Victor Albert
El domingo 7 de febrero, el legislativo argelino –la Asamblea y el Senado en sesión conjunta- validaba una reforma constitucional redactada desde el palacio presidencial. En 2011, cuando una ola de protestas y revoluciones sacudía los países árabes, las autoridades argelinas se apresuraban a anunciar reformas para acallar cualquier conato de movilización. Cinco años después, se han producido algunos cambios legislativos -incluido el reciente sobre la Constitución- pero la realidad es tozuda y, según las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, ningún avance significativo ha tenido lugar en términos democráticos y de derechos humanos.
Las tres patas del régimen
El régimen argelino es un aparato con diferentes patas. Nadie sabe con exactitud cuál de ellas manda en realidad pero todas se retroalimentan actuando en defensa propia y evitando cambios reales que amenacen sus posiciones privilegiadas. Los autores y periodistas conocedores del país señalan la existencia de, al menos, tres tentáculos. El primero es el propiamente político, integrado por la cúpula del Frente de Liberación Nacional (FLN) y sus partidos afines que, en una pátina de falsa pluralidad, constituyen la denominada “alianza presidencial” que sustenta Abdelaziz Bouteflika y su Gobierno en el Parlamento. Los miembros de estos partidos, especialmente los del FLN, ocupan la mayoría de puestos en la administración pública.
Las otras dos patas se entremezclan y no es fácil distinguirlas con claridad. Por un lado, están los militares, que conservan un enorme poder. No hay que olvidar que fueron ellos quienes en 1992 desalojaron con un golpe de estado al FLN del gobierno, al considerar que el histórico partido no era capaz de gestionar la situación del país y lo había conducido a la victoria electoral de los islamistas. Después de una década de gobierno militar y de una cruenta guerra civil encubierta entre éste y los islamistas, el llamado “decenio negro”, los militares acudieron de nuevo al FLN para simular la constitución de un régimen democrático. Fue en este momento, a finales de los 90, cuando se sacaron a Bouteflika de la chistera. En realidad, el aún Presidente siempre ha estado vinculado a los dos poderes, el militar y el aparato del FLN.
Por otro lado están los servicios secretos. Conocidos bajo el acrónimo de la DRS (Dirección de la Información y la Seguridad, en sus siglas en francés), llevaron la batuta del país junto los militares durante la década de los noventa. Muchas de las desapariciones y asesinatos extrajudiciales que tuvieron lugar en esa época llevan su firma a pesar de que el régimen jamás lo haya reconocido. Recientemente, Bouteflika les ha cambiado el nombre y ha remplazado alguno de sus dirigentes en otro intento de lavado de cara.
Falsas reformas
Desde 2011, el régimen promete una serie de reformas políticas para acercar el país a mayores estándares democráticos. A pesar de algunos cambios legislativos, la realidad es que los derechos humanos se siguen vulnerando por parte de las autoridades. En enero de 2011, se levantó el estado de emergencia –vigente desde 1991- como muestra de la supuesta voluntad aperturista del régimen. Sin embargo, las manifestaciones siguen prohibidas en la capital, Argel. Para manifestarse en cualquier otro lugar del país es preciso obtener una autorización de la administración -cosa que jamás es concedida si se trata de una movilización crítica con el gobierno.
Ser militante o defensor de los derechos humanos en Argelia está plagado de obstáculos. Las posiciones críticas con el Gobierno, especialmente con el Presidente, se pueden pagar con la cárcel. En los últimos años siguen siendo habituales las condenas amañadas contra activistas de diferentes sectores. A lo largo del 2015, varios militantes fueron encarcelados por haber participado en distintas movilizaciones y haber osado criticar al Gobierno. Las justificaciones legales de estas condenas son poco claras y se resumen bajo apelaciones como “atentado contra la autoridad”, “incitación a tomar las armas” o “injurias al Presidente de la República”. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se han hecho eco de estos casos y han denunciado los procesos judiciales, que consideran poco transparentes y no garantistas del legítimo derecho a la defensa de los acusados.
Esta situación llevó al Parlamento europeo a denunciar en abril de 2015 las prácticas del régimen argelino en una resolución. En el texto aprobado no solo se denunciaban las detenciones arbitrarias de militantes y activistas, sino que se ponía la luz de alarma sobre otras cuestiones ligadas a las libertades colectivas. Especialmente, los eurodiputados manifestaron sus inquietudes acerca de la ley de asociaciones, aprobada en 2012, juzgada como más restrictiva que la que estaba vigente antes del levantamiento del estado de urgencia. Dicha ley, obliga a las organizaciones reconocidas antes de 2012 a volver a realizar todos los trámites para seguir en el registro. Para la inscripción en el mismo se necesita un certificado que en muchos casos no es otorgado, de manera arbitraria y sin justificación, por parte de la administración. Desarrollar actividades sin dicho certificado puede resultar sumamente peligroso y puede acarrear graves consecuencias legales para aquellos que lo intenten. A pesar de ello, organizaciones como la Liga Argelina de Derechos Humanos o la sección local de Amnistía Internacional siguen sin obtenerlo sin que la administración aclare los motivos de este rechazo.
Algo parecido ocurre con los sindicatos críticos con el régimen. A pesar de que la libertad sindical está reconocida en la legislación argelina y forma parte de numerosos tratados ratificados por el país, la administración no otorga los certificados de inscripción a aquellas organizaciones que escapan al control del gobierno. Las autoridades solo reconocen a la UGTA, complaciente y estrechamente ligada al aparato del FLN, en un nostálgico esquema de partido único que cuenta con sus organizaciones de masas afines. Militar en otras organizaciones ha costado caro a muchos sindicalistas. Decenas de ellos, principalmente en sectores de la administración pública, han sido despedidos o suspendidos de sus funciones. Aparte del Parlamento europeo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también ha denunciado en dos ocasiones esta situación.
Reivindicaciones socioeconómicas
Las autoridades argelinas parecen hacer caso omiso a todas estas demandas. Pero a las preocupaciones ligadas a su inmovilismo político recientemente se le han añadido otras de carácter económico. La caída del precio y de las
exportaciones de petróleo ha supuesto una disminución notable de los ingresos. Como recordaba Javier Solana en un artículo reciente, el sistema productivo argelino tiene una enorme dependencia de los recursos naturales. Gracias al petróleo, y sobre todo al gas, el régimen ha dispuesto siempre de la renta necesaria para comprar la paz social. Sin embargo, el grifo ya no corre como antes. Por este motivo, el Gobierno ha buscado en los últimos años algunas alternativas. Habituado a hacer y deshacer a su antojo, el régimen ha encontrado una fuerte oposición a sus planes, demostrando una vez más sus pocas dotes dialogantes.
El gran proyecto desarrollista que el Gobierno ha presentado para el futuro ha sido la explotación del gas de esquisto en el sur del país. Pero la modalidad para extraerlo contrae enormes costes medioambientales, lo que ha conducido a muchos habitantes de la región a expresar su oposición a tales intenciones. La falta de diálogo y la ausencia de otras iniciativas o políticas que contribuyan al crecimiento socioeconómico de esta zona han sido el detonante para las movilizaciones que desde hace meses tienen lugar en los pueblos y ciudades de la región y que son duramente reprimidas por las fuerzas policiales.
Este proyecto se inscribe en una política económica más amplia. Con un marcado signo liberal, el gobierno trata de imponer medidas de austeridad al tiempo que las condiciones de vida de los argelinos se deterioran y el poder adquisitivo disminuye. Con estas políticas el régimen está favoreciendo también la emergencia de una nueva pata que lo sustente: los hombres de negocios. Emprendido el camino de las privatizaciones, el gobierno otorga la propiedad o la gestión de las viejas industrias estatales y de extracción de recursos naturales a hombres de su entorno y confianza en un falso mercado competitivo. Miles de puestos de trabajo están a día de hoy amenazados y, en algunos sectores, los retrasos en el pago de los salarios son moneda corriente en los últimos meses.
Las reivindicaciones socio económicas ocupan pues buena parte de la acción de una sociedad civil a la vez amenazada y menospreciada por el Gobierno. Son precisamente las movilizaciones contra las políticas económicas las que sufren a día de hoy una mayor represión por parte del régimen. Su reforma constitucional no consolida un estado de derecho; sin embargo, afianza la nueva política económica, sacralizando el uso lucrativo de los recursos naturales e inscribiendo los principios de competencia y libertad de mercado, en un giro bastante significativo para un régimen que se declara heredero del nacionalismo árabe de carácter socializante.
Parece que Argelia toma la senda de la libertad económica combinada con una fuerte limitación de las libertades políticas.
Frente al descontento social las autoridades realizan reformas que no suponen avances significativos, sino que afianzan su estrategia. Habrá que ver hasta cuándo. No hay que olvidar que el Presidente Bouteflika sigue gravemente enfermo –y medio ausente-, hecho que puede desencadenar una feroz lucha por su sucesión entre los clanes y las patas que integran el régimen.
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