Una mujer participa en una manifestación contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas [Foto: Juanki Lezcano vía Flickr].

Venezuela no deja de ser noticia. El recrudecimiento de la crisis política, derivada del choque ideológico entre el gobierno de Nicolás Maduro, quien gana la presidencia en el año 2013 tras la desaparición física de Chávez, y la oposición concentrada en la Asamblea Nacional luego de las elecciones parlamentarias de 2015, hoy pone en el tapete el tema de los Derechos Humanos.

¿Qué está sucediendo realmente? Tres especialistas en esta materia analizan la situación, en una serie de dos artículos, para United Explanations. Antonio González Plessmann, sociólogo con estudios de maestría en DD.HH. y políticas públicas, dice que históricamente ha existido una “relación de interdependencia” entre el poder, la riqueza y el estatus de las personas y los pueblos.

Para este investigador, el asunto es así de simple: “Quien tiene un estatus subvalorado, como las negritudes, los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes del barrio o las sexodiversidades, suelen tener menos poder político y menos riqueza”.

Agregó que “quien tiene menos riqueza, suele tener menos estatus y menos poder”. Al final de esa cadena, “tener menos poder, estatus o riqueza, equivale a ser más vulnerable a la violación de sus derechos”, precisó el experto, quien además es miembro de Surgentes, un colectivo de DDHH.

Deterioro al avanzar la IV República

Haciendo alusión al periodo constitucional de 40 años, implementado tras la caída de la dictadura que impuso el general Marcos Pérez Jiménez de 1952 a 1958, reseñó que “las primeras dos décadas de la Cuarta República estuvieron acompañadas de políticas de inclusión favorables a los derechos sociales, aunque signadas por el clientelismo y sin generar protagonismo popular”.

Imagen de la falta de material sanitario en un centro médico de Venezuela [Foto: SucesosComMxNoticias vía Flickr].

Pero las últimas dos décadas, contrastan, “fueron de empobrecimiento sostenido y una degradación radical de las condiciones de vida de la población”. Lo que sí fue una constante en las cuatro décadas, a juicio del experto, “fue la represión”, tanto a los sectores de oposición de izquierda, como a los sectores populares.

La situación fue especialmente difícil para los grupos de izquierda. El Informe de la Comisión de la Verdad sobre la Violación  los DDHH desde 1958 a 1998, citado por el analista, revela cifras desgarradoras: “10.071 víctimas de asesinato, tortura y desaparición forzada”. Sobre esta última acción, recordó que su figura fue “puesta en práctica por vez primera en el continente suramericano en el marco de las políticas contrainsurgentes de Venezuela”.

La represión generalizada a los sectores populares se realizó, en esas cuatro décadas, a través de las políticas de seguridad. “De hecho, la ejecución extrajudicial a jóvenes de los sectores populares, los maltratos y torturas o las detenciones arbitrarias, en redadas masivas, eran una constante”, relató.

Cambios en la V República

Con la llegada de la Revolución Bolivariana la situación cambia, plantea el sociólogo, quien considera que el logro más importante en materia de DDHH durante la V República ha sido justamente la “visibilización de la injusticia de las múltiples desigualdades que nos constituyen”.

Además, reconoce que durante el proceso político impulsado por el comandante Hugo Chávez, también se pudo “posicionar y movilizar en torno a un proyecto de inclusión, empoderamiento popular y dignificación de los sectores populares y otros sectores excluidos”.

Aduce que desde esta perspectiva, “la acción del Estado, con sus limitaciones y errores, ha podido redistribuir las riquezas, el poder y la valoración de estatus de las y los discriminados”, lo cual se evidencia en la situación de derechos sociales como la educación, la seguridad social, la vivienda, y la alimentación.

Asimismo, estima que a partir de 1999, con la llegada de la Revolución, ha habido un fortalecimiento de los derechos civiles y políticos, representados en el aumento de la “participación política y mayores posibilidades de expresión de los sectores excluidos”.

Crisis económica y política

En su criterio, “ninguna Constitución en el mundo se cumple en todas sus partes”. No obstante, asegura que en el marco de tres lustros de avances significativos en la mayoría de los derechos, Venezuela está viviendo, sin duda, “un momento de retroceso”.

La actual crisis económica, de acuerdo con las cifras que maneja el sociólogo, ha implicado un proceso de “empobrecimiento muy rápido y vertical”, con impacto en todos los derechos sociales, en particular, en los derechos a la alimentación y a la salud.

Indicó que asociada a la crisis económica también existe una crisis política y de legitimidad que, a su parecer, “el gobierno ha venido respondiendo de muy mala manera, con un aumento de medidas de corte autoritario, como la persecución penal de líderes de la derecha local, a través, incluso, de juicios militares y del bloqueo de procesos electorales establecidos en la Constitución”.

Victimización de sectores populares

En el control de manifestaciones sociales, sin embargo, el especialista encuentra que la actuación del gobierno de Nicolás Maduro luce, en líneas generales, “apegada a los estándares de derechos humanos, pese al discurso opositor”.

Refiere que es común ver titulares de medios electrónicos que señalan “represión a manifestaciones” y al abrirlos, pueden encontrarse fotos o videos de manifestantes “ejerciendo violencia contra funcionarios policiales que se mantienen contenidos”.

En donde sí hay una “represión muy dura” que, en su criterio, “victimiza a los sectores populares y no a la oposición de derecha”, es en la acción estatal en materia de seguridad. Citando como fuente al Ministerio Público, señala que “alrededor del 20% de los homicidios del país son generados por los cuerpos de seguridad del Estado”.

Asegura que la política pública de seguridad está centrada, casi exclusivamente, en “perseguir a la delincuencia de los sectores populares, sin tocar los delitos de los poderosos, reproduciendo el histórico carácter clasista del sistema de justicia penal”.

Medición inadecuada

Para Antonio González Plessmann “no existe un ranking de DDHH en la región”, y si existiera, dudaría del mismo. Afirma que los derechos humanos aluden a “ámbitos muy amplios de la vida”, como salud, educación, vivienda, participación, expresión, diversidad cultural, vida, etc., por tanto, la medición de los mismos a través de índices, en su criterio, “resulta inadecuada”.

Imagen de la carestía en Venezuela [Foto: Correo del Caroní vía Flickr].

Por tal motivo, considera que los espacios hegemónicos de monitoreo de los derechos humanos interestatales como la OEA, o privados, como HRW, tienen un doble rasero al opinar sobre el tema, ya que demuestran “tolerancia frente a la situación de los DDHH de los países aliados de EEUU e intolerancia frente a los países incómodos que intentan explorar modelos de sociedad alternativos a las democracias representativas de las economías de mercado.

En Venezuela hay problemas graves de Derechos Humanos, sin duda, pero que la Cancillería de Brasil, un gobierno de facto, por poner un ejemplo, nos hable de democracia, es el extremo de la inmoralidad”, fustigó el activista de Surgentes.

Sobre las evaluaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, manifestó que estas “suelen ser plurales”, pues “se trata de un mecanismo político con intervención de todos los Estados miembros”. Dijo que desde ese espacio se han realizado recomendaciones pertinentes, y varias de ellas han sido acatadas por Venezuela.

Fortalecer el poder popular

Avanzar en materia de DDHH no es imposible, pero requiere de mucha táctica. Para lograrlo, el sociólogo sugiere, en primer lugar, “retomar la agenda del fortalecimiento del poder popular” para darle mayor cabida a los sectores excluidos. “A mayor poder popular, menor violación de derechos de las mayorías”, sentenció.

Esa agenda, a su juicio, “está abandonada desde el Estado y se mantiene viva, básicamente, por la militancia de las organizaciones populares”. Asimismo, aseveró que es necesario tomar medidas económicas para enfrentar la crisis, que apuesten tanto a la “corrección de los desequilibrios macroeconómicos” como a la “superación del rentismo/extractivismo”.

Además estima conveniente “fortalecer las capacidades productivas autónomas de los sectores populares”, a través del impulso de la economía social. “Sin democratización de los medios y los procesos de producción, no hay avances en materia de DDHH a largo plazo”, analizó.

Soluciones compartidas

En la coyuntura chiquita, donde son necesarias medidas paliativas como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) implementados por el Gobierno, el experto también cree que es fundamental un acompañamiento con procesos de movilización popular que “abdiquen del clientelismo”, así como reivindicar el espíritu de las misiones que surgieron entre 2003 y 2004.

Insiste en que no solo hace falta una bolsa de comida subsidiada, sino un proceso que permita que el pueblo sea protagonista de la solución. “Hay que promover, por ejemplo, la auto organización para la compra de alimentos directamente a los productores, sin intermediarios”, apuntó.

Este proceso, en criterio del sociólogo, además de garantizar el bajo costo de los insumos alimentarios, tiene que ayudar al pueblo a “comprender el modo en que las cadenas comerciales especulativas empobrecen tanto a productores como consumidores”, de manera que no se vuelva a repetir ese esquema.

Evitar tentaciones represivas

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disparan chorros de agua contra un grupo de personas que participan en una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en Caracas [Foto: Juanki Lezcano vía Flickr].

Antonio González Plessmann puntualizó que el gobierno debe renunciar a cualquier tentación represiva-autoritaria: “No se puede avanzar en un proceso de inclusión y DDHH, sentado sobre fusiles, reprimiendo al pueblo pobre a través de los operativos de seguridad, tipo OLP, ni masificando la persecución penal por ‘traición a la patria’ a la oposición de derecha”.

Bloquear la expresión de la soberanía popular por la certeza de una derrota electoral, en palabras del investigador, también es inaceptable. “Los procesos electorales establecidos constitucionalmente suponen derechos políticos para toda la población, y el argumento de la ‘emergencia’ para bloquearlos es insostenible”, enfatizó.

Su propuesta es simple: “Contarse y asumir las consecuencias”. Para el sociólogo la solución está en “aprender de los logros y errores, y prepararse para una nueva etapa del proceso, en la que el pueblo que ha sido protagonista de los cambios y sigue identificándose mayoritariamente como chavista, encuentre los modos de avanzar por sus derechos, aunque esté descontento con el gobierno”.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.



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