25/09/2017 BARCELONA

Soluciones ante el descontrol de la deuda española

Tras explicar el concepto de deuda odiosa y sus antecedentes, en este artículo analizamos la deuda española y vemos si cumple con los 3 condicionantes necesarios para que se declare ilegitima.

Este artículo es la continuación de “¿Tiene que pagar la ciudadanía las deudas de sus políticos?“.

En el caso de España, la ciudadanía ha considerado especialmente injusto el despilfarro del que han hecho gala muchos políticos a la hora de gestionar el erario público. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el tratamiento que ha dado el gobierno a ciertas deudas privadas, especialmente la de las cajas de ahorro y entidades bancarias, que han sido “rescatadas”, o lo que es lo mismo, el estado ha intervenido con dinero público para evitar su quiebra.

Y no es de extrañar el descontento generalizado, ya que desde el punto de vista económico, la aplicación de este tipo de inyecciones de capital público se puede entender como una especie de socialismo para banqueros fracasados. Una nacionalización de la banca, pero sin que pase a pertenecer al estado el ente adquirido, quedando en las mismas manos que provocaron el descalabro. Se socializan las pérdidas de entidades cuyos beneficios en épocas mejores engordaron los bolsillos de sus accionistas.

Esta opinión ha salido reforzada al conocer que buena parte de los supuestos préstamos directos (hasta el momento, 36.000 millones de euros de un total de 52.000, o 59.000 según otros cálculos) se han entregado a la banca a fondo perdido, es decir, jamás va a retornar a las arcas públicas.

[Fuente: Gurusblog]

Además de estos rescates, el importe total de las ayudas a la banca no estaría del todo claro (hay un baile de números considerable dependiendo de la fuente), debido en buena parte al ocultismo del gobierno y lo enrevesado de algunas fórmulas de rescate. Como dato, un informe del FMI de julio de este año cifra el total de ayudas del estado español al sector bancario en 246.000 millones de euros desde el 2009 (aunque también existen cálculos mucho más abultados). Es difícil saber qué cantidad de estas ayudas se convierte en deuda pública, pero algunos análisis consideran que, hasta el momento, puede alcanzar la suma de 138.000 millones, equivalente a un 13% del PIB nacional.

El condescendiente trato brindado por el gobierno al sobre-endeudamiento del sector bancario, contrasta con la dureza que emplean las fuerzas de seguridad del estado cuando los entes rescatados hacen efectivas las cláusulas hipotecarias en respuesta a los impagos. El drama de los desahucios no es uno de tantos, ya que afecta de manera negativa y muy directa a la percepción ciudadana de las políticas del gobierno, puesto que el actor principal (la banca) es el mismo que ha recibido ingentes cantidades de dinero público sin el consentimiento de los ciudadanos.

La clase política española ha jugado un papel fundamental en el derroche que ha llevado a la economía al punto donde está. En España la deuda privada supera con mucho margen a la pública. El problema es que buena parte de esta deuda privada pertenece a las cajas de ahorros. Y las cajas han sido instrumentos financieros manejados a su antojo por políticos y caciques locales, financiando proyectos nefastos e imposibles que han provocado enormes agujeros en los presupuestos públicos.

Encontramos ejemplos de este tipo de megaproyectos fracasados en prácticamente todas las regiones del país: el aeropuerto de Castellón, la “ciudad fantasma” de Seseña, las numerosas y arruinadas construcciones de Calatrava, la expo del agua en Zaragoza, el circuito de Fórmula 1 de Valencia, la celebración de la Copa América, la Caja Mágica, las candidaturas olímpicas de la ciudad de Madrid… y estos son sólo algunos de los ejemplos de despilfarro más mediáticos por sus dimensiones económicas y sociales. En la wiki del movimiento 15M, podemos encontrar una recopilación de otros muchos gastos innecesarios y excesivos. Algunas de estas obras faraónicas además están relacionadas con tramas de corrupción, como es el caso del pabellón Palma Arena.

El (des)control de las cajas, el boom de la construcción y las redes clientelares regionales han creado un caldo de cultivo perfecto para la generalización de la corrupción política y empresarial. Estas redes han sido decisivas a la hora de dilatar la burbuja inmobiliaria y forzar su pinchazo.

Llegados a este punto, nos preguntamos: ¿cumple España con los 3 condicionantes necesarios para declarar su deuda ilegitima?

[Fuente: eduardogarzon.net]

La economía española ha basado su crecimiento durante su “época dorada” en aumentar descontroladamente su nivel de deuda. Muchos de los ejemplos de gasto desmedido enumerados anteriormente cuadran fácilmente y sin mayor análisis con los requisitos para considerar su financiación ilegítima. Ni respondían a una necesidad, ni se llevaron a cabo con la aprobación de quien finalmente ha soportado los costes, la ciudadanía.

Los acreedores de la deuda pública, en un 95% entidades financieras nacionales y extranjeras, eran conscientes del estado de endeudamiento de las administraciones prestatarias y del uso que se iba a hacer de estos fondos. Además hay que tener en cuenta que el dinero prestado por estas entidades, lo han recibido a su vez del BCE, un organismo público, con tipos de interés extremadamente favorables.

Entre tanto, las arcas españolas han presupuestado para 2014 el pago de 37.000 millones de euros tan solo para liquidar intereses de deuda pública. Una deuda que alcanzará el 100% del PIB el año próximo (máximos históricos), en gran medida gracias al traspaso de deuda privada a deuda pública llevada a cabo por los gobiernos de Zapatero y Rajoy (en 2007 estaba en torno al 44%).

¿Qué hacemos?

El libro recientemente publicado “¿Qué hacemos con la deuda?”, nos ayuda a comprender el escenario real de crisis de deuda y las posibles soluciones a adoptar. En una interesante entrevista, Bibiana Medialdea, economista y coautora de este trabajo, defiende una auditoría ciudadana pormenorizada que nos permita diferenciar con la mayor exactitud posible la cantidad de deuda pública que se puede considerar odiosa. Aunque la casuística en este tipo de procesos es muy variada, según podemos leer en la entrevista, tendríamos algunas características comunes a todos ellos. En primer lugar, aunque resulte obvio, si se habla de impago, es porque la parte deudora no puede pagar. Por otro lado, en función del acuerdo al que se llegue, el resultado del impago puede ser muy diferente. Y finalmente, como puntualizábamos en la primera parte del artículo, la correlación de fuerzas entre estados va a ser determinante en el reparto de pérdidas.

Comedor popular “Er Banco Güeno” situado en una antigua entidad financiera [Fuente: anticapitalistes.net]

Una crisis de deuda siempre implica algún tipo de impago, por lo que aquello que estaría por decidir no es si se impaga o no, si no cómo se reparten las consecuencias de esas quitas. Además de auditorías a todos los niveles (desde local a nacional) que favorezcan una quita de deuda, Medialdea considera esencial una revisión de las políticas económicas emprendidas para salvar esta situación. El gobierno español ha centrado sus esfuerzos en cumplir con el objetivo de déficit impuesto por la troika y en conservar los beneficios (o evitar las pérdidas) de las grandes corporaciones, en detrimento de los servicios sociales básicos y el crecimiento económico basado en la intervención del estado para fomentar la creación de empleo. Esta decisión nos ha sumergido en un bache económico aún más profundo, a la vez que ha despojado a la ciudadanía de su capacidad de decisión.

Aunque hubiese una voluntad política, los elevados niveles de deuda limitan considerablemente los alcances de las políticas económicas destinadas a la recuperación. Por esta razón, cada vez son más los agentes sociales que reclaman una auditoría ciudadana en España como la solución más justa. Movimientos ciudadanos de todo tipo, como ATTAC, 15MpaRato o la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, así como algunas organizaciones políticas, como Izquierda Unida o Compromís se han mostrado favorables a esta alternativa, y en muchos casos continúan presionando para auditar la deuda pública y renegociar lo que corresponda. En el trasfondo de esta discusión está la cuestión de hasta qué punto las obligaciones de deudas contraídas por un estado han de ponerse por encima de la soberanía de su pueblo y el bienestar de las personas. Los ciudadanos deberíamos poder ser partícipes de las decisiones de gasto público, puesto que la administración del mismo representa una parte importante de la soberanía de la que supuestamente disfrutamos.

Foto de portada: War of wealth bank run [Fuente: Wikipedia]

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro

Javier Hernando

IBEI Alumni. Sociólogo, especializado en asuntos internacionales y políticas de desarrollo, comunicador y adicto a Internet. Ocupo mi tiempo escribiendo en diversos medios y colaborando en United Explanations como editor. Intento explicar lo que ocurre en el mundo a través de la lógica económica y la política internacional. Me apasiona la aplicación de las tecnologías a la mejora de la participación democrática directa, y proyectos económicos innovadores como las criptomonedas. [email protected]


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