Bahréin: La revuelta fallida

Hace apenas un mes, el 18 de marzo, el gobierno de Bahréin destruía el monumento situado en el centro de la Plaza de la Perla de Manama, símbolo y centro de las revueltas vividas a lo largo de tres semanas. Hasta el momento, la monarquía de Bahréin ha sido el único gobierno autoritario que ha controlado con éxito unas revueltas populares devolviendo al país al status quo previo. Este hecho no es casualidad, sino que se puede explicar por factores diferenciales tanto internos como externos: Bahréin, a pesar de ser uno de los Estados más pequeños del mundo (760 km2 y 1.200.000 habitantes), tiene una importancia estratégica relevante ya que, por un lado, se trata de una isla situada en el Golfo Pérsico, clave para la salida de petróleo hacia todo el mundo, y por otro, acoge la V Flota de los Estados Unidos. Pero además es un país altamente influenciado por Arabia Saudí y donde se puede ver tanto la tensión regional entre saudíes e iraníes como la que existe entre suníes y chiíes.

La revuelta y su desenlace

Las revueltas iniciadas el 14 de febrero, tres días después de la caída de Mubarak en Egipto, pueden explicarse, junto al factor contagio, por la existencia de un régimen autoritario dirigido desde 1999 por el rey Hamad, quien, a pesar de que un principio intentó contentar a partir de reformas económicas y políticas a la comunidad chií, no ha conseguido acallar sus demandas lideradas por el grupo chií al-Wefaq.

Hay que apuntar que la población chií, aunque está excluida de cualquier tipo de poder político, representa alrededor del 70% de los habitantes, en este sentido, la rivalidad chií-suní es uno de los principales factores explicativos de las revueltas.

Un ejemplo de esta tensión es la discriminación institucionalizada hacia los chiíes así como la existencia de un programa no reconocido del gobierno por el cual se nacionaliza a inmigrantes suníes (sean árabes o no) con el fin de revertir el peso demográfico de los chiíes[i] y fortalecer las fuerzas del orden. Otro factor explicativo, que hasta ahora aparece en todas las revueltas, es la situación económica y el alto índice de desempleo (16,5% según fuentes oficiales, y cerca del 30% según estimaciones no oficiales), el cual es especialmente elevado entre los jóvenes. Finalmente, las revueltas de Bahréin pueden explicarse por la falta de libertades y la represión de las autoridades sobre sus ciudadanos. En este sentido, el grupo defensor de derechos humanos “Freedom House” degradó el estatus de Bahréin al de país “no libre” en su encuesta global sobre derechos políticos y libertades civiles de 2010 y Human Rights Watch denunció la práctica de torturas en las interrogaciones policiales, hechos que muestran cómo el Estado no cumplía las niveles básicos de libertad y democracia.

En definitiva, parece razonable argumentar que, además de las divisiones sectarias, las revueltas nacen por el desencanto de la población con su rey y su gobierno, unos bajos niveles de libertad y democracia y una situación económica desfavorable. De este modo, los grupos manifestantes agrupados en la Alianza nacional (liderada por al-Wefaq, pero en la que también se encuentra al-Wa’ad, partido liberal suní que apoya las reformas) marcaron la instauración de una verdadera monarquía constitucional que aboliese la constitución de 2002 como principal demanda, seguida de la necesidad de formar una Asamblea constituyente que redactase la nueva constitución y de la celebración unas elecciones para un Parlamento con auténticos poderes legislativos.

Las revueltas iniciadas el 14 de febrero y la concentración en la Plaza de la Perla fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas del orden tres días después, con al menos 7 muertos y 200 heridos en los primeros días. Desde entonces la situación tuvo sus altibajos hasta que el 13 de marzo el primer ministro al-Qhalifa solicitó la intervención del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el cual mando 2.000 unidades militares (mayoritariamente de Arabia Saudí y en un segundo término de la Unión de Emiratos Árabes y Kuwait) que permitieron al gobierno retomar el control sobre la población por la fuerza. Dichas fuerzas aún siguen sobre territorio bahreiní con el objetivo de garantizar la seguridad y la estabilidad del país, seguridad y estabilidad que también pretenden ser garantizadas a través de la aplicación del estado de emergencia impuesto el 15 de marzo.

Esta ley, oficialmente llamada “Estado de Seguridad Nacional”, otorga al gobierno el poder de detener, censurar e imponer prohibiciones sobre la libertad de movimiento y de asociación.

A nivel interno esto supone un fuerte incremento de la falta de libertades constatable en la censura de blogs, periódicos y redes sociales como facebook y twiter. Finalmente, no podemos olvidar que hasta hoy se han producido 430 detenciones, 370 de las cuales desde la imposición del estado de emergencia. Asimismo, 17 de las 24 muertes registradas se han producido una vez finalizadas las revueltas. Tal y como denuncia Human Rights Watch, en las últimas semanas cinco personas más han aparecido muertas, entre ellas destacados dirigentes chiíes.

Bahréin y la estabilidad regional

El conflicto de Bahréin tiene una segunda lectura regional donde entran en juego especialmente, tres actores: Arabia Saudí, Irán y los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos tiene intereses, su papel ha sido más bien reducido, sólo a través de declaraciones denunciando la dureza con la que el gobierno reprimió las manifestaciones, intentando en su momento fomentar el diálogo entre las partes y, finalmente, dejando que Arabia Saudí tomase la iniciativa e interviniese en el conflicto.

El hecho de dejar a Arabia Saudí al mando de la situación puede explicarse por la necesidad estadounidense de recuperar las buenas relaciones con la monarquía saudí, maltrechas desde el inicio de las revueltas en el mundo árabe[ii].

Como ya he apuntado, se puso fin a las revueltas una vez entraron las fuerzas mandadas por los miembros del CCG, organización liderada por Arabia Saudí y creada hace 30 años, justamente como respuesta a la revolución islámica iraní de 1979. Cabe destacar que esta organización fue creada para proteger a los seis estados de cualquier agresión externa a uno de los Estados miembros, la cual es considerada como una agresión contra todos.

No obstante, en este caso el CCG ha mandado tropas con el fin de proteger el gobierno de un Estado miembro y reprimir manifestaciones pacíficas a favor de la democracia, hecho que de ningún modo está contemplado en su carta fundacional. En definitiva, el CCG ha establecido lo que Brian Whitaker ha denominado una “zona de no protesta”, en contraposición a la “zona de exclusión aérea” en Libia.

El despliegue de tropas sí se podría entender si se utiliza la lógica chií-suní y la protección de un presunto agresor exterior: Irán, país con fuertes lazos históricos y familiares con Bahréin. La tensión con Irán quedó reflejada en un primer momento por la denuncia de este país al envío de tropas saudíes, lo cual fue calificado de ocupación. Asimismo, ya finalizadas las revueltas, dos iraníes y un bahreiní fueron detenidos en Bahréin, acusados de ser espías de la Guardia Revolucionaria iraní.

En definitiva, a pesar de haber sido negado por los dirigentes chiíes de Bahréin, Arabia Saudí y el propio gobierno bahreiní temen que Irán esté influyendo sobre éstos y que esté promocionando la instauración de una teocracia islámica al estilo iraní. Sin embargo, la intervención del CCG así como la marginalización de la población chií puede conducir a una radicalización de este grupo así como a un aumento de la simpatía del mismo hacia el discurso iraní.

Aunque en estos momentos Siria y Libia hayan tomado las portadas de los periódicos no hay que olvidar que la situación en Bahréin no está cerrada, por lo que, tarde o temprano, volverá a ser noticia sea por su situación interna o por su repercusión sobre la estabilidad regional.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro