Anna Gumbau
Entre 2004 y 2013, nada menos que 13 países ingresaron en la Unión Europea (UE), la mayoría de ellos procedentes de Europa Central y del Este, alentados por las promesas de progreso económico, libertad de movimiento y, no menos importante, estabilidad democrática. Para poder entrar al ‘club’, cualquier país candidato debe cumplir los llamados “criterios de Copenhague”, y demostrar a sus socios europeos que se adhiere a los principios del Estado de derecho, democracia y derechos fundamentales que promueve la UE; un proceso que puede durar más de una década.
Sin embargo, ¿qué hay de estos estándares una vez que estos países candidatos logran, al fin, acceder a la UE? Ése es el llamado “dilema de Copenhague”: a los países candidatos se les exige el cumplimiento indispensable de unos requisitos y estándares democráticos pero, una vez están dentro, no hay ningún mecanismo que supervise que estos criterios sigan cumpliéndose, ni castigue en el caso de que no lo hagan.
Polonia y Hungría son dos países miembros de la UE que, en los últimos años, han evidenciado que se trata de algo más que un dilema en términos teóricos. Antaño lideraron los procesos de transición democrática en Europa Central y la carrera hacia la Unión Europea. Incluso Polonia era vista por muchos como el “alumno modelo” en la rápida expansión que vio la UE en esa década. Ahora, Polonia tiene dos meses para contrarrestar reformas si no quiere que la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción inédito en los 60 años de historia del bloque comunitario, mientras que Hungría está jugando con fuego con numerosas leyes que han deteriorado gravemente las libertades civiles en el país. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Deterioro democrático
Desde su elección como primer ministro de Hungría en 2010, Viktor Orbán ha implementado su idea de “Estado no liberal”, un término que él mismo acuñó aludiendo a regímenes como Rusia y China. Su partido, Fidesz (Unión Cívica Húngara), cuenta ahora con una mayoría de dos tercios en el parlamento húngaro, lo que le ha permitido gobernar a sus anchas y aprobar numerosas leyes que han moldeado un Estado nacionalista a su gusto. Sus polémicas reformas han puesto en jaque el Estado de derecho en Hungría, con el apoyo del Jobbik, partido abiertamente racista y ultranacionalista.
Por otra parte, Polonia adquirió en sus primeros diez años dentro de la Unión Europea un papel importante al convertirse en el sexto país más grande de la unión y la octava economía comunitaria, además de un modelo a seguir para el resto de países de Europa Central y del Este tras la caída del telón de acero. Sin embargo, algunos expertos han alertado en los últimos años de una “orbanización” en la política polaca. En octubre de 2015, el partido Ley y Justicia (PiS) de Jaroslaw Kaczynski, a menudo descrito como “ultraconservador”, ganaba las elecciones y desde entonces las libertades civiles en Polonia han dado marcha atrás a pasos agigantados.
El Fidesz húngaro y el PiS polaco controlan las instituciones estatales a su voluntad, infringen la libertad de prensa, la libertad de reunión, el derecho a la intimidad, y están atacando instituciones universitarias, como con la polémica ‘ley CEU’ en Hungría, que puede desmantelar la Central European University, uno de los centros de educación más prestigiosos de Europa Central.
También han puesto en jaque la independencia judicial, o eso ha intentado Polonia con tres polémicas leyes, dos de las cuales han sido revocadas en el último minuto por Andrzej Duda, el presidente polaco. Duda, que también forma parte del partido Ley y Justicia, vetó las dos leyes más polémicas del paquete de reformas del sistema judicial, y que daban al Gobierno polaco la potestad de retirar a todos los jueces del Tribunal Supremo que no hubieran sido nombrados por el ministerio de Justicia, y que eliminaban la autonomía del máximo órgano de gobierno judicial. A pesar de dar marcha atrás a estas polémicas reformas, en Polonia muchos advierten que no hay que bajar la guardia ante estas amenazas a las libertades civiles.
Control de la opinión pública
Hacerse con el control de las instituciones estatales significa, también, tener bajo control a los medios de comunicación del país. Tanto el PiS polaco como el Fidesz húngaro tienen el control de la radiotelevisión pública de sus respectivos países, y tienen aliados fieles en las estructuras de gobierno de los medios privados.
Así pues, Polonia y Hungría han utilizado la prensa como altavoz para promover su retórica: una ideología de rechazo al liberalismo, a la globalización y al cosmopolitismo que ambos gobiernos comparten. El ciudadano húngaro medio pensará probablemente que el “odioso cosmopolita” filántropo y compatriota George Soros es una verdadera amenaza para Hungría y no puede dejar que “ría el último”, mientras que millones de refugiados están a punto de “invadir” Europa bajo la complaciente mirada de la burocrática Unión Europea, quien está imponiendo una serie de cuotas a las que hay que “decir no”, como “preguntaba” el referéndum que tuvo lugar en Hungría en octubre del año pasado.
Ambos poseen una retórica marcadamente nacionalista: Orbán se autodeclaraba como la persona que traería una “nueva Hungría”. El partido polaco Ley y Justicia, por su parte, apelaba desde antes de entrar al poder a la “clase trabajadora normal” y se destacaba como el partido nacionalista polaco, listo para hacer el país “grande de nuevo” (¿les suena?).
¿Pulsará la UE el botón?
Otro rasgo que comparten los gobiernos de Varsovia y Budapest son el euroescepticismo y una posición claramente a la defensiva hacia la Unión Europea. Cada vez que Polonia y Hungría se han pasado de la raya, ambos países han declarado que la UE se está “metiendo en asuntos internos” y dictando qué deben hacer.
Las instituciones europeas observan con preocupación qué está pasando en ambos países. De no seguir las recomendaciones impuestas por la Comisión Europea, el ejecutivo comunitario podría activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea a Polonia. Se trata de una medida todavía no testada por la UE, que podría dejar a Polonia sin voto en el Consejo Europeo. Hay, sin embargo, un pequeño pero: el artículo 7 sólo puede invocarse mediante el voto unánime del Consejo Europeo, algo a lo que probablemente la Hungría de Viktor Orbán se opondría.
Pero, si Hungría inició su deriva autoritaria mucho antes que Polonia, ¿por qué no ha sido la UE más dura con Hungría? Muchos recordarán las imágenes de la cumbre del Consejo Europeo que se celebró en Riga en 2015, cuando los jefes de gobierno de los 28 iban llegando a la reunión. “El dictador está llegando”, se captó que dijo Jean-Claude Juncker en broma, mientras esperaba que Orbán llegara al photocall. “Hello, dictator!”, saludó Juncker a Orbán, acompañando sus palabras de una ¿amigable? colleja al primer ministro húngaro.
Más allá de aquella situación anecdótica, la UE también ha levantado la voz contra Hungría. Aun así, las familias políticas juegan un papel importante en la Unión Europea: Fidesz, el partido de Viktor Orbán, forma parte de la familia del Partido Popular Europeo (PPE), el grupo político más numeroso del Parlamento Europeo y al que pertenece el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Otros grupos políticos y numerosas organizaciones de la sociedad civil han instado al PPE a expulsar a Fidesz de sus filas.
Sin embargo, el PPE ‘necesita’ los 12 eurodiputados de Fidesz, dado que actualmente sólo le separan 30 escaños de la segunda fuerza, los socialistas europeos. En cambio, Ley y Justicia forma parte de la familia de los conservadores europeos (ECR) que, aun siendo la tercera fuerza en la eurocámara, tienen una influencia mucho menor en la legislación comunitaria.
Así pues, Europa se mantiene a la expectativa de si Bruselas pulsará o no el botón que active el artículo 7 a Polonia, y de si logrará o no frenar la deriva autoritaria de ambos países (algo que, por otra parte, reforzaría la idea en Polonia y Hungría de que la UE se está inmiscuyendo en asuntos internos). Aun así, la experta en derecho internacional y europeo Araceli Mangas argumentaba que, más que mecanismos, a la Unión Europea le está faltando voluntad para dar un toque de atención a ambos países e instar a que pongan fin a las restricciones democráticas que están llevando a cabo.
¿Cómo ponerle fin al dilema? Según el Centre for European Policy Studies, la Unión Europea debe establecer un nuevo mecanismo supervisor de los criterios de Copenhague que revise regularmente que los estados miembros cumplan con los valores de progreso, democracia y Estado de derecho. Es importante porque, aunque tengamos la vista puesta en Polonia y Hungría, la amenaza del populismo está azotando toda Europa, donde en muchos casos se está deteriorando la calidad democrática y las libertades fundamentales.
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