“Sabremos que nuestros esfuerzos han valido la pena […] cuando los estereotipos sobre mujeres y hombres dejen de limitar sus oportunidades y logros.”
Para que la justicia social a nivel global fuera posible, toda persona de este planeta debería tener a su alcance la posibilidad de desarrollar plenamente todo su potencial. De acuerdo a Naciones Unidas, ello implica “eliminar todas las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o diversidad funcional”.
La justicia social es el corazón los ODS
Hoy, 20 de febrero de 2017, se cumple el octavo aniversario del Día Mundial de la Justicia Social establecido en el año 2017 por Naciones Unidas y la comunidad internacional, con el objetivo de “erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”. De hecho, Ban Ki-moon, ya en su mensaje de 2016 hacía hincapié en la importancia de la justicia social como elemento clave para alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible:
“La justicia social debe ocupar un lugar central en nuestras iniciativas. Ahora que están aumentando la exclusión y la desigualdad, debemos redoblar los esfuerzos para que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y las de los demás. Tenemos que construir sociedades inclusivas, promover el trabajo decente, reforzar los niveles mínimos de protección social e incluir a quienes viven marginados.”
Ban Ki-moon, ex-Secretario General de la ONU
A día de hoy, la justicia y el desarrollo social, la pobreza, la paz y la seguridad con conceptos interconectados e interdependientes. De hecho, para Naciones Unidas, “el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad.”
Igualdad de género y justicia social
La igualdad de género se entiende como uno de los principios básicos de la justicia social. La mujer ha conseguido avanzar mucho durante el último siglo, conquistando en muchas sociedades el derecho al voto, el derecho al divorcio, el derecho a la propiedad, a la igualdad salarial… e incluso, en algunos países, el derecho a un aborto seguro y legal. Sin embargo, ONU Mujeres señala:
“En la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan sólo entre el 60 y el 75 % del salario de los hombres. Las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas; entre 2 y 10 veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas). Casi el 90 % de las 143 economías estudiadas registran al menos una diferencia legislativa que restringe las oportunidades económicas para las mujeres, y el origen étnico y el género interactúan para crear brechas salariales especialmente amplias en el caso de las mujeres pertenecientes a algún tipo de minoría”.
De acuerdo al informe “Enfrentando la desigualdad de género”, publicado en 2015 por la Comisión de Género, Desigualdad y Poder de la LSE, las causas que provocan desigualdades entre mujeres y hombres persisten en ámbitos como la política, la economía, el sistema legal y los medios. Todos ámbitos interconectados y que no pueden analizarse de manera independiente. Por ejemplo, en el caso del sistema legal, la capacidad de la ley para luchar contra las desigualdades de género depende en gran medida de las fuerzas políticas, económicas y socio-culturales imperantes, las cuales determinarán en última instancia el valor de estas leyes para hacer frente a estas desigualdades.
Un enfoque sesgado
De acuerdo a este mismo informe, el primer problema que afecta a una ley “de género” es el enfoque sesgado: un enfoque supuestamente “imparcial” que cuando se examina descubre, en una primera mirada, claras desigualdades. Los ejemplos son abundantes en problemáticas tan denunciadas como la violencia doméstica o la salud reproductiva. Por ejemplo, el caso de la ley británica sobre agresiones sexuales. El informe del LSE explica que esta ley permitía, hasta su reforma del año 2003, la absolución del agresor a pesar de haberse demostrado que había cometido la agresión, si éste afirmaba que “creía” que contaba con el consentimiento de la víctima, aunque ello no fuera así. Más recientemente, en Rusia, el presidente Vladimir Putin firmaba una ley descriminalizando la primera ofensa por violencia de género, a menos que requieran tratamiento hospitalario. De hecho, la implementación de esta ley fue posible gracias a los esfuerzos de Yelena Mizulina quien, tal y como informaba Human Right Watch, opina que “un hombre pegando a su mujer es menos ofensivo que una mujer humillando a un hombre”. Aplausos.
Otro ejemplo de leyes que refuerzan las desigualdades de poder entre hombres y mujeres son aquellas que restringen el acceso al aborto o que priorizan la vida del feto sobre la elección de la madre. Sin ir muy lejos, recientemente veíamos también cómo el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reinstauraba una polémica política estadounidense respecto al aborto conocida como la “Mexico City Policy”, que prohíbe al país financiar con fondos federales a ONG’s extranjeras que ofrezcan información segura sobre cómo terminar un embarazo no deseado. Ello implica que, en la práctica, cualquier ONG extranjera que quiera recibir fondos federales tendrá que acceder a no llevar a cabo actividades que promuevan el aborto seguro como método de planificación familiar en otros países. Esta política estadounidense fue instalada por Reagan en 1984, revocada por Bill Clinton en 1993, reinstaurada por George W. Bush en 2001, y revocada por Obama de nuevo en 2009.
La firma de esta política, que todos visualizamos gracias a la difundida imagen de Trump rodeado de presidentes, legisladores y políticos, todos hombres, implica, de acuerdo a la ONG en pro de los derechos reproductivos, Marie Stopes International, 6’5 millones de embarazos no deseados, 2’1 millones de abortos inseguros y la muerte de 21.700 mujeres dando a luz, durante los próximos 3 años.
La no regulación de los ámbitos que importan a la mujer
Otro factor que impide que las leyes alcancen una verdadera igualdad de género, es la no regulación de aspectos importantes para las mujeres. Un ejemplo clave para ilustrar este factor, es la distribución de las tareas domésticas en la esfera privada y cómo ello tiene un impacto mucho más profundo sobre las mujeres y sus oportunidades en el mercado laboral.
El hecho de que la Ley no regule la economía del cuidado doméstico “legitima implícitamente el estatus quo” impidiendo a las mujeres disfrutar del mismo nivel salarial y/o profesional que el de los hombres, si quieren formar una familia.
Leyes que no consideran la perspectiva de género
Otra fuente más de desigualdad de género en la Ley son los procesos de implementación y aplicación de algunas leyes sin tener en cuenta la perspectiva de género. Esto hace referencia a la falsa apreciación de que las cortes judiciales, los agentes de la ley, los legisladores, los fiscales, los jueces o los médicos forenses son sujetos “neutrales” libres de valores y actitudes que les afectan y determinan sus decisiones, cuando lidian con casos de violencia doméstica. Además, remarcar también que las leyes que permiten la reducción del gasto en ayudas y la privatización de los servicios legales también provocan y/o profundizan las desigualdades de género. Estos recortes lo que provocan son dificultades en el acceso a la justicia para muchas mujeres que, al disponer de bajos ingresos, se ven privadas de representación o consejo legal adecuado a la hora de buscar justicia.
Finalmente, y en línea con este último argumento, cabe recordar que, cuando analizamos las desigualdades, también las acaecidas en el sistema legal, es importante no olvidar que todas están interconectadas e influenciadas por otros ámbitos. Por tanto, avanzar hacía una igualdad de género real en la Ley sólo podrá conseguirse con cambios también en otras esferas como la política, la económica y la socio-cultural.
Prioridades
Es realmente un buen comienzo que alcanzar la igualdad de género se haya reconocido como una prioridad para la comunidad internacional, ya que es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a alcanzar en 2030. Y no es sólo una prioridad para las mujeres, es una prioridad para todos, ya que como afirmaba el ex-Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon:
“No podremos hacer frente a nuestros retos con éxito si seguimos limitando a la mitad de la población mundial”.
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.
¿Quieres recibir más explicaciones como esta por email?