07/03/2021 BARCELONA

La condena del juez Garzón: claves y significación

Baltasar Garzón ya no es juez. Además no podrá ejercer en los próximos 11 años. No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena puede tener consecuencias más graves que el final de su carrera...

El pasado jueves 9 de febrero, el ex juez Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo por ordenar las escuchas del “caso Gürtel”. Sin posibilidad de recurrir la sentencia, el juez no podrá ejercer la judicatura en los próximos 11 años y deberá pagar además una multa y los costes del juicio.

Asimismo, el ex juez también está imputado por haber intentado investigar el paradero de los más de 100.000 desaparecidos durante el franquismo. Ambos casos han sido recogidos con estupor por gran parte de la prensa internacional, al ser el ex juez objeto de una gran consideración y prestigio. Del mismo modo, se han subrayado sus posibles efectos negativos en la independencia de los jueces en España.

En este artículo analizamos las claves de estos dos casos y su significación para la independencia de la justicia.

El juez Garzón: celebridad internacional, incomodidad nacional

Baltasar Garzón ha sido denominado como un “juez incómodo” o “poco acomodaticio” por su trabajo como instructor desde la Audiencia Nacional española. Entre sus casos más célebres, están la lucha contra el narcotráfico, el caso de los GAL, la lucha contra el aparato financiero del grupo terrorista ETA, y más recientemente, su investigación de la trama de corrupción Gürtel y su intento de investigar los crímenes del franquismo.

Pero lo que convirtió a Baltasar Garzón en un personaje conocido internacionalmente fue la instrucción que culminó con la orden de extradición contra el dictador chileno Augusto Pinochet y su posterior detención en Londres en 1998. Este caso dio al juez fama de ser un héroe defensor de los derechos humanos, fama que se consolidó al lograr la condena del oficial argentino Adolfo Scilingo por el caso de los “vuelos de la muerte”.

El caso Pinochet. Augusto Pinochet fue detenido en Londres en 1998 tras una petición de extradición de España, consecuencia de la instrucción hecha por Garzón desde la Audiencia Nacional. El ex juez Garzón estaba actuando bajo el principio de jurisdicción universal, que sostiene que algunos crímenes son tan graves que puedan ser juzgados en cualquier lugar independientemente del lugar donde se cometieron los delitos. Tras año y medio de deliberación, la Cámara de los Lores negó la extradición a España a causa del frágil estado de salud del dictador.

El caso Scilingo. Adolfo Scilingo fue condenado en 2005 por el Tribunal Supremo a más de mil años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina. En concreto, Scilingo fue condenado por los denominados “vuelos de la muerte”, en los que miembros del Ejército hicieron desaparecer a opositores políticos lanzándolos al mar. La argumentación del Tribunal fue que estos crímenes pueden ser enjuiciados por ofender a la comunidad internacional, considerando nula cualquier ley que los ampare.

Baltasar Garzón ha puesto a España en la primera línea de los países que luchan contra la impunidad, dejando un importantísimo legado en la persecución de los crímenes más graves. Según el portavoz de Human Rights Watch Reed Brody, citado por la BBC, hechos del Juez como conseguir la detención de Pinochet o la condena de Scilingo han inspirado a las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente en América Latina, para lograr la derogación de leyes que otorgaban amnistía a los perpetradores.

Pero mientras el ex juez Garzón acaparaba atención y prestigio internacionales por estos hechos, también se ganó muchos enemigos. Algunos medios como The Guardian o la BBC han subrayado que la celebridad conseguida por estos casos ha podido incomodar a sus compañeros de oficio; a esto habría que añadir la irritación de grupos políticos de derecha y ultraderecha, molestos por su intento de investigar los crímenes contra el franquismo.

Los crímenes del franquismo: iniciar una investigación que viola la Ley de Amnistía

En octubre de 2008, el Juez Garzón inició una investigación  sobre los presuntos “crímenes contra la humanidad” cometidos durante la dictadura del General Franco. En concreto, el objetivo de su investigación era indagar en la desaparición de más de cien mil desaparecidos durante la guerra civil (1936 -39) y la dictadura de Franco (1939-1975). Finalmente, la Audiencia Nacional no siguió adelante con este caso, al considerar (por 14 votos contra 3) que la Audiencia no era competente para juzgar esos crímenes.

A pesar de ello,  dos asociaciones de extrema derecha, Manos Limpias y Falange Española presentaron en marzo de 2009 una querella en el Tribunal Supremo por prevaricación contra el que era juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Se le acusaba de haber violado a sabiendas la Ley de Amnistía de 1977. El ex juez está por tanto acusado de “exceder su autoridad” al pretender investigar estos crímenes, cuya investigación estaría blindada por la mencionada ley de amnistía.

No obstante, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado reiteradamente la ilegalidad de este tipo de leyes, al violar normas imperativas del derecho internacional, y la obligación que tienen los Estados de derogarlas. En este sentido, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, ha dicho que: “es lamentable que el Juez Garzón pudiese ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos”,

Desde que comenzó la vista oral el pasado 24 de enero, este juicio ha estado envuelto en la polémica. En efecto, el propio fiscal ha descalificado la instrucción realizada contra el ex juez y ha denunciado la violación de su derecho de defensa. No obstante, el Tribunal Supremo se ha negado a sobreseer la causa. Y el veredicto puede tardar semanas.

El caso Gürtel: la grabación de conversación entre abogados y sus clientes

El “caso Gürtel” hace alusión a una investigación en curso sobre una trama de corrupción en la que empresarios, en particular Francisco Correa y Pablo Crespo, fueron acusados de sobornar a políticos del Partido Popular a cambio de contratos en los gobiernos regionales de Valencia y Madrid.

Ayer 9 de febrero, el ex juez Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar las escuchas de conversaciones entre sospechosos encarcelados (Francisco Correa y Pablo Crespo) y sus abogados. Esto violaría según la sentencia el derecho de defensa, que incluye la inviolabilidad de las conversaciones entre un abogado y su cliente.

No obstante, la durísima sentencia del Tribunal Supremo ha generado una intensa polémica. En efecto, el fiscal del Tribunal Supremo Antolín Herrero defendió la legalidad de la actuación del juez Baltasar Garzón al intervenir las conversaciones, sosteniendo que “su actuación fue proporcionada a la gravedad de los delitos”. Según él, Garzón no vulneró la ley, sino que hizo uso del margen de interpretación que da la misma en estos casos.

En lo que respecta a las escuchas, la ley española es muy clara en los casos de terrorismo, pero bastante vaga en el resto de supuestos, lo que implica que el juez tiene un amplio margen de interpretación. En consecuencia, los fiscales del Estado han apoyado a Garzón, al sostener que en otros casos jueces habían ordenado escuchas en condiciones similares sin haber sido perseguidos por ello.

Opiniones contrarias a la sentencia: Carlos Jiménez Villarejo

En un video en TV3, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo sostenía que una sentencia de este tipo no tendría precedente en la justicia española. Por el contrario, sostiene el ex fiscal, hay sentencias del Tribunal Supremo que han reconocido que el derecho derivado del derecho de defensa a las comunicaciones secretas entre un cliente y su abogado puede admitir excepciones, en el caso de delitos muy graves o cuando se aprecia que podría haber una implicación de los abogados en la trama en cuestión, puesto que éstos a menudo juegan un papel muy importante en el blanqueo de capitales.

Además, según sus declaraciones, nunca una interpretación de un texto legal que admite numerosas interpretaciones puede constituir un delito de prevaricación. Si en el curso de un proceso se considera que las escuchas no se ajustan a la legalidad, lo normal es desestimar las escuchas y no aceptarlas como prueba en el juicio, nunca perseguir al juez instructor.

http://www.tv3.cat/videos/3918310

En la comunidad internacional se han escuchado varias voces que discuten la sentencia y advierten de sus consecuencias. El New York Times por ejemplo cita al profesor de Derecho internacional Philippe Sands, quien expresó su preocupación diciendo: “La  sanción de una posible violación de la ética o una mala conducta atañe a las organizaciones profesionales. Utilizar el sistema de justicia penal en un juez de instrucción es un error (…), es como utilizar un martillo para cascar una nuez. Es casi único en Europa”.

Sobre la independencia de la justicia…

Aunque el caso de las investigaciones por los crímenes del franquismo todavía sigue abierto, la sentencia del caso Gürtel ha puesto irremediablemente fin a la carrera judicial de Baltasar Garzón. Pero este fallo del Tribunal Supremo puede tener consecuencias todavía más graves que truncar la carrera del ex juez.

Por una parte, esta sentencia puede sentar un peligroso precedente que dificulte las futuras investigaciones contra la corrupción, puesto que otros jueces pueden inhibirse de actuar en situaciones dónde la ley no sea clara. En efecto, el periódico inglés The Guardian comentaba -no sin cierta ironía- la paradoja de que la multa que deberá pagar el juez Garzón irá a parar a las cuentas de los imputados del caso Gürtel. Destacable es  además el hecho de que Garzón haya sido juzgado, mientras los supuestos corruptos que él investigaba todavía no lo hayan sido.

Por otra parte, y mucho más grave, esta sentencia pone en jaque la independencia de la justicia, un pilar fundamental del Estado de Derecho. La coincidencia de varios procesos contra el juez (tres si contamos con el caso de las conferencias en Nueva York[1]), precisamente después de revolver un episodio tan oscuro del pasado español como los crímenes del franquismo y de intentar desentrañar una trama de corrupción vinculada al partido ahora en el gobierno, sugiere la posibilidad de que haya una motivación política detrás de estos procesos. La dureza de las sentencia (según algunos redactada para terminar la carrera del juez) y el hecho de que no tenga ningún precedente, refuerza sin duda este argumento.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro


[1] El juez está imputado en un tercer supuesto por supuestamente retirar una investigación sobre el Banco Santander, después de haber recibido pagos por un curso patrocinado por el banco realizado en Nueva York.

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Ana G. Juanatey

Después de estudiar Ciencias Políticas y especializarme en Relaciones Internacionales, me mudé desde Galicia a Barcelona donde vivo desde hace 7 años. Actualmente escribo mi tesis sobre el derecho a la alimentación y trabajo en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Mis áreas de interés principales son los derechos humanos como herramienta emancipadora, la seguridad alimentaria y los procesos de democratización. No obstante -dispersa por naturaleza- me apasionan temas tan variopintos como las novelas de espías, las series de TV, los juegos de mesa, la cocina y los documentales.


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