09/07/2020 BARCELONA

Las sanciones del Mercosur: ¿resolverán o empeorarán la crisis venezolana?

Comitiva venezolana en la XLV Cumbre del Mercosur [Foto: Secretaría de Comunicación Presidencia de Uruguay vía Flickr].
#DesdeVenezuela: El Mercosur arremete contra Venezuela activando su cláusula democrática. Los principales estados de la organización presionan al gobierno de Maduro en una ofensiva que puede desestabilizar la región de Latinoamérica. En este artículo, analizamos las claves de este nuevo conflicto con los expertos académicos Luis Quintana, Vicente Márquez, y Alfredo Ordóñez.

Venezuela no deja de ser noticia en el mundo, básicamente por la conflictividad política que se ha generado en su territorio durante los últimos años. Hace pocos días, la polémica volvió a avivarse, después de que autoridades del Mercado Común del Sur decidieran sancionar, con una suspensión política, al país suramericano. United Explanations se trasladó a Latinoamérica para conocer de la mano de distintos especialistas, los alcances de esta decisión que, en opinión del internacionalista y profesor universitario de Geopolítica, Luis Quintana, resulta “ilegítima e ilegal”.

Para el analista, esta iniciativa del bloque regional no es más que una “componenda política” de los gobiernos de derecha en el continente, quienes, a su juicio, buscan “aislar y cercar al gobierno venezolano”, cortándole las vías de relacionamiento, no sólo en lo político, sino también en lo económico.

“Todo esto forma parte de una decisión política. No hay razones jurídicas, ni razones de hecho para tomar la decisión de suspender a Venezuela del Mercosur, porque en Venezuela no ha habido una ruptura del orden constitucional y democrático, sino una reafirmación de lo que dice la Constitución”, declaró desde Caracas.

La posición de Bolivia fue omitida

El experto señala que el mecanismo con el que se pretende justificar la suspensión, que es el protocolo de Ushuaia, se está aplicando de forma irregular, ya que no hubo consenso entre los miembros plenos, que son Venezuela, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, y los estados asociados, que son Chile y Bolivia.

“Para tomar decisiones sobre la expulsión de un país y aplicar la cláusula democrática, es necesario que los estados que forman parte del organismo estén de acuerdo, y Bolivia está en abierto desacuerdo con la aplicación de este protocolo; lo han dicho públicamente el presidente Evo Morales y su canciller”, esgrimió.

Asegura que para eludir el posible veto de Bolivia contra esta medida, el resto de los miembros plenos lo que hicieron fue “recluirse en una reunión de cancilleres en Sao Paulo, y allí tomaron la decisión”. En opinión de Quintana, la negación de los actores políticos de izquierda tiene que ver con el “cambio de la correlación de fuerzas” en el continente.

“La correlación de fuerzas cambió, y ahora es favorable a la derecha, pero ésta no acepta la permanencia de la revolución bolivariana en el poder, y mucho menos va a aceptar una iniciativa transgresora, revolucionaria y radical, como la Asamblea Nacional Constituyente”, puntualizó.

Influencia de los enemigos

Para entender de mejor manera la naturaleza de esta decisión, de acuerdo con el analista, hay que contextualizar los hechos “desde la singularidad” de cada uno de los estados implicados. Dice que detrás de la suspensión están tres fundadores del Mercosur, quienes a su juicio, son enemigos de Venezuela: “El gobierno argentino, con Macri a la cabeza, el gobierno golpista de Temer en Brasil y el gobierno de Cartes en Paraguay”.

Además sostiene que el gobierno del Frente Amplio en Uruguay ha recibido “muchas presiones” para pronunciarse a favor de la medida, y ahora “está tomando una decisión, a partir de la elección de la ANC, de irse con todo en contra de Venezuela”. Insiste en que hay todo un plan para “desplazar del poder al presidente Nicolás Maduro y sacar del mapa político al chavismo”. En el fondo, contextualizó, “se trata de anular la posibilidad de que reverdezca el movimiento progresista latinoamericano”.

Esta iniciativa, refiere, ha sido golpeada por distintas vías: “Desde la llamada lucha anticorrupción, mediante la cual han pretendido desprestigiar a los líderes más importantes de la región, hasta el triunfo de la derecha en algunos espacios, como el caso de Argentina, que fue una pérdida muy sensible para la geopolítica progresista regional”.

Una constante agresión contra Venezuela

Según Quintana, las pretensiones de aniquilar políticamente a la izquierda se alimentan de la “constante agresión” que recibe la nación suramericana por parte de los Estados Unidos. De hecho, asegura que las medidas tomadas por Mercosur “no se divorcian de las sanciones unilaterales y extraterritoriales que está aplicando el gobierno estadounidense contra altos funcionarios venezolanos”.

Tampoco se desvinculan del anuncio hecho por el presidente Donald Trump, de evaluar distintas acciones contra Venezuela, entre las cuales destacan las de tipo militar —en un escenario de mayor radicalización, según las advertencias del mandatario norteamericano— para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, añadió el especialista.

Denunció que Mercosur es “sólo una pieza de la campaña contra Venezuela”, en la que también se conjugan otros “escenarios hostiles”, como el propiciado desde la Organización de Estados Americanos (OEA). “Hay una conspiración internacional contra Venezuela, y Mercosur es una de sus piezas”, recalcó.

Consecuencias de orden político

Las consecuencias de esta suspensión, refiere el internacionalista, son políticas. “Lo que se busca es un mayor aislamiento diplomático del gobierno bolivariano en el contexto regional”. Quintana manifiesta no entender como un esquema de integración regional “tan importante” como el Mercosur, por el que Venezuela “apostó y luchó tanto para entrar”, ahora le esté “cobrando factura”, simplemente porque “no tolera lo que ocurre políticamente” en su territorio.

Mencionó que bajo la lógica en la que están actuando, los países del Mercosur pudieron haber decido un bloqueo comercial contra Venezuela, pero hasta ahora no lo han hecho. “Esto quiere decir que el intercambio comercial no se va a detener”, analizó. Sin embargo, indica que “habrá una suspensión de los beneficios arancelarios que facilitan el intercambio comercial”. La mayor afectación la tendrán “las empresas que exportan hacia Venezuela desde el Mercosur”, ya que la capacidad de exportación venezolana “está muy disminuida, producto del colapso de la economía rentista”. A su juicio, esto “no afectará la economía interna de Venezuela ni el abastecimiento de alimentos”.

La falta de producción, originada por la crisis económica, ha generado una escasez tremenda de rubros básicos, razón por la que el Estado importa algunos alimentos para venderlos al pueblo a precios económicos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. A ese respecto, Quintana aclaró que la mercancía suministrada a los CLAP “no proviene de ninguno de los países del Mercosur”, por tanto el programa no se verá afectado.

Una medida previsible

Más que una decisión acertada o desacertada, para el internacionalista Vicente Márquez, la sanción era algo previsible. Desde Caracas, nos dijo que las relaciones entre Venezuela y los países del bloque “venían deteriorándose”, producto de las “sucesivas reacciones de condena a las medidas de orden público implementadas desde hace algunos meses por el gobierno, y por el tema de los presos políticos”, en especial, los casos de Antonio Ledezma y Leopoldo López.

“Es parte de una secuencia de acciones que veían erosionando la relación de Venezuela con estos países y que, de momento, no tiene posibilidad de mejora, ya que, además de exhortar a que se retome el diálogo con la oposición, pueden ir endureciendo sus medidas”, asintió desde la capital venezolana el también especialista en comercio internacional.

Reconoce que, aunque la elección de la Constituyente, “bajo unas normas que sesgan el criterio de la representatividad democrática”, fue el disparador, el origen de esta situación radica en el manejo del tema económico y político, “que ha tenido como punto de quiebre el inicio de las protestas durante el pasado mes de abril”.

Cambios geopolíticos

Márquez estima que esta decisión también responde a los “cambios geopolíticos” que se han llevado a cabo en la región desde mediados del 2015, cuando países como Brasil, por vía parlamentaria, y Argentina, con un cambio electoral, “tuvieron un giro político hacia el centro-derecha”. No descarta, además, el peso que ha podido tener en su aprobación “el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca, la confrontación con países díscolos a la influencia de los Estados Unidos en la región, y el regreso de una política exterior continental mucho más virada hacia la derecha”.

Trump responsabiliza a Maduro de la salud y seguridad de Leopoldo López después de los comicios de la ANC [Foto vía El Periódico de Utah].

Otro punto importante, acota el analista, son las medidas que desde Mercosur se han venido aplicando a Venezuela, bajo el alegato de que el país “no estaba cumpliendo con las normas técnicas y comerciales fundamentales, que eran condición indispensable para su ingreso en 2013”.

Aislamiento diplomático

Este tipo de suspensión, en palabras del experto, “es bastante menos dura de lo que se piensa”, porque no afecta directamente a lo comercial, sino a lo político. En tal sentido, sostiene que “Venezuela puede seguir comerciando bajo las mismas condiciones que tienen los demás miembros”, pero tendrá la “imposibilidad de participar en los foros de discusión regional dentro del organismo”. Esto se traduce en que el país, por ejemplo, “pudiera dejar de participar en reuniones de Cancilleres o de Jefes de Estado”, y por tanto, perder momentáneamente su “derecho de voz y voto” en las decisiones que se tomen en esa instancia, tal y como lo establecen los artículos 2, 3 y 5 del Protocolo de Ushuaia.

El ámbito diplomático, en su opinión, también se verá afectado: “Estamos en un escenario previo a un aislamiento diplomático en la región. La estrategia por parte del presidente Maduro de convocar a una región política del ALBA-TCP y posteriormente, a una reunión de la CELAC en El Salvador, va justo en el sentido de impedir o retardar ese proceso, que sin duda aún es evitable”.

Un escenario en el que todos pierden

Márquez también precisa que la idea es “presionar a Venezuela en aras de que rectifique y busque resolver su problemática bajo condiciones más democráticas, y sin el sesgo que se le ha querido dar a la Constituyente”, pero admite que “a la larga, en un escenario regional de aislamiento progresivo, perderían todos”.

Si se endurecen las medidas, el analista prevé un impacto mucho más severo, “ya que estaríamos hablando, a mediano plazo, de secuelas económicas y comerciales”. Recordó que un porcentaje importante del intercambio comercial proviene de América Latina. Salvando que Venezuela mantenga sus fuertes nexos con los países del ALBA-TCP y Petrocaribe, donde la exportación de hidrocarburos aún es un “arma clave de negociación” dentro de la cuenca del Caribe, de no buscarse una “solución más pragmática”, sería inevitable el “aislamiento político y diplomático” de Venezuela en la región.

Desde el punto de vista histórico, extrapola el internacionalista, esta situación guarda cierta similitud con el bloqueo aplicado a las costas venezolanas en el año 1902 por las grandes potencias mundiales de la época, “aunque por razones diferentes, y por un tema, sin duda abusivo —el impago de la deuda externa— que en el fondo tenía matices mucho más profundos”.

A nivel interno, en criterio del abogado, el panorama sería igual, o incluso mucho más delicado. “Un escenario político interno de polarización, matizado con la temática de la Constituyente, y de grave crisis económica, pondría al país en un escenario extremo inédito”, enfatizó Márquez.

Sanción enmarcada en la diplomacia

Una opinión similar expresa el internacionalista Alfredo Ordóñez, quien afirma que la sanción se enmarca en el plano de la diplomacia. “Desde el momento en que existe un desequilibrio institucional, y una clara violación de los Derechos Humanos de forma esquemática y generalizada, se presume de un rompimiento democrático”, manifestó desde Venezuela.

A su juicio, el panorama se torna más delicado “cuando se presentan destituciones de forma arbitraria, uso excesivo de la fuerza pública para controlar a la población, y un discurso político agresivo”, lo cual indudablemente genera preocupación en cualquier escenario internacional.

En consecuencia, señala que la medida se plantea para atender la falta de una “institucionalidad democrática clara” en Venezuela, dado que, en el momento en que los poderes “empiezan a actuar al margen de la Constitución, se demuestra el rompimiento del Estado democrático y, por ende, se presume de legitimidad y legalidad”.

En el caso venezolano, acota, “al ponerse en funcionamiento la ANC sin los procedimientos establecidos en la Carta Magna —en especial, la consulta obligatoria al pueblo— inmediatamente se entiende la imposición de un acto no democrático”, y esto, en su criterio, rompe con lo establecido en la Cláusula Democrática del Protocolo de Ushuaia.

Una fisura en el sistema

Ordóñez, quien también se desempeña como coordinador de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, asevera, cuando se habla de desequilibrios institucionales, que es inevitable pensar en procesos dictatoriales como el de Marcos Pérez Jiménez, aunque reconoce que “esos eran otros tiempos” y tal vez, caer en comparaciones, “podría ser muy arriesgado, científicamente hablando”.

Recordó que durante la llamada IV República se oficializó un acuerdo que permitió a los partidos políticos “avanzar y mantener el equilibrio de poder”, lo que a su parecer, “era clave para mantener la democracia”. Pero el problema se presenta cuando “aparecen nuevos actores y éstos no son incluidos”, y a partir de ahí “se genera una fisura en el sistema” que da pie a las intentonas golpistas de los ‘90.

Según el experto, en la V República, después de la asunción de Hugo Chávez al poder, la tolda política gobernante, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), “ha tratado de monopolizar el sistema político de una forma filosófica”, lo cual considera que “rompe con cualquier idea de democracia”.

Menos inversión y carencia de productos

Además de un aislamiento en el escenario internacional, el profesor Ordóñez estima que esta sanción acarrea otras consecuencias igual de preocupantes, como el incremento del “riesgo país”, menos inversión y una “mayor carencia de productos en el mercado”, con mayor inflación, así como una “pérdida de la competitividad económica”.

Los políticos venezolanos, reflexiona, tal vez no crean que la violación de los Derechos Humanos y la corrupción son realmente penados en el comunidad internacional, pero después de esta experiencia, “se deben enfrentar a un nuevo escenario jurídico muy distinto al del siglo XX, ya que la globalización ha hecho que todo se sepa en tiempo real, y de eso difícilmente se salvarán, no sólo los del gobierno, sino también los de la oposición”.

Asimismo, avizora una “mayor migración de venezolanos en búsqueda de empleo —que ya es una variable en crisis para la región— y peores condiciones de vida en el área de salud”. En definitiva, de acuerdo con sus cálculos, “el pueblo siempre será el más afectado, pues es quien consume en un mercado desequilibrado, quien sufre las violaciones de los Derechos Humanos, y quien se ve amenazado por los políticos, perdiendo parte de su derecho a la libertad de expresión”.

Esquema geopolítico ante la UE y la CAN

Respecto al impacto internacional, enfatizó que, para Mercosur, el hecho de que Venezuela no se enmarque en los principios y objetivos del esquema de integración, “no sólo genera una pérdida de mercado, sino también la posibilidad de generar un fuerte esquema geopolítico ante la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones (CAN)”, entre otras instancias.

Resalta el especialista, que el equilibrio de poder en el escenario internacional  es indispensable para un sistema sano. “Hoy en día la región latinoamericana se está enfrentando a un crisis económica muy severa y con una tendencia al crecimiento muy bajo, en excepción de Venezuela, que se estima registre un -7% PIB en el 2017”, detalló.

Adicionalmente, mencionó que la deuda externa de la región “supera el billón de dólares”, y en el caso específico de Venezuela, esta “es de aproximadamente 1’3 mil millones de dólares”, lo que sumado a la “fuerte posible tendencia de caer en default”, preocupa a sus principales socios comerciales, que son Colombia, Brasil, Argentina, México, y Uruguay.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

¿Quieres recibir más explicaciones como esta por email?

Suscríbete a nuestra Newsletter:


Hector Escalante

Caracas, Venezuela. Soy licenciado en Comunicación Social, graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV). He hecho periodismo radiofónico, impreso y digital. Mi paso por distintos medios y la dinámica noticiosa de mi país me ha hecho adquirir gran experiencia en la cobertura de actividades sociales y políticas en medio de situaciones de riesgo. Creo en el equilibrio informativo y apuesto por la verdad, contada desde sus distintos ángulos. [email protected]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Sobre nosostros

Con más de 2.000 explicaciones publicadas por más de 300 redactores de 45 países, United Explanations es la mayor plataforma online colaborativa de divulgación internacional en lengua española. Explicamos los asuntos internacionales con un enfoque de derechos humanos.


CONTACTO




Newsletter


¡Colabora con UNX!

Si tienes pasión por los asuntos internacionales y tienes formación o experiencia en la materia. ¡Únete a nuestro equipo haciendo click aquí!