¿Hay una crisis humanitaria en Venezuela?

Para seguir entendiendo la situación actual de Venezuela —después del anterior artículo “Venezuela: ¿Están en riesgo los Derechos Humanos?“—, el director de la Red Nacional de Derechos Humanos, Asdrúbal González, analiza el país en retrospectiva, y desde esa mirada, asegura que las y los venezolanos han pasado por “momentos muy duros y dolorosos”, desde el punto de vista de los DD.HH., que les han marcado.

Todo comenzó “a partir de la colonización”, esboza, “pasando por la titánica lucha del proceso independentista, hasta el siglo XX, con dos dictaduras, a cargo de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, hasta llegar al período democrático posterior, denominado puntofijismo”.

Pero en su opinión, “Venezuela ha madurado”, al punto de llegar a participar con éxito en un proceso Constituyente para elegir un modelo esperanzador, llamado democracia participativa y protagónica, que dio origen al nuevo Estado Social, de Derecho y de Justicia, que tiene lugar en esta nación suramericana.

Recuperación de la dignidad del pueblo

El primer logro que se obtuvo con la Constitución Bolivariana de 1999, describió, fue la “recuperación de la dignidad del pueblo” a través de la identidad nacional. “El Capítulo III de la Constitución contó con más de 100 artículos innovadores en materia de derechos humanos”, reseñó.

Asimismo, se creó una nueva estructura estatal con la participación activa y protagónica de la sociedad civil, para el control y ejecución de las políticas públicas. Refirió que esta estructura incorporó una gama diversa y dinámica de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.

Gracias a esto, pondera el especialista, la sociedad civil “se ve más comprometida” y comienza a participar con mayor ahínco en las actividades políticas partidistas de todas las corrientes ideológicas existentes en el país. Esto, a su vez, ha hecho que el pueblo sea “mucho más crítico” frente a la gestión de sus gobernantes en los distintos niveles de la administración pública.

Batalla para garantizar los logros

Venezuela ha consolidado un “liderazgo regional y mundial” en los organismos multilaterales, resalta el experto, y esto se debe a que “su voz se ha alzado para proteger a los pueblos y respetar su soberanía, en aras de seguir avanzando en los derechos humanos”. Además, “en los últimos 18 años no ha apoyado conflictos bélicos o de invasión”, lo cual le ha hecho merecedora del respeto de la comunidad internacional.

De acuerdo con el activista por los DDHH, el gobierno de Nicolás Maduro viene “librando una batalla” para garantizar la perdurabilidad de estos logros, frente a la “disputa existente entre la oposición, que se ha generado en el seno de la Asamblea Nacional, para tomar el Poder Ejecutivo”.

A eso suma la presencia de ciertas debilidades, como la llamada guerra económica, que en su criterio, el pueblo y sus gobernantes deben transformar en fortalezas. “El pueblo ha resistido más de 3 años un bloqueo y un asedio financiero que ha repercutido en el abastecimiento de los alimentos y las medicinas. Sin embargo, hemos visto los esfuerzos que se hacen desde el gobierno para garantizar los derechos del pueblo”, ratificó.

El momento, sin duda, es bastante complejo, pero como en toda dificultad, es necesario tomar una decisión. Dice Asdrúbal González que las y los venezolanos tienen ahora mismo la posibilidad de “seguir resistiendo y librar la batalla por la continuidad del proceso revolucionario, u optar por la propuesta de la oposición, basada en el libre mercado y la privatización de las empresas estratégicas del Estado”.

Relación entre los poderes

Precisa el dirigente de RENADDHH que el hecho de que distintos sectores de la sociedad civil manifiesten públicamente su opinión o descontento ante la gestión del gobierno, comprueba la existencia de libertad de expresión en Venezuela. “Hasta la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha manifestado discrepancia en algunos puntos, esto solo ocurre en democracia y en un Estado Social, de Derecho y de Justicia”, sentenció.

Pero una cosa es discrepar y otra enfrentar o desobedecer. De acuerdo con el vocero, “es tarea de todo el Estado trabajar para que cada día se fortalezcan los derechos humanos”. De hecho, en la Constitución se establece el principio de corresponsabilidad y una relación entre los poderes para lograr este objetivo. Como la Asamblea Nacional es parte del Estado venezolano, insiste en que “también debe ser corresponsable en la búsqueda de soluciones para los problemas sociales”.

Reiteró que los 5 poderes deben buscar mediante el diálogo la solución a estos conflictos, sin dejar a un lado los derechos políticos: “Cuando las intuiciones trabajan articuladamente respetando la independencia de cada poder, pero buscando el bienestar común, se garantiza la progresividad de los derechos”.

Retomar políticas sociales

En opinión del representante de esta ONG independiente, el presidente Nicolás Maduro debe retomar algunas políticas implementadas en su momento por Hugo Chávez, a fin de erradicar la pobreza, porque notoriamente, los sectores más vulnerables de la sociedad han visto muy afectados.

“Para no sufrir un retroceso en este indicador, se deben activar las casas de alimentación en los sectores populares, ampliar en 100% la cobertura de barrio adentro, y buscar los medios económicos para aprobar el bono de alimentación a todos los pensionados. Con estas tres medidas se atendería a un importante número de la población”, enfatizó.

El pueblo, por su parte, tiene el deber de defender la Constitución y la soberanía nacional, independientemente de la ideología política que se profese. “Confiemos en las instituciones del Estado venezolano y exijamos a los políticos y gobernantes que tienen la responsabilidad de guiar este país, que busquen la solución de los problemas sociales mediante el dialogo, no con la violencia”, puntualizó.

Mayor organización

Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA), considera que en los últimos años ha habido un avance respecto a épocas anteriores, desde el punto de vista de la organización de la sociedad civil para defender sus derechos.

“Hoy en día se han multiplicado las organizaciones que promueven, denuncian y exigen derechos humanos, por lo cual hay mayor visibilización y participación en escenarios nacionales e internacionales, algo que debemos esencialmente al esfuerzo de la gente”, especificó.

La abogada y catedrática universitaria admite que la Constitución de 1999, impulsada por Hugo Chávez, amplió el capítulo sobre Derechos Humanos, incorporando los denominados derechos de tercera generación, que abarcan los derechos ambientales y los de los pueblos indígenas.

Igualmente, mencionó que gracias a esa nueva Constitución también se logró incorporar la figura de la Defensoría del Pueblo, pero lamentablemente este órgano del Poder Moral “ha tenido un mal desempeño”, aduce, e insiste en que por esa razón fue degradado de estatus “A” a estatus “B” por el órgano de la ONU que evalúa la gestión de defensores en el mundo.

Grandes desaciertos

Otro desacierto, en su opinión, fue haber denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, acción que indujo al retiro definitivo de Venezuela de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, y haber cuestionado en diversas oportunidades los mecanismos internacionales e interamericanos de protección de derechos humanos.

Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), Antonio Cisneros, Venezuela es el país miembro de la ONU que ha suscrito el mayor número de tratados internacionales de derechos humanos, pero la catedrática de la ULA considera que en la práctica, el Estado venezolano “no se compadece con un verdadero compromiso” en defensa de estos, por lo que, a su parecer, todo queda en una “mera intención retórica”.

Aunque en algunos casos el país ha suscrito tratados, la jurista asegura que estos no han sido ratificados. La creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, debería ser un elemento favorecedor en esa materia, sin embargo, para la especialista la intencionalidad de esta iniciativa se pierde al tener un documento base con “interpretaciones ideologizadas, como el concepto de justicia y ética socialista, que no se corresponden con los estándares internacionalmente compartidos”.

Tendencia regresiva

En los últimos años, refiere la docente e investigadora, “puede observarse una tendencia regresiva en materia de derechos humanos”. Desde el punto de vista legislativo, mencionó la aprobación del decreto ministerial 8610 de 2015, que autoriza a los militares a controlar manifestaciones civiles y a usar armas de fuego potencialmente letales.

“Esto es contrario a la Constitución. Se reguló el derecho de manifestación pacífica limitándolo y exigiendo un permiso previo”, fustigó. Además hizo alusión al Plan de la Patria que implementó el presidente Hugo Chávez, el cual fue elevado a Ley Orgánica, “que contempla la aniquilación de la autonomía universitaria”.

Desde el punto de vista judicial, resaltó la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “que no es independiente”, lo cual, en su criterio, “supone violaciones a los derechos de acceso a la justicia, el derecho de petición, de información, etc., con todo lo que ello implica”.

Con relación al tema de la libertad de expresión, también encuentra muchas debilidades. Destacó que persisten “serias restricciones a las publicaciones de prensa en físico, e impedimentos para acceder a algunos sitios de prensa digital”. De igual modo, se refirió a las restricciones de acceso a algunos canales de televisión, como CNN en español.

En materia de seguridad, expresó que las prácticas policiales revelan una tendencia cada vez mayor a “reprimir indiscriminadamente” las protestas antigubernamentales, usando medios legalmente proscritos. Recordó, en ese sentido, que el pasado 10 de abril un helicóptero que sobrevolaba Caracas “lanzó bombas lacrimógenas sobre un grupo de manifestantes”, y que en las protestas opositoras de los últimos días ha habido muertos “por disparos de policías”.

Cifras reveladas el pasado martes por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denotan que las protestas de las últimas semanas han dejado un saldo de 26 personas fallecidas, 437 lesionadas y 1.289 aprehendidas. Por esa razón, asiente Hocevar, alianzas regionales como Mercosur y Unasur, además de organismos como la OEA, “han llamado la atención sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela y la ruptura del orden democrático”. Representaciones diplomáticas como las de Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Estados Unidos han retirado a sus embajadores por el mismo motivo, agregó.

Aspectos sensibles

La directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes sostiene que “todos estos aspectos son sensibles”, sobre todo si se tiene en cuenta que “los derechos humanos son transversales”.

Pero advierte que hay acciones que representan una violación de los derechos de participación, como la anulación por parte del TSJ de la soberanía popular representada en la Asamblea Nacional, la suspensión indefinida de elecciones y la inhabilitación de líderes políticos, que son de especial cuidado.

Otro de los aspectos sensibles, según la abogada con doctorado en derecho, es la “crisis de salud” que atraviesa actualmente el país, “la cual va desde la violación al derecho de alimentación, hasta la violación al derecho de asistencia médica y acceso a medicamentos”.

El respeto a los derechos humanos, señala, es uno de los pilares del Estado de Derecho, además de la supremacía de la ley y la separación de poderes. “Ninguno de estos tres principios está vigente en Venezuela”, esgrime. A su parecer, “en el país no existe el Estado de Derecho sino como letra muerta en el texto constitucional”.

Hocevar concluyó que “los principios del Estado de Derecho son principios de convivencia pacífica, y el fracaso del Estado de Derecho es, en definitiva, el fracaso de las condiciones necesarias para que haya paz en una sociedad, y se garantice la dignidad humana”. Las consecuencias de esto, aduce, “son visibles ya desde hace años”.

La voz del pueblo

Ramón Castro se autodenomina un “hombre sencillo, de barrio”. Dice ser apolítico, pero reconoce que durante la gestión de Hugo Chávez el país estaba en mejores condiciones, “aunque en lo político, desde que Chávez ganó la presidencia, siempre ha sido candela”. Manifiesta estar cansado del “enfrentamiento entre chavistas y opositores” porque “eso lo que trae es atraso”.

No cree en los medios de comunicación y mucho menos en las redes sociales: “Difunden mucha información falsa, de lado y lado, y eso es lo que está volviendo loca aquí a la gente. Aunque estamos mal, sin comida, mucha delincuencia y todo muy caro, creo que todavía hay solución si se hablan las cosas y se logra un acuerdo”.

Marta, quien se identificó como “chavista rajada”, y prefirió no revelar su identificación completa, señaló que la Revolución ha velado siempre por el bienestar de los pobres. “Desde que llegó Chávez, tuvimos cosas que jamás pensamos que llegaríamos a tener: Casas dignas, médicos en el barrio, tantas cosas, imagínate, hasta entretenimiento, porque él nos abrió espacios culturales para que nos distrajéramos. Ese hombre nos escuchaba y se preocupaba por nosotros”, expresó.

Considera que Nicolás Maduro sigue la misma línea de Chávez, “pero a él se la están poniendo más difícil” (la situación). En su opinión, “la oposición quiere volver a entregarle el país a los gringos, y como Maduro no les deja hacer nada, por eso lo atacan”. Además piensa que a ese sector político “no le gustan los pobres”, y señala que por esa razón les agreden e incluso, “intentan matar”.

Ella achaca la escasez de alimentos y medicinas a la “guerra económica” que promueve la oposición, “con sus empresas especuladoras que piden dinero al gobierno y luego venden sus productos bien caros”. Marta no cree en el diálogo como mecanismo para adelantar las elecciones presidenciales: “Aquí no hay nada que discutir, Maduro se va cuando le toque irse”.

“Orgullosamente opositora”, así se autodenomina Rosa Mirela, una aragüeña radicada en Caracas desde hace muchos años, quien indica observar con tristeza el “acelerado retroceso” que percibe en el país. Dice que aunque Venezuela ha tenido altas y bajas, “el peor momento ha sido este”.

Sus padres, “siendo pobres”, esgrime, pudieron costear sus estudios y le abrieron las puertas a una vida mejor que la que ellos tuvieron. “Eso fue en la IV República, pero ahora en la IV República, yo, siendo profesional y teniendo mejores condiciones que las que tuvieron mis padres, no sé si pueda hacer lo mismo con mis hijos, simplemente porque este gobierno no nos brinda la oportunidad de hacerlo”, criticó.

En su opinión, hay una “crisis humanitaria” de la que es responsable el gobierno: “Expropiaron fincas, supermercados, saquearon todo, no se preocuparon en producir, teniendo los recursos, ya que por la renta petrolera entraron miles de millones de bolívares, ahora se están viendo los resultados de eso. Nos están matando poco a poco de hambre, porque no hay comida, si te enfermas no hay medicinas, los hospitales están en el suelo, y cuando queremos protestar por esa situación, nos reprimen, ¿cómo se puede llamar a esto?”.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.