Terremoto social en Chile: crisis en el modelo mercantilista de la educación

¡Que vivan los estudiantes,

jardín de las alegrías!
Son aves que no se asustan
de animal ni policía,
y no le asustan las balas
ni el ladrar de la jauría.

“Me gustan los estudiantes” (1965)

Violeta Parra

La privatización de la educación chilena en la década del 80’ ha acarreado en los últimos meses la sublevación de numerosos sectores estudiantiles universitarios y secundarios en pugna por un nuevo sistema educativo democrático, público y de calidad. Aquí se esbozan las principales características para una sencilla comprensión del conflicto.

Antecedentes: allá por el régimen dictatorial

A fin de encontrar las raíces del conflicto educativo que actualmente compromete a la sociedad chilena se debe cavar hasta décadas anteriores, más específicamente hasta marzo de 1990, momento en que se promulga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza bajo el mandato del dictador Augusto Pinochet.  Esta herramienta legal, mejor conocida como la Ley LOCE[[i]], reclamaba la existencia de ciertos requisitos mínimos para la creación de instituciones educativas, reguladas por el Estado. Ahora bien, recordemos que, y haciendo honor a las palabras de Adam Smith como al tradicionalismo liberal económico, cubierto en estas épocas bajo el manto del neoliberalismo, donde hay libertad de empresa, el Estado no debe inmiscuirse. Este caso no fue la excepción: de aquí en más, las políticas educativas del régimen militar permitieron la apertura del sistema educativo a los mercados e instituciones empresariales. De este modo, las prácticas formativas medias y superiores entendidas como derechos ciudadanos se transforman en fuentes efectivas de lucro económico para unos pocos. [[ii]]

Los conglomerados estudiantiles, en el año 2006, produjeron severas manifestaciones, paros, movilizaciones, tomas de colegios y universidades con demandas tales como: derogación de la legislación pinochetista vigente; finalización de la municipalización de la enseñanza –que, impuesta desde 1981, impulsaba la privatización educativa al reducir al Ministerio de Educación a tareas normativas básicas-; conseguir la gratuidad de la PSU (Prueba de Selección Universitaria), entre otros. Estos acontecimientos se llevaron a cabo en los meses de abril y junio, en el marco del ascenso a la presidencia de la militante socialista Michelle Bachellet. Como resultado de las presiones populares y estudiantiles para la reforma del sistema educativo, se dictaminó el reemplazo de la Ley LOCE por la Ley de General Educación [[iii]] en 2009, la cual siguió siendo cuestionada al no modificar sustancialmente el núcleo del sistema educacional. Este proceso de movilizaciones, denominado la Revolución de los Pingüinos, se presentó como el preámbulo de las manifestaciones posteriores, sembrando de este modo las semillas de una lucha estudiantil que terminarían de germinar a comienzos del año 2011.

 2011, el año del quiebre

 Si las movilizaciones del 2006 habían obligado a la dirigencia política chilena a reconsiderar las medidas educativas que se venían dando años anteriores, desde mayo del año vigente las gotas rebasan el vaso, y esta vez el que necesita un salvavidas es el empresario multimillonario Sebastián Piñera.

El programa de demandas que ha elaborado la CONFECH (Federación de Estudiantes de Chile, organización que aúna a las federaciones universitarias chilenas) se rige por tres ejes elementales: 1) Acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula; 2) Aumentar el financiamiento público en Educación Superior como porcentaje del PIB; y 3) Democratización del sistema de educación superior. [[iv]]

Lo particular que tiñe a estas movilizaciones estudiantiles es la masividad de las mismas. Por primera vez en la historia del movimiento estudiantil chileno, se ha logrado congregar la acción de las universidades privadas, los CFT (Centros de Formación Técnica), los IP (Institutos Profesionales) y por supuesto, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, quien se presenta como el organismo cardinal del movimiento. Los dirigentes que han tomado la voz de los reclamos han sido Camila Vallejo, presidente del FECh (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile) y Giorgio Jackson, presidente del FEUC (Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile).

 Mas allá de las reivindicaciones especificas que los estudiantes demandan al Estado en su programa, la lucha estudiantil que se está llevando a cabo persigue una forma nueva de concebir la educación en el país. “Mas Estado, menos mercado” es una de las frases mas recurrentes del momento y bandera de las exigencias de los jóvenes. Pensar la educación no como un servicio sino como un derecho es un modo de pensar el aparato educativo como un lugar de acceso para todos y no sólo para aquellos que pueden pagarlo. El fetichismo de la mercancía ha llegado en Chile al área de la educación, y lo que pretende este movimiento es desmembrarlo y transformar las bases que caracterizan su funcionamiento privatista y de élite.

Se puede apreciar en los dichos del presidente Piñera la oposición a las ideas populares: “requerimos en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: es un bien de consumo” [[v]]. No resulta sorprendente que un mandatario de trayectoria empresarial entienda a la educación mas bien como un intercambio entre proveedor-consumidor que como profesor-estudiante. Asimismo, resulta significativo la declaración que el Ministro de Educación Joaquín Lavín realizó en el programa televisivo Tolerancia Cero, al confirmar que si bien el “espíritu de sin fin de lucro en la universidad se respeta” afirma que recuperó el dinero que había invertido en el negocio universitario. [[vi]] Esto le costó al ministro su destitución, asumiendo en su reemplazo el 18 de julio Felipe Bulnes. [[vii]]

La propuesta oficialista, dictada el 5 de julio con los planes de GANE [[viii]] y FE con el fin de poner paños fríos a las movilizaciones, fue rechazada por la CONFECH. En ningún momento los mismos hacían referencia a la estatización de la educación. Es así que la CONFECH declaró que “la propuesta del gobierno no es más que continuidad del modelo ya existente que, aún más ideologizada, profundiza un sistema que favorece la exclusión y segregación social, el endeudamiento de las familias y la ausencia de un proyecto de desarrollo nacional”. [[ix]]

Marcel Claude, economista y docente universitario, ha expresado en una entrevista de CNN Chile que es necesario “cambiar el eje central sobre el cual se construye la visión de la educación pública” y que “Chile es el único país en el planeta que privilegia la libertad de empresa por sobre el derecho a la educación”. Asimismo, Claude sostiene que “la educación pública financiada por el Estado se hace en Argentina, México, Finlandia, que son países capitalistas que han entendido que el derecho a la educación prima por sobre la libertad de empresa”[[x]].

Incidencias en la sociedad civil

El endeudamiento familiar por mandar a sus hijos a las universidades y escuelas, la desigualdad de oportunidades, la privatización de un derecho elemental como es la educación y con ello, el afán de lucro del capital son los principales componentes de un reclamo mucho más significativo y substancial: un “Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles”[[xi]]. Ahora bien, ¿cómo responde el Estado chileno frente a semejantes demandas populares? A través de la represión de las movilizaciones por parte de los Carabineros, obligando a numerosos jóvenes de 15 o 16 años a iniciar huelgas de hambre en sus colegios [[xii]], o simplemente mediante el ninguneo, la criminalización de la protesta, junto a la complicidad de los medios de comunicación masivos [[xiii]]. La imputación a determinados sectores sociales y estudiantiles, tan fundamentales en el funcionamiento de nuestras sociedades contemporáneas, de su agresividad cuasi inherente, de acudir a la violencia o de “enfrentarse” con los aparatos represivos estatales permite dilucidar cómo se construye una imagen distorsionada de lo real. La descontextualización como herramienta fundamental, las filmaciones unilaterales de hechos violentos en las marchas, el desinterés en averiguar qué sucede verdaderamente, la falta de tolerancia hacia reivindicaciones sociales legítimas (mediante marchas donde llegaron a movilizarse más de 200.000 personas [[xiv]]) constituyen los principales elementosque buscan desconocer las auténticas raíces de las protestas.

No obstante, fue el día jueves 25 de agosto cuando la bomba de tiempo finalmente estalló: en Macul, comuna ubicada al sur de Santiago, cayó asesinado en medio de una movilización Manuel Gutiérrez Reinoso, de tan sólo 16 años. Luego de varios días en los cuales Carabineros buscó despegarse totalmente del hecho, el sargento Miguel Millacura admitió su responsabilidad de haber disparado contra los manifestantes esa noche.[xv] Las declaraciones del agente cayeron como un baldazo de agua fría para la institución policial y el aparato ejecutivo.

En este sentido, resulta imperativo preguntarse a uno mismo si se está de acuerdo con el desmantelamiento educativo de un país entero en contraposición a la ganancia de reducidos sectores dominantes; si se está de acuerdo con la privatización de lo público como método típicamente neoliberal de desregulación en detrimento del acceso igualitario; si se está de acuerdo con el mantenimiento de estructuras educativas propias de un régimen militar que garantizan la exclusión social o si se está de acuerdo con la profundización de un modelo económico-educativo que enajena de la educación su principio humano.

Hoy más que nunca, y como diría Parra, que vivan los estudiantes, “que rugen como los vientos cuando les meten a los oídos sotanas o regimientos”.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro