Maria Julia Mersing14/08/2015
Amnistía Internacional ha anunciado que apoyará la despenalización de la prostitución para defender los derechos de las mujeres que la ejercen, mientras otras organizaciones y líderes feministas advierten de que puede perpetuar la violencia machista. Exploramos diferentes regulaciones de este asunto.
Frances Galache26/03/2013
En Julio de 2012 el Grupo de HIV/SIDA del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicaba un amplio informe, sobre cuya base el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, recomendaba la descriminalización de la prostitución a nivel global. Sin embargo, a pesar de haber realizado entrevistas a prostitutas/os, activistas y trabajadores/as en el ámbito de la salud pública en más 140 países, este informe se centra fundamentalmente en la cuestión del SIDA y no entra a analizar las diferentes políticas que se pueden aplicar en relación con la prostitución y sus respectivos impactos, a pesar de antecedentes como el estudio elaborado por la London Metropolitan University, que sí lo hace y en profundidad.
El debate sobre la prostitución es amplio y en España especialmente encarnizado, en él participan activistas pro derechos, feministas, anticapitalistas, moralistas, usuarios, proxenetas, etc., y se alternan términos como despenalización, legalización, regulación, abolición y prohibición, de tal forma que todo puede resultar confuso, razón por la que este tema merece ser analizado y explicado desde sus diferentes puntos de vista y experiencias.
Hay sectores que abogan por la prohibición de la prostitución en todas sus vertientes argumentando que “sólo de este modo se puede luchar contra su existencia, bien por entender que vulnera los derechos de quienes practican la prostitución o bien por considerarla una práctica inmoral”.
Dicha criminalización implica la persecución y posterior sanción penal de traficantes, proxenetas, usuarios e incluso de las propias personas que se prostituyen.
Los problemas que conlleva la absoluta prohibición son numerosos, destacando entre ellos el hecho de que no deja abierta ninguna vía de protección contra la discriminación y los abusos de los que son objeto quienes se prostituyen. Así, la propia represión criminal, muchas veces acompañada de violencia policial, empuja a la prostitución a un mundo sumergido, oculto de las miradas. Ello implica que no se puedan “negociar” condiciones más seguras ni el uso de preservativo u otros límites.
A su vez, la estigmatización de quienes se prostituyen les impide acceder a programas de prevención y cuidados del HIV/SIDA. Quienes sufren cualquier tipo de agresión durante la relación sexual, ya sean golpes o incluso violaciones, renuncian a presentar denuncia contra su agresor ante el temor de ser arrestadas por ejercer la prostitución. Finalmente, señala el informe del PNUD que la penalización implica la denegación de los derechos más fundamentales de quienes se prostituyen, pues no podrán tener propiedades de forma legal, ni registrar a sus hijos/as, acceder a educación, justicia, salud o incluso servicios bancarios.
Quienes defienden la legalización de la prostitución en locales de alterne, solución por la que se ha optado, por ejemplo, en Holanda, Alemania y gran parte de Australia, argumentan que:
“Ello conllevaría un importante aporte económico a los presupuestos del país a través de los impuestos y, donde existen, cotizaciones a la Seguridad Social provenientes tanto de la propia prostitución como de los negocios indirectamente beneficiados, como cafeterías, tiendas, taxis, hoteles, etc.”
Dicha legalización supondría, además, el reconocimiento de los “derechos laborales” de quienes ejercen la prostitución, incluidos el derecho a sindicarse y a la huelga, e incluso su empoderamiento, pues tendrían la opción de ejercer “por cuenta propia”, desligándose así de las mafias que, por otra parte, serían perseguidas con mayor dureza.
Los resultados de la experiencia práctica, sin embargo, no han hecho sino echar más leña al fuego alimentando tanto los argumentos de quienes abogan por la legalización como de las posturas abolicionistas.
En octubre de 2002, diez años después de la legalización de la prostitución, el Bundestag alemán (Congreso de los Diputados) celebró un debate de expertos/as sobre la cuestión en el que participaban prostitutas/os, empresarios/as de locales y clubes de alterne, consultores/as e investigadores/as y casi todos/as (a excepción de los empresarios) mostraron cierta decepción.
Las conclusiones de este debate fueron que las condiciones laborales de quienes se prostituían no habían mejorado, habían aumentado las exigencias de practicar sexo sin preservativo y les había resultado prácticamente imposible negarse a prácticas sexuales en ocasiones indeseadas, como pueden ser el sexo anal o el sado-masoquismo. Sus aportaciones al sistema de la seguridad social habían sido mínimas y, en consecuencia, también lo serían sus pensiones. Asimismo, al perder su anonimato quienes se registraron públicamente en el ejercicio de la prostitución, fueron estigmatizadas y consecuentemente discriminadas/os.
La legalización de la prostitución no se había acompañado de una profunda regulación de la actividad, por lo que la policía sólo podía entrar en los locales de alterne cuando existían sospechas concretas, lo que dificultaba la prevención y persecución de tráfico de personas y abusos sexuales, entre otros.
Tanto Alemania, como Holanda y Australia registraron un importante aumento del tráfico de personas para fines sexuales, moviéndose los proxenetas a la luz de la legalidad y sin que las leyes de prostitución ni la penalización del tráfico de personas fueran suficientes para hacer frente a esta modalidad del crimen organizado, un negocio que en Australia ha visto crecer sus beneficios a la desorbitada cifra de 1.000.000$ a la semana.
Los argumentos pro-abolición sirvieron de base para adoptar políticas innovadoras como la sueca (1999), seguida diez años después por Noruega e Islandia.
“La legislación sueca, además de criminalizar el tráfico de personas y el proxenetismo, penaliza también a la clientela de la prostitución, pero nunca a quienes la ejercen, considerándoles víctimas de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños”.
Dicha ley fue acompañada de un amplio programa de formación y sensibilización dirigida a policías, jueces, fiscales y trabajadores/as sociales, entre otros, así como de un programa de reinserción socio-laboral. Desde entonces se ha reducido la cantidad de prostitutas en dos tercios y la de clientes en un 80%, habiendo desaparecido casi por completo la prostitución en las calles e incluso se ha reducido la cantidad de locales de alterne. Y desde entonces ha aumentado la proporción de población que apoya la actual legislación sueca de un 30% en 1996 a un 75% en 2002.
Asimismo se estima que entorno a los años 2000-2002 entraron en Suecia entre 200 y 500 víctimas de tráfico de personas, mientras en la vecina Finlandia las cantidades ascendían a entre 10.000 y 15.000.
Sin embargo, el negocio del sexo se ha trasladado a Internet, convertido en la nueva vía de contacto entre clientes y quienes se prostituyen, y a la vecina Finlandia. Este problema, el del turismo sexual, lo ha tratado de resolver Noruega introduciendo en su Código Penal la criminalización del turismo sexual cuando éste es cometido por ciudadanos noruegos aprovechando su salida del territorio del que son nacionales.
El debate continúa vivo, por cuanto prostitución continúa existiendo a nivel mundial, incluidas Suecia, Noruega e Islandia y porque abolicionistas y regulacionistas siguen sin ponerse de acuerdo respecto a si realmente existen personas que deciden libremente ejercer la prostitución o si todas se encuentran inmersas en una red de coacción más o menos visible o sutil.
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro
