21/11/2017 BARCELONA

Gitanos en la UE: el equilibrio imposible entre el respeto a los derechos humanos y el racismo institucional

“Pensaba que Europa no volvería a ser testigo de este tipo de situación después de la II Guerra Mundial”. Casi dos años después de estas controvertidas declaraciones, las expulsiones generalizadas de gitanos vuelven a ser noticia.

“Pensaba que Europa no volvería a ser testigo de este tipo de situación después de la II Guerra Mundial”. Casi dos años después de estas controvertidas declaraciones de Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, las expulsiones generalizadas de gitanos vuelven a ser noticia.

Durante la campaña electoral de la primavera de 2012 François Hollande se alejó del discurso anti-inmigración del entonces presidente Nicolas Sarkozy con una retórica más inclusiva e integradora que la de su oponente electoral. Sin embargo, las expulsiones de gitanos han continuado con el nuevo gobierno socialista, demostrando la enorme distancia entre las declaraciones de intenciones en campaña y la política real.

Efectivamente, durante los meses de julio y agosto, Francia ha procedido al desalojo y desmantelamiento de asentamientos chabolistas en París, Lyon, Lille y Marsella, y a la expulsión de ciudadanos rumanos y búlgaros por medio del eufemístico programa de Ayuda al Regreso Voluntario.

El ministro de Interior socialista, Manuel Valls, justificaba las actuaciones como necesarias para hacer frente a riesgos sanitarios, problemas de convivencia e inmigración ilegal. Eso sí, para marcar la diferencia con el anterior gobierno puntualizaba que las actuaciones se deciden “caso por caso”, e insistía a la vez en su compromiso de revisar las medidas transitorias de suspensión del espacio Schengen para los ciudadanos búlgaros y rumanos, así como en la necesidad de articular programas de integración en el mercado laboral, vivienda y escolarización tanto en origen como en destino.

Este doble discurso le ha reportado una gran popularidad al ministro francés, que sitúa su política de inmigración entre “la firmeza y el humanismo”, entre “la mano dura y los derechos humanos”, intentando diferenciarse de los mensajes aún más duros del gobierno de Sarkozy. La postura ambivalente de Valls es paradigmática de la situación de los gitanos en la Unión Europea.

La defensa de los derechos humanos

Por un lado, proliferan en Europa programas para promover la igualdad del Pueblo Gitano, retórica humanista, e informes y legislación que buscan su protección jurídica: Directiva 2000/43/EC de igualdad racial, Directiva 2004/43/EC relativa al derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, y el art. 7 del Tratado de Lisboa que contempla la posibilidad de sancionar con la suspensión del derecho de voto en el Consejo a aquellos estados miembros que incurran en “violación grave” de los valores contemplados en el art. 2 del Tratado, es decir, el “respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.”

Según la Comisión Europea, se estima que viven en la UE unos seis millones de gitanos, lo que les convierte en la minoría más numerosa en Europa.

Desde la proclamación de la Década de la Inclusión Gitana (2005-2015),  a la celebración de cumbres periódicas al más alto nivel institucional, la Unión Europea pretende hacer público su compromiso con la igualdad y la promoción del Pueblo Gitano.

Partiendo del acuerdo de unos principios básicos comunes, la Comisión Europea se comprometió con la inclusión del Pueblo Gitano mediante la aprobación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana (2012-2020) que ha obligado a los Estados miembros a presentar sus propios planes nacionales de medidas políticas y actuaciones concretas para mejorar la situación de la comunidad gitana.

Estos planes y medidas encuentran respaldo en múltiples instrumentos financieros aplicables a la población gitana: el Fondo Social Europeo (FSE), que tiene la posibilidad de financiar, entre otros, proyectos destinados a la población gitana para mejorar su acceso a los servicios sanitarios, educación, y formación para aumentar su empleabilidad; el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDR), que puede financiar proyectos de vivienda para las comunidades más pobres y marginadas; el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que pretende aportar soporte económico para erradicar la pobreza y exclusión social en el medio rural; el Programa Derechos Fundamentales y Cuidadanía; y otras fuentes de financiación como el programa PROGRESS, dedicado al empleo; Daphne III, que tiene el objetivo de combatir la violencia contra niños, mujeres y grupos vulnerables; el programa de Aprendizaje Permanente, etc.

En definitiva, un conjunto de instrumentos programáticos y financieros que tienen la potencialidad de mejorar la situación del Pueblo Gitano, a través de la asignación de fondos a las autoridades regionales y locales, e indirectamente a las ONGs que trabajan por la cohesión social de la comunidad gitana.

Ataques xenófobos y racismo político e institucional

Este soporte retórico, pero también jurídico y financiero, al menos sobre el papel, contrasta brutalmente con la situación que denuncia la organización European Roma Rights Centre (ERRC). Un cuadro general que afecta, en alguna medida, a la práctica totalidad de los estados europeos en diferentes materias: libertad de movimientos, segregación sistemática en la educación, segregación residencial, expulsiones forzosas, tráfico de seres humanos, denegación de acceso a los servicios de salud y de asistencia social, esterilizaciones obligadas, y ataques violentos contra las personas.

Estas agresiones han sido especialmente virulentas en Eslovaquia, República Checa y Hungría, donde el ERRC ha registrado desde enero de 2008 hasta julio de 2012 cientos de ataques violentos contra individuos y propiedades.

Aún más preocupante, desde el punto de vista estructural, que los ataques incontrolados de grupos xenófobos, es la extensión del racismo institucional en la esfera política, que si bien parecía limitado a partidos de extrema derecha, se han ido introduciendo en el argumentario de los partidos de centro-derecha y centro-izquierda de la República Checa, Rumanía, Bulgaria, Italia o Francia, sirviendo alternativamente a motivaciones electoralistas, a estrategias comunicativas de desvío de la atención o a mecanismos de tipo “chivo expiatorio”.

En Italia la aceptación del discurso abiertamente anti-gitano parece haberse extendido desde que en 2008 Berlusconi comenzara su campaña “emergencia gitana” de desmantelamiento de campamentos y expulsiones “para echar del país a las hordas de bárbaros”, anunciando con orgullo que “somos la nueva falange romana”. El discurso abiertamente racista se coló en la política alentando los ataques contra los asentamientos, y dando pie a una campaña de hostigamiento tan brutal que las ONGs calculan que la población gitana en Italia pasó de unos 165.000 individuos en 2008 a unos 30.000 en la actualidad.

En Francia, en 2010 Sarkozy emprendió su particular campaña contra los gitanos, llevando a cabo expulsiones generalizadas que acabaron por provocar un enfrentamiento diálectico entre las autoridades europeas y el gobierno francés, que alcanzó su punto de máxima tensión con las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión con las que comienza este artículo.

La culpabilización de las víctimas

En definitiva, los acontecimientos de los últimos años no son más que la constatación y continuación de una historia de seis siglos de discriminación, en la que por si no fuera suficiente con una situación de precariedad, exclusión y marginación, se castiga a las víctimas de la pobreza con un hostigamiento político brutalmente contradictorio con todo el entramado institucional de protección de derechos humanos puesto en pie por la Unión Europea.

Es la vieja historia de la culpabilización de las víctimas de la miseria, el analfabetismo, el desempleo, las redes de explotación de personas, el círculo vicioso de la mendicidad,…Es la recurrente estrategia de erradicar la pobreza expulsando a los pobres, una política  que remite al fracaso del Estado de Bienestar, no porque no sea sostenible económicamente, sino porque la miseria tercermundista nunca fue erradicada totalmente de Europa.

En esta línea de culpabilización es desgraciadamente habitual el tópico discurso del ministro de Interior francés, Manuel Valls, “Entiendo que haya gente que quiera que demos a todo el mundo una vivienda digna y una plaza escolar. Pero eso no es posible…”. Uno imagina que la razón será que en la situación actual no hay recursos públicos para financiar este tipo de planes. No, aclara el ministro, no es posible  “…porque muchos de ellos no quieren”.  La erradicación de este tipo de discurso culpabilizador se antoja imprescindible para que los bienintencionados planes europeos en favor de la cohesión social y los derechos humanos sean no sólo creíbles, sino efectivos.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro

Alejandro Mario


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