Algo rechina en España: el colapso sanitario provocado por la pandemia

El alto ritmo de contagio inherente al coronavirus COVID-19 ha puesto contra las cuerdas a una gran parte de los sistemas sanitarios en todo el mundo. España ha presumido en los últimos años de uno de los sistemas públicos de salud más eficientes y de mayor calidad del planeta. Sin embargo, una década de recortes en los presupuestos sanitarios ha llevado al límite a un sector fundamental que se erige como primera barrera de contención de la pandemia.

¿Se podría haber contenido el colapso sanitario?

Una vez identificado el primer contagio en España el 2 de febrero en La Gomera, y teniendo presente el ejemplo de una China que volcó todos sus recursos en detener el contagio, las autoridades sanitarias españolas fueron conscientes de que el colapso del sistema de salud era posible y de la temeridad que supone enfrentarnos a esta situación tras una década de recortes.

El aumento exponencial de contagios hizo que muchos contuviéramos el aire a la espera de datos frescos que mitigaran el susto, pero los números no dejaban de empeorar. Empezaron a fallecer personas, y las tasas de aumento situaron a España como uno de los principales focos a nivel mundial. A día de hoy, son más de 800 muertos por día, aunque parece que las medidas de confinamiento están dando sus frutos ya que el aumento de nuevos contagios ha dejado de ser exponencial y se mantiene estable –cifra que asciende a los 125.000 actualmente–.

El objetivo del gobierno al imponer y extender la restricción en el tránsito y flujo de personas es aplanar y reducir la curva de contagios para no colapsar la capacidad del sistema de salud. Ya es de dominio público que estamos fuera de plazo, y cada día que pasa, las cifras siguen aumentando.

Junto con la escasez de material sanitario que fue divulgada mediante canales de difusión nos enteramos también de que los test rápidos que el gobierno había adquirido no funcionaban. ¿Quién iba a imaginar que buscar el producto más barato iba a salir tan mal? Los que estaban disponibles en el mercado se han agotado en medio de la histeria colectiva promovida por los medios. Y el mercado internacional de estos productos sanitarios se ha convertido en un bazar pirata en el que unos estados no dudan en bloquear los envíos que pasan por sus fronteras hacia otros estados.

Es en muchos casos el personal médico, entre enfermeros y técnicos, quienes deben adquirir el equipamiento de su bolsillo porque no se les hace entrega en los hospitales. Sin embargo, esto no cubre la demanda, así que se ven obligados a reutilizar trajes y mascarillas. Esta práctica resta efectividad al equipamiento y, eventualmente, puede crear nuevas cadenas de contagio. Denunciar esta situación supone ser despedido. El resultado: España es el país con mayor proporción de personal sanitario contagiado.

Todo lo que temíamos está sucediendo: los enfermos agonizan en los pasillos de los hospitales; las UCI saturadas; el personal médico extenuado. Eso, si no están improvisando una pantalla con una lámina A4 transparente y una goma de pelo, o comprando máscaras de buceo en Decathlon. El colapso de la sanidad pública es un hecho, y la consigna prioriza la atención a enfermos según su probabilidad de vida. Esto excluye directamente a personas mayores de 65 años, para las que el protocolo es fácil: aislamiento, sedación y cremación. Sin despedidas.

Residencias de la tercera edad

España está entre los países más envejecidos del mundo, y las residencias de ancianos han sido un negocio tan rentable como opaco. De ahí que sea un sector mayoritariamente privatizado que, además, recibe subvenciones públicas. Las residencias tampoco tienen material de protección, y su personal se convierte en un vehículo de contagio cada vez que ingresan o salen. Dado que los síntomas tardan unos días en aparecer, aíslan a las personas afectadas ante la mínima sospecha. Eso deja a las residencias sin personal suficiente para atender los cuidados elementales de los mayores.

Se han multiplicado los contagios en las residencias, donde se concentra el grupo de mayor riesgo. De prohibir las visitas se pasó rápidamente a confinarlos en sus habitaciones. Demasiado tarde. Tanto ancianos como trabajadores han muerto, situando las miradas en el modelo de gestión empresarial.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Pese a soportar durante años los ataques frontales de los mercados, España sigue contando con uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Lamentablemente esto no es un reflejo de excelencia, sino el síntoma de una carencia en el resto del mundo. El acceso a la salud es cada vez menos un derecho, y cada vez más un privilegio.

El cuadro merece matices. Primero, corresponde al total invertido por las comunidades autónomas, que tienen la competencia. Y segundo, el hecho de que el gasto público en sanidad incluye, a menudo, la externalización de servicios a la sanidad privada. Dicho esto; la reducción del presupuesto ha afectado a la compra de material; al personal, exprimido y mal pagado; y a las infraestructuras disponibles, cerradas para derivar el servicio a clínicas privadas. Hay plantas de hospitales públicos que hoy siguen cerradas como parte de las políticas de austeridad, mientras se improvisa hospitales de campaña en recintos feriales, con módulos que se desmantela sin aviso y cuando más funcionan.

Además, las pandemias son, legalmente, competencia pública. Cuando apenas le veíamos las orejas al lobo, las compañías privadas de seguros médicos se desmarcaron rápidamente de la cobertura de sus afiliados, poniendo al sistema público al pie de los caballos. En su mejor momento, el sistema de salud pública contaba con 600.000 efectivos, y ahora no llega a los 400.000. De aquellos polvos, estos lodos. El desmantelamiento de la sanidad pública ha sido especialmente grave en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. Uno de los activos más importantes en batalla por curar a los enfermos es la disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), muy escasas en todos los países, pero que los ajustes presupuestarios provocaron una reducción drástica del ratio por habitante en España.

Muchos médicos de otras ramas han cambiado temporalmente su especialidad. Muchos otros jubilados han vuelto al frente conscientes del problema. Pero ante la magnitud de la situación, las autoridades sanitarias han llamado a filas a estudiantes de último año de medicina y enfermería. Estudiantes que no están graduados ni colegiados, a los que se da contratos de prácticas, no convalidables por créditos, y con condiciones laborales precarias por no estar facultados para practicar determinados procedimientos.

Ante esta situación de crisis sanitaria sobrevenida, seguramente pocos o ningún país estaba completamente preparado para absorber sin perjuicios para su sistema sanitario el impacto provocado por la pandemia (aunque hay que señalar que Corea del Sur y China, primeros países golpeados por la pandemia, sí que han conseguido fabricar o comprar con rapidez los equipos que necesitan volcando todos sus recursos en ello).

En un primer momento, ningún gobierno europeo pensó que se podía dar esta situación en su territorio (Francia dejó de reponer su stock de mascarillas y trajes sanitarios meses antes del estallido de la pandemia por considerarlo un gasto innecesario), pero en estos momentos cabe plantearse la pregunta: ¿habría estado preparado el sistema sanitario español sin los recortes? Sin duda, mucho mejor. Si bien es cierto que un hipotético colapso podría haber sido inevitable, este se podría haber contenido más tiempo, lo que habría facilitado el cuidado y curación de enfermos de coronavirus, así como haber evitado el contagio entre el personal sanitario.

Un sistema público de salud es de difícil construcción, pero de fácil destrucción. A estas alturas, ni el control público de los hospitales y recursos privados es suficiente para afrontar un problema que ya conocíamos. El riesgo no solo ha estado en la agresividad del virus, sino en la capacidad de tratar a los contagiados. El 25 de marzo el gobierno hizo una inversión millonaria en material sanitario: 432 millones de euros. Mascarillas, equipos de protección individual, test rápidos, respiradores y guantes. Las autoridades españolas hablan de una guerra internacional por material sanitario. Mientras, al personal sanitario le dicen que el material está en camino, su reclamo se confunde en el griterío político que nos caracteriza.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.