06/06/2020 BARCELONA

“Baby Doc no es una canción de rock”, o de la impunidad en Haití

El pasado 18 de enero llegó a Haití Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc -antiguo dictador de Haití- para “ayudar” a su país. Entró esperando ser acogido con los brazos abiertos por una población defraudada por la ONU y golpeada por las desgracias del último año. ¿Seguirá teniendo impunidad?

Tras 25 años de exilio regresa a Haití para “ayudar” a su país

Baby Doc ya no es tan baby (y quizá nunca lo fue), pero parece que le siguen gustando los juguetes y los juegos caros.

Este 18 de enero llegó a Haití, tras 25 años de exilio en la cómoda Costa Azul y otros parajes franceses, para “ayudar” a su país. Entró con pasaporte diplomático, en un vuelo Air France (de esos en los que te sirven rico champagne), y puso los pies en el castigado Haití, con la esperanza de ser acogido con los brazos abiertos por una población defraudada por las Naciones Unidas y golpeada por la serie de desgracias del último año. Debió pensar que podría convertirse en el nuevo héroe, ya que al menos él no trae el cólera de fuera, pero ¿queda aún algo de la cólera desatada bajo su régimen?

Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, sucedió a su padre, el dictador François Duvalier, cuando tenía 19 años. Gobernó en Haití entre 1971 y 1986, repitiendo lo que papá le había enseñado en cuanto a robos, torturas y asesinatos se refiere. Se estima que durante los 30 años de ambas dictaduras ordenaron la muerte de unas 60.000 personas opositoras al régimen y provocaron la huida en exilio de millares de haitianos a países como Canadá, Francia, Estados Unidos y República Dominicana. Detenciones arbitrarias, violaciones, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales… Además de la fuerte represión de los partidos políticos, los sindicatos, la prensa, la libertad de asociación, todo ello apoyados por la creación de múltiples instituciones militares y paramilitares, entre las que estaba la sanguinaria institución paramilitar conocida como “Tonton Macoutes”. Tras fuertes revueltas populares en febrero de 1986 se vio obligado a huir del país en un avión estadounidense, que debía tener una amplia bodega, pues pudo transportar una fortuna evaluada en 900 millones de dólares extraída de las cajas del Estado, una suma mayor a la deuda externa del país en aquel momento[1].

Se iba, dejando atrás el escenario, sabiendo que en 10 años los textos legales de Haití ya no tendrían un rinconcito donde adjudicar sus crímenes. Un currículum interesante para un chico tan joven.

Durante estos 25 años ha vivido impunemente exiliado en varias localidades francesas, con algún que otro bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la justicia suiza.

Un viaje hacia la justicia

Su vuelta el 18 de enero quizá no es una casualidad, pues este día se iba a celebrar la segunda vuelta de los comicios presidenciales del 28 de noviembre. Algunos dirigentes de partidos de oposición como Evens Paul, de la Confederación Unidad Democrática (KID), consideran que podría haber colaboración por parte del gobierno haitiano e incluso de la comunidad internacional para facilitar este retorno. En este sentido el Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha pedido que la llegada del ex presidente de Haití a Puerto Príncipe “no distraiga a las autoridades y actores políticos del proceso electoral en curso en el país, pendiente de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Gracias Francia, casi se nos olvida que Baby es acogido allí desde hace 25 años y que de allí salió en un vuelo de Air France para Puerto Príncipe…

Su impune paseo no duró más de 48h. Haití reaccionó. Duvalier, que nunca fue llevado ante la justicia, ni dentro de Haití ni en el extranjero, fue acusado por el Fiscal General del Estado de haber cometido cuatro delitos de corrupción, abuso de poder, robo y apropiación indebida de fondos públicos durante su régimen. El 18 de enero de 2011 se ha revelado también un día histórico para Haití. Por primera vez en 210 años de historia como país libre un tirano es procesado por la Fiscalía.

Tras sus declaraciones del martes salió de vuelta a su hotel con su esposa pero sin esposas, en libertad pero con la prohibición de dejar el país (¿perderá el billete de vuelta previsto para el 20 de enero o Air France le devolverá el dinero?). Ahora el asunto queda en manos del juez de instrucción que decidirá si habrá proceso o no.

Mientras Suiza prevé devolver al pueblo haitiano unos 5,7 millones de dólares depositados por su familia en los bancos del país. ¿Los crímenes financieros pueden ser el principio de una justicia completa para el antiguo dictador?

Por ahora los crímenes contra la humanidad siguen impunes

Nada se ha mencionado en las acusaciones sobre los asesinatos y torturas continuadas durante los 15 años que abarcaron su régimen, desde 1971 a 1986. Estos actos delictivos entran dentro de la definición de crimen contra la humanidad recogida por primera vez en el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.1.) que instauró la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002[2]. Encontramos tres elementos que distinguen los crímenes de esa humanidad de otros delitos ordinarios:

1. Tienen que haber sido cometidos «como parte de un ataque generalizado o sistemático.

2. Tienen que ir dirigidos «contra una población civil».

3. Tienen que haberse cometido de conformidad con «la política de un Estado o de una organización».

Sin embargo, la CPI no es competente en este caso porque los hechos se cometieron antes de su entrada en vigor en 2002. Sólo el propio estado haitiano u otro país que aplique la justicia universal pueden perseguirlo.

El Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití y el Bureau des Avocats Internationaux haitiano defienden que los hechos cometidos durante su régimen constituyen un delito de crímenes contra la humanidad y que no prescriben. Esta postura ha sido apoyada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Cuatro haitianos han aprovechado el momento para presentar nuevas denuncias contra él por crímenes contra la humanidad y torturas. Entre ellos está Michèle Montas, antigua portavoz de Ban Ki-Moon y viuda del célebre periodista Jean Dominique asesinado en 2000, que ha denunciado la destrucción de Radio Haití, la tortura y el exilio que ella y otros periodistas sufrieron en noviembre de 1980. Ha lanzado también una llamada a la población haitiana para que testimonie, para que los crímenes no queden en el olvido.

Pero la legislación nacional prevé la prescripción a los 10 años para presentar una demanda en materia criminal, tal como han alegado los abogados de Duvalier.

La cuestión es de saber si esta norma haitiana de prescripción es aplicable, frente al principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad reconocido entre otros en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 15.2). Se trata de un principio general del derecho internacional, recogido también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Haití, y por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad[3] aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1968.

El rol de la comunidad internacional: ¿Cabe la acción de la justicia universal?

Ante esta encrucijada jurídica cabe preguntarse cuál es el rol de la comunidad internacional.

La jurisdicción universal abre la puerta para perseguir internacionalmente crímenes que afectan a toda la comunidad internacional. Este procedimiento ya se ha llevado a cabo en España en el caso de Chile contra el ex dictador Pinochet, en el caso de Argentina, de Guatemala, de El Salvador o el Tíbet, pero una modificación de la legislación española[4] en junio de 2009 ha frenado esta posibilidad.

En septiembre de 1999 cuatro víctimas haitianas de tortura denunciaron a Jean Claude Duvalier por crímenes contra la humanidad ante un procurador francés, que desestimó las demandas porque la ley francesa de 1994 sobre crímenes contra la humanidad no tiene efecto retroactivo.

Son pocos países o ninguno los que se comprometen en esta lucha jurídica.

Cabe preguntarse entonces: ¿La ayuda a Haití debe limitarse a aportar víveres para la reconstrucción del país tras el fuerte terremoto que asoló el país hace un año? ¿O existen otros frentes de reconstrucción social basados en el tridente de verdad, justicia y reparación? ¿Cuál es nuestro rol en Haití y, sobre todo, cuál es nuestro compromiso?

Este nuevo reto para Haití llega en un momento en el quizá aún no estaba preparado para hacerle frente, pero puede convertirse en una fuerte herramienta para la reconstrucción de un Haití más libre, más justo, más compacto. De todos depende.

Ésta es una explicación-opinión sin ánimo de lucro


[1] « Bataille humanitaire à Haïti », Benjamin Fernández, artículo inédito de Le Monde Diplomatique, Febrero de 2010.

[2] La CPI fue creada por el Estatuto de Roma en 1998, y entró en vigor en el 2002. Tiene potestad para juzgar los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos después del 1 de julio 2002 en los países donde se ha ratificado, o por decisión del Consejo de Seguridad.

[3] Resolución 291, de 26 de noviembre de 1968.

[4] Modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)

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Ana Jimenez Dato

Experta en Acción Humanitaria, Derechos de la Infancia y Derecho Internacional Humanitario. Consultora y evaluadora de proyectos de cooperación y acción humanitaria, con enfoque participativo. Co-directora de Alas4.org


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