¿Por qué Chile no firma todavía el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú viene gestándose desde 2012, siendo impulsado por la República de Chile, país que tiene la intención de liderar diversas iniciativas ambientales en la región. Resulta extraño que el mismo país que promovió dicho Acuerdo sea el que se niegue a firmar su ratificación por razones, aparentemente políticas. 

¿Qué es el acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú fue elaborado en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, con el objetivo de garantizar derechos como el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, priorizando a grupos sociales vulnerables.

La historia de este tratado se inicia en 2012, durante la Conferencia Rio+20, derivada del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, propuesto por Chile con el fin de establecer un instrumento para implementar la participación, información y justicia ambientales. A partir de esa fecha hasta 2014 se inicia una etapa de reuniones preparatorias, las negociaciones se dilatan hasta 2018 tras quince reuniones encabezadas por Costa Rica y Chile, contando con el apoyo de CEPAL y 22 países.

El acuerdo fue aprobado en marzo de 2018 concediendo un lapso de más de dos años para alcanzar 11 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, en la actualidad – y ya vencido el plazo – se cuentan con 9 firmas entre las cuales no se encuentra la de Chile, uno de sus principales impulsores. Es preciso detenerse en las justificaciones que sustentan la posición de Chile y cómo podrían tratarse de razones meramente políticas.

¿Y la ratificación?

El caso de Costa Rica es interesante, al ser uno de los países impulsores del Acuerdo de Escazú, en conjunto con Chile. Experimenta una situación similar al encontrar negativas a la ratificación, esta vez por parte de la Asamblea Legislativa y grupos industriales debido al perjuicio que supondría el tratado a las actividades económicas. En la misma línea, Paraguay afronta problemas similares, al contar con la oposición de sector empresariales específicos como las hidroeléctricas y de la Iglesia Católica, la cual cuenta con una gran influencia en la opinión pública. Mientras, en Colombia la discusión bordea la amenaza a la soberanía territorial, promovidos por grupos políticos que tienen representación en el Congreso, desde el que se maniobran excusas para dilatar su ratificación.

Ahora bien, el gobierno de Chile argumenta la negativa por ratificar el Acuerdo de Escazú en la ambigüedad del tratado, sus posibles efectos sobre las leyes chilenas ya existentes sobre la materia y la resolución de controversias internacionales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Ante estos argumentos, la razón de fondo parece ser la negativa a someterse a la CIJ. En el caso de controversias resueltas en instancias internacionales, es preciso recordar que durante los últimos años Chile fue demandado en esta instancia por Perú y Bolivia, explicando la renuencia a participar por el laudo desfavorable en la diferencia marítima con Perú. Entonces, ¿por qué rechazar un tratado que garantice la credibilidad de Chile en asuntos medioambientales? Quedan dudas respecto al desempeño de este país en la etapa de negociaciones y su rol en el escenario internacional.

De acuerdo con diversas opiniones recolectadas por la periodista Lorena Guzmán, “los argumentos presentados por el gobierno chileno pueden ser completamente debatibles, al carecer de un sustento sólido”.

Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, establece similitudes entre los casos de Costa Rica, Chile, Paraguay, Colombia y Perú, cuestionando los motivos que generaron un cambio de opinión entre los principales promotores del Acuerdo de Escazú. El especialista argumenta que los intereses de sectores económicos se ven reflejados en los argumentos políticos empleados por diversos actores de cada país.

Una agenda ambigua

Resulta crucial revisar la prioridad dada durante los últimos gobiernos en Chile respecto a la agenda medioambiental y los factores políticos subyacentes. A pesar de los avances registrados en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, los medios de comunicación y distintos especialistas en temas ambientales, legales y de relaciones internacionales critican la carencia de políticas públicas medioambientales efectivas, a pesar de tener un rol de liderazgo activo en el tema. Liderazgo demostrado a través de los reconocimientos internacionales recibidos por ambos presidentes durante sus segundos mandatos, así como ser los protagonistas de iniciativas y compromisos en reuniones del G-20 y COP. Se sospecha de la existencia de intereses personales detrás de este accionar, persiguiendo liderazgos internacionales como el ya logrado por Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

En cuanto a la posición ideológica de cada gobierno, los grupos políticos desde la centro izquierda y centro derecha favorecen por igual los factores de crecimiento económicos sobre los de conservación ambiental, siendo esta una práctica común en una región dependiente de la explotación de sus recursos naturales no renovables, donde la posibilidad de alcanzar el desarrollo sostenible en los plazos establecidos por la comunidad internacional parece lejana.

¿Qué esperamos?

El rol que ejercería el Acuerdo de Escazú sería esencial para la protección sobre la propiedad de los pueblos originarios, mediante la participación de la ciudadanía en decisiones ambientales. El pueblo Mapuche representa el 84% de la población originaria en Chile, siendo así que el 23.3% del total nacional de Mapuche viven en la región de la Araucanía. Los Mapuche han sido vulnerados de manera sistemática bajo la modalidad de ocupación de sus territorios para la realización de actividades económicas extractivas. La industria forestal que se desarrolla en la región de la Araucanía es un ejemplo de la transgresión del territorio y la cosmovisión de los Mapuche. Además, resulta ser una actividad insostenible, al realizar forestación sobre suelos desertificados que necesitan enormes cantidades de agua (debe tenerse en cuenta la problemática de sobreexplotación del agua por parte de los privados) lo que afecta a otras actividades como la agricultura y ganadería de bovinos.

En este análisis, es posible desbaratar por lo menos dos de los argumentos ofrecidos por el gobierno chileno plasmados en un planteamiento emitido por el gobierno chileno respecto al Acuerdo de Escazú, visibilizando que las razones del dilatamiento son políticas con fuertes vinculaciones a sectores económicos, caso que se repite en otros países de la región.

Urgen medidas reales para la protección del medioambiente en Latinoamérica y el Caribe, que están empezando a tomar forma desde la organización y movilización de la sociedad civil a raíz de la exposición del tema en la agenda política y la negativa a implementar medidas orientadas a la conservación ambiental. Para contrarrestar los liderazgos inconsistentes, como el de Chile en el Acuerdo de Escazú, es necesaria la acción ciudadana, vigilante y participativa de las acciones del sector público y privado.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.