Federico Guzmán López13/03/2017
La privatización del territorio mexicano empieza a descontrolarse a partir de 1994 con la entrada en vigor del TLCAN. Desde ese momento y hasta la actualidad, México ha sufrido el saqueo de las empresas transnacionales y la sobreexplotación del territorio. Algo que debe repensarse para contribuir al desarrollo comunitario.
Federico Guzmán López05/10/2016
La megaminería está destruyendo el territorio mexicano. Mientras las grandes empresas transnacionales absorben el beneficio de las explotaciones, las comunidades son arrasadas. La contaminación por residuos sólidos y el enorme consumo de recursos hídricos hacen peligrar el derecho al agua y el futuro de estas comunidades.
Federico Guzmán López23/09/2016
Zacatecas es uno de los estados de la república mexicana con mayor tradición minera desde la época colonial, lo que se conocía como economía de enclave colonial debido a la enorme transferencia de riqueza hacia el exterior y por estar desarticulado respecto de la economía local. Actualmente, este Estado ocupa el primer lugar en la producción de plata, zinc y plomo de México, así como el segundo lugar en la producción de oro y cobre, habiéndose convertido en una región con economía de enclave poscolonial donde intervienen redes de capital que se apropian de la riqueza natural de manera acelerada y causando profundas afectaciones ambientales que perjudican la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones del territorio.
En México, la megaminería constituye una actividad económica cuya inversión extranjera directa (IED) captada durante el periodo 1982-2014 sumó USD$23,286.4 millones y USD$30,430.3 millones de inversión nacional directa entre el 2002 y el 2014. Esta derrama económica involucra a los tres hombres más ricos de México: Germán Larrea, presidente de Grupo México; Alberto Bailleres, dueño de Industrias Peñoles, y Carlos Slim, propietario de Minera Frisco. Todo ellos, respaldados por las gestiones de la Cámara Minera de México resultaron los principales beneficiados de las políticas de privatización y reformas estructurales implementadas por el gobierno mexicano en los últimos 34 años.
La siguiente explicación se divide en dos partes. En la primera se aborda quiénes participan en la industria minera para posteriormente analizar las consecuencias ambientales de la megaminería. De las dos partes mencionadas, la relevancia de la primera consiste en clarificar la configuración de capitales financieros, empresas extractivas y capital proveedor, así como las instituciones del gobierno encargadas de impulsar una política del despojo del territorio. Se hace énfasis en el sustento legal que permitió la privatización de los recursos naturales puestos al servicio de la megaminería transnacional y se presentan datos empíricos sobre la superficie del territorio mexicano concesionado.
La megaminería es la forma de explotación a cielo abierto con el objetivo extraer metales preciosos, que involucra elevadas inversiones para emprendimientos de gran escala acaparando así grandes extensiones de tierras. La megaminería utiliza tecnologías modernas como la teledetección satelital y el uso maquinaria pesada con gran capacidad de carga. Esto implica también el desplazamiento de las comunidades en donde se instalan, destruyendo así formas de vida y de reproducción social, así como desvalorizando la fuerza de trabajo. También es considerada la forma más violenta de extracción de minerales en términos de impacto ambiental debido al alto consumo de recursos hídricos, a la contaminación del agua y del suelo como consecuencia del uso de sustancias químicas altamente tóxicas como cianuro, dinamita y mercurio en el proceso de barrenación, extracción, molienda y beneficio de los minerales.
Sin embargo, la pregunta realmente importante es: ¿Qué ha ocurrido con la megaminería en México en el período neoliberal? Para analizar este asunto hay que poner énfasis en cómo se transformó la megaminería a partir de la puesta en marcha del TLCAN.
Al reflexionar sobre lo que ha ocurrido con la megaminería en México durante los 34 años que abarcan el periodo neoliberal, en primera instancia resulta necesario enfatizar que nos enfrentamos a un problema de despojo territorial que cobró mayores dimensiones después de la puesta en marcha del TLCAN. Esto va más allá de la apropiación de tierras por empresas transnacionales para la extracción de recursos naturales minerales. Existen otras cuestiones que atañen a los derechos de los trabajadores mineros que, aunque tienen mejores salarios que los que se perciben en otras actividades productivas, su labor profesional implica también una menor esperanza de vida así como otras afectaciones en la calidad de vida en las comunidades mineras.
Durante los años de 1982 al 2016, la megaminería a cielo abierto en México propició la consolidación de la mencionada economía de enclave poscolonial. Simultáneamente comenzaron a generarse afectaciones tanto sociales como ambientales en esos territorios debido al desplazamiento de comunidades, la desvalorización de la fuerza de trabajo, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, o la contaminación del suelo y el agua a partir de la generación de altos volúmenes de residuos sólidos y sustancias tóxicas. Éstas contaminan las fuentes de agua, tanto en minas en operación, como después del cierre de los trabajos de explotación. Todo esto nos permite afirmar que la megaminería que practican las grandes empresas transnacionales no ha traído desarrollo para las comunidades y entidades de la república mexicana donde se lleva a cabo esta actividad extractiva.
Las instituciones que intervienen en respaldo de la industria minera son el gobierno mexicano, articulado con la Embajada Canadiense, el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá y la Cámara Minera de México. Todas ellas se encuentran amparadas por las reformas al Artículo 27 constitucional que faculta al Estado mexicano para realizar expropiaciones de tierras consideradas de utilidad pública. Además, la Ley Minera, en su Artículo 6, señala que las actividades relacionadas con la megaminería en México son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquier otro uso de las tierras.
Bajo la figura de concesiones mineras por un periodo de 50 años con posibilidad de prórroga por otros 50 años, se ha entregado ya más de la mitad del territorio nacional a empresas transnacionales dedicadas a la megaminería. Esta situación ocurrió en mayor medida a partir de la entrada en vigor del TLCAN. En total durante el período 1993 al 2016 se han concesionado 105.1 millones de hectáreas para la megaminería en México, equivalentes al 53.5 por ciento del territorio nacional (véase gráfica 1).
El discurso oficial sólo ofrece grandes datos sobre el contexto que envuelve el sector de la megaminería, como que ésta utiliza tecnología satelital y tiene automatizados sus procesos de exploración y explotación, que México lleva seis años consecutivos, desde 2010, ubicado en el primer lugar mundial de producción de plata, o que en 2013 México se ubicó en el séptimo puesto como productor de oro a nivel mundial y en el octavo en 2014. No obstante, debemos ir al fondo del problema e indagar cómo se distribuye esa riqueza y qué impactos genera en el desarrollo nacional y en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros.
Actualmente quienes se están beneficiando con la explotación de los minerales preciosos de México se conformaron en una compleja telaraña de capitales privados y servicios gubernamentales (véase figura 1). Para el año 2013, de acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano (2013) y México Mining Review (2013), había 197 megaproyectos mineros en producción, 45 proyectos en desarrollo, 880 en fase de exploración y 67 proyectos suspendidos, dando un total de 1,189 proyectos mineros. De todos ellos, el 68.1% está en manos de transnacionales canadienses, el 12.7% de capital estadounidense, el 11% lo poseen los corporativos mexicanos transnacionales y el 8.2% restante en manos de capitales europeos, asiáticos y australianos, principalmente.
Un dato más actualizado se obtuvo de los Censos Económicos 2014 del INEGI que reportan 3,032 unidades económicas en la minería en el territorio mexicano. Según el portal de internet Ecoosfera, existen 70 megaproyectos mineros y 25 operan a cielo abierto. Dichos megaproyectos son operados por empresas de origen mexicano como: Grupo México, Fresnillo Plc, Frisco y Peñoles, así como extranjeras: Agnico Eagle Mines, Alamos Gold, Arias Resource Capital Management, Aurico Gold, Candiani Mining Transnational Service, Coeur Mining, Defiance Silver Corp, First Majestic, First Majestic Silver Dia Bras Exploration, Goldcorp, Minera Rio Tinto, Minas de Bacis, Pan American Silver, Timmins Gold y Yamana Gold, solo por citar algunas de las más relevantes.
Este conjunto de empresas, para llevar a cabo la extracción de minerales se conectan con las principales bolsas de valores del mundo, principalmente las de Toronto, Vancouver, Nueva York, Londres y Hong Kong, además de instancias globales como el Consejo Mundial del Oro, el Instituto de la Plata, y una extensa gama de empresas proveedoras de origen mexicano y extranjero, integradas en torno a los Clúster Mineros que operan en las principales entidades federativas con presencia de megaminería, como el caso del Clúster Minero de Sonora y el Clúster Minero de Zacatecas
En conclusión, la enorme riqueza generada por los recursos mineros que posee México no supone ni por asomo una fuente de desarrollo para las comunidades que reciben el impacto de una intervención industrial tan agresiva.
Cuestiones como éste despojo territorial y la profundización de los impactos ambientales que ocasiona el saqueo de los minerales preciosos en México se tratarán en la segunda parte de este artículo, en la que pondremos especial atención al consumo de recursos hídricos y la contaminación por desechos sólidos como las principales afectaciones para las comunidades y territorios donde se practica la minería tóxica.
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.
