenaza de ataques”. Esto llevó a que se produjese una intervención militar por parte de la OTAN —liderada por Reino Unido y Francia— que duró hasta Octubre de 2011 cuando Gadafi fue asesinado. No obstante, cabe recordar que esta intervención se enmarcó dentro del principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), que se basa en tres pilares. El primero expresa la responsabilidad de todo Estado de proteger a sus ciudadanos. El segundo concierne la responsabilidad de la comunidad internacional de asistir a los estados que no pueden o quieren cumplir con el primer pilar de manera pacífica. Finalmente, en caso de que todas las opciones no coercitivas fallen, se puede usar la fuerza como último recurso.


Sin embargo, la OTAN sobrepasó el mandato de Naciones Unidas al derrocar el régimen de Gadafi y dejó al país con un vació de poder. Cuando Gadafi fue asesinado, la OTAN finalizó sus operaciones, y dejaron tras de sí un país sin gobierno, destruido, y sin mecanismos para transitar de una autocracia a una democracia liberal. Los recientes casos de compra-venta de esclavos en Libia no son más que el resultado de la irresponsabilidad de una comunidad internacional, representada, en este caso, principalmente por democracias liberales, de aplicar sus propias normas de intervención.

Intervención de la coalición internacional en Libia [Foto: (Jolly Janner) vía WikimediaCommons].

¿Cómo ha reaccionado el mundo?

En primer lugar, el Gobierno de Acuerdo Nacional, auspiciado por la ONU en 2015, ha iniciado una investigación formal del suceso ante las denuncias de la OIM. No obstante, Libia es en términos prácticos un Estado fallido desde la caída del gobierno de Muamar el Gadafi en 2011, lo cual pone en duda el correcto desarrollo de la investigación y su próspera resolución. La Guerra Civil que se viene desarrollando desde 2014 ha impedido que el gobierno de transición haya consolidado el imperio de la ley, lo que ha favorecido la constitución de múltiples milicias y grupos criminales que se enriquecen con el tráfico de seres humanos y la migración. Ante este panorama, la compra-venta de esclavos se ha convertido en un negocio muy lucrativo para estos grupos criminales. A este escenario se añade el acuerdo al que llegó Libia con la UE y otros estados africanos para permitir la repatriación urgente de los refugiados y los migrantes que sufren abusos en los centros de detención. El gobierno libio también acordó abrir un centro de tránsito para los refugiados vulnerables después de meses de negociaciones.

Al mismo tiempo, la llamada a que la comunidad internacional intervenga en este escenario debe ser tomada con mucha precaución. Como se explicó anteriormente, la intervención de 2011 por parte de la OTAN ha llevado a la situación actual de caos y anarquía en Libia. Desde entonces, las grandes potencias —particularmente China y Rusia— han visto con reticencias cualquier nueva posible aplicación del R2P. De hecho, ésta es una de las razones por las cuales se explica la falta de intervención extranjera en Siria.

Ante estas reticencias a intervenir sobre el terreno, la principal respuesta por parte de la comunidad internacional ha sido la de retirar personal diplomático del país. Por otro lado, varias manifestaciones tanto en países europeos como africanos frente a las embajadas de Libia han sido recurrentes durante varias semanas; mostrando así una mayor movilización y crítica por parte de la sociedad civil que de los gobiernos. La respuesta política se ha reducido a un plan de evacuación urgente de 15.000 personas en situación de riesgo. Según otros países, como Francia, se debería de haber realizado otra incursión militar en territorio Libio. No obstante, esta propuesta no se ha llegado a tomar nunca en serio, y se ha decidido proceder a la constitución de grupos de trabajo para desmantelar estas organizaciones criminales. Ahora bien, estos grupos de trabajo tendrán que estar formados principalmente por agentes estatales —libios y extranjeros— ya que ACNUR indicó que sufre una falta de financiación significativa, especialmente en sus operaciones en África.

El falso sueño europeo y cómo desenmascararlo

Inmigrantes subsaharianos en el Mediterráneo [Foto vía WikimediaCommons].

Antes de ir al centro de la cuestión, hay que tener en mente que Libia es el principal punto de tránsito de las rutas migratorias del Este de África y el Mediterráneo Central. Para poner una cifra, en los últimos tres años, 150.000 personas han usado esta ruta de tránsito hacia Europa. Esto, unido a la situación de anarquía reinante en el país, hace muy lucrativo cualquier negocio que surja alrededor del fenómeno de la migración.

La UE y el gobierno libio iniciaron una ofensiva sin precedentes contra las embarcaciones de las mafias y contrabandistas que trasladan a los refugiados de Libia a Europa. Las detenciones efectuadas por los guardacostas libios han llevado a que más de 400.000 personas permanezcan en Libia en centros de detención. Dentro de las pésimas condiciones de habitabilidad de estos centros —denunciados por la ONU—, uno de los posibles abusos a los cuales se pueden ver sujetos estos individuos es a la de su venta como esclavos. Al mismo tiempo, la llegada masiva de inmigrantes de Siria o del África Subsahariana a las costas de Libia para embarcarse hacia el “sueño europeo” no es más que el resultado de una eficiente maquinaria de extorsión que se alimenta de unos sueños y esperanzas que jamás podrán materializarse —i.e.: salir de la pobreza.

La acción a seguir no debe de estar centrada en la promoción de la migración masiva a suelo europeo. Es decir, hay que desenmascarar ese falso “sueño europeo”, pero esto no se hace únicamente mediante acciones policiales o de guardacostas, sino mediante una estrategia de desarrollo focalizada a una mejora sustancial de los estándares de vida —especialmente en el África Subsahariana—, y a controlar las plataformas online a través de las cuales los traficantes pueden convencer, bajo engaños, a estas personas para que paguen a contrabandistas. Esto debería de ser una prioridad inmediata de la UE, ya que, de forma efectiva, estos migrantes están siendo engañados para pensar que hay un futuro feliz para ellos al final del camino, todo con ello con fines lucrativos.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Manuel Herrera

Alicante, España Graduado en Relaciones Internacionales en la Universidad Ramón LLull de Barcelona. Máster en Seguridad Internacional en el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona (IBEI). Asistente de investigación en el Institute of Peace and Conflict Studies de Nueva Delhi. Colaborar en la web de análisis "Articulo 30: Política de defensa". Colaborador asiduo del blog "Notes de Seguretat" del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya.


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