A principios del pasado mes de febrero, la ciudad industrial de Tuzla, una de las más habitadas de Bosnia y Herzegovina, fue testigo de la erupción de la movilización ciudadana más significativa que ha tenido lugar en el país desde la guerra (1992-1995). El desencadenante del movimiento radica en la declaración en quiebra de cuatro empresas que daban empleo a gran parte de la población de la ciudad. Anteriormente de titularidad pública, las empresas fueron privatizadas durante la pasada década.
Con rapidez, las protestas empezaron a reproducirse en otras ciudades de Bosnia y Herzegovina, incluyendo su capital, Sarajevo. El foco de la indignación, más allá de la problemática situación que sufren los trabajadores de Tuzla, se sitúa en los altos niveles de corrupción, el desempleo desbocado (que bordea el 40%) y el permanente obstruccionismo que define a la política en el país. Para comprender el origen de estos y muchos otros males, cabe remontarse al año 1995, en el que se forjó la Constitución de Bosnia y Herzegovina, incluida en el acuerdo de paz de Dayton.
La exclusión como fundamento
La Constitución de Bosnia y Herzegovina, que no ha sido objeto más que de una pequeña enmienda desde que entró en vigor, se redactó respondiendo a las lógicas y dinámicas propias de los tiempos de guerra. Sus características formales son ya de por sí reveladoras: se incluyó como un anexo en el acuerdo de paz de Dayton (llamado así porque se negoció en una base militar cercana a Dayton, en el estado americano de Ohio), fue escrita en inglés (siendo el único caso de una Constitución que no ha sido publicada en ninguna de las lenguas oficiales del país en cuestión) y no fue votada por la ciudadanía ni sometida a ratificación parlamentaria. La Constitución cumplió la nada desdeñable función de poner fin a las cruentas hostilidades en la antigua república yugoslava, pero a su falta de legitimidad democrática se le suma su incapacidad de cimentar un estado igualitario, estable y próspero.
Centrémonos en la protección de los Derechos Humanos. Bosnia y Herzegovina cuenta con tres grupos étnicos mayoritarios: los bosniacos (de tradición musulmana), los serbobosnios (de tradición ortodoxa) y los bosniocroatas (de tradición católica). Estos grupos están reconocidos por la Constitución como “constituyentes”, mientras que todo individuo que rechaza declararse como miembro de dichos colectivos pasa a formar parte de la laxa categoría conocida como “los otros”. La Constitución establece una presidencia tripartita formada por un miembro de cada uno de los grupos constituyentes, así como una asamblea legislativa bicameral, con una cámara alta en la que se aplica un estricto sistema de cuotas. Ambas instituciones privan por completo a “los otros” de la oportunidad de ser elegidos.
En 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó que tales provisiones de la Constitución de Bosnia y Herzegovina vulneran la Convención Europea de Derechos Humanos. El avance de Bosnia y Herzegovina en su proceso de acceso a la Unión Europea quedó condicionado a la aplicación de la sentencia, pero todos los intentos de alcanzar un acuerdo del que surja un sistema electoral satisfactorio han sido hasta ahora en vano.
Un país con síntomas de congelación
El punto muerto al que parece haberse llegado en esta cuestión es una clara muestra de la realidad política imperante en Bosnia y Herzegovina, profundamente enraizada en su marco constitucional, que propició la consolidación de una clase dirigente oligárquica, corrupta y sumamente populista. La Constitución creó una fórmula de reparto de poder entre los tres grupos constituyentes muy escrupulosa, garantizando su derecho a veto tanto en la presidencia como en la cámara alta. En la práctica, esto ha dado pie a un continuo bloqueo del proceso de toma de decisiones y ha fomentado la división entre los diferentes grupos étnicos. A pesar de que la guerra se ha ido dejando atrás, los discursos nacionalistas siguen a la orden del día y en los últimos años han experimentado un auge. Una de las dos entidades en las que se divide Bosnia y Herzegovina, la llamada “República Srpska” (de mayoría serbobosnia y con un 49% del territorio del estado) amenaza incluso con la secesión de la mano de su presidente, Milorad Dodik.
Los problemas de funcionalidad de Bosnia y Herzegovina pasan asimismo por la ausencia de un estado central lo suficientemente fuerte. Resulta llamativo que en uno de los países más rurales de Europa ni tan solo exista un Ministerio de Agricultura a nivel estatal, distribuyéndose las competencias en la materia de modo excesivamente descentralizado. La Constitución tampoco previó el establecimiento de una corte suprema de justicia de Bosnia y Herzegovina, cuya creación aseguraría cierto grado de armonización en el terreno jurídico.
En la otra entidad, que recibe el nombre de “Federación de Bosnia y Herzegovina”, se pone especialmente de manifiesto la fragmentación extrema que caracteriza al país. Según determina su propia Constitución, la Federación se subdivide en diez cantones, con sus correspondientes municipalidades. Esta organización territorial ha generado un aparato administrativo laberíntico y de dimensiones desproporcionadas, con un total de 150 posiciones ministeriales en el conjunto del estado (cabe apuntar que Bosnia y Herzegovina cuenta únicamente con 3,8 millones de habitantes). El consiguiente anquilosamiento burocrático ha suscitado cierta arbitrariedad en la relación entre los ciudadanos y la administración, con lo que no es de extrañar la existencia de un clientelismo ostensible, que impide la igualdad de oportunidades y desincentiva la inversión local y extranjera, evitando el despegue de la economía.
Urge un impulso
Las protestas que se vienen produciendo desde hace un mes representan una novedad, puesto que se están desarrollando paralelamente en diferentes ciudades, incluso en la República Srpska, si bien es cierto que en dicha entidad han sido esporádicas y minoritarias. Además, los manifestantes han puesto su punto de mira en la clase política en general, forzando dimisiones y resistiéndose a la manipulación mediática que se ha puesto en marcha desde las esferas nacionalistas de poder.
Está previsto que en octubre de este mismo año tengan lugar elecciones presidenciales y legislativas, y quedan muchas incógnitas por despejar que marcarán el devenir del país. ¿Cuál puede ser el efecto electoral de estas protestas, particularmente si tienen continuidad? ¿Será capaz Bosnia y Herzegovina de reformar su Constitución para implementar la mencionada sentencia del Tribunal de Estrasburgo antes de las elecciones? Si no fuese así y asumiendo que se llevarían a cabo de todos modos, ¿qué papel decidiría jugar la comunidad internacional? Y, finalmente, ¿abrirá la puerta la sentencia de Estrasburgo, junto con las movilizaciones ciudadanas, a un proceso de reforma constitucional más profundo y, como hemos visto, absolutamente necesario?
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