La política australiana de refugiados: ¿un modelo a seguir?

Centro de detención de la Isla de Manus [Foto: DIAC images vía WikimediaCommons].

“We will decide who comes to this country and the circumstances in which they come”.

John Howard tras ser escogido Primer Ministro australiano (2001)

A menudo, lo que pasa al otro lado del mundo, o bien queda fuera de nuestro alcance informativo o queda relegado a un segundo plano, al que difícilmente prestamos atención. Pero tal y como afirmaba Antony Loewenstein el pasado 18 de enero en The Guardian, las políticas australianas acerca de la llegada de refugiados son justamente estudiadas por los gobiernos europeos. Y no es precisamente porque sean admiradas por cumplir los estándares en DD.HH o por respetar la Convención 28/7 de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

Según apunta Loewenstein, los aspectos en que más se han fijado los países europeos han sido por un lado, la existencia de centros de ‘detención obligatoria’ –mandatory detention-, así como en la gestión de éstos por parte de entes privados. Del otro, el retorno de los demandantes de asilo al país desde donde llegaron. Pero antes de entrar en materia, hace falta ponerse en contexto.

Según la Convención 28/7 de 1951, un migrante es aquella persona que decide abandonar su país por motivos relacionados con el trabajo, la reunificación familiar o los estudios. Esta persona sigue bajo la protección de su gobierno aunque esté en territorio extranjero.

Por el contrario, los refugiados son aquellas personas que se ven forzadas a huir de su país por inseguridad y/o persecución, por pertenecer a una raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. Un nuevo país, el cual los ha aceptado como refugiados, les provee la seguridad y protección de la que estaban faltados.

El solicitante de asilo, por su lado, es aquella persona que emigra a un país y pide ser considerada como refugiada cuya situación está aún pendiente de resolución. Tiene el beneficio de ser considerada como refugiada hasta que no se demuestre lo contrario, lo que debe ser aprobado por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados (ACNUR) o el gobierno del país receptor. En ningún caso es ilegal, en derecho internacional, emigrar a un país bajo este pretexto.

En cifras absolutas, Australia es el 50º país que más refugiados recibe, pero paradójicamente el 3º que más refugiados reasienta en propio territorio. En cuanto a solicitantes de asilo, Australia es el 20º país que más recibe y el 28º que más acepta. Con una población actual de 24 millones de personas, Australia acogió durante el período 1901-2010 un total de 786.000 refugiados. ¿Pero cuál es la política que hay detrás de los datos?

Australia, país de migrantes

Australia es una Federación de estados muy jóvenes, cuya unificación data de 1901. Decimos jóvenes porque en aquel entonces no hacía ni 125 años de la invasión británica (1788) y la concepción territorial aborigen se encontraba (y se encuentra) en una lógica fuera de comparación con la occidental. Un territorio virgen de explotación de recursos y que quería (re)construirse obviando y exterminando el pasado: un escenario propicio para la emigración. En 2011, se estimaba que tan sólo el 3% de la población australiana era aborigen.

Pero cuando se trata de decidir quién puede entrar en el país, siempre han existido discriminaciones. Ya en la Immigration Restriction Act de 1901, ley que conformaría la piedra angular de la conocida como White Australian Policy (WPA), se discriminaba la preferencia hacia los migrantes ingleses y blancos (del nordeste de Europa). A lo largo del siglo XX, la WPA siguió vigente, pero las restricciones se fueron suavizando, acogiendo primero a 170.000 personas liberadas de los campos de concentración y exterminio nazis y, posteriormente, recibiendo a refugiados políticos del centro y este de Europa durante la Guerra Fría.

Pero el mayor cambio tuvo lugar en 1975 cuando, debido a la llegada por mar de 2.000 vietnamitas a tierras australianas y 100.000 en total a los países cercanos, el gobierno decidió poner fin a la WPA. Los no occidentales/europeos pasaron también a ser recibidos, y Australia hizo por primera vez un gran esfuerzo a la hora de reasentarlos, pues fue quien coordinó la acción regional.

Bandera enarbolada en los hechos de Lambing Flat (1861), en uno de los episodios más conocidos de enfrentamientos entre colonos europeos y otra etnia (en este caso, chinos). Esta serie de episodios acabaron propiciando el establecimiento de la White Australian Policy [Foto vía WikimediaCommons].

Bandera enarbolada en los hechos de Lambing Flat (1861), en uno de los episodios más conocidos de enfrentamientos entre colonos europeos y otra etnia (en este caso, chinos). Esta serie de episodios acabaron propiciando el establecimiento de la White Australian Policy [Foto vía WikimediaCommons].

Pero 14 años más tarde, en respuesta a otra ola migratoria -en este caso, china- se aprobó la Migration Legislation Amendment Act, cuyo objetivo era disuadir de futuribles nuevas entradas. Las llegadas en territorio australiano pasaron a ser consideradas ilegales y, en la misma línea, en 1992 se empezaron a realizar las primeras ‘detenciones obligatorias’ mientras se verificaba la autenticidad de la solicitud de asilo. Australia se convirtió entonces en el primer país considerado democrático que realizó este tipo de acciones, violando así los acuerdos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Unas acciones que conforman el eje de las actuales políticas acerca de la migración.

Disuadir llegadas en barco: Pacific Solution y turnbacks

En 2001, después del conocido como Tampa Affair, Australia decide poner en marcha la Pacific Solution. Este plan (2001-07; 2012-13) consistió en tres ejes: limitar las zonas migratorias australianas; evitar la entrada de barcos con inmigrantes en aguas australianas mediante fragatas de la marina; y complementar la oferta existente con la apertura de dos campos de detención de inmigrantes en las islas de Manus (Papúa Nueva Guinea) y Nauru, los que se conocen como Offshore Detention Centres.

En 2007, la llegada al gobierno del Partido Laborista (que había dado apoyo hasta entonces a la política del Partido Liberal) supuso el cierre de Nauru y Manus y se marcó como objetivo resolver todas las peticiones de asilo en 3 meses. Asimismo, se decidió subvencionar los países de donde provenían los barcos cargados de inmigrantes (Indonesia, básicamente) con dinero destinado a la lucha contra las que fueron señaladas como mafias contrabandistas de personas. Pero en 2012, una nueva escalada en número de llegadas por mar propició un giro del gobierno y el retorno a la Pacific Solution y la reapertura de los campos.

Dentro de este cambio también podemos considerar el Regional Settlement Agreement con Papúa Nueva Guinea donde, a cambio de subvenciones económicas al país receptor, los demandantes de asilo que así lo desean, pueden quedarse a vivir en Papúa Nueva Guinea bajo la condición de que no vuelvan a intentar entrar en Australia. Cuando el Partido Laborista volvió al poder, como no es de extrañar, la política siguió la misma línea e incluso se endureció bajo una promesa de tolerancia 0 por parte del Primer Ministro Tony Abbott.

Fragmento de una campaña correspondiente a la Operation Sovereign Borders [Foto: Australian Government vía WikimediaCommons].

Fragmento de una campaña correspondiente a la Operation Sovereign Borders [Foto: Australian Government vía WikimediaCommons].

Con la llegada del nuevo gobierno, la Operation Sovereign Borders (OSB) sucedió a la Pacific Solution. Legislada en la misma línea, el cambio más significativo es que, además de interceptar barcos en alta mar, las fragatas del ejército devuelven estas al punto de partida. Este acto, conocido como pushback o turnback, es llevado a cabo en condiciones seguras y con el objetivo de salvar vidas, según fuentes oficiales.

Pero Amnistía Internacional ha conseguido probar, al menos, 2 casos de turnbacks donde se han cometido crímenes transnacionales y violaciones de los DD.HH y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, casos que no se estiman como aislados. Concretamente, la organización, de un lado, acusa al gobierno australiano de complicidad con los contrabandistas; del otro, denuncia la violación del derecho de no devolución y del derecho a la no expulsión colectiva. Todo bajo una praxis de detención ilegal, desatención médica y casos de uso excesivo de la fuerza.

Delante de las protestas de los colectivos pro DD.HH, el gobierno incrementa el secretismo de las actuaciones y mantiene un discurso en el que, de un lado, se defienden las actuaciones como salvadoras de vidas de los inmigrantes y, del otro, se los criminaliza. Con una retórica continua desde principios de siglo, se acusa a los solicitantes de asilo de inmigrantes ilegales, de ‘saltadores de la cola’ a la hora de solicitar asilo o de inmigrantes económicos y, en contadas ocasiones, de potenciales terroristas.

Si, a pesar de todo, los demandantes de asilo han conseguido que la administración australiana estudie su posible condición de refugiados, serán trasladados a las mencionadas Nauru y Manus, donde vivirán mientras esperan un veredicto. El hecho de que aproximadamente un 90% de los solicitantes de asilo sean probados como refugiados o que las llegadas en barco supongan tan sólo un 4% ante un 96% de los solicitantes de asilo que lo hacen en avión, no parece que detenga la política de criminalización hacia los primeros.

Centros de detención: trato inhumano en Nauru y Manus

Como ya hemos mencionado, Australia fue el primer país en detener inmigrantes en demanda de asilo. El trato que cada solicitante recibe varía según el caso, así como lo hacen las condiciones en las que tiene que vivir mientras se determina si es aceptado como refugiado. Encontramos un primer grupo, el más numeroso: 28.705 personas, que viven en comunidad gracias a un visado temporal (la Bridging Visa E) a la espera de  que se solucione su estatus o mientras preparan su salida del país.

Existe un segundo grupo de 3.832 personas que viven encerradas tras rejas repartidas entre diferentes centros de detención, emplazados dentro de Australia y en las mencionadas islas de Nauru y Manus. A su vez, los centros de detención se pueden dividir en tres categorías: Centros de detención de inmigrantes (1.807 personas); Centros de Detención Comunitaria (625 personas); y los ya mencionados Centros Regionales de Procesamiento de Nauru y Manus (1.400 personas), que acogen a los que llegan por mar.

La diferencia entre la tipología de centros radica en el riesgo de inseguridad que el gobierno cree que los detenidos pueden causar a la población, así como del consiguiente grado de autonomía del que disfrutan. La mayoría de centros son de gestión privada (a menudo criticada por velar más por los beneficios económicos que por la salud de los detenidos) y, en el caso de Nauru y Manus, fuera del alcance de la ley australiana.

En estos dos últimos casos, además, las organizaciones en defensa de los solicitantes de asilo, así como la Refugee Action Coalition, argumentan que su objetivo es negar a los solicitantes de asilo un apoyo legal adecuado, servicios médicos y presencia y contacto con la sociedad australiana, a la vez que denuncian las duras condiciones de vida, también probadas por la ACNUR.

Ambas islas tienen clima tropical y las condiciones de las instalaciones son precarias. De Nauru se critica también la inseguridad que padecen los habitantes del centro. Desde finales de 2014 fueron detectados casos de robos, violaciones (20 durante 2015) y agresiones entre los mismos refugiados o de la población local, episodios que también afectan a los niños y a las niñas en forma de acoso escolar y que no son castigados por las autoridades locales ni por el gobierno australiano.

Las denuncias en Manus se centran más en las condiciones higiénicas y sanitarias. No está fuera de lo habitual contraer infecciones (se estima que 1/6 parte de los detenidos han contraído la malaria) y las atenciones médicas están lejos de cumplir con los estándares humanitarios. De hecho, una persona murió en el año 2014 debido a las complicaciones de una enfermedad cutánea negligentemente tratada. Así como también ha pasado en Nauru, en el centro ha habido episodios de protestas, una de las cuales acabó con un solicitante de asilo muerto y 62 heridos.

Un 58% de los detenidos lleva más de dos años viviendo en diferentes centros, muchos moralmente abatidos, mientras solicitantes de asilo ya reconocidos como refugiados, aún esperan y claman en vano ser reasentados. Huelgas de hambre, autolesiones y hasta demandas de suicidio asistido, así como graves repercusiones perdurables en la salud mental de los solicitantes de asilo son las consecuencias de estos hechos. Una situación aún más indeseable para los 68 niños y niñas (de un total de 435) que se encuentran actualmente bajo este régimen.

Detenidos en el Centro Regional de Procesamiento de Nauru [Foto vía Indymedia].

Detenidos en el Centro Regional de Procesamiento de Nauru [Foto vía Indymedia].

El día 26 de abril de 2016, el Tribunal Constitucional de Papúa Nueva Guinea declaró inconstitucional el campo de Manus y, consecuentmente, el Primer Ministro Peter O’Neill anunció su inminente cierre. Para empezar, Peter Duton, Ministro de Inmigración australiano, no ha tardado en dejar claro que la política del gobierno seguirá siendo la misma, así como ha rechazado hacerse cargo de las aproximadamente 850 personas destinadas al campo (la mitad de las cuales ya tienen el estatus de refugiado reconocido). Qué será de su futuro es, por ahora, una incertidumbre. Las negociaciones entre los dos países para pactar una solución común seguirán los próximos días y queda por ver si Australia se mantiene firme en su política. Mientras tanto, lo que parece más certero es un incremento de la incertidumbre e inseguridad, legal y física, de los detenidos.

Futuro: ¿insistir o cambiar?

Con todo, Australia realiza un gran esfuerzo económico para mantener este sistema. Mantener Nauru y Manus costó durante el ejercicio 2014-2015 unos 814 millones de euros al gobierno, o lo que es lo mismo, unos 270.000€ por cada detenido en estos centros. Esto sin contar los gastos en vigilancia marítima. El coste anual de mantener un solicitante de asilo en un Centro de Detención en Australia es de unos 160.000€, mientras que bajo la Bridging Visa E supone, a su vez, unos 8.000€.

Organizaciones como el Asylum Seeker Resource Centre piden que los esfuerzos económicos se centren en desarrollar una política regional común, actuando en los países desde donde provienen los refugiados y garantizándoles, una vez en Australia, el derecho de trabajo y que se les permita vivir integrados en la sociedad mientras esperan que se resuelva su caso. Estas medidas, defienden, no sólo evitarían muertes en el mar sino que supondrían un gasto económico mucho menor.

Aún así, el gobierno sigue abogando por mantener una tolerancia cero. Peter Duton, se felicita por el éxito de la OSB y el anterior Primer Ministro llegó a manifestar sentirse cansado de ser aleccionado por las Naciones Unidas cuando esta institución acusó al país de violar sistemáticamente la Convención contra la tortura.

Dejando de lado el debate sobre si los detenidos son utilizados como rehenes para disuadir solicitudes de asilo o si los detenidos padecen discriminación racial, lo que no parece deseable es que la UE estudie copiar los modos. Por el momento, el primer caso de turnback a gran escala ya está siendo efectuado y las primeras vallas ya han sido levantadas.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.



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