Oro sucio, el negocio de la basura en Argentina

Contenedores de residuos llenos de basura. ¿Sabemos dónde van a parar estos desechos? [Foto: ŠJů vía WikimediaCommons].

A mediados de la de década de los ’70, y en plena dictadura militar, la gran Área Metropolitana de Buenos Aires tuvo que repensar la manera en la que se trataban los residuos en las ciudades, en medio de un constante crecimiento de las mismas. La basura era cada vez más y había que “esconderla” en algún lado, sabiendo que la incineración había dejado de ser una opción. De esta manera, en 1975, el abogado Guillermo Laura presentó un proyecto que proponía la creación de 7 centros de disposición final de los residuos, donde enterrarían la basura.

¿Qué significaba esto? Que rellenarían zonas inundables con basura, de esta manera mataban dos pájaros de un tiro: inundaciones y residuos. Nada de eso fue cierto; la realidad es que, cuando se pusieron en marcha estos mal llamados “rellenos sanitarios”, nunca se midió el coste para la salud de los habitantes de los poblados aledaños ni para el medio ambiente. Pero poco importó, ya que en 1977, y bajo la pluma del alcalde de facto de la Ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Cacciatore, se firmó el decreto número 9.111 que autorizó el enterramiento de residuos.

La iniciativa se llevó a cabo mediante la creación de una empresa pública, que tendría el nombre de Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Seguidamente, se conformó un directorio tripartito compuesto por la misma empresa junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Provincia de Buenos Aires. Hecho esto, se firmó el primer contrato por una duración de 20 años, y en 1997 se extendió aún más.

Un negocio privado con dinero estatal

Desde la instalación de estos 7 centros de disposición final de residuos, las empresas privadas se vieron altamente beneficiadas con un negocio millonario que no midió consecuencias ambientales de ningún tipo. El trato consistía en que cada municipio involucrado debía entregar un porcentaje de coparticipación a las empresas que manejaban el enterramiento de residuos, es decir, había un retorno económico a los empresarios por, literalmente, contaminar el medio ambiente.

“Este fue un plan pensado por la dictadura y ejecutado por los empresarios”, dijo Hugo Osores, asambleísta de la ciudad de González Catán que trabaja para el cierre de la CEAMSE en esa localidad.

Por cada tonelada de basura las empresas recibían cerca de 25 dólares, lo que daría una suma de 37.500 dólares diarios si se tiene en cuenta que se vuelcan 1.500 toneladas de residuos en un relleno sanitario cada día. La cifra, pasada a pesos argentinos, es de cerca de 580.000 pesos diarios. Así pues, el sector privado logró monopolizar (hasta el día de hoy) un negocio que sólo benefició a unas pocas personas en detrimento de la mayoría de la población, que vio cómo se pulverizaban cientos de hectáreas de espacios verdes, y se contaminaba el agua, el aire y el suelo.

Por ejemplo, en el municipio de Avellaneda, la empresa Saneamiento y Urbanización Sociedad Anónima (SYUSA) se adueñó de 232 hectáreas ribereñas del Río de La Plata y que contienen más de 30 especies de árboles con fauna autóctona. Este apoderamiento, que marca el posicionamiento territorial del establishment económico, se justifica a través de un proceso de cesiones que empezó con la concesión de un tercio de las tierras “rellenadas” a SYUSA. Posteriormente, se atribuyeron tierras no rellenadas a la empresa, es decir que se le dieron tierras no contaminadas para poder impulsar, sobre ese terreno, el proyecto Costa del Plata, un exclusivo complejo de edificios, sólo accesibles para una minoría de la población, que arrasaría la selva autóctona.

Cabe destacar que SYUSA es una empresa subsidiaria de uno de los grupos económicos más poderosos del país, Techint. La influencia de estos grandes conglomerados financieros en el poder es muy grande, y difícilmente haya una salida rápida al problema de los residuos mientras esto signifique el fin del negocio de estos grandes empresarios.

Enfermedades y contaminación

Las plantas de la CEAMSE que rodean todas ciudades próximas a la Capital Federal de Argentina ya han llegado al máximo de su capacidad. No obstante, no parece haber una propuesta alternativa que plasme la necesidad de reciclar los residuos para terminar con este sistema que sólo ha traído y sigue trayendo contaminación. Es más, este sistema ha ido corrompiéndose cada vez más, pues en 1997, se permitió a las empresas acumular residuos de forma vertical o “de montaña”. Estas montañas alcanzan ahora los 40 metros de altura y, en cada centro de enterramiento, hay 10 de las mismas.

Estas grandes montañas de basura generan daños en el ecosistema en el que se emplazan. En este sentido, se calcula que el área de contaminación es de 3 kilómetros alrededor de éstas. En un análisis de agua que se ha hecho en las napas de la localidad de González Catán, se dictaminó la presencia de metales pesados, arsénico, benzopireno y cromo. Además, se realizó un examen de orina a 880 querellantes en la causa judicial contra la CEAMSE y todos tenían presencia de cromo en la orina.

La justicia sentenció que el agua es bacteriológica y químicamente no apta para el consumo humano. A esto se le tiene que sumar la ausencia de redes de cloacas en los barrios, que empeora la situación sanitaria de los vecinos de esas montañas de basura.

Además, entre el 60% y el 80% de las personas que habitan cerca de un CEAMSE padecen enfermedades tales como cáncer, trastornos respiratorios, disminución visual, alergias, manchas en la piel, hipertensión arterial y una larga lista de afecciones más. Esto se debe también, entre otras cosas, a la quema de residuos, hecho que provoca la emanación de gases que se canalizan a través de chimeneas gigantes, generando dioxina que termina contaminando el aire que se respira.

Este proceso de tratamiento de la basura en los grandes conglomerados urbanos es insostenible, y se necesita su cierre inmediato para comenzar a remediar los daños causados, aunque muchos de éstos sean ya irreparables. Además, el Estado debe poner a disposición de la población los recursos para avanzar en un modelo de cuidado del medio ambiente, que también incluye la educación en las escuelas.

La rebelión popular

Un día el pueblo despertó, como pasa en todos estos casos. La gran cantidad de enfermedades que se reproducían constantemente llamaron la atención de algunos vecinos, que comenzaron a indagar sus causas. Todas las miradas se dirigieron a los rellenos de basura que azotaban los barrios. En todos los lugares donde se emplazaba un CEAMSE se levantaron asambleas populares que comenzaron a organizarse para exigir su cierre.

De los 7 centros de disposición solo se cerró uno, el de la ciudad de Avellaneda. Sin embargo, la montaña de basura nunca fue retirada y no hubo ningún tratamiento para limpiar y recuperar el lugar. El cierre se debió nada más y nada menos que a la presión popular de miles de personas que arremetieron contra el sistema de enterramiento de basuras.

Poco a poco este modelo se agota. Los lugares que ya tienen sus centros de disposición final de residuos no aceptan tener más, y las ciudades que no los tienen tampoco. Lentamente, el Estado se está dando cuenta de que se debe avanzar hacia otro modelo, uno que cuide el medio ambiente. Y hay que hacerlo, pues lo exige la gente que se organiza para pelear contra este tipo de injusticias.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.