Prostitución: ¿qué hacer con ella?

En estos días, Amnistía Internacional debatía en Dublín la conveniencia de recomendar a Gobiernos y organismos internacionales la despenalización de la prostitución (y finalmente ha optado por defender esta idea como “la mejor manera de apoyar los derechos humanos de los trabajadores sexuales y reducir el riesgo de abusos y violaciones a sus derechos humanos que este colectivo enfrenta”). Con su documento de trabajo denominado Draft policy on sex work (Borrador de la política sobre trabajo sexual que será sometido a la votación de la organización en su reunión anual, la popular ONG se ha ganado una lluvia de críticas. En una carta escrita por más de 400 organizaciones de derechos humanos y defensa de la mujer, y firmada por un gran número de actrices de Hollywood, como Meryl Streep, Kate Winslet, Lena Dunham o Anne Hathaway, se exhorta a la organización a que recapacite y haga lo que siempre ha hecho: defender los derechos humanos, no socavarlos. Pero ¿es la abolición de la prostitución la mejor manera de defender los derechos fundamentales o lo es la despenalización? En esto, nadie parece ponerse de acuerdo.

Distintas perspectivas para abordar un mismo problema

La propuesta de Amnistía Internacional no es novedosa. De hecho, Naciones Unidas ya apoyaba esta idea en 2013, con la publicación de dos informes: Sex Work and the Law in Asia and the Pacific (El trabajo sexual y la ley en Asia Pacífico), que fue respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), y El VIH y la ley: Riesgos, derechos y salud, que fue publicado por la Comisión Global sobre VIH y Derecho del PNUD. Ambos se centran en reducir la incidencia del VIH y la enfermedad que provoca, protegiendo simultáneamente los derechos de quienes trabajan en la prostitución.

Ante todo, no hay que confundir legalización con despenalización. Así, la profesora de la Universidad de Rhode Island Donna Hughes explica en un artículo en National Review que “la legalización significaría la regulación de la prostitución con leyes sobre dónde, cuándo y cómo puede tener lugar la prostitución. La despenalización elimina todas las leyes y prohíbe al Estado y a la policía intervenir en cualesquiera actividades o transacciones relacionadas con la prostitución, a menos que sean de aplicación otras leyes”.

El modelo alemán responde a la legalización de la prostitución, y según muchos, no constituye una solución a la discriminación de este colectivo. En palabras de una trabajadora sexual que escribió un artículo en New Republic bajo el pseudónimo de Molly Smith, “el modelo de legalización todavía penaliza a aquellas trabajadoras sexuales que no pueden o no quieren cumplir las diversas responsabilidades burocráticas, y por tanto conserva algunos de los peores perjuicios de la penalización. Excluye de forma desproporcionada a aquellas trabajadoras sexuales que ya están marginadas, como son aquellas que consumen drogas o que están indocumentadas. Esto hace su situación más precaria y refuerza el poder de los propietarios de burdeles sin escrúpulos”.

Por su parte, la legislación de Nueva Zelanda aboga por la despenalización, y es de los modelos más defendidos por las organizaciones que representan a las prostitutas.  En esta normativa, el trabajo sexual se concibe como un intercambio consensuado de servicios sexuales entre dos adultos por una compensación material. La Ley de Reforma de la Prostitución aprobada en 2003, que instauró la despenalización de la demanda y la oferta sexual en el país, tiene como objetivo proteger los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, mediante la promoción del bienestar, la seguridad y salud en el trabajo.  La ley permite a las trabajadoras sexuales buscar ayuda y acceder a la justicia si es necesario, y estas se sienten más seguras a la hora de denunciar los abusos, ya que no son perseguidas como delincuentes.  Más de 10 años después de la aprobación de la Ley, los datos hablan de una mejora en la capacidad de estas trabajadoras para defender sus derechos como personas. El Colectivo de Mujeres Prostitutas de Nueva Zelanda es un buen ejemplo de ello.

En contraposición se encuentra el modelo sueco, que también tiene muchos seguidores. En 1999, luego de años de investigación y estudios, Suecia aprobó una ley que: a) penaliza la compra de servicios sexuales y b) despenaliza la venta de dichos servicios.  Además, establece que amplios fondos para servicios sociales integrales sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación, y destina fondos adicionales para educar al público. Siendo así, la estrategia única de Suecia trata la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, en la cual se penaliza a los hombres que las explotan comprando servicios sexuales, se trata a las prostitutas, en su mayoría, como víctimas que requieren ayuda y se educa al público para contrarrestar el histórico sesgo masculino que por tanto tiempo ha legitimado la discriminación por razón de género. A fin de anclar sólidamente su visión en terreno legal firme, la ley sueca referida a la prostitución fue aprobada como parte de la legislación general de 1999 sobre la violencia contra las mujeres.

Las cifras conseguidas por esta ley son sorprendentes: el número de mujeres prostituidas en la calle se han reducido en dos tercios y el número de hombres que buscan los servicios de prostitutas en un 80%. Hay otras grandes ciudades suecas en las que la prostitución en la calle ha desaparecido completamente y el 60% de las prostitutas de Suecia aprovechó los generosos programas de formación y tuvieron éxito en abandonar la prostitución. También disminuyó el tráfico sexual en niveles significativos.

Este modelo es defendido por numerosas ONG, entre ellas Sex Trafficking Survivors United. En palabras de su directora ejecutiva, Stella Marr, que además es una sobreviviente de la explotación sexual, “si no abordamos la demanda, siempre habrá tráfico”.

¿Qué modelo defiende mejor los derechos de la mujer?

Las críticas contra el modelo de despenalización se fundamentan en que perpetúa la desigualdad y violencia de género y las del modelo de penalización al cliente se basan en que favorece la clandestinidad de la prostitución colocando a las trabajadoras sexuales en una posición aún más vulnerable.

Existen numerosos artículos que defienden uno u otro modelo, y cifras que los respaldan casi a partes iguales.

Para tratar el tema de la prostitución, parece necesario abordar las causas que la generan, y por eso englobarla dentro de la violencia de género puede ser acertado, si tenemos en cuenta que la pobreza sigue estando muy feminizada, y muchas mujeres ven en la prostitución su único medio de subsistencia.

Son numerosas las voces que claman a favor de prohibir la prostitución porque es denigrante para las mujeres. Pero la denigración empieza antes, cuando las mujeres se ven obligadas a pasar hambre o mendigar para poder mantener a sus hijos, cuando viven con un marido violento porque no tienen otra manera de tener un techo sobre sus cabezas, cuando trabajan 40 horas semanales por un sueldo miserable,  cuando no tienen acceso a formación, cuando no tienen oportunidades y peor aún, cuando ni siquiera creen merecerlas. Hasta que no exista igualdad de género, no podemos hablar de ser libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, porque no hay libertad cuando no existen opciones.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro

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