Canadá: la escolarización forzosa de los indígenas fue un genocidio cultural

Después de seis años de investigación, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá (en adelante la Comisión) ha determinado que la escolarización forzosa de los niños indígenas en Canadá fue un genocidio cultural. Los internados indígenas (IRS en sus siglas en inglés) estaban financiados por el Estado canadiense, pero fueron gestionados por instituciones religiosas. Durante más de 100 años, entre 1883 y 1998, cuando se cerró la última escuela, unos 150.000 niños indígenas sufrieron abusos sexuales, discriminación, vulneraciones de sus derechos más elementales y torturas.

La Comisión está formada por un Presidente y dos comisarios, que deben contar con una reconocida honorabilidad. Además, opera a través de un Secretariado central y está asistida por un Comité de supervivientes de los internados indígenas. Como indica el resumen del informe elaborado por la Comisión y publicado en junio de 2015, las vidas de muchos de los supervivientes han estado profundamente marcadas por aquellos años. Separados por la fuerza de sus familias y desvinculados de su entorno, se prohibía a los niños hablar sus lenguas o expresar sus culturas para asimilaros sistemáticamente a la cultura dominante. Unas siete generaciones de indígenas canadienses padecieron las consecuencias de esta política educativa.

El informe de la Comisión va más allá y especifica que el objetivo no era simplemente cultural, sino sobre todo económico. Si se conseguía acabar con las culturas indígenas, el Gobierno canadiense tendría acceso libre a las tierras y recursos de estos pueblos, al mismo tiempo que dejaría de tener cualquier tipo de obligación desde un punto de vista económico o de reconocimiento de los derechos indígenas.

Pamela Palmater, abogada y activista de Mi’kmaq, considera que los internados indígenas canadienses no supusieron solamente un genocidio cultural, sino un genocidio en todos sus sentidos. Palmater añade que no se buscaba, únicamente, la eliminación de las culturas indígenas, sino acabar con los indios para ocupar sus tierras y establecerse a lo largo del territorio.

Tengamos en cuenta que en el primer recuento exhaustivo del número de muertos, la Comisión documentó que un mínimo de 3021 niños murieron en las escuelas, la mayoría de ellos a causa de los maltratos o la negligencia de los responsables de las IRS. Sin embargo, según las estimaciones de la Comisión, la cifra podría superar las 6000 muertes. Algunos estudiantes también murieron en lugares remotos después de huir de los internados. Pamela Palmater argumenta que si solo se hubiera tratado de una asimilación cultural, la tasa de mortalidad no sería de más del 40% en algunas escuelas.

Tal como sucede en otros países como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, en Canadá no se ha aplicado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Comisión, presidida por Murray Sinclair, el primer juez aborigen de la provincia de Manitoba, ha emitido 94 recomendaciones al Gobierno para lograr la reconciliación. La primera y más importante ha sido el cumplimiento de la Declaración. Sin embargo, el Gobierno canadiense se ha mostrado reticente a ello, reconociendo la Declaración como un texto meramente aspiracional y no vinculante. De hecho, lo que preocupa más al Estado canadiense es que las decisiones referentes a las tierras y recursos indígenas tienen que estar sometidas al consentimiento libre e informado de sus pueblos.

Así lo reconoce el artículo 10 de la Declaración, que enuncia que “los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”.

Para la elaboración del informe, la Comisión se ha basado, en parte, en el testimonio de unos 6750 supervivientes, que han relatado algunas de sus vivencias en las IRS. Los niños, por ejemplo, no eran llamados por sus nombres, sino que se les asignaba un número como si fueran prisioneros. Además, los castigos físicos eran constantes y se han documentado numerosos casos de abusos sexuales perpetrados por personal de las escuelas y por estudiantes mayores.

La Comisión también ha concluido que la elevada presencia de indígenas en las cárceles y el gran número de niños aborígenes que requieren asistencia social en Canadá son herencias de estos internados. Palmater cree que todo ello se enmarca dentro del genocidio indígena, ya que para ella los pueblos aborígenes representan el último bastión de resistencia en contra de la implementación de un desarrollo total y descarnado en Canadá.

Las Iglesias protestante y católica también tienen claras responsabilidades en este oscuro episodio de la historia de Canadá. Líderes de la Iglesia protestante pidieron disculpas hace tiempo por lo acontecido, pero el juez Murray Sinclair ha resaltado la necesidad urgente de que el Papa Francisco pida perdón en nombre de la Iglesia católica, puesto que las disculpas de las autoridades católicas locales no pueden ser suficientes.

Para el juez Sinclair, las buenas intenciones a la hora de hablar sobre curar las heridas del pasado no sirven de nada si no se acompañan de auténticos cambios políticos, legales y sociales con el fin de cumplir las indicaciones de la Comisión. En palabras del propio Sinclair, los programas y políticas de Canadá en relación con los indígenas siguen basándose, demasiado a menudo, en un pensamiento asimilacionista. Sinclair también manifestó la necesidad de introducir cambios en los servicios sociales y asistenciales de los niños indígenas, puesto que hoy continúan existiendo casos de negligencia y abusos, y en el juramento de la ciudadanía de Canadá, que debería implicar la promesa de cumplir fielmente las leyes del país, incluyendo los tratados con los pueblos indígenas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas también apuesta por implementar una serie de medidas en aras de resarcir las vulneraciones de derechos del pasado. Concretamente, el artículo 8 sostiene que los Estados deberán llevar a cabo mecanismos eficaces para prevenir y resarcir las siguientes situaciones:

“a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos;

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;

d) Toda forma de asimilación o integración forzada;

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos”.

El uso de la educación con una finalidad asimilacionista no es exclusivo de Canadá, sino que fue una práctica habitual durante los siglos XIX y XX. Otro caso conocido es, sin duda, el de Estados Unidos, donde el Bureau of Indian Affairs también impuso un sistema escolar basado en la separación de los indios de sus respectivas familias y en su internamiento en escuelas religiosas o gubernamentales. Allí los niños no podían hablar sus lenguas, por lo que cuando volvían a casa eran incapaces de comunicarse con sus familias.

Las misiones religiosas en África de los siglos XIX y XX también siguieron estrategias semejantes. Los claretianos españoles en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, hicieron avanzar la evangelización y la aculturación mediante una educación con dos pilares principales: el castellano y la religión. Actualmente, el modelo educativo occidental sigue presentándose, en muchas ocasiones, como el mejor para todos los niños, sin tener en cuenta sus propias referencias culturales e ignorando otras posibles formas de aprendizaje.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.