10/04/2020 BARCELONA

El confinamiento como política migratoria

Centro de detención Ursula (Texas). Imagen: US Customs and BorderPatrol vía Wikipedia.
Por qué debería preocuparnos -y mucho- la regulación migratoria de la Administración Trump. La supresión del Acuerdo Flores es el siguiente paso del presidente tras el debate generado por la separación de familias en la frontera, permitiendo la retención de menores inmigrantes por tiempo indefinido.

En línea con su beligerante retórica electoral, Donald Trump ha consolidado el establecimiento de obstáculos a la inmigración hacia territorio estadounidense como eje central de su gestión del fenómeno migratorio.

En un contexto de incremento de los movimientos migratorios desde Latinoamérica motivados por la pobreza extrema y el aumento de la violencia en diversos países de Centroamérica y Sudamérica, los últimos meses hemos sido testigos de diversos escándalos a raíz de la revelación de prácticas institucionales que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes. La detención y separación de familias migrantes enteras por parte del gobierno de los EE.UU. ha despertado la alarma a nivel internacional.

Pese a que la administración estadounidense dificulta la recepción regular de las personas migrantes, la esperanza de buscar un futuro mejor y la necesidad de huir de la inseguridad han forzado a un importante volumen de personas a buscar la manera de acceder a territorio estadounidense de manera irregular. No obstante, Trump ha ido un paso más lejos anunciando una nueva normativa que da por finalizada la vigencia del llamado Acuerdo Flores.

 

¿Qué es el Acuerdo Flores?

El llamado Acuerdo Flores, que data de 1997, establece un periodo máximo de 20 días para mantener retenidos y separados a los menores migrantes de sus familias.

Dicha doctrina se aplicó a raíz del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Reno v. Flores en 1993, y sentó jurisprudencia con respecto al tratamiento de las familias migrantes por parte del gobierno estadounidense.

En base a esta y otras sentencias similares, bajo la Administración Clinton el gobierno federal procedió a la firma del Acuerdo de Conciliación de Flores, o Acuerdo Flores (FSA, por sus siglas en inglés) en 1997. Una serie de regulaciones y procedimientos administrativos que buscan garantizar una gestión eficiente de las personas migrantes y respetuosa con los derechos humanos, especialmente en el caso de los menores.

Aplicando esta doctrina, el gobierno estadounidense –junto con diversas organizaciones sociales–, pretendía despojar de arbitrariedad a los criterios de detención en los centros de inmigrantes, así como limitar su aplicación durante periodos innecesariamente prolongados.

La administración estadounidense tiene un máximo de 20 días en los que puede mantener a los menores detenidos a la espera de clarificar y gestionar su situación. Una vez vencido este plazo, la administración tiene la obligación de no demorar su retención y reagruparlos con sus familiares. O de ponerlos en custodia de organizaciones que se encargan de gestionar su proceso de admisión en caso de ser menores no acompañados.

Además, los funcionarios de inmigración han de asegurar la provisión de comida, agua, asistencia médica… en definitiva, llevar a cabo las acciones necesarias que aseguren una cierta calidad de vida al menor inmigrante sea cual sea su situación legal.

 

El acuerdo fue bautizado así en honor a Jenny Lisette Flores, una niña de 15 años de El Salvador que huyó de su país en 1985 y trató de entrar a los Estados Unidos para vivir con su tía.

Las autoridades estadounidenses procedieron a su arrestó en la frontera y fue enviada a un centro de detención juvenil, donde fue esposada, registrada y mantenida en cautiverio durante dos meses. La administración se negó a concederle la custodia a su tía porque la ley no permitía la cesión de los menores a “terceros adultos”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda colectiva en nombre de la niña y de otros menores de edad, que finalmente desembocó en  la sentencia que dio paso al Acuerdo Flores.

Sin una nueva regulación en esta materia que haya derivado en su prescripción, este compromiso sigue vigente. No obstante, sí que ha sufrido diversos ajustes y modificaciones. En 2008 se codificaron algunas partes de este acuerdo y fueron promulgadas como parte de la ley federal. En 2015 se extendió esta cobertura, que en un primer momento amparaba a los menores no acompañados, a todos los menores inmigrantes.

Aun así, el debate interno sobre este acuerdo siempre ha orbitado en torno a la ausencia de aplicación de esta regulación. Buena muestra de ello son las famosas imágenes de los centros de detención de inmigrantes publicadas en los medios de comunicación hace unos meses, así como los continuos casos de fallecimientos de menores inmigrantes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

 

¿Qué ha cambiado con la llegada de la Administración Trump?

Pese a que la opacidad de la administración hace difícil contabilizar el alcance de las violaciones de los derechos humanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organizaciones como Human Rights Watch han denunciado un aumento de los casos de violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas desde que Donald Trump ha aplicado su política de “tolerancia cero” en la frontera.

 

Donald Trump firma la normativa que permite la separación de familias inmigrantes en la frontera. Imagen de dominio público vía Wikipedia.

El tratamiento dispensado a migrantes y refugiados no se ajusta a lo que el derecho internacional estipula, pero ni siquiera a lo que sus necesidades humanitarias demandan. Los medios de comunicación han reportado la ausencia de asistencia médica, unas condiciones higiénicas lamentables, una alimentación y provisión de ropa de abrigo deficientes, periodos de detención por encima de los 20 días que estipula la ley, separación prolongada de miembros de una misma familia, menores en muchos casos, y un largo etcétera.

Si bien la política migratoria de Estados Unidos no ha sido especialmente asistencial durante las últimas décadas, principalmente si hablamos de la frontera sur, la llegada de Trump al gobierno estadounidense ha desembocado en una gestión migratoria que dificulta el acceso regular al país. Los impedimentos a la regularización legal de los inmigrantes no implican un descenso de los flujos migratorios. Decenas de miles de personas buscan cruzar la frontera cada año para establecerse en Estados Unidos, incluso de manera irregular.

En lo que respecta a la gestión de los flujos migratorios, los esfuerzos de Trump se han centrado en un primer momento en la construcción de un muro que separe México de Estados Unidos. Toda vez que este proyecto se ha enfriado por razones presupuestarias y por la previsible negativa de su vecino del sur a costear el proyecto, las políticas, normativas y órdenes ejecutivas aplicadas han difuminado el objetivo inicial más ambicioso de su mandato de terminar con la inmigración irregular, según detalla un informe del Migration Policy Institute. A esto ha ayudado la naturaleza fragmentada del sistema político y legislativo estadounidense.

No obstante, en más de dos años y medio de legislatura, las medidas ejecutivas tomadas por la administración Trump con respecto a la inmigración, sí que habrían cambiado considerablemente el panorama normativo del gobierno federal. Algunas de estas medidas que han transformado la política migratoria estadunidense son, de acuerdo con otro estudio publicado por el Migration Policy Institute, la prohibición de entrada a los ciudadanos de ocho países de población mayormente musulmana, la reducción de las admisiones de refugiados llegando a sus números más bajos desde que el programa de alojamiento fue creado en 1980 o la eliminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que garantizaba un periodo de dos años para regularizar su situación a migrantes no documentados que llegaron como niños a Estados Unidos.

La irrupción de Trump en la presidencia estadounidense ha contribuido enormemente, por tanto, a la imposición de obstáculos a la regularización de inmigrantes y solicitantes de asilo en territorio estadounidense.

 

La detención de inmigrantes como negocio

Para contextualizar las lógicas aplicadas por el gobierno federal con respecto al fenómeno migratorio, no podemos obviar la importante influencia que la poderosa industria penitenciaria norteamericana ejerce en los sistemas de control de fronteras y detención de inmigrantes.

Como bien detalla la periodista Emily Kassie, se estima que en Estados Unidos se encuentran detenidos actualmente más de 50.000 inmigrantes, lo cual ha derivado en la creación del sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo. La gran mayoría de ellos no cumple pena por delito alguno, tan solo esperan permiso para entrar en el país. Esta cifra incluye a los inmigrantes documentados y solicitantes de asilo, no solo a los migrantes no documentados.

Si bien es cierto que durante su gobierno las cifras de detenidos han aumentado considerablemente, esta lógica carcelera no es exclusiva de Trump. Esta multimillonaria industria de prisiones se ha desarrollado a lo largo de todo el país durante las últimas cuatro décadas. Lo que empezó siendo durante la administración Reagan reducido sistema de detención puesto en marcha por el ICE se ha convertido en un gigantesco negocio que continúa siendo alimentado por las políticas de las distintas administraciones. De una población reclusa diaria de 1.600 personas de media en 1980, se ha pasado a 50.000 detenidos actualmente. De una media de 2 días de retención por cada migrante, a una media de 33 días actualmente. De una media de 242.000 personas detenidas al año, a 486.000 en los 40 años de vida de este sistema de detenciones.

Los datos hablan de una preocupante deriva que redunda en un crecimiento monstruoso del negocio de la detención de inmigrantes. A su vez, aplicar este tipo de políticas punitivas supone una atractiva narrativa electoral para la actual administración estadounidense. El ICE destinaba en 2010 1.800 millones de dólares a las empresas encargadas de la gestión de los migrantes detenidos y de una parte de los centros de detención, mientras que en 2018 el gasto se sitúa en 3.100 millones.

 

Tras décadas de aumento del número de población indocumentada en Estados Unidos, desde el año 2007 las cifras no han hecho más que descender. Sin embargo, el debate político se ha centrado de manera inversamente proporcional en el colectivo migrante, siendo actualmente uno de los focos de disputa política en clave electoral. En este sentido, Trump ha sabido llevar a su terreno el debate sobre la cuestión migratoria, reservándole el papel de principal causa de los problemas del país.

¿Una nueva regulación para permitir periodos de detención indefinidos?

El Acuerdo Flores ha estado en diversas ocasiones en el punto de mira de aquellos políticos y organizaciones que hacen suyo el discurso antiinmigración. Si bien es cierto que el presidente Trump no ha prestado excesiva atención en su cumplimiento, más bien todo lo contrario, no va a perder la oportunidad de quitarse de encima un escollo legal que le impide actuar a conveniencia con los inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo detenidos. Más teniendo en cuenta que la solución para eludir el acuerdo Flores separando a los padres de sus hijos en las fronteras se le ha vuelto y se le puede volver más en contra.

 

“Para ayudar a proteger a los niños de los abusos y detener este flujo ilegal, debemos cerrar estas brechas. Se trata de una necesidad humanitaria urgente.”

Donald Trump

 

El ejército estadounidense refuerza la etapa final del muro fronterizo en Nuevo México. Imagen U.S. Air Force vía Wikipedia.

 

No hace falta decir que el respeto de los derechos humanos de estas personas no es una prioridad para Trump. Es más, el desprecio por el trato humano hacia los inmigrantes pretende consolidarse como medida disuasoria para aquellos que pretenden cruzar la frontera. Buena muestra de ello son sus comentarios en petit comité recientemente filtrados en los que el propio presidente proponía “disparar en las rodillas” a aquellas personas que sean descubiertas intentando cruzar la frontera de manera irregular.

Pero además, la finalización del acuerdo Flores y su sustitución por una nueva legislación más restrictiva y que no contemple el bienestar de estas personas, se trata de una medida muy popular entre su base de votantes.

Lo prometido en junio marcaba un periodo de 60 días para presentar esta nueva legislación. Sin novedades al respecto a día de hoy, no es descabellado esperar que la derogación del Acuerdo Flores sea un de sus caballos de batalla electoral con las presidenciales a poco más de un año vista.

Los defensores de una nueva regulación sostienen que limitar la retención de familias promueve la llegada masiva de familias enteras de Latinoamérica en lugar de alguno de sus miembros. Los migrantes creen, mantienen los detractores del acuerdo Flores, que traer consigo niños les supone una vía para evitar la detención en la frontera. La nueva regulación prometida por Trump pretende acabar con este supuesto fenómeno.

La narrativa electoral de Trump seguirá, por lo tanto, tomando al colectivo migrante como cabeza de turco de los problemas inseguridad y criminalidad que sufre el país, incluso cuando la evidencia científica desmiente este hecho.

 

Embudo administrativo y degradación de las condiciones de detención

Como bien sabe el gobierno de los Estados Unidos, aprobar leyes que desprotejan a quienes intentan entrar en territorio norteamericano mientras sus casos son estudiados o juzgados, no va a impedir ni a reducir el flujo migratorio. No al menos mientras la pobreza y la violencia continúen hostigando a las poblaciones latinoamericanas.

Dadas las pésimas condiciones de las instalaciones del Centro de Aduanas, la previsible consecuencia de la detención indefinida de migrantes mientras se estudia su caso es la de una crisis humanitaria de un calado mucho mayor al visto hasta el momento.

El gobierno mexicano, que ha llegado a un reciente acuerdo con Estado Unidos para colaborar en la contención de los flujos migratorios que pretenden cruzar la frontera estadounidense, ha declarado a su vez que mantendrá un seguimiento especial  a las condiciones de estos centros, y prestará ayuda a las familias mexicanas que se vean afectadas por la nueva regulación.

 

A nadie se le escapa que esta deriva restrictiva a nivel migratorio de la administración Trump puede tener gravísimas consecuencias a nivel humanitario. La imposición de trabas burocráticas y legales al migrante y al solicitante de asilo, unida a la posibilidad de mantener bajo detención a estas personas por tiempo ilimitado, puede provocar en muchos casos que se alargue su cautiverio durante años hasta que exista una sentencia judicial que decida su destino.

Para aportar más contexto con respecto al trato que los menores migrantes -y migrantes en general- reciben por parte de las autoridades estadounidenses, es necesario mencionar la terrible noticia desvelada recientemente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos Estadounidense. Una investigación interna ha revelado que en los cuatro últimos años miles de menores migrantes han sido abusados sexualmente estando en custodia de la administración estadounidense.

Si Acuerdo Flores es finalmente revocado, pese a las múltiples críticas que ha recibido esta intención de la administración actual, supondrá un serio problema para los derechos humanos de cientos de miles de personas. Como la historia nos ha demostrado, el primer paso para establecer un régimen de terror es cimentar sus bases jurídicas, es decir, legalizarlo.

Los Estados Unidos, una nación históricamente formada y conformada por multitud de etnias y nacionalidades, ven desvirtuada su idea de multiculturalidad tantas veces esgrimida con orgullo.

Estamos, por tanto, ante una preocupante tesitura donde los migrantes son juzgados en función de su rédito económico. No se nos escapa que la inmensa mayoría de migrantes que intentan acceder a los EE.UU. son inmensamente pobres. Pero tampoco que el lucrativo negocio penitenciario ofrece incentivos de reproducir este pernicioso sistema.

“Cuanto más amenazados nos sentimos, más nos vemos abrumados por reflejos involuntarios y reacciones irreflexivas.”

La violencia llama a más violencia. Y este pozo de demagogia e incitación al odio en el que se ha convertido el debate migratorio en Estados Unidos, representa a su vez un peligro de colapso en la frontera sur.

Las próximas elecciones – a la espera del desenlace del proceso de impeachment-, en las cuales la gran mayoría de aspirantes a candidatos se muestran a día de hoy en contra de este modelo de detención, supondrán un punto de inflexión clave para entrever la orientación que tomará la gestión migratoria por parte de la futura administración estadounidense.

 

 

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.

 

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Javier Hernando

UCM e IBEI Alumni. Sociólogo, especializado en asuntos internacionales, migración y políticas de desarrollo. Comunicador y adicto a Internet. Ocupo mi tiempo como director de United Explanations y escribiendo en diversos medios. Intento explicar lo que ocurre en el mundo a través de la lógica económica y la política internacional. [email protected]


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