02/07/2020 BARCELONA

COVID-19 en Perú: el virus que desnudó el déficit de Estado

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 conlleva nuevos desafíos en los países de América Latina. Perú aplicó tempranamente medidas para instaurar el aislamiento social, cuyos matices en la práctica responden a la heterogeneidad de su población.

Sudamérica se ha convertido en un nuevo epicentro el coronavirus según dice la Organización Mundial de la Salud. Pero esta región ya era epicentro de la desigualdad y la aplicación de políticas neoliberales que han colocado a las libertades económicas por encima de los derechos sociales, reduciendo al Estado a poco más que un mero ente fiscalizador y árbitro entre privados. Las consecuencias de este colapso se resienten en ciudades como Lima o Iquitos y en fenómenos como el éxodo de la ciudad al campo de miles de personas o la imposibilidad de reanudar las clases en la universidad pública más importante del país.

Perú, país ancho y ajeno, donde sobrevive una frágil institucionalidad en el margen de la desigualdad de oportunidades y la distribución riquezas, cuya causa apunta al ciclo de la corrupción.

Este problema es percibido por los peruanos como uno de los más serios en el país. La corrupción incluso se ha vinculado a los últimos cinco presidentes.

Lima: la capital del nuevo epicentro epidémico

En el asentamiento humano El Oasis, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), las familias vulnerables y beneficiarias de canastas básicas alimentarias entregadas por el municipio de SJL, detectaron conservas en mal estado, e inclusive algunas de ellas tenían  gusanos. Ante la situación, la jefa de comunicaciones del municipio Liliana Salazar ha confirmado la denuncia a la Fiscalía contra la empresa elegida para brindar los alimentos. Sin embargo, esta no merma ni el riesgo ni la incertidumbre de los ciudadanos por sobre su propia salud en un país donde el desorden estructural impera sobre la necesidad.

Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. [Fuente: Perufotostock]

En Lima, la Ciudad de los Reyes, poco más del millón y medio de personas no tienen acceso al servicio de agua potable. La falta de abasto radica en las limitaciones geográficas que no han logrado ser superadas por los gobiernos de turno. Y, ahora cuando la higiene es imprescindible, no hay mascarilla ni gel que puedan hacer milagros cuando el agua no llega. Así, en el asentamiento humano El Oasis, la pobreza sobrevive en desagües y cañerías. El agua se distribuye a través de las mangueras de un camión cisterna, pero solo para aquellos que no viven en la parte alta del cerro y pueden costear el precio poco accesible de un derecho que ni siquiera asegura la salubridad.

Un examen microbiológico con muestras tomadas aleatoriamente el 18 de enero del 2020, reveló que las mangueras de los camiones cisterna en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT) contenían altos niveles de restos fecales, algas y parásitos, como protozos y rotíferos, que superan al rango permitido por el reglamento peruano. Los ciudadanos de VMT no poseen redes de agua para el consumo, como sí los 700 mil habitantes en la capital metropolitana del Perú, cuando el acceso se trata de un servicio que debería ser un derecho “seguro, aceptable y asequible”, como declara las Naciones Unidas.

Vista del distrito de San Juan de Lurigancho desde el mirador del Cerro San Cristobal en Lima. [Fotografía: Siwar Ballestrino]

La selva se queda sin oxígeno

Un sitio de noticias del Vaticano acusaba la paradoja de una población que a pesar de vivir en el “pulmón del mundo”, se moría por falta de oxígeno. El sistema de salud de Iquitos colapsó poco después del inicio de la cuarentena. La epidemia de la COVID-19  se solapó con la del dengue, cuya alerta se generó casi a fines del año pasado por el rápido incremento de casos, en un contexto que conjuga el factor pobreza, la casi ausencia del Estado y servicios públicos mínimos.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha detectado una presunta sobrevaloración en las adquisiciones de balones de oxígeno por parte del Gobierno Regional de Loreto en un contexto donde “la gente no tiene tiempo para llorar a sus muertos porque cuando se ha muerto el padre, tienen al hermano a un costado agonizando”, por falta de oxígeno, dijo a Efe Luis Espinoza, médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto.

Barrio Belén en el río Amazonas, ciudad de Iquitos, Perú. [ Fuente: Perufotostock]

Aquellos que, desgraciadamente, tendrán que ser sepultados en fosas comunes o incinerados, no serán muertos solo por el Covid-19 o el desborde sanitario, sino, que serán cuerpos asesinados por el odio y el egoísmo de una democracia poco representativa, con funcionarios impermeables a sentimientos y emociones, que se olvidan que el cargo hay que ejercerlo legitimando y representando las necesidades de los ciudadanos.

El éxodo de los invisibles

A falta de servicios y alimentos, miles de familias han iniciado una peregrinación de regreso a sus pueblos en las provincias de Perú, de los que salieron por la violencia terrorista cuando no por el centralismo; hoy están escapando nuevamente en una marcha de retorno porque Lima, la ciudad capital, es hoy más que nunca un lugar ingrato e indiferente. La crisis sanitaria impide el trabajo independiente, ambulante e incluso informal, del que dependen el 70% de personas en el país. Es debido a la falta de ingresos, que están obligados a regresar a su terruño, de donde un día sintieron la necesidad de migrar.

Al intentar atravesar el río Pampas para llegar a su distrito en Cocharcas, departamento de Apurímac, Maykol Pariona Carbajal perdió la vida el pasado 16 de abril. El muchacho de 25 años habría caminado desde Ica, región al sur de la capital, con la intención de volver a su casa. Así como Maykol, hay mucha gente dispuesta  a caminar más de 200 kilómetros: el éxodo es una situación casi obligatoria para aquellos que no han visto los  “salvavidas monetarios” otorgados por el Estado a más de 3 millones de familias vulnerables, para que puedan afrontar la cuarentena por la crisis del Coronavirus.

Cabe recalcar que la base de datos del Estado Peruano para poder otorgar los bonos se basa en el censo del 2017, un total fiasco pues no empadronó a todos los ciudadanos del país. Richard Rubio, congresista por el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), destacó errores en la lista del subsidio monetario, destinado a los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema del país, después de que su esposa figurara en ella.

La inestabilidad y poco control del poder Legislativo se hace cada vez más evidente no solo con la “confusión de datos” sino también con los nuevos decretos de reactivación comercial pensados solo para Lima y no para el Perú. Por ejemplo, solo los restaurantes limeños podrán reanudar sus actividades con el servicio de delivery, siempre y cuando hayan registrado ventas anuales mayores a 315.000 soles (84.818€ aproximadamente). Estás condiciones solo beneficiarían a las grandes y medianas empresas; en un país donde las familias generan ingresos con pequeños puestos de menú.

Para muestra, un botón: la universidad pública

Otro punto particular que la crisis desvela, es la incapacidad de las universidades, sobre todo nacionales, para poder dar inicio al año académico que en Perú va de marzo a diciembre. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos –la más antigua de América– las clases virtuales, han sido propuestas para el 1 de junio, no obstante y aunque falte menos de un mes las plazas docentes aún no están cubiertas, dejando cursos sin profesores. Pero la problemática va aún más allá, la población estudiantil no siempre tiene los instrumentos necesarios para poder seguir las lecciones desde casa, muchos no cuentan con una computadora de uso personal, ni una banda ancha o un teléfono móvil con la funcionalidad para las videoconferencias. Por otra parte, no todos los docentes han sido capacitados para el uso de plataformas online para su uso en un contexto académico totalmente virtualizado y tampoco no todos cuentan con una computadora personal, pues a veces el único equipo en casa se comparte con los otros miembros del núcleo familiar ya sea para estudios o trabajo. El Estado hasta el momento no ha financiado ni ha brindado recursos a las universidades para poder gestionar las implicancias de las clases virtuales con garantías de calidad educativa.

Sistema de bombeo de agua en Ciudad Universitaria, UNMSM. [Fotografía: Fresia Herhuay, usuaria en Flickr]

La crisis sanitaria en el país latinoamericano no solo ha generado una inestabilidad holística sino también ha dejado al descubierto las falencias de un Estado incapaz de defender la dignidad de su población y sobre todo de establecer y cultivar el orden cívico, como sucede en las ciudades de Lima o Iquitos, por ejemplo. Todo esto porque no ha sabido comprender e interpretar sus problemáticas nacionales y aún menos solucionarlas antes de que se diese la emergencia del COVID-19.

Mientras tanto, el  coronavirus, camina con las piernas de una idiosincrasia ciudadana basada en el temor de no saber si habrá pan para mañana y a riesgo de convertirse en un número más de las estadísticas.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Siwar Ballestrino

Estudié durante un periodo corto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Derecho y Ciencia Politica. Actualmente frecuento el curso de sociología en la Universidad de Bologna,Italia. Cosecho pasión por la escritura y la crítica,con longevos períodos de hibernación, a veces intento garabatear alguna fugaz idea.


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