Mariano Corbino29/01/2016
El tráfico de mercancías ilícitas, especialmente el negocio de la droga, constituye uno de las principales fuentes de riqueza de nuestro planeta. Pero a la vez suponen una serie de amenazas y riesgos para la seguridad global que constituyen un reto fundamental para la gobernanza del siglo XXI. Te explicamos por qué las organizaciones criminales transnacionales representan un actor de creciente importancia y poder a nivel mundial.
Raquel Nogueira14/10/2014
Tras años de dictadura comunista y una década de desastrosa democracia los habitantes de Tirana recuperaron la alegría gracias a la creatividad de su alcalde, Edi Rama, un artista que llenó la ciudad de color.
Isabel Villasenor13/05/2013
La historia de las migraciones humanas es la historia misma de la humanidad. Desde que los primeros humanos modernos salieron de África, los grupos sociales han migrado en busca de mejores condiciones de subsistencia. Sin embargo, las migraciones contemporáneas responden a un fenómeno particular: los países desarrollados requieren fuerza laboral para los trabajos de poca remuneración, mientras que los países con altos índices de pobreza son incapaces de ofrecer oportunidades laborales a su población. Es por esta razón que las mujeres africanas migran a países de Medio Oriente para trabajar como empleadas domésticas, así como los hombres asiáticos se dirigen a países del Golfo Pérsico para laborar en obras de construcción. Pero no solamente migran hombres y mujeres adultos, sino también niños, quienes con frecuencia viajan solos.
Durante su traslado y al llegar al país de destino, los migrantes se exponen a una gran diversidad de peligros: tienden a ser engañados en cuanto a las condiciones laborales e incluso pueden terminar en situación de esclavitud. Además de esto, las mujeres y los niños a menudo son víctimas de violencia sexual o caen en manos de redes de prostitución. En el caso de los migrantes indocumentados, su vida misma se encuentra amenazada por la vulnerabilidad que emana de su pobreza y de su falta de ciudadanía del país en el que residen o por el que transitan.
Según el jurista italiano Luigi Ferrajoli, la ciudadanía es hoy en día una de las pocas condiciones de estatus que jurídicamente impiden la igualdad de las personas. En el caso de los migrantes indocumentados, la falta de ciudadanía del país en el que se encuentran es uno de los factores que contribuyen a las violaciones de sus derechos fundamentales.
Los mexicanos han migrado a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales desde hace varias décadas, por lo que los atropellos a sus derechos son bien conocidos por la gente en México. Sin embargo, lo que es desconocido para la mayoría de los mexicanos son los abusos a los que se ven sometidos los migrantes de otros países que residen o transitan por México. La mayoría de estos migrantes proceden de Centro y Sudamérica y tienen como destino final los Estados Unidos, pero a su paso por México se exponen a una infinidad de riesgos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) estima que aproximadamente 22.000 migrantes indocumentados desaparecen anualmente en el territorio mexicano, lo que constituye a todas luces una crisis humanitaria. Aún cuando esta cifra es tan escandalosa, la noticia ha sido cubierta de manera limitada por la prensa mexicana. Las autoridades mexicanas han mostrado una respuesta muy tibia a este problema, lo que indica que los migrantes son invisibles para el gobierno federal y que los derechos humanos no constituyen una prioridad para el Estado mexicano.
La violación a los derechos humanos de los migrantes no suele representar un costo político para el gobierno mexicano quizá porque en la opinión pública persiste la idea equivocada de que los migrantes, por el hecho de ingresar ilegalmente en un país, no tienen ningún derecho, a pesar de que tales derechos están reconocidos por la ley mexicana. Una de las principales acciones para resolver esta crisis, por tanto, es crear conciencia en la sociedad civil, lo que puede constituirse como un fuerte mecanismo de presión para el Estado.
En el año 2006 el ex presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al crimen organizado pocos días después de haber asumido su cargo. Lo que Calderón no previó fue la espiral de violencia que se desataría con su errada estrategia basada en la guerra frontal sin antes resolver problemas de fondo, como la corrupción de las fuerzas de seguridad y el tráfico de armas desde Estados Unidos. El discurso oficial durante la administración de Calderón no se cansó de enfatizar que las personas asesinadas formaban parte de los cárteles y de los grupos del crimen organizado, justificando así el incremento en la tasa de homicidios.
En agosto del 2010 se dio a conocer la noticia de la narcofosa de San Fernando, en el noreste de México, donde se localizaron 72 cuerpos de personas asesinadas. Más tarde se descubrieron otras narcofosas con decenas de cuerpos de víctimas. Las investigaciones realizadas arrojaron una novedad al drama de la violencia en México: las personas ultimadas en San Fernando eran migrantes de Centro y Sudamérica asesinados por el cártel de los Zetas.
Este caso, junto con muchos otros, demostró que el crimen organizado, lejos de debilitarse, había diversificado sus formas de acción: no solamente se dedicaba al tráfico de drogas sino ahora también a la trata de personas, especialmente migrantes indocumentados. No tenemos cifras exactas ni historias precisas sobre cuál es el destino de los migrantes desaparecidos en México. Es posible que muchos de ellos se vean forzados a involucrarse en actividades ilícitas y otros sean asesinados por los grupos del crimen organizado.
Cabe mencionar que en términos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos un Estado es responsable no solamente por los abusos que el Estado pueda cometer, sino también por no intervenir cuando los particulares —en este caso los grupos de la delincuencia organizada— violan los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Es por esto que se podría fincar responsabilidad internacional al Estado mexicano por no poner un alto a los abusos hacia los migrantes.
El Instituto Nacional de Migración (INM) de México ha sido arduamente criticado por la corrupción de sus funcionarios y por el maltrato a los migrantes indocumentados. Incluso existen denuncias sobre su posible complicidad con grupos del crimen organizado en el secuestro de migrantes. Aunque de manera reciente se ha tratado de limpiar al INM mediante el despedido de un gran número de funcionarios, la credibilidad de este instituto tardará en recuperarse.
La designación de un policía como el nuevo titular del INM, Ardelio Vargas Fosado, ha sido cuestionada por grupos de la sociedad civil. Los críticos afirman que se está policializando al INM sin incorporar una agenda de protección de los derechos humanos.
A pesar de este escenario tan desalentador, existen también acciones y voluntades sobresalientes en la protección de los migrantes. Un ejemplo excepcional es el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Hermanos en el Camino” en Ciudad Ixtepec, en el estado sureño de Oaxaca, quien provee asilo, alimentación y apoyo sicológico y jurídico a los migrantes. El padre Solalinde ha sido una voz muy crítica de los funcionarios y partidos políticos mexicanos, así como del Instituto Nacional de Migración. Todo esto le ha ganado amenazas a su seguridad personal, mismas que incluso le han obligado a salir temporalmente de México.
Otro ejemplo a destacar es el grupo de mujeres de la comunidad rural “La Patrona”, en el estado de Veracruz, quienes proveen de agua y alimentos a los migrantes que viajan en tren hacia Estados Unidos. Todos estos ejemplos, además de ser agentes de cambio, son una inspiración para quienes estamos indignados por esta crisis humanitaria.
El filósofo estadounidense Richard Rorty propuso que los derechos humanos deben ser humanizados. En este caso, quizá la manera más efectiva de hacerlo es dejando atrás la racionalidad de las cifras y poniendo caras y nombres a los migrantes desaparecidos o asesinados, y recordando que los migrantes son ante todo seres humanos con derechos fundamentales inalienables.
Esta es una explicación sin ánimo de lucro
Adell Moncho13/06/2011
Filipinas es un país de más de 80 millones de habitantes repartidos en 7.000 islas, dónde como en tantos otros lugares se viven contradicciones día a día. La contradicción que nos ocupa en este artículo es relativa a la paradoja en el trato que sufre la mujer en Filipinas en lo referido al turismo sexual y la trata de mujeres y menores; cuando al mismo tiempo, este país aparece como el número 9 entre 134 países con menor desigualdad entre géneros (en el ámbito, político, económico, educativo y sanitario) y pasando por delante de España, Alemania.
Si nos remontamos en la historia años atrás, antes de la colonización española, la mujer filipina ya gozaba de igualdad frente a los hombres y es que no cambiaban sus apellidos por el del hombre al casarse, ni perdían sus posesiones privadas y podían ejercer de líderes comunitarias y espirituales sin problemas. Pero la llegada de los españoles dio lugar a cambios que propiciaron 400 años de sometimiento de la mujer hacia al hombre, encorsetándola en un sistema patriarcal, relegando la activad de la mujer al ámbito doméstico y privado. Esta situación no cambió cuando a finales del siglo XIX, Filipinas pasó de manos españolas a estadounidenses hasta pasada la II Guerra Mundial cuando oficialmente se concedió la independencia al país.
El trato vejatorio hacia la mujer se sucedió y aún hoy continúa sucediendo, especialmente en zonas de gran población y alta actividad. Un ejemplo es el de la ciudad de Olongapo, al sudoeste de la isla de Luzón, donde hubo una base militar estadounidense establecida previamente por los españoles. Hablamos de la base de Subic Bay, activa desde 1899 hasta 1992. Esta base fue la instalación militar más grande de los Estados Unidos en el Pacífico y jugó un importante papel en sus operaciones durante la Segunda guerra mundial y la guerra de Vietnam. Durante todo el tiempo en que la base estuvo en activo la prostitución y abusos sexuales hacia niñas y jóvenes mujeres de la zona fue una constante.
Pronto la ciudad se convirtió en una madriguera de bares y prostíbulos, degradando el ambiente de la ciudad. No fue hasta principios de los noventa que gran parte de la sociedad civil de la zona encabezó un movimiento para poner fin a la caótica situación de la ciudad. Este movimiento consiguió que el gobierno filipino no renovara los acuerdos con Estados Unidos forzando su marcha y el cierre de las bases militares. Entonces se reformó la base de Subic Bay convirtiéndola en una zona de hoteles, restaurantes y negocios.
Pero el problema de la prostitución y violencia sexual no terminó con la salida de los norteamericanos ya que la infraestructura existente se ha redireccionado hacia el turismo sexual. Los bares, clubs y hostales acogen desde hace tiempo principalmente a turistas europeos y norteamericanos que recorren miles de kilómetros para poder dar rienda suelta a sus más oscuros deseos reprimidos y muy perseguidos en sus lugares de origen.
En Filipinas reina la impunidad para propietarios de locales, proxenetas y clientes. De hecho es común que muchos de los dueños de estos negocios sean policías o políticos de la zona. Gracias a la corrupción que campa a sus anchas, éstos dirigen sus negocios con total tranquilidad.
En esta zona y en otras encontramos una combinación de factores explosiva. Si a la poca moral de algunos hombres le añadimos la desesperación y la pobreza, encontramos a mucha gente dispuesta a vender su propio cuerpo o el de su hija, sobrina o vecina. Cabe señalar que en Filipinas el 45% de la población vive bajo el umbral de la pobreza subsistiendo con menos de 2 dólares al día. Por lo tanto, en las zonas donde había militares la prostitución era un recurso fácil y directo para generar ingresos.
Si a esto le sumamos que el inglés es lengua oficial en filipinas, por lo que la comunicación con los extranjeros es fluida, y que además los precios al cambio resultan irrisorios para los occidentales que viajan hasta allí, tenemos pues un mix perfecto para el crimen organizado y la violación continua del derecho de las mujeres y niños.
Organizaciones locales con ayuda internacional trabajan por la concienciación, por la defensa de las víctimas, la persecución legal de los delincuentes y por el endurecimiento de la ley. Sin embargo, su trabajo, tan necesario y nunca suficiente, se ve limitado por la magnitud del origen del problema y por lo difícil de su erradicación. El explicado aquí es un caso concreto pero su esquema tristemente se repite a lo largo y ancho de nuestro mundo.
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro
Lluis Ruiz-Gimenez06/06/2011
27 campesinos del norte de Guatemala fueron brutalmente asesinados en un enfrentamiento entre distintos cárteles del narcotráfico que pugnan por el control de la zona. Los narcotraficantes de Centroamérica: ¿cómo actuan, qué les hace realmente tan poderosos y qué se podría hacer para hacerles frente?
